El 6 de febrero se cumplen dos años de la tragedia de El Tarajal. 15 personas murieron al intentar llegar a nado a Ceuta, como consecuencia de los disparos de pelotas de goma y gases lacrimógenos por parte de la Guardia Civil. El 6 de febrero de 2014 murieron 15 personas al intentar llegar a […]
El 6 de febrero se cumplen dos años de la tragedia de El Tarajal. 15 personas murieron al intentar llegar a nado a Ceuta, como consecuencia de los disparos de pelotas de goma y gases lacrimógenos por parte de la Guardia Civil.
El 6 de febrero de 2014 murieron 15 personas al intentar llegar a Ceuta por el mar. Lo hicieron entre disparos de pelotas de goma y material lacrimógeno por parte de la Guardia Civil. Dos años después, el caso está archivado, a la espera de resolver un recurso contra el sobreseimiento, y ninguno de los agentes ni sus superiores ha asumido responsabilidad alguna por lo sucedido.
En la mañana de ese día, unas 300 personas salieron del campamento de Cassiago con el propósito de entrar en Europa por Ceuta. La valla de esta ciudad, a diferencia de la de Melilla, es prácticamente inexpugnable debido a que en su construcción se aprovechó el relieve del terreno y cuenta con unas concertinas algo más que intimidatorias. Por ello, quienes pretenden cruzar han de probar caminos alternativos al salto. Aquel día, el plan era el puesto fronterizo de El Tarajal, la única brecha en la muralla.
La Gendarmería marroquí interceptó al grupo y éste se dividió. Unas 200 personas se lanzaron a la playa en un intento desesperado por aprovechar el caos, y quienes burlaron a los gendarmes se tiraron al mar para bordear el espigón que supone la última prueba antes de pisar suelo español.
Al otro lado de la valla esperaba la Guardia Civil, que no dudó en utilizar material antidisturbios, pelotas de goma y gas lacrimógeno contra quienes se encontraban en el agua.
Los impactos en la cara y zonas vitales provocaron el fallecimiento de 15 personas. Un grupo de 27 consiguieron escapar de la muerte y llegar a la playa española, pero la Guardia Civil les expulsó en el momento, lo que se conoce como «devoluciones en caliente«.
«Lo sucedido en El Tarajal fue muy decisivo a la hora de intentar legalizar la vulneración de derechos humanos en el control de frontera en Ceuta y Melilla, donde se vive un verdadero estado de excepción en materia de derechos humanos», denuncia dos años después Carlos Arce, coordinador de Inmigración de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
En su opinión, una de las consecuencias de las muertes en El Tarajal fue un cambio normativo que da carácter legal a lo que no lo era pero se realizaba por parte de las autoridades españolas: «Mientras la instrucción de este caso seguía viva se intentó dar una pátina legal a las devoluciones en caliente, con la modificación de la Ley de Extranjería mediante la Ley Mordaza, que introduce una disposición adicional sobre régimen especial del control de fronteras en Ceuta y Melilla. Esta vulneración de derechos humanos debería durar un minuto con un nuevo Gobierno, ya que una normativa de ese estilo choca frontalmente con los principios básicos de nuestro ordenamiento constitucional».
Arce considera que lo que ocurrió en El Tarajal «fue un caso paradigmático y espectacular, con las muertes retransmitidas prácticamente en directo con las grabaciones que se hicieron», pero recuerda que cada día se siguen produciendo muertes al tratar de llegar a Europa y que éstas obedecen a un modelo político, no a la casualidad ni a fenómenos naturales: «Es un resultado más de la dirección de las políticas migratorias y de control de fronteras de la Unión Europea en general, y de España en particular en el caso de Ceuta y Melilla».
En ese mismo sentido apuntaba Claire Rodier, confundadora de Migreurop y especialista en políticas europeas de inmigración y asilo, en una entrevista en Diagonal un mes después de las muertes en El Tarajal: «Es muy difícil negar la responsabilidad de los Estados. Se inscribe en una especie de continuidad, de consecuencia de esa actitud hostil de Europa hacia la migración. Desde mediados de los años 90 han muerto entre 17.000 y 20.000 personas en el recorrido migratorio cuando intentaban alcanzar o cruzar una frontera empujadas por la necesidad económica o de supervivencia, huyendo de un país en guerra».
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La dirección de las políticas europeas con respecto a la inmigración y el control de fronteras está acentuando profundamente su carácter militarizado, como demuestra la aprobación por la Comisión Europea el pasado 15 de diciembre de una nueva Guardia de Fronteras y Costas que vendrá a sustituir al actual Frontex, aumentando en 200 millones de euros lo presupuestado para ésta en 2015.
Circulen, aquí no ha pasado nada
La actuación del Gobierno español en el caso de El Tarajal fue muy cuestionada, por las distintas versiones que fue ofreciendo, contradictorias y con la clara intención de exculpar a la Guardia Civil o de negar cualquier responsabilidad en los fallecimientos.
La misma mañana del 6 de febrero, el ministerio de Interior emitió un comunicado en el que negaba cualquier participación de la Guardia Civil, y alegaba que los inmigrantes nunca llegaron a atravesar el bloqueo de los militares marroquíes, desvinculándose de lo ocurrido.
Pero los testimonios de los supervivientes, las grabaciones en vídeo de un vecino y los cadáveres que iban apareciendo en la playa española contradecían la versión oficial.
Tras la aparición de pruebas e investigaciones periodísticas, las versiones del ministerio fueron cambiando numerosas veces en los días posteriores, de forma profundamente incongruente, intentando evadir todas las responsabilidades posibles.
Finalmente, la jueza María del Carmen Serván, del Juzgado de Instrucción numero 6 de Ceuta, abrió una investigación.
En noviembre de 2014 varios familiares de las víctimas se personaron como acusación particular, y en diciembre la jueza pidió trasladar la investigación a la Audiencia Nacional, considerando que los hechos tuvieron lugar en aguas marroquíes. Sin embargo, ésta rechazó la solicitud, al no descartar que las muertes hubiesen ocurrido en aguas españolas.
En febrero de 2015, el Juzgado de instrucción número 6 de Ceuta imputó a 16 agentes de la Guardia Civil, entre ellos un capitán, un teniente y un sargento por utilizar material antidisturbios el 6 de febrero de 2014 para repeler el intento de entrada a Ceuta.
Tras las declaraciones, el 15 de octubre la jueza archivó la causa en un auto que exculpaba a los 16 guardias civiles imputados, aseguraba que utilizaron el material antidisturbios «con efecto disuario» y sin hacer «un uso inadecuado» de éste.
En el escrito, Serván llegaba a responsabilizar a los fallecidos, que «asumieron el riesgo de entrar ilegalmente en territorio español por el mar a nado, en avalancha, aprovechando la noche, vistiendo gran cantidad de ropa y haciendo caso omiso a las actuaciones disuasorias tanto de las fuerzas marroquíes como de la Guardia Civil».
Para Arce, en todo este proceso hubo una «contumaz intención por parte de la Administración y la Fiscalía de que este caso acabara en la impunidad. Un palo tras otro en la instrucción del juicio hasta que se produjo el archivo».
Desvelar esa impunidad mediante las imágenes es el propósito del documental Tarajal, desmontando la impunidad en la frontera sur, que se preestrena mañana 6 de febrero, coincidiendo con el segundo aniversario de las muertes.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/global/29258-dos-anos-muertes-tarajal.html