Cada vez más se afirma por todos los medios que el agua se está acabando y que todos somos responsables de ello; se habla de que hay que ponerle un alto precio que obligue a la gente a valorarla y a cuidarla, de que son los agricultores los principales consumidores del agua de riego; a […]
Cada vez más se afirma por todos los medios que el agua se está acabando y que todos somos responsables de ello; se habla de que hay que ponerle un alto precio que obligue a la gente a valorarla y a cuidarla, de que son los agricultores los principales consumidores del agua de riego; a los usuarios industriales en general se los considera como los principales contaminadores, pero no se identifica a los grandes consumidores como las papeleras, la metalmecánica, las embotelladoras, entre otras, ni cuáles son las ramas industriales responsables de la mayor contaminación.
Se habla de que las mujeres son las principales proveedoras del líquido en el hogar, pero no de cuáles son los problemas que les acarrea el que en general sean hombres los que toman las decisiones sobre el control, uso y manejo del agua. Se dice que es importante que ellas participen en esas cuestiones pero no se tocan los problemas estructurales que lo impiden.
De ahí que sea necesario aclarar cuál es la situación del agua y la relación de la mujer al respecto. La Comisión Mundial del Agua, la UNESCO y otros organismos, vaticinan que el principal problema de este siglo será la crisis del agua. Estos organismos internacionales prevén que para el año 2025, la extracción del recurso aumentará en un 10 por ciento y dicen que de este porcentaje, la distribución para el consumo industrial tendrá un incremento de 25 por ciento, mientras que el sector agrícola aumentará nueve por ciento y el consumo municipal (que incluye el crecimiento poblacional e industrial) tendrá un crecimiento de 100 por ciento en todo el mundo, por lo que, señalan, si seguimos usando el recurso como hasta ahora (business as usual, en la expresión del habla inglesa) se avecina una inminente crisis del agua, (World Water Council, 2000: XXII).
Pero, ¿estamos realmente frente a una crisis del agua?
Veamos. Toda la esfera terrestre en la que vivimos está compuesta fundamentalmente de agua, de toda esta agua sólo 2.5 por ciento es apta para consumo humano y 97.5 por ciento es agua salada. Cifras que varían un poco al final de cada ciclo hídrico. Según la UNESCO2, el total de agua disponible en la tierra se estima que es de 577 mil km/año, de los cuales 44 mil 800 km3/año provienen del agua de lluvia que cae sobre la tierra y que después se evapora para volver a su ciclo; estas aguas son conocidas como «agua azul«, porque son las que recargan las fuentes hídricas superficiales (ríos, lagos, lagunas y otros) y las subterráneas (acuíferos, manantiales y otros), mientras que las de lluvia que caen y se evaporan en/de los océanos se las llama «agua verde» por ser la principal fuente para los ecosistemas naturales y por beneficiar a la agricultura de temporal (que produce 60 por ciento de los alimentos en el mundo).
El «agua azul» es el recurso sobre el cual se aplican las políticas de gestión de los gobiernos y que parecería escasa si decimos que es sólo el 2.5 por ciento del total. Sin embargo, veamos un ejemplo de la disponibilidad y uso del agua azul. En 1995 hubo 44 mil 800 km3/año disponibles de «agua azul«. De este total se extrajo menos de un 8.5 por ciento (3,788 km3) de los que se consumieron menos de dos terceras partes (2,074 km3), y lo restante (1,714 km3) regresó a la naturaleza para reiniciar un nuevo ciclo hídrico.
Entonces, además de percatarnos que de que en el mundo hay mucha más agua azul de la que se está extrayendo y consumiendo en cada ciclo hídrico, nos encontramos ante el hecho de que la campaña de que «el agua se está acabando» no tiene un sustento real si nos apegamos a las cifras que se están manejando oficialmente. De igual manera, el «agua verde» que provee de agua a los agricultores de temporal (que es la mayoría en el mundo entero) y a los ecosistemas, también tiene un amplio margen de disponibilidad.
Debido a que esta disponibilidad general del agua azul no es homogénea en todas partes (sea por las características topográficas naturales o por cuestiones climatológicas) y que distintas regiones del mundo e incluso un mismo país, pueden evidenciar diferencias marcadas en cuanto a cantidad y calidad del agua, es que instituciones encargadas de las políticas del agua han decidido organizar mundialmente su gestión de acuerdo con una delimitación en cuencas hidrográficas en lugar de las divisiones geopolíticas de los Estados y los municipios en las que están divididos los países. Estas cuencas son en las que se basan las nuevas políticas sobre el agua, se han convertido en las reales instancias desde donde se toman las decisiones técnicas, se viabilizan las políticas en lo que al acceso y distribución del agua se refiere, y donde la participación de la mujer no sólo es nula, sino que ni siquiera es tomada en consideración.
Las nuevas políticas sobre el agua
En América Latina, ante el agotamiento de las políticas de industrialización sustitutiva de importaciones para impulsar el crecimiento, instituciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y el Banco Mundial (BM) impulsan nuevas políticas de gestión convenciendo a los gobiernos de los países «en vías de desarrollo» de hacer un reajuste económico a sus presupuestos, disminuir el gasto público y promover la inserción del sector privado o empresarial por medio de la privatización de las empresas públicas. Esto, con el discurso de que la aplicación de estas medidas iba a permitir retomar el rumbo económico alcanzado en el pasado.
En el caso mexicano, el Plan Nacional de Desarrollo 1989-1994, es una clara muestra de lo mencionado, ya que en él se le asigna el nuevo papel al Estado para desarrollar las nuevas políticas de gestión: promover la inversión privada, a la que llama «participación social»; abrir la producción doméstica a la competencia externa; «racionalizar» los subsidios (especialmente al sector agrícola) y privatizar las empresas públicas. Políticas que también se irán aplicando al sector hídrico.
Fueron la reunión de Dublín (1992) y -en el mismo año- la Cumbre de Río de Janeiro, los principales parteaguas para la nueva gestión del agua después de que la gran mayoría de los países refrendaron los Principios3 de la Declaración de Dublín que señalan: 1) el agua dulce es un recurso vulnerable y finito, esencial para mantener la vida, el desarrollo y el medio ambiente. 2) El desarrollo y manejo del agua debe estar basado en un enfoque participativo, involucrando a usuarios, planificadores y realizadores de políticas a todo nivel 3) La mujer juega un papel central en la provisión, el manejo y la protección del agua. 4) El agua posee un valor económico en todos sus usos competitivos y deberá ser reconocido como un bien económico.
Estos «principios» de la Declaración de Dublín merecen ser analizados a fondo ya que 1.- la vulnerabilidad y finitud del agua resulta -como vimos más arriba- una verdad a medias, en la medida que hay mucha más agua que la que estamos utilizando. 2.- El enfoque participativo aterrizando en la llamada «participación social» se concibe como la inversión privada, y en el caso mexicano además, según la Ley de Aguas Nacionales (2004), solamente son «usuarios» las personas físicas o morales que tienen «Título de Concesión» para explotar, usar o aprovechar las aguas nacionales, mientras que las personas físicas y morales que reciben el agua potable de los servicios municipales o de los Organismos Operadores no existen ante la ley y son sólo «consumidores». 3.- La mujer es únicamente reconocida como una proveedora (en tanto acarrea y provee a la familia), con lo que se restringe su participación, pero, eso sí, con deberes en el manejo y la protección del hídrico. Y 4.- finalmente, al hacer del agua un valor económico en lugar de ser un bien social y colectivo como lo ha sido hasta antes de la aplicación de estos principios, puede -en esta concepción económica – apuntar fácilmente hacia el lucro.
Los procesos de privatización del agua
Sin embargo, estas nuevas políticas se prestan a todo tipo de discusiones, desde las que las definen como una clara privatización del recurso hídrico en sí, de las obras de infraestructura y de los servicios, hasta las que señalan que no hay ningún proceso de privatización y argumentan que el ingreso del sector empresarial en el manejo y la gestión del agua no es motivo para que se hable de la privatización.
Dentro de estas posturas, mucha gente admitía que se estaba privatizando el «servicio» de agua potable y alcantarillado, más no el recurso hídrico, hasta que en el 2001 sucedió la tan mencionada y reconocida «Guerra del Agua» en Bolivia (Se privatiza la empresa que gestiona y distribuye el agua a la ciudad de Cochabamba, ésta impone un enorme aumento en las tarifas y estalla una insurrección popular), que logró poner sobre la mesa de debate la realidad de las nuevas políticas, su relación con los procesos de privatización y su significado económico para la gente.
Nula participación de la mujer en la gestión del agua
La participación social y de la mujer en particular, puede ser analizada desde los diferentes enfoques que se le han dado en los estudios sociológicos, cuya gama varía de aquellos que consideran que es «un proceso de movilización de la comunidad que asume su papel de agente o sujeto de su propio desarrollo y lo concreta en proyectos propios» (Parra Escobar, 1988: 37), hasta aquellos que asumen la idea de que el control del proceso participativo es ilusorio, pues la real toma de decisiones queda en manos de los grandes organismos internacionales, los planificadores (burocracias gubernamentales) y/o de las instituciones que dieron apoyos y fondos para el proyecto.
Dentro de esta amplia gama de enfoques y de conceptos vertidos en torno a la participación social, nosotras vamos a reconocer que existe participación en cualquier ámbito donde hay relaciones de poder y como en toda relación de poder existe una distribución diferenciada del mismo, encontramos que los grupos que lo poseen y se benefician de este «poder» tratan de mantenerlo, mientras que los que no lo poseen quieren cambiar los valores y las estructuras que mantienen estas relaciones de poder. Por ello, la participación puede verse como un encuentro entre categorías sociales (clases o grupos de interés económico, étnicos o diferenciados por religión o género) que compiten por determinados recursos, ya sea económicos, sociales, culturales u otros.
Volviendo a los Principios de Dublín y Río y su concepto de participación, vemos que el tercer principio señala: «la mujer juega un papel central en la provisión del mismo» lo que no considera la importancia de su participación, solamente resalta su carácter de aprovisionadora de agua al hogar.
La nueva organización del agua por cuencas se acompaña de las estructuras institucionales para su gestión, los denominados Organismos de Cuenca4. (México fue el primer país latinoamericano que los retomó y adaptó de los modelos francés y español), mismos que se han convertido en las instancias donde se toman las decisiones técnicas y se viabiliza la instauración de las políticas de gestión en lo que al acceso y distribución del agua se refiere y donde, como ya dijimos, la participación de la mujer no sólo no es considerada sino que es directamente nula.
A su vez, las nuevas políticas de gestión contemplan la creación de espacios de «participación social», tales como los Consejos de Cuenca (a nivel estatal, con uno o más estados y organizadas por cuencas hidrográficas) y en menor escala los Comités Técnicos de Agua Subterránea (Cotas)5 (a nivel municipal, con uno o más municipios, organizados por acuíferos), instancias donde la participación de la mujer también es ignorada y sólo en algunos Cotas su presencia es incipiente.
Si la principal función de los Consejos de Cuenca y los Comités Técnicos de Agua Subterránea es la de legitimar y restringir la «participación social» al incorporar un tamiz legal que permite confinar dicha participación sólo a los «usuarios» legalmente reconocidos (como decíamos arriba, unos son los usuarios y otros, las absolutas mayorías los consumidores6) y sabemos que en general, no son las mujeres las que tienen los títulos y papeles de la tierra donde está el pozo o manantial que le daría el carácter de usuaria, sino que están a nombre del esposo, la posible participación de ellas en la gestión del agua se minimiza aún más.
El hecho de que los Organismos de Cuenca, los Consejos de Cuenca y los Comités Técnicos de Aguas Subterráneas hayan sido diseñados para que participen sólo los «usuarios» legalmente reconocidos, imposibilita la participación real de la mujer en todos los ámbitos de su quehacer, ya que, por ejemplo en el caso rural, los representantes del uso agrícola son por lo general los agroproductores cuyas tierras están directamente relacionadas a la dotación de agua de riego, donde los empadronados son mayoritariamente los hombres, con unas cuantas excepciones de mujeres que quedaron viudas o que heredaron las tierras de sus padres.
Es en estos principios y políticas que la participación de la mujer se ve altamente restringida, dejando la impresión de que son los aspectos «culturales» y las formas de organización social las que realmente impiden su participación en las decisiones sobre su entorno.
Sin embargo cabe una pregunta: ¿desde dónde participar e interactuar en el sector hídrico, cuando de entrada hay filtros legales que imposibilitan su participación?
1 Este artículo es retomado de partes del libro de la autora El poder del Agua: ¿Participación social o empresarial? de próxima publicación por Editorial Itaca.
2 Monografía «World Water Resources At The Beginning Of The 21st Century», reconocidos como datos de referencia oficial de lasNaciones Unidas y de las instituciones del sector hidráulico.
3 Actualmente conocidos como los Principios Dublin-Río, porhaber sido introducidos en la Declaración de Dublín y refrendadosen la Cumbre de Río de Janeiro (1992).
4 Los Organismos de Cuenca funcionaban como Gerencias Regionales Hidrológicas hasta el año 2005, después de que se publicó la Ley de Aguas Nacionales 2004.
5 Los Cotas son el «modelo»organizativo para los «usuarios»de los acuíferos en las entidades federativas e incluso otros países.
6 Las nuevas políticas de gestión de habla inglesa hacen más clara la denominación del «usuario», ya que utilizan el término «stakeholder» que literalmente significa alguien que tiene acciones en la bolsa o el mercado de valores.