Energía, medio ambiente y alimentación: opciones racionales y humanistas

El petróleo y los conflictos internacionales

El despilfarro de energía que caracterizó al siglo xx se fundó en gran parte en dos supuestos que ya no son válidos en el siglo xxi. Uno, la creencia de que los recursos fósiles del planeta eran inagotables y el otro, que en situación de escasez, bastaba la decisión de las grandes potencias de disponer a su antojo, los hidrocarburos existentes en el resto del mundo, incluso por medio del soborno, la violencia y la guerra.

Respecto del primer supuesto, es cada vez más evidente que los depósitos comprobados de hidrocarburos de los que dependen las economías más ricas, se están acabando. Las nuevas extracciones serán cada vez más difíciles y costosas. Otra de las fuentes primarias, el agua para represas hidroeléctricas llegó al límite en los países ricos, a la vez que en otros el caudal de los ríos se hace cada vez más irregular amenazando la seguridad y continuidad del suministro. Tampoco el uranio, base de las electricidad atómica tiene una larga perspectiva. Sólo el carbón, aparece como un recurso todavía abundante, aunque resistido porque con las tecnologías actuales sus emisiones están entre las más contaminantes.

La segunda premisa, la explotación abusiva del patrimonio energético de los países pobres ejercida por decenios por las transnacionales comenzó a desmoronarse con la lucha de los movimientos de liberación e independencia nacional que culminó, en su primera etapa, en los años setenta. Se constituyó la Organización de Países Exportadores de Petróleo, (OPEP) en numerosos países fueron nacionalizadas las compañías privadas extranjeras y creadas en su reemplazo compañías petroleras estatales. El control ejercido por la OPEP limitó el despilfarro. Por primera vez los precios se acercaron a su verdadero valor de mercado, ya que los bajos precios anteriores no correspondían a la demanda excesiva incentivada por el capitalismo. Pero en los años ochenta cambió la situación política internacional. La debacle de la deuda externa, la adopción dogmática del credo neoliberal por partidos de derecha y de centro y la caída de los socialismos en Europa Oriental, contribuyeron al debilitamiento de la lucha del tercer mundo frente a las grandes potencias. La OPEP perdió unidad y fuerza. Los grandes consorcios de Occidente al aumentar el saqueo del tercer mundo y exacerbar la sobreproducción llevaron los precios a la baja. Otra vez aumentó el despilfarro.

Por segunda vez, los pueblos subdesarrollados tomaron conciencia de los profundos efectos negativos causados por la globalización transnacional y sus gobiernos cómplices. El siglo XXI transcurre bajo un nuevo cuadro mundial político y económico, donde América Latina está marcando la pauta. Diversos gobiernos en desarrollo están rectificando sus políticas complacientes con las multinacionales y recuperando su soberanía sobre el petróleo. Ahora el 77% de la producción mundial está en manos de empresas estatales. En nuestro continente, las grandes multinacionales como Chevron, Exxon, Repsol, Totalfin, están siendo desplazadas por compañías estatales, o mixtas con predominio nacional. En Venezuela, Bolivia, Ecuador, Argentina y en otros países se refuerza el papel de las empresas públicas, como en Chile, Uruguay y Brasil. En Rusia, China e India, se mantiene también la preeminencia estatal. A comienzos de la presente década, el derrumbe de los gobiernos y partidos neoliberales en Venezuela despejó el camino para recuperar el control nacional de su industria petrolera y revivir la unidad de la OPEP. Recordemos que la nueva OPEP no se planteó más que subir de 10 dólares, un precio manipulado, a 30 dólares el barril, un precio justo. Si el precio hoy está al doble de esa cifra y podría escalar más aún, ya no es responsabilidad de la OPEP. Es el resultado de la creciente comprobación de que nos acercamos al agotamiento mundial de las reservas naturales baratas. Esto se hizo evidente por la guerra de Irak desatada por EE.UU. para apoderarse de los cuantiosos depósitos de ese país, la amenaza de atacar Irán por igual motivo y otros peligros bélicos en Asia, Africa y América Latina. La invasión a Irak, guerras locales en Africa, el desastre de Katrina y otros conflictos, aumentaron la incertidumbre sobre los abastecimientos. La acción de los especuladores internacionales también se hizo presente.

Por lo tanto, una de las condiciones más importantes para aliviar las consecuencias de la crisis mundial de la energía es la solución pacífica y equitativa de los actuales conflictos internacionales. La criminal aventura en Irak puede y debe llegar a su fin, con el retiro de las tropas invasoras y el respeto a la libre determinación del pueblo irakí. Otro tanto debiera hacerse en Afganistán. Es hora de solucionar racional y negociadamente, la confrontación entre Israel y Palestina y establecer una paz estable en toda la región del Medio Oriente. La resistencia del pueblo irakí y la movilización globalizada de la humanidad progresista que se opuso a la invasión, están próximas a alcanzar un histórico triunfo. Pero la lucha por la paz y un mundo pacífico ha de continuar por los descomunales gastos armamentistas, la eliminación gradual de las bombas nucleares, químicas, de neutrones, uranio empobrecido y otras aún más siniestras que el Pentágono y la OTAN están fabricando. En América Latina, donde Chile, Colombia y Brasil tienen los mayores gastos militares por habitante, debiéramos alcanzar acuerdos regionales para congelarlos y liberar recursos para invertirlos en aras de la superación de la pobreza y de la crisis energética.

Energía y medio ambiente

La crisis energética ha agravado otros importantes problemas globales. Las conclusiones de los 2.500 científicos que trabajaron para las Naciones Unidas durante seis años, contenidas en sus informes sobre el calentamiento global, son categóricas. No es la naturaleza ni los cambios en el sol, sino los seres humanos, con su modo de producir y consumir la energía y otras mercancías, los causantes del inevitable desastre climático que ya comenzó a manifestarse en todos los continentes. Los grandes productores de gases contaminantes son los países ricos y de gran tamaño, los más contaminados las poblaciones pobres. Hambrunas, sequías, inundaciones, éxodo forzoso, es lo que ocurrirá, nos advierten los científicos, si no tomamos medidas urgentes. En América Latina, la mitad de las tierras agrícolas se verán afectadas. A lo largo de la cordillera de los Andes, los glaciales se derriten. Hasta 160 millones de seres tendrán menores reservas de agua. Es indispensable, reducir, con carácter perentorio, las emisiones de gases del efecto invernadero, especialmente el dióxido de carbono, así como la concentración de ozono en la atmósfera. Sólo EE.UU. genera el 25% de las partículas de carbono y sin embargo el gobierno de Bush ignoró el protocolo de Kioto y se negó a firmarlo, igual que otros pocos grandes estados. Kioto II tiene que ser más drástico y exigente, de lo contrario, como advierte la Organización Mundial de la Salud, aumentará la mortalidad y las enfermedades por los desajustes climáticos. La presión de la opinión pública progresista habrá de intensificarse para cambiar los modos de producción y consumo, si no queremos nuevas desgracias. Se requiere rebajar en un 60% de aquí a 2050 las emisiones nocivas para evitar la catástrofe. Los gobiernos de todos los colores tendrán que asumir compromisos concretos, y metas claras.

Habrá que acentuar la diversificación de las fuentes primarias renovables de energía. El capitalismo tiene una tendencia enfermiza a concentrarse en las producciones que rinden mayores ganancias a corto plazo, como el petróleo que constituye el 40% del consumo energético mundial. Chile está pagando un alto costo por haber apostado fuerte al gas natural argentino, desoyendo las advertencias sobre sus limitadas reservas y el riesgo de depender de una sola fuente. Ahora que Repsol y otras ya ganaron millones, nos ofrecen alternativas que significan para los hogares modestos y las pequeñas industrias fuertes alzas de tarifas. Ellos nunca pierden.

La humanidad progresista apunta a las energías renovables no convencionales, como la geotérmica, la eólica, la solar, la mareomotriz, la biomasa e incluso la hidráulica de pequeñas centrales y de pasada. También pueden ser favorables la fusión nuclear y el uso del hidrógeno, cuando las tecnologías adecuadas estén disponibles. Los capitales monopólicos menosprecian los sistemas energéticos de baja densidad, porque no les trae las ganancias masivas a corto plazo de proyectos, como las mega represas hidroeléctricas, el uso del carbón, gas o la fisión atómica, pero la opinión pública está cada vez más sensibilizada por estas instalaciones que empeoran el medio ambiente, o atentan contra la salud y la vida.

Por otro lado hay ya ejemplos concretos de que las energías no convencionales, al expandirse a gran escala, resultan económicamente viables. Luego de que Alemania renunciara a las centrales atómicas, la ley sobre promoción de fuentes renovables dictada hace siete años, ha permitido el aumento de la capacidad eléctrica en 18.000 megawats, (MW) ha creado 170.000 empleos, ha bajado los costos de inversión y disminuido fuertemente las emisiones de bióxido de carbono. También en España la eólica y la solar han tenido buena aceptación. La industria del viento ha creado en el país 30.000 nuevos puestos de trabajo. (Datos publicados por Le Monde Diplomatique, edición chilena, Abril, 2007) Por su parte, Italia ha desarrollado la tecnología para explotar los pozos geotérmicos y muchos de nuestros estados latinoamericanos de la vertiente andina poseen estas fuentes, viables económicamente. La absorción del calor solar, en las regiones tropicales, templadas y semidesérticas, ha demostrado su utilidad para fines domésticos y para el uso de vehículos livianos.

La eficiencia en la producción y el consumo, el incentivo al ahorro y la supresión del despilfarro, tienen un amplio campo de posibilidades. Se trata en primer término de crear nuevas tecnologías ahorradoras de insumos y de procesos. Entre otras, el reciclaje de materias primas o la disminución la potencia de los motores en los autos. Es sabido que los 30 países más desarrollados de la OCDE lograron disminuir la intensidad energética, medida como consumo por unidad del producto interno bruto, en casi un 25% desde la anterior crisis, en 1980. China se ha propuesto como meta de su plan quinquenal, rebajar también este indicador. Cuba, dentro de sus serias limitaciones ha mejorado el rendimiento del combustible en su planta industrial y ha fomentado masivamente el uso de ampolletas ahorradoras y nuevas ollas a presión más eficientes. En las grandes urbes capitalistas el despilfarro de electricidad está a la vista en la proliferación de monumentales avisos luminosos o en oficinas de rascacielos vacías que permanecen con la luz encendida.

El tema que hoy concita una polémica intensa es la producción de biocombustibles, como el etanol o el biodiesel. Una cosa es clara. Sustituir algunos componentes de la gasolina por pequeños porcientos de etanol, es posible y puede o no ser rentable, dependiendo de los precios de las materias primas y del crudo. Brasil tiene ya una experiencia pionera digna de ser estudiada sobre las ventajas e inconvenientes de esta sustitución. Pero otra cosa distinta es el Plan Bush que pretende convertirse en una panacea mundial. Hasta dónde el etanol o el bio diesel pueda reemplazar al petróleo en magnitudes significativas frente a otras alternativas de reemplazo, no será posible. La revista The Economist nada sospechosa de simpatías por el marxismo, le encontró razón a Fidel Castro en sus advertencias de que producir etanol en gran escala a partir del maíz, el trigo, la remolacha, la soya y otros alimentos nutritivos, afectaría seriamente la disponibilidad y el costo de los alimentos, sea para el consumo humano o animal, especialmente en las regiones del tercer mundo que según Bush deberían ser los proveedores para el mundo desarrollado. En no pocos países de Europa, Asia y América, ya los consumidores están sufriendo alzas en el precio de los alimentos, lo que puede tener serias repercusiones sociales y políticas, aún antes que se masifique la producción de biocombustibles.

En último término, la crisis energética, a resolver con criterio científico y humanista, no es un mero problema de comparación de ganancias privadas de tecnologías aisladas. Hay que analizar los costos para la sociedad de sistemas energéticos completos, balances materiales en términos de insumos y productos y examinar todas sus repercusiones en la naturaleza y en los seres humanos. No olvidemos que las megalópolis con todas sus consecuencias en materia de segregación urbana, polución, viajes innecesarios, tiempos perdidos, colapso o congestión de autopistas y avenidas, han sido configuradas en buena medida bajo la poderosa influencia de compañías petroleras, automotrices, constructoras y otras, en desmedro de transportes colectivos más económicos, ciudades más amables y racionales. Se trata pues, de un cambio de paradigma sistémico en los modos de producir, distribuir y convivir con la naturaleza. Con toda la información técnica disponible, los gobiernos deben someter al veredicto de los ciudadanos, las opciones disponibles.

El neoliberalismo y la agricultura en Chile.

La primera década del nuevo siglo se caracteriza por el rechazo creciente del modelo neoliberal de economía, prevaleciente en el continente. Implantado por la alianza entre las dictaduras militares, las oligarquías criollas y las multinacionales, es resistido por vastos sectores sociales, desde los más pobres hasta los estratos medios. Prácticamente no hay país en América Latina que no esté rebelándose, por las consecuencias del libre mercado y los monopolios que lo dominan. En algunas naciones, como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua ya se ha iniciado la marcha hacia modelos alternativos, en otros se efectúan reformas que se apartan de las directrices de Washington, del FMI o el Banco Mundial. Aún bajo gobiernos neoliberales, como los de México, Colombia o Perú, se levantan potentes movimientos o luchas sociales que anuncian crisis políticas y nuevos vuelcos en el poder político a corto o mediano plazo. En numerosos países como en Bolivia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Perú, Guatemala y México, las movilizaciones de campesinos e indígenas están realizando un gran aporte para el cambio político, y de ellas hay que destacar el papel admirable que cumple el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil.

También en Chile, la resistencia se extiende, se agudizan los conflictos laborales, las demandas de amnistía por las deudas habitacionales, por el sistema privado de las pensiones, por la educación, la salud, el transporte urbano, la exclusión social y política. Chile es para los medios oficiales el modelo exitoso de economía de libre mercado. Se cuidan muy bien de ocultar a quiénes y en cuánto se benefician y cuáles son las consecuencias negativas que ha generado entre la mayoría de los chilenos y en el medio ambiente. Silencian que Chile es una de las sociedades que tienen la peor distribución de los ingresos en el mundo. Hay una contradicción entre el aumento de su ritmo de crecimiento productivo sumado a los altos precios de sus materias primas y el fruto que, de ese aumento, queda para sus habitantes.

Recientemente se han conocido las cifras del Producto Nacional Bruto. El dato estadístico que más se difunde, es el Producto Interno Bruto que es el que se genera dentro del territorio. Pero, el Producto Nacional es el que más interesa porque es el que efectivamente queda en el país en forma de ingresos de sus habitantes, y sobre el cual nada se publica en los medios. Mientras el Producto «Interno» creció en el promedio de los últimos tres años en 5,23% anual, en cambio el Producto «Nacional», sólo aumentó en el 1,3% anual, o sea, cuatro veces menos. El año pasado, la diferencia fue aún más chocante, porque a pesar del aumento del producto «interno», el producto «nacional» disminuyó en 3,3%. La explicación de esta paradoja reside en que el Producto Interno incluye las ganancias, intereses y otras rentas que se llevan los capitales multinacionales radicados en Chile, mientras el producto nacional lógicamente debe excluirlas. La mayor parte de esas rentas la obtienen las mineras transnacionales que explotan nuestro cobre. Una de estas corporaciones ganó en un solo año tanto dinero como toda la inversión efectuada en los quince años anteriores. Al haberse privatizado las reservas de metal Chile perdió por este concepto, sólo en un año, 25.000 millones de dólares, suma cercana al presupuesto de la nación.

Chile realizó en los años del gobierno de Allende una reforma agraria, drástica, masiva, relativamente ordenada y exitosa. Más de la mitad de las tierras arables fueron expropiadas. Con ella se puso término al latifundio improductivo y al predominio de la casta terrateniente, que con métodos de servidumbre, se convertía en una tranca para el avance del país. La dictadura de Pinochet, tronchó el proyecto de la Unidad Popular de colocar en el centro de la reforma, como protagonista y beneficiario, al campesinado trabajador. Desató una vengativa persecución contra los campesinos beneficiados con la reforma, prohibió las organizaciones sindicales y cooperativas, e instaló un capitalismo salvaje en el campo, con su cortejo de nuevas formas de explotación. Luego, bajo los gobiernos de la Concertación, se ha vuelto a la extrema concentración de la tierra en pocos propietarios que poseen gigantescas plantaciones forestales, ganaderas y numerosas haciendas dedicadas a monocultivos. Estos modernos capitalistas controlan grandes superficies cultivables en distintas regiones, sin pagar el impuesto territorial, mediante el arrendamiento o formas nuevas de mediería. Grandes extensiones de bosque nativo pertenecientes al estado y cedidas en propiedad a multimillonarios y transnacionales, están siendo saqueadas día a día, para extraer madera de especies protegidas y plantar pino o eucalipto que absorben mucho agua y liquidan la biodiversidad. Las vertientes y otras fuentes primarias y la distribución del agua potable y de riego, están monopolizadas por las compañías hidroeléctricas, mineras o sanitarias.

Una parte de la población rural, está constituida por más de 300.000 familias de pequeños productores, de los cuales la gran mayoría apenas sobrevive; decenas de miles están endeudados, no pocos a punto de perder sus tierras. La peor pobreza reina entre los campesinos mapuche, los que son hostilizados por los monopolios forestales y agricultores racistas, aplicándoseles la ley antiterrorista porque luchan por la devolución de sus territorios ancestrales. Los asalariados del campo, que suman más de 700.000 entre temporeros, forestales, obreros calificados y técnicos agrícolas- una suma similar a la de la industria- constituyen la principal fuerza de trabajo del campo. En ella hay una alta proporción de mujeres y participación de ancianos y niños, violándose la Convención Internacional sobre la Infancia. Los asalariados agrícolas, agroindustriales y forestales constituyen un cuantioso e imprescindible contingente de la clase trabajadora chilena. Empero, la proliferación y abusos de los «enganchadores», la complicidad de las autoridades y las leyes laborales que entregan poderes absolutos a los patrones, impiden la sindicalización masiva y la contratación colectiva. Los y las trabajadoras del campo soportan excesivas y agotadoras jornadas, incluso nocturnas, son trasportados en camiones para animales, comen en el suelo. Están expuestos a enfermedades desde osteomusculares hasta partos con deformaciones o cánceres, a causa de los pesticidas y otros agroquímicos tóxicos. Las familias rurales tienen un precario acceso a establecimientos de salud, carecen de escuelas secundarias y las básicas son incompletas. Escasamente pueden acceder a una vivienda confortable o a una jubilación. A pesar de estas adversidades, la lucha y la conciencia de los campesinos crece, con el convencimiento de que se necesita unir grandes conglomerados de trabajadores para vencer al gran capital. Merecido respeto ha alcanzado la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas- ANAMURI- constituida en XI de las XII regiones del país, que luego de varios años de crecimiento, realizó recientemente su primer congreso nacional. Batallan también por sus demandas, la Federación Campesina Ranquil que defiende a los pequeños productores y la Confederación de Trabajadores Forestales que reúne a los obreros del bosque y otras actividades conexas. Miles de ellos, después de una dura jornada de huelga combativa, acaban de obtener por primera vez un contrato colectivo aceptable, pasando por encima de los subcontratistas en confrontación directa con el consorcio Angellini, uno de los tres más poderosos del país.

La globalización transnacional y globalización de la solidaridad

El encuentro internacional realizado en Febrero 2007 en Malí, Africa, a la que concurrieron todos los integrantes nacionales que forman Vía Campesina, junto con organizaciones de pescadores, pastores, pueblos indígenas, mujeres y sectores urbanos, demostró cómo se está gestando a nivel planetario, una potente unidad y coordinación del vasto mundo rural que se defiende de la agresión del capital multinacional y de los gobiernos que los apoyan. Allí fue ratificado la campaña por la soberanía alimentaria, como derecho humano básico que debe ser reconocido por los estados y las instituciones internacionales. Esto incluye, no sólo la erradicación del hambre, la seguridad de disponer dentro del país de los alimentos para vivir, sino también el acceso a la alimentación sana, el respeto y la rehabilitación de los entornos rurales, zonas pesqueras, paisajes y alimentos locales y tradicionales. Se valorizó la diversidad del conocimiento, de las lenguas, de las culturas tradicionales y el derecho a la libre organización. Se proclamó la batalla por la reforma agraria integral que garantice a los campesinos el pleno acceso a la tierra y al agua, la recuperación de los territorios indígenas, los derechos de las comunidades pesqueras, la salvaguardia de los ecosistemas.

La reforma agraria integral continúa como una asignatura pendiente a realizar en nuestro continente. En esta etapa destacan los avances logrados en Venezuela, a pesar de la resistencia violenta de los terratenientes. Se han recuperado casi dos millones de hectáreas de tierras mal utilizadas por los latifundistas. El 49% se ha constituido como propiedad social, entregadas en usufructo a familias campesinas. Otra parte, se ha destinado a proyectos estratégicos estatales y una tercera, a la formación de cooperativas campesinas. En Bolivia se inició una nueva etapa para superar las falencias y retrocesos que tuvieron las reformas anteriores.

El acceso seguro al agua potable y de riego es parte de una reforma agraria integral. América Latina es una de las regiones con más agua dulce del mundo. Sin embargo, según la CEPAL, uno de cada tres habitantes padece escasez del vital elemento. Los campesinos se ven perjudicados por el monopolio privado del agua, por las plantaciones forestales que absorben las fuentes, las fumigaciones, los relaves mineros, y los desechos tóxicos de las plantas industriales o pesqueras, que contaminan vertientes, ríos, arroyos, lagos y pozos subterráneos. En Chile, el agua limpia para beber está escaseando en muchas regiones rurales, en otras las tarifas de las compañías privadas son muy altas. Surge también el negocio poco transparente del agua mineralizada o saborizada. Fértiles valles con plantaciones frutícolas para la exportación están amenazados de desaparecer, por el agotamiento de las napas subterráneas o por el acaparamiento y contaminación de las compañías mineras. Son insistentes las demandas de los campesinos porque la ley garantice los usos comunitarios y públicos del agua, por sobre los intereses de las compañías privadas, para que se erradiquen las actividades contaminantes, que se priorice las necesidades de las asociaciones de regantes y se eliminen los subsidios a las siembras de pino y eucaliptus. Las empresas industriales y mineras también están generando escasez en centros urbanos. El reciclaje de las aguas servidas o usadas para procedimientos mineros o industriales debiera ser condición antes de la aprobación de sus construcciones. También va a ser necesaria la construcción de plantas de desalinización del agua de mar de propiedad pública, aunque tienen altos requerimientos de energía, y sus costos debiera repartirse equitativamente en la población. Por otro lado la disponibilidad de agua dulce como elemento vital de subsistencia para las aglomeraciones urbanas, también está amenazada, como consecuencia del calentamiento global. Empiezan a proliferar incluso, conflictos internacionales por la disputa de las fuentes naturales.

Las transnacionales como Monsanto, Bayer o Syngenta buscan comprometer a nuestros gobiernos en la expansión de cultivos transgénicos, planteando que sería una solución para la crisis de la pequeña agricultura o bien que sería posible la coexistencia entre, la orgánica, la convencional y la transgénica, ignorando la contaminación del maíz transgénico al convencional, ocurrido ya en varios países. La lucha por alimentos seguros, exige la etiquetación de los elaborados con materiales transgénicos, prohibirlos en la elaboración de alimentos ecológicos, así como impedir el patentamiento de semillas y animales. Del mismo modo la lucha por la alimentación sana exige desalentar los negocios transnacionales como MacDonald y otros grandes responsables de la comida rápida que contiene exceso de grasa o azúcares artificiales.

Proteger, afianzar y desarrollar la agricultura campesina .

Se habla y se escribe mucho sobre la protección y el desarrollo de la agricultura familiar, pero muy poco o nada se hace en la práctica. Los gobiernos, sus institutos de investigación y promoción sólo tienen ojos y oídos para los exportadores y el agronegocio y muestran menosprecio por la producción local. A los campesinos se les aconseja entrar en «las cadenas productivas modernas», lo que los condena a depender de semillas estériles o insumos tóxicos de las transnacionales o las grandes sociedades nacionales, sin poder disponer de sus propias semillas y abonos naturales y a vender en las condiciones que aquellos exigen. De lo contrario se presiona a los parceleros para que vendan sus tierras, a veces hasta con métodos mafiosos, sea para extender el monocultivo del momento, o para construir represas, autopistas, condominios de lujo con grandes extensiones de césped para canchas de golf que consumen agua a destajo. La pesadilla neoliberal promueve monstruosas ciudades donde florece el crimen y la violencia, estimula campos despoblados, desiertos verdes, paisajes sin árboles autóctonos, sin aves ni insectos, a lo más, parcelas de «agrado», criaderos de caballos de carrera, o cotos de caza y pesca exclusivos. Aquí no hay lugar para la agricultura campesina, si no es como fuerza física de trabajo para otros o trabajo doméstico de los señores. Pero tal modelo no es progreso para seres humanos. Abandonar el campo, emigrar a la ciudad es condenarse a vivir en los extramuros, sin trabajo cercano, lejos de los centros de salud, sin vivienda decente, a veces en medio de basurales o el barro. En Chile dicen «si en el campo somos pobres, en la ciudad somos el doble de pobres«. Por eso la gente rural resiste el éxodo. Se fortalece en su decisión de permanecer en el terruño, defenderlo, unirse, organizarse y hacerse escuchar.

Hoy los villorrios o aldeas más apartados pueden y deben ser dotados sin necesidad de gigantescas inversiones, de todos los servicios modernos, a pequeña escala y a veces, con recursos locales, desde electricidad, agua potable y alcantarillado, centros culturales, transporte confortable, consultorios médicos bien equipados, hasta escuelas con computadoras, televisión, internet y comunicaciones inalámbricas. Los campesinos y campesinas quieren saber, sobre las condiciones de los mercados y las climáticas, aprender sobre el uso del riego por aspersión o por goteo y otras técnicas, estar informados oportunamente para participar, para defender sus derechos, opinar con fundamento e intervenir en las decisiones que les afecta a ellos y al medio circundante. El estado debe proveer estos servicios, porque los campesinos difícilmente podrán financiarlos. Los caminos rurales para acceder a los mercados locales necesitan ser asfaltados y debieran tener preferencia sobre las autopistas. El crédito debe ser adecuado a su capacidad de pago y facilitar la rehabilitación de los morosos. Las capacitación y asistencia técnica no pueden ser forzadas por los funcionarios, sino convenida, teniendo respeto por la experiencia ancestral del habitante rural. Las nuevas especies, inclusive la posibilidad de agregar valor trabajo a los cultivos o crianzas, como jugos, mermeladas, harinas, salsas, desarrollar la artesanía, la recolección de frutos, plantas aromáticas y hierbas silvestres y medicinales, debieran estar al alcance de las familias rurales. Las cooperativas y otras formas de acción colectiva o de asociación necesitan ser fomentadas en gran escala. Debe instalarse redes comerciales propias, con fuerte apoyo público para evitar que los habitantes pobres sean explotados por los intermediarios. La agricultura campesina debiera ser ayudada para ser un pilar de la agricultura orgánica, de métodos ecológicos, libres de químicos y transgénicos. Los alimentos sanos y naturales cada día tienen más demanda en la población informada. También a los habitantes rurales debiera ofrecérseles nuevos empleos nobles y útiles para la sociedad como son el cuidado, monitoreo y la rehabilitación de los bosques o selvas nativas y zonas declaradas de reserva natural.

A modo de conclusión .

Los procesos de globalización económica y libre mercado, sin quererlo, han creado nuevas condiciones favorables para un profundo cambio en los modos de producir y consumir que el capitalismo de libre mercado ha fomentado en su insaciable prosecución de la acumulación de riqueza privada. Trabajadores del campo y la ciudad, profesionales y académicos de las más diversas especialidades, consumidores y usuarios de bienes y servicios, defensores de la naturaleza y la vida sana, de urbanistas que luchan por ciudades no contaminadas ni segregadas, tenemos como nunca antes la posibilidad y la necesidad de unirnos. Nuestros objetivos son los mismos y quienes se oponen a mejores formas de vida, sólo lo hacen porque están bajo el interés o la influencia de los grandes poderes privados y su publicidad engañosa. Hago votos porque esta unidad grande, local, regional, nacional y mundial, por encima de pequeñas disputas personalistas o teoricistas, se construya en todo nuestro continente, que por muchos motivos, puede ser la vanguardia de un nuevo mundo.