Tomo pie en dos excelentes informaciones de Daniel Cordero [1,2] sobre el recurso contratante de la parte contratada al recurso contratado de la parte contratante. ¡Para morirse… y llorar de desesperación! «Agbar versus Acciona, intereses corporativos enfrentados, chapuzas político-administrativas y expropiación de bienes públicos» es el resumen del asunto. Parece un chiste, una información imposible, […]
Tomo pie en dos excelentes informaciones de Daniel Cordero [1,2] sobre el recurso contratante de la parte contratada al recurso contratado de la parte contratante. ¡Para morirse… y llorar de desesperación! «Agbar versus Acciona, intereses corporativos enfrentados, chapuzas político-administrativas y expropiación de bienes públicos» es el resumen del asunto.
Parece un chiste, una información imposible, una paradoja renovada de Zenon o un dibujo imposible de Penrose. No es el caso: el gobierno de los mejores privatizadores, que se las daban (ahora menos) de grandes, eficaces y exquisitos expertos, es así. El rey Artur, el que se mofó en sede parlamentaria de la forma de hablar castellano de los niños gallegos y andaluces, ha agitado la batuta del recurso… contra su propio gobierno. Breve historia de lo sucedido (no apta para partidarios de desarrollos cartesianos):
El TSJC,el tribunal superior de justicia de Catalunya, ha dado cinco días a la Generalitat para evitar revocar el concurso de ATLL [Aigües Ter-Llobregat], para evitar la suspensión cautelar. La administración autonómica deberá argumentar por qué no debe suspenderse el concurso firmado el pasado diciembre, como exige uno de los nudos de esta lucha de intereses y titanes emprendedores, la multinacional Agbar (Aguas de Barcelona, capital francés) «a tenor de la resolución del Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC)», dependiente, por supuesto, de la propia Generalitat. Brevemente: el Departamento de Territorio -donde precisamente ha habido cambios en la composición del viejo-nuevo gobierno- y Acciona firmaron la concesión de ATLL por los próximos 50 años el pasado 27 de diciembre de 2012. Cinco días después la OARCC dictaminó una resolución que invalidaba el contrato: Acciona, al empresa vencedora, no cumplía con su oferta el requisito de realizar en diez años las obras de mejora requeridas (cuantificadas en 139 millones), calendario que, en cambio, sí respetaba la oferta de Agbar (se comprometía a realizarlas en siete años). El ejecutivo asegura en su recurso que la adjudicación cumple «escrupulosamente» el pliego. El documento defiende la actuación de la Mesa de Contratación que decidió el concurso. ¡Faltaría más! (¡Generalitat versus Generalitat, esta es parte la cuestión! Han tomado como referente, probablemente, el «Kramer contra Kramer», una película bastante hortera e histérica).
El TSJC, señala DC, descarta dictar en principio las medidas cautelares reclamadas por Agbar. Considera que la compañía no alega «ningún motivo que ponga de manifiesto una urgencia perentoria» y asumir como «relevante» que la Administración manifieste sus «previsiones de ejecución» de la resolución del OARCC.
El proceso iniciado coge a la Generalitat con el pie cambiado: estaban preparando la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la resolución del OARCC (Francesc Homs dixit). Ahora deberá afrontar «un juicio preliminar sobre la razón de fondo de todas las medidas cautelares» que amenaza con derrumbar todo el contrato firmado a finales del año.
De ser así peligran los 300 millones que la Generalitat ingresó en concepto de adelanto por «el canon a pagar por la gestión del agua en alta durante los próximos 50 años», ¡durante el próximo medio siglo! Vendieron, venden la opción privatizadora con el siguiente pseudoargumento criticado documentadamente por la Plataforma «Aigua és vida»: «esos recursos servirán para enjugar parte del déficit autonómico y no alejarse más del objetivo impuesto por el Ministerio de Hacienda»… ¡Será eso! ¡Su cara supera la dureza del hormigón armado!
Agbar quiere que se haga caso de la resolución «ejecutiva» del OARCC ya que, sostiene, la otra empresa-buitre-privatizadora, Acciona (capital madrileño, pero este vértice -aguas catalanas en manos de empresas madrileñas en el nuevo estado- no importa un higo) no cumplía, como se apuntó, «con las inversiones previstas en el pliego de condiciones del concurso». Agbar ha solicitado que se anule el contrato, que se evite la liquidación de Aguas Ter-Llobregat (no por defensa de lo público claro está), impidiendo de este modo que los responsables de Acciona asuman las riendas de la gestión del agua que consumen cerca de cinco millones de ciudadanos. ¡Cinco millones!.
El siguiente paso solicitado por Agbar es obvio: la adjudicación directa. De este modo, Acciona perdería el contrato por un importe de 1.000 millones de euros que firmó el pasado 27 de diciembre.
La Generalitat ha recurrido ante el TSJC para que no se anule el concurso de ATLL. Su tesis: la Mesa de Contratación cumplió «escrupulosamente» con el pliego de condiciones. Para aclararnos: unos nueve días después de que el Organismo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña «pusiera en un brete al Gobierno catalán con la mayor de sus privatizaciones», la propia Generalitat ha recurrido la decisión de un organismo que depende de la propia Administración autonómica, no de Madrid, no del gobierno central.
¡La dialéctica en el puesto del mando! Por fin está probado la vieja tesis marxista-hegeliana: ¡la contradicción se ubica en la esencia del Ser y de sus avatares!
En el fondo, vale la pena no olvidarlo porque es el nudo central del asunto, la expropiación de los recursos públicos, la privatización -con lucha no disimulada de intereses entre partes- de un recurso esencial como es el agua, tratada como una mercancía de usar, tirar, calcular y beneficiarse.
¿Este es un gobierno que deba apoyar una fuerza que se dice de izquierda y republicana? ¿Con estos ropajes se puede construir algo nuevo que tan siquiera roce la justicia y los intereses fuertemente dañados de los sectores más desfavorecidos? No lo parece.
Notas:
[1] http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/10/catalunya/1357852001_397973.html
[2] Dani Cordero, «La Generalitat se autorecurre para evitar la anulación del contrato de ATLL». El País, 12 de enero de 2013, p. 3 (edición Catalunya)
Salvador López Arnal es miembro del Frente Cívico Somos Mayoría
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