Xavier Casals entrevista para su blog a David Ballester, que ha publicado la historia de 20 víctimas mortales de la violencia institucional y parainstitucional entre finales del franquismo y los inicios de la transición
Su nuevo trabajo se titula: Vides truncades. Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya (1964-1980) (PUV, 2018). Ballester (Barcelona, 1960) es doctor en historia y profesor en la UAB y el Institut de Seguretat Pública de Catalunya. Ha publicado diversos estudios sobre la historia del socialismo catalán, pero también ha abordado el franquismo y la Transición en Temps d’amnistia y El triomf de la memòria. La manifestació de l’11 de setembre de 1977.
El libro reconstruye una veintena de casos poco conocidos de muertes causadas por violencia institucional que han quedado relegadas a un segundo plano en las crónicas políticas y que, en algunos casos, nada tuvieron que ver con al política. En este sentido, es una aportación de interés, ya que en el período que analiza su obra este tipo de violencia suele ser considerada poco relevante. Por nuestra parte, le agradecemos que haya aceptado contestar las preguntas para nuestras lectoras y lectores.
¿Por qué ha escogido un período de análisis a caballo del franquismo y el fin de la Transición (1964-1980)?
Las fechas me fueron definidas por el primer y último de los casos tratados de forma monográfica en el libro. Las mismas se adecuaban a mi idea de poner de manifiesto que ni el tardofranquismo fue una época de autoritarismo «light», ni la Transición fue ese producto edulcorado y mitificado que desde determinados ámbitos y de forma claramente manipuladora e interesada se intenta «vender».
¿De la veintena de casos analizados cuáles considera más ilustrativos de la violencia política de fines del franquismo?
Es difícil hacer matizaciones ante tanta brutalidad e impunidad. El caso de Lluís Benito es extraordinariamente complejo a pesar de su simple trama: una discusión banal con un taxista, aparece un policía de paisano, todos a comisaria…y al cabo de unas pocas horas, un empleado de banca, padre de dos niñas pequeñas, era ingresado en un centro psiquiátrico con un golpe en la cabeza, hecho con un objeto «duro y flexible» (¿hacen falta más datos….?). Cuando fue llevado a un centro hospitalario ya era demasiado tarde y moriría pocos días después. Sus hijas no averiguaron la verdad de un hecho acaecido en 1964… hasta el 2012!
Otro caso que tampoco puede dejar indiferente a nadie es la muerte del militante del PCE (m-l) Cipriano Martos en Reus. La Guardia Civil le obligó a injerir una botella de ácido sulfúrico, que le provocó heridas irreversibles en el estómago. Cuando su madre llegó a Reus al ser avisada de los hechos, los guardias no le dejaron acercarse a su hijo, siendo apartada por los «beneméritos» a puntapiés.
¿Y de la Transición?
En esta etapa, las cifras que emanan del análisis de la práctica del «gatillo fácil» por parte de los diferentes cuerpos policiales, son de una gran contundencia. Entendemos por «gatillo fácil» la utilización abusiva de las armas de fuego por parte de miembros de los cuerpos de seguridad, ya fuera estando de servicio, o bien, francos del mismo. Casi la mitad de las víctimas por este motivo se produjeron en controles de carretera, y una cuarta parte en el curso de riñas entre un policía y un civil, normalmente en el marco de lugares de ocio y a altas horas de la noche.
En toda España fallecieron 105 ciudadanos por este motivo entre noviembre de 1975 y la llegada al gobierno de los socialistas. En el libro, por ejemplo, trato el caso de tres jóvenes (entre los tres no sumaban ni 70 años) que fueron víctimas de la Guardia Civil en tres localidades del interior de Cataluña donde no existía ninguna conflictividad política ni social. Con motivos bien absurdos se podía perder la vida en aquellos años.
Los casos de Adolfo Bárcena y Roque Peralta, en Hostalric y Súria respectivamente, tuvieron un amplio eco en la sociedad. En un momento de especial politización/movilización como fueron las fechas inmediatamente anteriores y posteriores a las primeras elecciones democráticas. En cambio, el caso del joven francés Jean Michel Clabeq pasó de largo desde el primer momento.
También es ilustrativo de cómo funcionaban determinados estamentos en aquellos años, el caso de la muerte debido a una paliza de Agustín Rueda en la prisión de Carabanchel, cuando ya se habían realizado las mencionadas elecciones y la aprobación de la Constitución ya estaba en el horizonte.
¿Qué son los «vacíos de la memoria» a los que alude?
Esta frase hace referencia a la nula presencia en determinada historiografía de los protagonistas de Vides truncades. Y, en consecuencia, en la memoria de nuestra sociedad. Incluso me atrevería a afirmar que de forma mayoritaria, las víctimas de la violencia institucional, ya se trate de muertos por la represión policial en el curso de manifestaciones, bien de víctimas del explicitado «Gatillo fácil» o de torturas en comisarías, cuarteles de la Guardia Civil o prisiones, son marginados del relato. Sus casos son poco estudiados y, en consecuencia, poco conocidos.
El nivel de olvido de estas víctimas es variable, aunque mayoritariamente, al igual que no se ha hecho justicia, tampoco muchos años después han conseguido el debido reconocimiento como tales. Algunas han recibido y reciben homenajes, impulsados por familiares y asociaciones memorialísticas, pueden tener una calle, pero mayoritariamente la palabra olvido es la que mejor refleja la situación en que se encuentran sus respectivas historias.
¿Los casos que estudia reflejan incidentes aislados o problemas de orden público relevantes?
Es evidente que en una dictadura como la Franquista el mantenimiento del orden público, que no de la seguridad ciudadana, era uno de sus objetivos fundamentales. A su vez, durante la Transición, al no producirse la debida depuración del aparato del Estado, los mismos policías que formaban parte de los cuerpos represivos del Franquismo se convirtieron, de la noche a la mañana, en defensores del nuevo orden democrático. Pero los viejos hábitos constaron mucho de erradicar.
Así, si entre 1969 y la muerte del dictador la policía provocó la muerte de 14 ciudadanos en el curso de la represión de manifestaciones, durante la Transición perderían la vida por el mismo motivo 41 personas. Una cuarta parte de ellos no participaban en las mismas, pero la represión era tan indiscriminada y la policía estaba tan poco preparada, acostumbrada a que con la mera brutalidad ya se conseguían los objetivos represivos. Esta problemática se enquistaría en la naciente democracia.
La llegada del PSOE no comportó el cambio profundo de las estructuras policiales (la ley de Martín Villa de 1978, al margen de ser preconstitucional, se limitó a la hora de la verdad en un cambio cromático en los uniformes -del gris al marrón- y terminológico -de Policía Armada a Policía Nacional), y la proyectada ley policial no fue aprobada hasta el fin de la legislatura. De forma paralela, decrecieron de forma muy notable las víctimas en manifestaciones y por «gatillo fácil» (aunque se produjeron todavía 22 muertes más hasta 1987), pero se mantuvo en sus puestos y se promocionó a policías responsables de numerosas violaciones de los derechos humanos durante la dictadura y los años anteriores.
¿Dejó desprotegidas a víctimas del franquismo a Ley de Memoria Histórica?
Se trata de una ley tardía, bienintencionada, pero limitada en sus efectos. El hecho mismo de poner una fecha límite inadecuada, comportó dejar al margen a varias víctimas de la violencia institucional.
Dos ejemplos, que enmarcan perfectamente el contexto en el cual era tratada la memoria histórica en aquellos años. Marc Muñoz, hermano de Gustau Muñoz, muerto por un disparo policial en una manifestación el 11 de septiembre de 1978, al hacerle ver al diputado de CiU encargado de la mencionada ley en la correspondiente comisión de las Cortes, que su hermano quedaba cronológicamente del ámbito de aplicación de la ley, le contestó: «¿Me has de decir tu cuando acabó la Transición?.
El segundo. Cuando Robert Manrique recordó a la Directora General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, que las familias de las dos víctimas del atentado fascista, con clara connivencia policial, del 20 de noviembre de 1980 en Cabrera de Mar (los últimos cronológicamente tratados en «Vides truncades»), no habían sido todavía localizadas y tenían derecho a una indemnización, aquella le contestó: «Si quieren algo, que lo vengan a pedir».
Es obvio que la adecuación del aparto policial heredado de la dictadura comportó unas graves consecuencias. Que hasta la fecha no ha habido una clara voluntad política de reconocer y reparar.
Vides truncades Repressió, víctimes i impunitat a Catalunya (1964-1980)
David Ballester Muñoz
Colección: HISTÒRIA I MEMÒRIA DEL FRANQUISME, 50 ISBN: 978-84-9134-268-7. PUV 2018