Dice el grupo popular del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que si no se actúa rápido y contundente el ejemplo de los okupas del barrio de Errekaleor se extenderá como una mancha de aceite. Se refieren a las viviendas vacías que no cumplen ninguna función social, gracias a que el PP recurrió ante el TC el concepto […]
Dice el grupo popular del ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que si no se actúa rápido y contundente el ejemplo de los okupas del barrio de Errekaleor se extenderá como una mancha de aceite. Se refieren a las viviendas vacías que no cumplen ninguna función social, gracias a que el PP recurrió ante el TC el concepto de vivienda vacía de la Ley de Vivienda vasca, consiguiendo que se suspendiera la expropiación de uso, el alquiler forzoso en zonas de especial necesidad, o el canon, que hubieran permitido movilizar hacia el alquiler social tanta vivienda deshabitada.
El intento de criminalizar ahora a los jóvenes que okupan Errekaleor como si fueran vándalos, no puede ocultar que representan una práctica de resistencia y denuncia de la lógica mercantil, y que están dotando a este espacio abandonado de un uso político, social y cultural, basado en una organización horizontal y asamblearia. Una forma de protesta ante el problema que representa acceder a una vivienda. Y también una utopía solidaria, si, que nos interpela para hacer realidad el sueño de humanizar las ciudades, habilitando espacios donde vivir y convivir más allá de la especulación inmobiliaria, el individualismo y el consumismo.
Aunque la opacidad y la falta de transparencia son la norma, estamos hablando de mas de ocho mil viviendas vacías en Gasteiz (Gaindegia), de las cuales mas de mil son propiedad de las administraciones públicas, otra parte son propiedad de los bancos, conseguidas mediante desahucios por impago de hipotecas, y otra parte de grandes tenedores de vivienda, como el fondo buitre americano Lone Star, a quien vendió Kutxabank su inmobiliaria, y cuya filial española Neinor Homes acaba de salir a bolsa. Según el CGPJ en los tres primeros meses de este año 328 familias vascas han sido desahuciadas, un 28% más que el mismo periodo del año pasado, víctimas de los abusos bancarios o de los altos precios del alquiler.
La vivienda, un bien de primera necesidad, ha sido uno de los mayores negocios para banqueros, promotoras, constructoras, inmobiliarias, tasadoras, y corruptos varios, y todos los gobiernos han colaborado en este robo con sus políticas. El acuerdo municipal para crear el año pasado un parque de viviendas de alquiler social en la ciudad quedó en nada, y la repetición del acuerdo este año igual, porque no se destinan recursos suficientes, que permitirían el uso de muchas de las 500 viviendas municipales vacías en la ciudad. Hay 6.500 demandantes de una vivienda de alquiler en Gasteiz inscritos en Etxebide, y familias viviendo en habitaciones con derecho a cocina, o en el albergue municipal, o dedicando la mitad de sus ingresos a pagar un alquiler disparado.
Vivimos en el país de Europa que más desahucia, que más vivienda vacía tiene, que menos parque público de alquiler ha construido, y que menos presupuesto público destina a la vivienda. Justo cuando mas necesaria es una política pública de vivienda; para que se emancipen los jóvenes, se atienda a la dependencia de los mayores, se integren comunidades marginadas, o no haya personas sin hogar, y también para crear empleo, mediante la rehabilitación, la eficiencia y ahorro energético, o la regeneración urbana. El Consejo Europeo lo ha dicho con claridad: «Existe una urgencia para invertir en el sector de la vivienda social», y el presupuesto del gobierno vasco es claramente insuficiente.
Durante años ha sido necesario desobedecer leyes injustas parando miles de desahucios, mientras que se incumplían todas las leyes, estatales e internacionales, relativas al derecho a la vivienda, y a la prevención de desahucios forzosos. La Obra Social de la PAH ha apoyado la expropiación de uso de edificios enteros de los bancos, y también okupaciones de personas sin alternativa habitacional en pisos abandonados por especuladores, inmobiliarias y demás estafadores. En el actual contexto, de crisis urbana, política, y económica, las okupaciones pacíficas cuestionan un pilar básico de la sociedad capitalista: la propiedad privada e inmobiliaria, que debe subordinarse al interés común, y reivindican un pilar básico del Estado Social: el derecho fundamental de las personas a disponer de una vivienda digna.
Hablar de seguridad, de responsabilidad pública si hay algún incidente, del costo que supone para la ciudad la okupación de Errekaleor, o de la necesidad de poner huertas ecológicas, es falsear el debate con argumentos desmontables que ni convencen ni legitiman la posición del gobierno municipal. Siendo deseable, además, el objetivo de resolver pacíficamente los conflictos generados en la ciudad, no es de recibo la decisión de demoler ahora el barrio, incluso por la fuerza, invirtiendo medio millón de euros, en lugar de presentar una alternativa socialmente útil, que ponga en primer lugar el derecho de las personas a disponer de una vivienda digna. Ni casas sin gente, ni gente sin casas.
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