Mayoral llama a la rebeldía frente a los desahucios y sus efectos devastadores en familias condenadas a la exclusión social · «Si los poderes públicos no toman medidas para evitarlo, la sociedad civil lo hará»
La crisis ha disparado el número de ejecuciones hipotecarias en España, donde es difícil precisar la cifra exacta, que se cuenta por muchos miles al año y por cientos al día. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) agrupa a familias y colectivos que han sufrido el impacto de las hipotecas basura para hacer frente a lo que popularmente se conoce como desahucios, un problema con efectos devastadores. El asesor jurídico de la plataforma, Rafael Mayoral -que ayer ofreció una conferencia en Jerez- ve una trama orquestada por especuladores y entidades financieras con el único objetivo de lucrarse.
-¿En qué proporción se han disparado los desahucios con la crisis en España?
-La proporción es brutal y tiene una relación directa con el aumento del desempleo. Todo esto comienza con la caída de las horas extras y se desata con el aumento del desempleo y va afectando a más colectivos. Los primeros afectados fueron los colectivos más vulnerables, los que tenían menos prestaciones, pero se ha ido extendiendo como una mancha de aceite y lo que al principio abarcaba a gente vinculada a la construcción, ahora alcanza a cada vez más sectores.
-¿Y quién tiene la culpa?
-La sociedad tiene derecho a saber la verdad y esto se tiene que delimitar a través de una investigación exhaustiva de qué es lo que ha pasado. No es comprensible que haya miles de millones de euros que se estén entregando a los bancos y no haya procedimientos judiciales de investigación. No entendemos que haya centenares de policías para ejecutar alzamientos y que esas fuerzas policiales, dirigidas por un juez, no estén investigando a las entidades financieras que encima están recibiendo miles de millones para tapar agujeros.
-Pero también los españoles han vivido por encima de sus posibilidades…
-¿Conocemos el truco del tocomocho? Estamos de acuerdo en que es una estafa. Pues esto es lo mismo. Tenemos cierto grado de responsabilidad, pero la principal responsabilidad es de aquellos que crearon tramas y que tenían organizaciones complejas para estafar a los sectores más vulnerables de nuestro país y para apropiarse de las rentas del trabajo. Pero hay una situación de impunidad frente a una violación sistemática de los Derechos Humanos porque dicen los pactos internacionales de los que nuestro país es parte que no puede haber desalojos forzosos de población vulnerable sin una alternativa habitacional. Ningún Estado puede dejar a ningún ciudadano en la calle cuando hay viviendas de sobra. Verdaderamente se deberían tomar las medidas para que ninguna familia se quede en la exclusión social.
– ¿Por qué cree que la Fiscalía y las administraciones públicas hacen la vista gorda?
-El problema que tenemos, y lo pudimos ver ayer -el lunes para el lector- es que hay un partido único de los bancos, que lo representan los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE. Desde 2008 ha existido acuerdo entre PP y PSOE en todas las ayudas que se han dado a los bancos. Cuando desde la sociedad civil se ha planteado que se reforme la legislación para que se admita la dación en pago, nuevamente el PP y el PSOE, en este caso con el apoyo de CIU, se han opuesto para defender los intereses de los bancos. Y con las medidas que se han planteado relativas a los desahucios, también nos hemos encontrado en el Parlamento con su oposición.
-¿Qué opina de los avances registrados en algunos temas en la presente legislatura?
-Hay cosas que son conquistas de la sociedad civil, como que esto esté en la agenda política porque miles de personas se están oponiendo a los desahucios. Y eso mismo ha provocado que se tenga que aumentar el nivel de embargabilidad de los salarios y otros avances. Eso se ha compensado con el aumento al 60% de la adjudicación del piso, pero esto es absolutamente insuficiente. Lo que hay que asegurar es que no haya deuda perpetua, en primer término, y que garanticen los derechos habitacionales, que todo el mundo tenga derecho a vivir debajo de un techo cuando hay viviendas de sobra. Lo que no es aceptable es que vuelva a aparecer el fenómeno del chabolismo en nuestro país cuando hay vivienda de sobra que se está cayendo a pedazos.
-Siendo realista, ¿la dación de pago se podría aplicar de la noche a la mañana?
-Yo sinceramente creo que se debería aplicar como medida de urgencia y con carácter retroactivo porque hay que garantizar que las familias tengan un proceso de reinserción social. Hay que tomar medidas para salvar a la población, no para salvar a los bancos. Lo que se trata es de salvar a las familias y los bienes públicos, y que las entidades financieras respondan de lo que han hecho.
-¿Cuántos desahucios han frenado ustedes?
–Hay varios cálculos, pero los murcianos van a la cabeza, los catalanes están segundos y luego estamos los madrileños. Entre todos creo que se supera el centenar, pero no deja de ser un hecho simbólico porque a diario se ejecutan cientos y cientos, y hay mucha gente que se va antes de que llegue la autoridad judicial y otros muchos que se están quedando en la calle. Si los poderes públicos no toman las medidas que deben, la propia sociedad civil las va a tomar.
-¿Qué mensaje le gustaría que calara de su conferencia?
-El derecho a la vivienda no es sólo una declaración de principios, sino que tiene que ser un objetivo a defender por todos y todas las personas estamos obligadas a defender los derechos humanos. El problema de los desahucios es un problema colectivo y no podemos consentir que las entidades financieras con la colaboración de los poderes públicos violen ese derecho, que está vinculado además a otros muchos derechos de personas en situación vulnerable. Tiene que haber un compromiso de todos para la rebeldía a fin de asegurar que esos derechos se cumplan.