Organizaciones ambientalistas advirtieron que el Gobierno busca reducir las protecciones vigentes para glaciares y zonas periglaciares a fin de promover grandes emprendimientos mineros. «Es un escándalo», denuncian. La reunión de Macri con el lobby del sector.
Las organizaciones reclaman que se cumpla el principio de no regresión en la protección glaciar
Las organizaciones ambientalistas Greenpeace, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas expresaron ayer su repudio a la modificación de la Ley de Glaciares que impulsa el gobierno para beneficiar a las grandes empresas mineras con la flexibilización de las protecciones ambientales sobre los glaciares. El martes, el presidente Mauricio Macri se reunió en la Casa Rosada con el titular de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Marcelo Álvarez; el empresario minero y propietario de soja Eduardo Elsztain; el director de la Barrick Gold, Fernando Giannoni; el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren; el de Trabajo, Jorge Triaca; representantes de provincias en las que existen emprendimientos mineros y gremialistas, y les garantizó que iba a avanzar con el proyecto de modificación de la ley para febrero. Mientras tanto, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman, estaba en Bonn, Alemania, en la Conferencia Internacional de Cambio Climático (COP23). «Parecería que Macri tiene las prioridades cambiadas: se preocupa más por cuidar las ganancias de las empresas mineras que por proteger el medio ambiente, salvaguardar la salud de la población, los glaciares y el agua potable», dijo a PáginaI12 Gonzalo Strano, coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace.
En noviembre del año pasado, el juez federal Sebastián Casanello ordenó un allanamiento en el Ministerio de Ambiente de la Nación en el que se encontró un informe técnico que revelaba la existencia de 44 emprendimientos mineros en el país que violaban las restricciones de la ley de Glaciares, al funcionar sobre cuerpos de hielo protegidos por la norma. Casanello lleva la causa por incumplimiento de la ley vinculada a los cinco derrames de cianuro de la empresa Barrick Gold en sus proyectos Veladero y Lama, ocurridos entre 2015 y 2017. En el mismo mes, las organizaciones ambientales denunciaron que «se había filtrado un borrador de la posible modificación de la reglamentación de la ley de glaciares», recordó Strano. «En ese momento dimos el alerta. Ahora insistimos: la ley no se puede tocar», subrayó. Durante la reunión del martes, los representantes de las empresas mineras criticaron la norma actual porque no permitirles desarrollar la actividad en las zonas periglaciares ubicadas en la Cordillera y por considerar que la reglamentación era confusa. Ante el pedido, Macri les garantizó que el Ejecutivo impulsará una modificación de la ley para febrero y enviaría un nuevo proyecto al Congreso.
«El martes se juntó todo el lobby minero en la Casa Rosada. Lo que buscan es la flexibilización de la ley; quieren achicar las áreas protegidas para que las mineras puedan trabajar y destruir los glaciares. Así como están haciendo una flexibilización laboral, también quieren hacer una flexibilización ambiental», dijo a este diario Enrique Vitale, representante de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. El abogado explicó que «la ley no es confusa, es muy clara, pero lo que pasa es que no les gusta a los empresarios porque protege los glaciares y para ellos es necesario destruirlos para llevar adelante los grandes emprendimientos mineros». «Lo mismo ocurre en torno al ambiente periglaciar. Esos espacios están protegido por la ley y forman parte del ecosistema, por lo cual es fundamental su protección. Ellos necesitan destruir ambas cosas, no es cierto que van sólo por el ambiente periglaciar, que es trascendental», agregó. Vital consideró que el proyecto «es un verdadero escándalo», y aseguró que, además, «es inconstitucional porque implica un retroceso en materia de protección ambiental. Hay principios internacionales, como el de no regresión y el principio de progresividad, que forman parte de nuestra legislación y que no permiten retrocesos».
«Lo que le pedimos a Macri es simplemente que se cumpla con la ley que existe y que ordene el cierre de la mina de Veladero», señaló Strano. El coordinador de la campaña de glaciares de Greenpeace coincidió con Vital en que «la ley es muy simple». «Establece en qué lugares no se pueden desarrollar emprendimientos mineros, no deja lugar a dudas. Pero aparentemente tienen intenciones de permitir el avance de las mineras. Tenemos una ley que fue debatida durante meses y es una ley buena si se aplica por completo. Les quieren abrir la puerta para sumar emprendimientos y ampliar los actuales, con la reducción de la producción de la protección de las áreas periglaciares. La preocupación del Gobierno no puede ser primero la ganancia de las empresas y después la calidad de vida», advirtió Strano. El ambientalista afirmó que con la quita de las retenciones a las mineras en 2015 y la modificación de la ley, «el gobierno premia a un sector que demostró total antipatía hacia el miedo ambiente».
Por su parte, el director de FARN, Andrés Nápoli, indicó que «si Argentina cede ante esta situación se coloca como uno de los pocos países del mundo que baja sus estándares ambientales para admitir inversiones. Es un mensaje muy negativo y contradictorio, sobre todo cuando todavía no se pone en vigencia la propia Ley que exige un inventario de glaciares completo». «Esta reforma es inadmisible desde el punto de vista de la protección del ambiente, pero también desde lo que sostiene el derecho internacional. No se puede retrotraer la protección ambiental para beneficiar las demanda del sector de inversiones», añadió.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/76192-es-la-flexibilizacion-ambiental