Pretender paliar las consecuencias y no ir a evitar las causas es lo que está pasando en gran medida con las pensiones. Reforma tras reforma del sistema público de pensiones va en este sentido y no en otro.
Está muy bien que el gobierno progresista haya eliminado el Índice de Revaloración que se calculaba en función de los ingresos y los gastos de la Seguridad Social que desde su entrada en vigor ha hecho perder poder adquisitivo a los pensionistas y el malicioso Factor de Sostenibilidad que se calcula teniendo en cuenta la esperanza de vida del nuevo pensionista. Ambos ajustes técnicos representaban dos verdaderas espadas de Damocles sobre las cabezas de los pensionistas para disminuir de manera taimada la cuantía de las actuales pensiones y la de los futuros jubilados introducidas por el gobierno del PP de Rajoy.
Ni asegurar por ley la revaloración de las pensiones en función del IPC ni la futura creación de un enigmático Índice de Equidad Intergeneracional en sustitución del Factor de Sostenibilidad van a acabar con la insostenibilidad del sistema público de pensiones si no se va a las posibles causas que hacen presuntamente insostenible en el futuro dicho sistema. Del mismo modo, aumentar las cotizaciones a los empleados y autónomos y/o alargar los periodos de cotización y la vida laboral van en la misma línea de poner parches. Fuera de la realidad están aquellos que pretenden combinar el sistema público actual con un sistema privado donde las empresas y los propios trabajadores ahorren para la jubilación, mediante, por ejemplo, incentivos fiscales. ¿Qué trabajador medio puede permitirse el lujo de ahorrar para un plan de pensiones privado? ¿Qué empresa mediana están dispuestas a hacer aportaciones a planes de pensiones a sus empleados? Solo aquellos economistas en nóminas declaradas y no tan declaradas de las entidades financieras y aquellos neoliberales de pacotillas pueden defender este despropósito actualmente.
Todas estas medidas, consensuadas con los agentes sociales o no, son paliativos sobre las consecuencias y serán parches ocasionales si no se actúa sobre las verdaderas causas que puedan afectar a la futura sostenibilidad del sistema público de pensiones.
El sistema público de pensiones básicamente se nutre de las aportaciones de los trabajadores en activo, mediante las cotizaciones de trabajo a la Seguridad Social. La solidaridad entre generaciones es la verdadera columna vertebral del sistema de pensiones en España. Este se rige por el principio de reparto que implica que las cotizaciones de los trabajadores en activo financian las prestaciones existentes en ese momento, incluidas las pensiones de aquellos que dejaron de trabajar.
Reforma tras reforma, la legislación laboral no termina con la precariedad en sueldo y condiciones laborales y mientras que no se actúe de manera decisiva sobre esta permisiva legislación laboral, las medidas anteriormente citadas serán, además de injustas, paliativos que no resolverán el verdadero problema. La precariedad laboral unida a que los jóvenes acceden cada vez más tarde al mercado laboral por falta de oportunidades y un envejecimiento de la población por falta de nacimientos debido fundamentalmente a que es muy difícil compatibilizar trabajo y vida familiar son la base que pone en entredicho el sistema público de pensiones. El retraso en la edad de jubilación impide el recambio generacional en el mercado laboral, de ahí que la reducción de las jornadas semanas a cuatro días sea una medida más que necesaria. Hay experiencias documentadas en las que la disminución de las jornadas laborales repartiendo solidariamente el trabajo existente sin merma en las condiciones laborales ha mejorado sustancialmente la productividad y el rendimiento laboral de las plantillas.
Hoy en día, 2 trabajadores sostienen a cada pensionista, y este hecho no equilibra el sistema, suponiendo una línea roja para la sostenibilidad del sistema de pensiones: no podía haber menos de dos trabajadores por cada pensionista o se colapsará el sistema, decían los expertos.
Así que, un sistema público de pensiones basado en el reparto solidario intergeneracional sostenible se tiene que fundamentar en una legislación laboral que impida la precariedad, la direccionalidad empresarial y que facilite la conciliación familiar y personal y el recambio generacional en el mercado laboral, lo demás supone parches y paliativos que no resolverán el problema de fondo, que no es otro, que hacer sostenible el sistema público de pensiones.
Se quiera reconocer o no, no hay problema de insostenibilidad sino un problema de legislación laboral que reforma tras reforma se hace incompatible con un sistema de público de pensiones sostenible.