Ensayista y profesor Titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social y Educación Social, coordinador federal de Educación de IU, Enrique Díez Gutiérrez es uno de nuestros grandes especialistas en organización educativa. Actualmente desarrolla su labor docente e investigadora […]
Ensayista y profesor Titular de la Facultad de Educación en la Universidad de León, doctor en Ciencias de la Educación, licenciado en Filosofía, diplomado en Trabajo Social y Educación Social, coordinador federal de Educación de IU, Enrique Díez Gutiérrez es uno de nuestros grandes especialistas en organización educativa. Actualmente desarrolla su labor docente e investigadora en el campo de la Educación Intercultural, el género y la política educativa.
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Nos habíamos quedado en asuntos de indignación. ¿En qué notas que se haya disparado la indignación de familias, alumnado y profesorado?
El inicio del curso ha sido caótico. Centros sin docentes, problemas informáticos, recortes sobre recortes, más alumnado y menos profesorado, menos inversión pública, libros de texto nuevos o viejos, maestros y maestras sin plaza designada hasta el mismo día que tienen que entrar en clase, nuevos currículos tardíos o sin desarrollar, cambios normativos, de asignaturas, de evaluación, recortes y endurecimiento de las ayudas al comedor, etc., etc., han sembrado la geografía escolar española de desorganización en el inicio de este curso escolar donde el apresuramiento, la improvisación y el caos han sido la norma de las Consejerías de Educación, tratando de implantar una nueva Ley contestada por toda la comunidad educativa, con la característica de falta de previsión en la planificación del inicio de curso y la cruzada que el Gobierno mantiene contra la enseñanza pública. Todo eso se plasma en las movilizaciones continuas que se están produciendo en todo el Estado contra la LOMCE y contra los recortes continuos en educación. Ha sido emblemático en este sentido el encierro de la comunidad educativa del colegio de educación infantil y primaria (CEIP) Arcipreste de Hita de Fuenlabrada en Madrid desde el final del curso pasado exigiendo la apertura del aula de educación infantil que la administración cerró de las dos que había.
¿Qué decretos son esos que, en tu opinión, pretenden dar un golpe de muerte a la Universidad pública?
El equipo de Wert ha propuesto, este verano, con nocturnidad y alevosía y tratando de que trascienda lo menos posible a la opinión pública, tres borradores de Real Decreto que, de salir adelante, cambiarán, sustancialmente a peor, aspectos fundamentales de la enseñanza universitaria, y sobre todo la Universidad pública:
El primero propone reducir la duración de los grados (3 años en lugar de 4), pasando obligatoriamente los másteres a ser de dos años, que con los actuales precios provocaría un aún mayor sesgo clasista en el acceso a la educación superior.
El segundo pretende implantar un sistema de selección del profesorado menos objetivo, transparente e imparcial que el actual, y sobre todo que continúa minusvalorando la actividad docente y la quiere convertir casi en un «castigo» con el que se cargará a quienes tengan menores resultados en la investigación y las patentes.
Y el tercero profundiza en flexibilizar aún más las condiciones para la creación de nuevos campus privados, que han proliferado desde 1997, pasando de 13 a 32, fomentando la privatización de la Educación Superior y multiplicando las titulaciones privadas a pesar de que el Gobierno habla, insistentemente de la necesidad de reducir lo que considera un número excesivo de titulaciones y centros.
Con lo que señalas sobre la privatización encubierta de los ciclos de Infantil y Bachillerato, ¿a qué estás apuntando?
En el ámbito de la educación infantil, sobre todo de 0 a 3 años, la subcontratación de servicios por parte de las administraciones públicas se está convirtiendo en algo ya habitual en la mayoría de las comunidades (recientemente ha estallado el escándalo de los menús con gusanos en los comedores escolares), así como el recorte en la financiación pública de estos centros. Estas medidas son el resultado de uno de los 25 objetivos estratégicos educativos para los cuatro años de gobierno que tienen por delante del Gobierno conservador PP en la mayor parte de las Comunidades Autónomas que gobierna: «valorar la posibilidad de conciertos para los ciclos no obligatorios, como el primero de infantil de 0-3 años (escuelas infantiles) y el bachillerato». En bachillerato se está produciendo el mismo efecto, con el agravante de que se mantienen y amplían conciertos en estas etapas no obligatorias (Bachillerato y FP de grado superior), mientras se desmantela la FP en los IES rurales y se suprime la ESO en los colegios, y se eliminan plazas en centros públicos, sobre todo de infantil, ESO y bachillerato. Podríamos seguir dando ejemplos concretos que reflejan una privatización ya brutal, al subcontratar suelo y colegios públicos a entidades privadas. Todo esto implica que la educación pública va a tener un carácter subsidiario, para atender a población desfavorecida, a la que está en el ámbito rural o aquella que no interesa a las entidades privadas. Mientras que en la educación pública se recortan unidades más allá de la proporción del alumnado que disminuye por zonas, en infantil y bachillerato se da el fenómeno contrario. Por ejemplo, en Castilla y León, aunque en estos momentos están perdiendo unidades de concierto en cifras absolutas (del curso pasado a éste, en bachillerato ha pasado de 76 a 68), bien es verdad que de tener el 22,7% del alumnado en 2008-2009 han pasado al 20,4% en 2013-2014, por lo que tendrían que haberse desconcertado muchas más unidades, que la administración ha decidido mantener. Y no podemos olvidar que lo que hubo en los años 2000 y 2001 fue la generalización de conciertos en Infantil, que se llegaron a multiplicar por más de tres. En definitiva, se está profundizando lo que el mismo partido socialista reguló en su momento: que la enseñanza privada sea considerada también como servicio público, eso sí, para atender a las capas de la sociedad que se mueven en una clase media y media alta.
A ello se suma, de nuevo eres tú quien habla, «el recorte de 7.000 millones de euros en los últimos cinco años, lo que supone una quinta parte de los fondos públicos destinados a la Educación, la supresión de medidas de atención a la diversidad, así como el ‘tijeretazo’ o la supresión directa de becas al estudio, de libros, de comedor o de transporte». ¿Y cuáles son los efectos de esas agresiones sociales en la formación de nuestros jóvenes? ¿Qué grupos sociales están más afectados?
Los informes internacionales, como el más reciente de la UNESCO, y los propios objetivos de Europa 2020 inciden en una prioridad básica para mejorar la educación: invertir en ella. Recortar en educación significa que miles de menores y jóvenes recibirán una educación de peor calidad y tendrán más dificultad para permanecer más tiempo en el sistema educativo, generando una sociedad más desigual. Aunque los ideólogos del PP están empeñados en afirmar constantemente que «los factores asociados con los recursos escolares tienen un poder explicativo muy bajo en la mejora de la educación», la investigación internacional demuestra que cada aumento del 1% en los recursos destinados a educación está relacionado con un aumento del 0,14% en la puntuación de los estudiantes. Es decir, la diferencia entre estar entre las tres comunidades que menos recursos invierten en España y las tres que más (un diferencia del 40%) está asociado con un aumento de 27 puntos en los resultados de PISA: una diferencia equivalente a comparar la media de la OCDE con los (pobres) resultados de países como Turquía, Dubai o Lituania.
Pero lo cierto es que la realidad es tozuda y que no tenemos más que constatar que los recortes en educación que se vienen realizando en el Estado en la última época del PSOE y el gobierno del PP están llevando a la educación pública al desastre, pero especialmente a los sectores sociales más desfavorecidos que son los que más apoyos, atención personalizada, seguimiento y recursos necesitarían. De hecho los Presupuestos Generales del Estado destinados a Educación para 2015 aumentan la desigualdad de oportunidades. No tenemos más que constatar que la educación compensatoria, destinada a garantizar la equidad apoyando a alumnado de entornos sociales desfavorecidos, pierde casi el 90% de sus fondos. De casi 170 millones cuando el PP empezó a gobernar, ha pasado a 70 millones el año pasado y prácticamente desaparece en el actual, quedando reducida a 5,2 millones, que se destinan, según explica la propia Memoria de los Presupuestos, a la «compensación de las desigualdades» y a garantizar «el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social», sobre todo procedente de familias con dificultades económicas, sociales, de minorías étnicas o colectivos de inmigrantes. Es decir, se trata una herramienta de integración que prácticamente es eliminada en las políticas educativas del PP. Esto refleja el interés que tiene este gobierno con la atención a la diversidad y las políticas de compensación y apoyo a los estudiantes con mayores dificultades o más necesidades.
Afirmas también: «debemos hacer frente a este panorama para aumentar el compromiso y la cooperación entre toda la comunidad educativa en los centros, la implicando de la ciudadanía del entorno, para recuperar la movilización durante el curso. Por ello, desde Izquierda Unida apoyamos la participación activa en las movilizaciones convocadas esta semana en defensa de la Educación Pública y laica y las que pueda haber en el futuro. El importante año electoral de 2015 será un momento decisivo y una gran ocasión para cambiar las cosas». ¿Qué movilizaciones son esas?
Aunque ya cité el emblemático encierro de la comunidad educativa del colegio de educación infantil y primaria (CEIP) Arcipreste de Hita de Fuenlabrada en Madrid desde el final del curso pasado, exigiendo la apertura del aula de educación infantil que la administración cerró de las dos que había, no podemos olvidar las luchas continuadas que se han seguido dando y que se anuncian. La campaña de insumisión a la LOMCE lanzada por Izquierda Unida a nivel federal, o la de resistencia del sindicato CCOO, o los actos de desobediencia y resistencia civil convocados por mareas verdes, asociaciones de padres y madres, plataformas en defensa de la escuela pública, e incluso los recursos y plantes de Administraciones Públicas no afines al PP, han sembrado de palos en las ruedas de la implantación de la LOMCE. Pero se mantienen y se anuncian nuevas movilizaciones colectivas. Los «12 meses, 12 luchas por la Educación Pública» de la Marea Verde, que se han convertido ya en un referente. Los días de las «camisetas verdes» en defensa de la educación pública, que se mantienen semanalmente en buena parte de la geografía española. Las concentraciones ante las Consejerías de Educación, o los abrazos simbólicos a los centros educativos públicos en su defensa, son acciones continuadas en diferentes partes del Estado. La marea roja por la Ciencia y la Investigación. La convocatoria de huelga estudiantil del 21, 22 y 23 de octubre y el llamamiento a toda la comunidad educativa, movimientos sociales y ciudadanía para mostrar el rechazo unánime a la política educativa neoliberal en la manifestación convocada por la Marea Verde para el próximo 23 de octubre. Todas estas movilizaciones marcan el enfrentamiento a una Ley y un modelo de educación al que se opone rotundamente la comunidad educativa.
¿Cómo se puede aumentar el compromiso y la cooperación entre toda la comunidad educativa? ¿No tienen intereses divergentes sus componentes?
Puede haber discrepancias en cuento a los momentos o la oportunidad de priorizar las formas de lucha, pero no en cuanto al modelo de educación que queremos. Toda la comunidad educativa quiere que todos los niños y todas las niñas tengan derecho a la mejor educación posible y a los mayores recursos disponibles. Toda la comunidad educativa desea que todos los niños y todas las niñas tengan derecho a la felicidad y las mismas oportunidades. Todos y todas deseamos que puedan tener un trabajo digno y una vida feliz y plena. El problema es cuando los recursos comunes, y de todos y todas, son acaparados por unos pocos y nos dejan al resto con las migajas, por las que nos incitan a competir y luchar entre nosotros y nosotras. Es ahí cuando surge el «sálvese el que pueda» y la lucha por conseguir el centro escolar y el nivel de inglés más alto que asegure a mi hijo o mi hija las mejores oportunidades en el futuro mercado laboral. Y cuando empezamos a pensar en clave de mercado laboral y de futuros empleos al hablar de educación. Y cuando empezamos a hablar de esfuerzo y exigencia para que el mío tenga más ventajas, porque se ha esforzado y «porque lo vale». Este es el mecanismo ideológico con el que nos colonizan el sentido común en esta guerra ideológica permanente que la derecha conservadora y neoliberal ha desatado de forma desaforada desde Reagan, Thatcher y Wojtyła. Por eso es necesario cambiar nuestra forma de ver el mundo, salirnos de este laberinto del capitalismo, para repensar de nuevo el sistema social, el sistema mundo y el sistema educativo.
Por eso no basta con oponerse a un proceso de privatización y desmantelamiento de un derecho fundamental como es la educación. Es necesario tener claro hacia dónde queremos ir, qué escuela y qué educación estamos dispuestos a soñar si queremos gobernar para la mayoría y dar estabilidad a una educación pensada para el éxito de todos y de todas y para construir una ciudadanía crítica, libre, democrática y que sea capaz de construir un mundo más justo y mejor. Por eso hay un movimiento colectivo por construir esa alternativa colectiva al modelo neoliberal de privatización de la educación pública. Y se han presentado iniciativas que están confluyendo, pues las raíces son las mismas y los objetivos similares. Desde el proceso constituyente para elaborar una Ley de Educación de tod@s y para tod@s que Izquierda Unida presentó en el Parlamento a los representantes estatales de la Comunidad Educativa a principios de octubre. Hasta el Encuentro de debate sobre educación para plantear propuestas alternativas a la actual política educativa, organizado por el Foro de Sevilla: «Por otra política Educativa». Pasando por la iniciativa de la Educación que nos une o las propuestas de los sindicatos CCOO o STEs. Todas ellas pretenden no quedarse en la oposición a un modelo, sino plantear el modelo que queremos y que nos une, porque estamos convencidos de que «otra educación es posible».
¿Por qué el año electoral de 2015 será un momento decisivo y una gran ocasión para cambiar las cosas? ¿No eres demasiado optimista? ¿Qué podremos cambiar? ¿Cómo?
El año 2015 es decisivo porque es el año que podemos desterrar el bipartidismo del gobierno de este Estado y ser capaces de crear un frente popular al servicio realmente del pueblo, de la mayoría, de los explotados y de quienes sufren el saqueo de la minoría que se ha enriquecido a su costa. Sólo si somos capaces de luchar por un cambio real del modelo social, del capitalismo y la avaricia como motivación de esta sociedad, podremos construir una educación diferente. Y eso se verá si la mayoría de la población, no solo la comunidad educativa, porque la educación es una conquista de todos y de todas, es capaz no sólo de conquistar la calle, sino también las urnas votando en consecuencia en el decisivo año electoral 2015, por el cambo del modelo neoliberal del bipartidismo. El único camino es la unión de quienes luchan contra el modelo neoliberal y neoconservador en economía y en educación. Es el momento de la esperanza y no podemos defraudar a tanta gente que ha depositado su ilusión en que esta vez realmente sí se puede con la unión de todas las personas que aspiramos a otro sistema que supere el capitalismo y cuya prioridad sea el bien común de la mayoría y no el enriquecimiento de una minoría.
¿Quieres añadir algo más?
Frente a las políticas educativas neoconservadoras creemos que otra educación es posible. Creemos que hay que apostar por la educación pública y gratuita, como única garante del derecho universal a la educación en condiciones de igualdad y democracia; y como base de la cohesión social y de la formación de personas más iguales, más libres y más críticas. Para ello hay que ampliar la red de centros educativos, de titularidad y gestión pública, para cubrir todas las necesidades de escolarización en las diferentes etapas y modalidades educativas, garantizando que el suelo público sea sólo para la escuela pública. Es necesaria la gratuidad total de la enseñanza pública, desde la primera infancia hasta la Universidad. La supresión de los conciertos educativos. Y el incremento de la inversión pública educativa al 7%. Queremos una educación que contribuya al éxito escolar de todo el alumnado, introduciendo cambios curriculares, metodológicos y organizativos para ofrecer mejores respuestas a la diversidad del alumnado, y que amplíe profesorado y de otros profesionales de apoyo a la educación para reducir el número de escolares por grupo y por docente, y poder responder a las distintas necesidades del alumnado personalizadamente. Queremos un currículo laico, intercultural, inclusivo, igualitario y ecológico, que sea desarrollado por los centros escolares y la comunidad educativa en virtud de su autonomía pedagógica. Por lo que cualquier religión, incluidos sus actos o símbolos deben quedar fuera del ámbito escolar. Apostamos por un cuerpo único de profesorado, a partir de una formación inicial con rango de postgrado que combine teoría y práctica, así como estabilidad de las plantillas de los centros para que puedan desarrollar proyectos estables. Abogamos por ampliar la autonomía pedagógica de los centros para organizar sus enseñanzas y poder ofrecer una respuesta educativa ajustada a las necesidades de su alumnado, pero que no sirva en ningún caso para seleccionar o segregar al alumnado o fomentar la competitividad entre los centros. Debemos potenciar la participación democrática de todos los sectores de la comunidad educativa en la organización y gestión de los centros y de los distritos escolares y construir escuelas democráticas en el marco de ciudades y entornos educadores, promoviendo la participación del alumnado en la dinámica educativa de su centro y en la configuración de su ciudad, así como la implicación vecinal en el funcionamiento y mejora de su educación pública; haciendo de la ciudad y su entorno un auténtico recurso educativo.
Este es el modelo educativo que nos atrevemos a soñar y que queremos plasmar en una Ley de tod@s y para tod@s a partir de la próxima legislatura.
De acuerdo, no es mal propósito. Gracias.
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