Ángela Lara (Sevilla, 1979), activista del derecho humano al agua y doctora en Geografía, analiza las relaciones entre el territorio urbanizado, la población y el contexto socio-ambiental. Su preocupación por el ecofeminismo y por una gestión eco-integradora del ciclo urbano del agua, la ha llevado a desarrollar trabajos que ponen en el centro un reparto justo del bien común más preciado.
Ángela Lara se autodefine como “medio geógrafa, medio arquitecta”, además de madre. Profesora en la Escuela de Arquitectura de Sevilla, especializada en derecho humano al agua y transición hídrica, analiza en esta entrevista la gestión y situación de deterioro e incremento de la demanda del agua en Andalucía desde una visión ecofeminista. Reconoce el papel fundamental que tienen las mujeres en los procesos de diálogos porque tienen una visión del agua como fuente de vida, “a pesar de que han sido los hombres quienes han ocupado los espacios de responsabilidad en la toma de decisiones a nivel público y político”.
Forma parte de la Fundación Nueva Cultura del Agua y de la Red Andaluza del Agua. Es conocedora del cambio que ha supuesto la gestión de los recursos hídricos en el territorio. Trabajó en Bolivia en gestión autónoma, donde pudo aprender, junto con movimientos sociales del territorio andaluz, cómo llevar a cabo un reparto social del agua, incidiendo en garantizar un “mínimo vital” de suministro a las personas que carecen de recursos económicos.
¿Cuál ha sido la trayectoria que ha tenido Andalucía en la lucha del reconocimiento al derecho humano al agua?
La lucha por el reconocimiento del derecho humano al agua se intensifica en el ámbito institucional a partir del año 2010, que se reconoce por Naciones Unidas el derecho humano al agua y el saneamiento. A partir de entonces, empieza en toda Europa el movimiento ciudadano right to water, que consiguió con casi dos millones de firmas llevar al Parlamento Europeo el reconocimiento de este derecho.
Al calor de esta iniciativa ciudadana, en España se conforma la red de agua pública y se empezó un movimiento en defensa del reconocimiento del derecho humano al agua, además de una gestión pública transparente y adecuada del agua para el consumo humano. En paralelo, en Andalucía se está reelaborando una modificación del Reglamento domiciliario de agua, que trae consigo un proceso de participación bastante intenso y largo en el que conseguimos que se diera cabida a organizaciones sociales. Cuando estaba un texto bastante acabado, se produce el cambio de gobierno.
En la última Ley de cambio climático aprobada por el gobierno del PSOE se incluye un articulado referido al reconocimiento del derecho humano al agua como mínimo vital en Andalucía. Aunque en el marco legal está reconocido y eso, sin duda, es importante, no está reglamentado como se tiene que aplicar a nivel concreto. De ahí que la implementación de ese derecho a nivel andaluz haya sido desigual en función de la voluntad de los gobiernos municipales o de las empresas de agua.
¿Las iniciativas ciudadanas han tenido peso en las instituciones para una mayor democratización del agua?
Los casos de Sevilla y Cádiz, por ejemplo, son bastante paradigmáticos por haber conseguido dos sistemas bastante importantes y establecer mecanismos concretos.
En Sevilla, en paralelo a esos procesos, hay nuevas iniciativas ciudadanas en las instituciones municipales, con respaldo del movimiento. En Emasesa (Empresa Metropolitana de Abastecimiento de Agua de Sevilla) se produjo un movimiento vecinal para reivindicar el abastecimiento de agua a hogares que tenían la posesión, pero no tenían reconocido el derecho de uso de su vivienda. Gracias a los movimientos vecinales, se consiguió que en el reglamento de Emasesa se incluyera la prohibición de corte por razones económicas, siendo una de las primeras empresas públicas de agua (porque las privadas obviamente no la han hecho) que en su normativa reconoce la prohibición de cortes.
¿Está habiendo una mayor concienciación, gracias a los movimientos ciudadanos, de la importancia de una buena gestión pública del agua?
Todo ese proceso de movilización, que comenzó ya en el 2011, y gracias al movimiento de la red se sigue reivindicando en el tema de la gestión pública del agua como condición necesaria bajo el marco del derecho humano al agua. Ahora se ha transpuesto la directiva de aguas potables gracias a la aprobación en enero del 2023 con la modificación del texto legislativo de la Ley de Calidad del Agua. En esta se establecen ciertos mecanismos: aunque no se reconocen de una manera explícita el mínimo vital, sí se habla de una cantidad mínima de 100 litros, de garantía de accesibilidad, no se habla de prohibición de cortes. Sí se habla de la identificación de grupos vulnerables que tengan problemas de acceso al agua y la obligación de los gobiernos municipales y de otras instituciones de garantizar el acceso al agua de estas personas.
¿Es posible una transición hídrica justa y ecológica ante la escasez de agua que está viviendo Andalucía?
En Andalucía concretamente, aunque creo que es extensivo a otras partes del territorio, el problema de la sequía coyuntural y de la escasez estructural es que se tiene que dar prioridad en los usos. En teoría, según la ley, el uso prioritario tiene que ser el del abastecimiento humano y esto no tendría que afectar al agua disponible. Del agua que hay, si se resta el caudal ecológico que hay que respetar, teniendo en cuenta que el abastecimiento nunca es más del 10% del agua que se consume, siempre debería haber recursos para esto.
Pero cuando se sobreexplotan los acuíferos y los recursos hídricos, lo que no se está respetando, en realidad, es esa prioridad. Por eso, los abastecimientos, sobre todo de las poblaciones más pequeñas, que habitualmente son más vulnerables, se ponen en riesgo. Pero, en teoría, tendría que haber recursos suficientes para cubrir esta demanda.
¿Los cortes que está habiendo de agua, entonces, son debido a una sobreexplotación de los recursos hídricos y no a la sequía
Con los recursos que hay, se debería de poder garantizar el abastecimiento humano. Sin embargo, está habiendo cortes en zonas de la sierra de Huelva, de la sierra de Cádiz, etc. porque no se han respetado las reservas de agua.
Hay un exceso de consumo por parte del regadío que actualmente, dependiendo de en qué cuenca hidrográfica, está entre el 80, 90%. El Guadalquivir está cerca del 90% de los recursos extraídos y se destinan al regadío y hay, por tanto, una sobreexplotación porque las demandas están por encima de la oferta de agua.
¿Cómo se explica que se puede ofertar más agua de la que hay? Porque se sobreexplotan los recursos subterráneos principalmente. Son una especie de reservas de agua naturales que tienen una importancia estratégica en el clima mediterráneo. Por lo que no se deberían extraer más recursos de lo que los acuíferos son capaces de recargar de media anualmente. Es muy difícil, tanto controlar esas extracciones, como estamos viendo en el entorno de Doñana, como llevar un control exhaustivo de cómo se van reduciendo esos recursos y el nivel de los acuíferos.
Las organizaciones ecologistas y sindicales que conforman La Mesa Social del agua alertan sobre la emergencia climática y cómo la crisis de seguridad hídrica requiere de un debate de calado en Andalucía sobre el modelo de gestión del agua. ¿Cuáles son las propuestas planteadas?
La Mesa Social del agua plantea una redistribución de los recursos en base a criterios sociales; criterios que están en lo que se denomina el marco de la transición hídrica. Esto se tendría que llevar a cabo, tanto en la planificación hidrológica general cuando se adoptan criterios estructurales de reparto, como en los planes de sequía que son los que establecen las condiciones de excepcionalidad como las que hay ahora.
Primero, hay que tener clara la diferenciación entre sequía y escasez. La primera sería cuando, durante un determinado tiempo, llueve menos de lo que de media suele llover, por lo que hay una disminución de las precipitaciones. Y escasez se refiere a la falta de recursos para satisfacer las demandas. Si tenemos todos los embalses llenos porque ha llovido mucho en la primavera anterior y se produce una sucesión de un otoño seco se genera una situación coyuntural de sequía. Es decir, si tenemos un otoño seco, eso no genera escasez porque las reservas de agua son suficientes. Pero si esa sequía es prolongada, las reservas de agua van cayendo y llega un momento en que no hay suficientes recursos para satisfacer las demandas.
Entonces se produce una superposición de una situación de sequía con una situación de escasez. Es aquí cuando entran en acción los planes especiales de sequía, que adoptan medidas excepcionales. Algunas de esas medidas tienen que ver con el reparto del agua.
Lo que planteamos desde la Mesa Social del agua es que se tiene que hacer una discriminación positiva con la explotación de menor tamaño, lo que denominamos como explotaciones familiares profesionales. ¿Por qué? Porque una explotación de 30, 40, 50 hectáreas si produce la mitad, puede sobrevivir. En cambio, una explotación familiar de 5 o 10 hectáreas, si produce la mitad, no puede sobrevivir.
De hecho, hay un determinado tipo de cultivo que no merece la pena plantarlo si no vas a tener suficiente agua para sacarlo adelante.
Teniendo en cuenta nuestro clima, ¿se tendría que priorizar un tipo de cultivo y no otro para reducir el despilfarro de agua?
El criterio es priorizar cultivos leñosos, es decir, árboles, frente a cultivos anuales. El problema es que, cuando se extiende la superficie de regadío de cultivos leñosos exponencialmente, como está pasando con el olivo en regadío súper intensivos, o con el aguacate, estás convirtiendo a los cultivos leñosos, que son muy demandantes, en una prioridad. Ese es el problema. Hay que repensar, tanto los criterios de asignación de recursos en situaciones convencionales, como los criterios de asignación de recursos en situaciones excepcionalidad. No se debería de tener tantas superficies leñosas de regadío porque no se tiene capacidad de afrontar lo que eso significa en una situación de sequía que son propias de nuestro territorio.
Eso es la “antiadaptación al cambio climático”. Estamos adoptando un modelo que no se adapta, no ya al cambio climático, sino ni siquiera a la propia dinámica de variabilidad pluviométrica, que es propia de nuestro clima, porque es que la sequía es propia de nuestro clima.
El problema es que se está yendo en dirección contraria a lo que deberíamos ir.
Hay cada vez más movimientos de denuncia sobre el uso y gestión del agua. El mapa de los conflictos del agua en Andalucía es una herramienta que tiene como objetivo cartografiar y documentar de manera colaborativa los principales conflictos en torno al agua en el territorio. ¿Cómo surge?
El mapa de los conflictos del agua en Andalucía que elabora la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua, junto con la Universidad de Sevilla, se basa, sobre todo, en la construcción colectiva a partir de la experiencia de colectivos locales que luchan en la defensa del territorio en su localidad, y son los que plantean estos conflictos y los suben al mapa. Y los hay de muy diferente naturaleza. Están catalogadas en función a una serie de tipologías (contaminación, privatización, desecación, etc.).
Hemos visto que la gestión del agua, históricamente, ha sido masculina. Un ejemplo claro es la comunidad de regantes. ¿Cómo ha sido?
El mundo del agua ha sido masculino, desde el punto de vista institucional, donde normalmente recae sobre perfiles y profesiones que tradicionalmente han estado muy masculinizados (ingenieros de Montes, ingenieros agrónomos, etc.), y también a nivel de comunidades de regantes, pues las conforman principalmente hombres.
Tanto las comunidades de regantes como las confederaciones hidrográficas tienen todavía mucho trabajo que hacer en cuanto a la renovación de su modelo de funcionamiento equitativo o en la mejora en la transparencia, por ejemplo. En las comunidades de regantes, el peso del voto tiene que ver con el peso de la explotación en hectáreas, lo que significa que están muy controladas por los grandes propietarios. Para los pequeños es muy difícil tener peso en la toma de decisiones. La propia ley de agua permite esto, por lo que tendría que cambiarse para que las comunidades de regantes tuvieran un funcionamiento más transparente y más democrático.
Las confederaciones hidrográficas también son unas estructuras heredadas del pasado que necesitan de renovación. Por ejemplo, vemos cómo no son públicos los listados de concesiones de agua; el agua como bien público y su uso está condicionado a una concesión, pero no son públicos. De hecho, cuando la masa subterránea de Doñana se ha declarado en estado crítico, sí se ha tenido que hacer un censo de usuarios. Y es cuando se han podido analizar los datos y se ha visto con exactitud que aproximadamente el 90% de los propietarios dispone del 10% del agua porque son propietarios de, a lo mejor, del 15% del territorio, mientras que hay un 10% de grandes propietarios que son los que acaparan el 80% de las tierras y, por lo tanto, el 80% del agua. El problema obviamente reside en los grandes propietarios, que son pocos, pero con mayor extensión de tierra.
Esta falta de democracia y de transparencia, no sé si es propia de la masculinización, pero desde luego es la dinámica que han seguido. Son organizaciones que tienen un funcionamiento muy jerárquico y muy clasista.
¿Habría un cambio de paradigma si se feminizara?
Creo que sí. La experiencia nos demuestra que la entrada de más mujeres es un símbolo de renovación y de democratización de esos espacios. Esto implicaría unas mejores prácticas. Las mujeres no es que no vivan del campo, no es que no trabajen en el campo, es que no forman parte de los espacios de toma de decisión. Si la mitad de la población no participamos en los procesos de toma de decisión, obviamente se está eliminando una parte importante de la mirada que hay sobre el territorio y sobre la gestión del suelo. La experiencia nos dice que, donde hay presencia de mujeres, se adoptan otro tipo de criterios y/o se establecen otro tipo de prioridades.
En la Mesa Social del agua sí se cuida que las mujeres que forman parte de esas organizaciones tengan un papel relevante, una visibilidad y presencia. Es un ejemplo probablemente de una perspectiva ecofeminista sobre la gestión de los recursos llevada a cabo por hombres y mujeres que están dispuestos a adoptar esas posiciones.
¿El sector agrario profesional tiene más conciencia que antes sobre el impacto medioambiental y la gestión de los suelos?
Creo que cada vez hay una mayor conciencia de hasta qué punto la salud de los ecosistemas es una condición necesaria para garantizar los cultivos.
Hablo de la gente que vive en el territorio. El problema es que, muchas veces, esas explotaciones no están en manos de nadie que viva aquí. Si son los grupos financieros quienes invierten, en cuanto deje de ser rentable y se hayan cargado los recursos, se van a otro lado y listo. Preocupa más a las pequeñas empresas profesionales familiares, que son quienes están arraigadas en el territorio. Pues básicamente, cuando no haya recursos, no van a tener qué comer.
Yo creo que cada vez hay más conciencia en la necesidad de hacer una agricultura que sea coherente con los recursos disponibles. De hecho, hay organizaciones como la UPA que ya están diciendo que hay que frenar la expansión, que no se puede crecer más porque no hay agua para todos. Es una falacia decir que hay agua para todos y eso los agricultores ya lo saben.
Ante el escenario político que tenemos en Andalucía, ¿cómo se transita hacia un modelo del agua como bien común y no como recurso a explotar sin tener en cuenta las consecuencias que puede suponer en el territorio?
El problema de la derecha política, tanto el PP como Vox, son negacionistas lo reconozcan o no. Moreno Bonilla está diciendo que esta es la Legislatura del agua, pero es la legislatura en la que se van a aprovechar los recursos hídricos disponibles, independientemente de las consecuencias que puede suponer. Estamos volviendo a ese concepto, ya muy superado, o que debería de estar ya superado, de que los ríos cuando llegan al mar, lo que se está haciendo es tirar el agua, cuando se sabe de la importancia de las funciones socioecosistémicas de los ríos cuando llegan al mar. Entre otras cosas que los bancos de peces tengan algo que comer. La derecha ignora todas estas consecuencias a medio plazo y a largo plazo de la sobreexplotación de los recursos.
Plantean continuar con una estrategia de construcción de infraestructuras, evidentemente con dinero público, cuando hay pantanos en Andalucía que no se llenan nunca. Una huida hacia delante por primar el beneficio a grandes propietarios e inversores.
La izquierda a nivel estatal, mejorable, por supuesto, ha tenido una estrategia en el plan de transición ecológica de restauración de ríos y medidas que reconocen las consecuencias del cambio climático en los planes hidrológicos en cuanto a la oferta de agua. Están eliminando barreras en los ríos, que ya antes tenían una función y que, sin embargo, estaban entorpeciendo las dinámicas fluviales, tanto a nivel sedimentario como de especies.
Es necesario un modelo socioeconómico justo y ecofeminista de la agroproducción, que priorice la fijación de población en el territorio y que se pudiera establecer un reparto social del agua en los planes hidrológicos.
¿Debemos recuperar la memoria y mirada ecofeminista del agua y su gestión? ¿Cómo ha sido el vínculo que han tenido las mujeres con el agua en Andalucía?
El vínculo que se produce más evidente entre las mujeres y el agua tiene que ver con los usos domésticos. Tradicionalmente son las mujeres las que se han hecho cargo de los trabajos de cuidado la mayoría de ellos, por no decir todos, están directamente vinculados al agua: cocinar, lavar a los niños, lavar la ropa, limpiar la casa… todos los trabajos de cuidados están sostenidos sobre el agua porque el agua es la fuente de vida.
Y esto ha formado parte de los modelos culturales, incluso de la configuración espacial del hábitat tradicional, la configuración de los lavaderos, de pozos y los ríos como espacio de reunión, como lugar de encuentro y de socialización comunitaria. Ha sido todo un acervo cultural e interesante de relación de las mujeres con la gestión del agua en el ámbito doméstico, aunque no exclusivamente.
Y actualmente, con el cambio de acceso al agua, ¿se está dando una mayor participación de las mujeres en los movimientos relacionados con él?
Esta gestión del agua ha cambiado con la modernidad. Afortunadamente, el agua llega al 90% de los hogares en Andalucía a un grifo. Esa gestión del agua la siguen haciendo las mujeres, pero ya no es colectiva, o sea, ya no hay que ir al lavadero. Afortunadamente, porque las pobres, los sabañones en invierno lo sufrían también.
Por otro lado, se ha perdido toda esa gestión colectiva y comunitaria que había. Pero cuando se producen los problemas de cortes y de acceso de agua por falta de pago en asentamientos urbanos, generalmente, son las mujeres las que están ahí. Son las que ven como su gestión cotidiana de los cuidados se afecta directamente por esta ausencia de agua.
En Andalucía está habiendo experiencias muy interesantes en la que las mujeres están teniendo un papel muy importante en la construcción de estos diálogos y alcance de consensos entre los actores en relación a la gestión del agua. Destacaría la experiencia del Altiplano Unido por el Agua, en Granada, que fue liderada por el Grupo de Desarrollo Rural con mujeres a la cabeza. Han realizado un papel muy importante de construcción de un modelo de diálogo anclado en el territorio sobre cómo hacer una gestión adecuada del agua.
Aunque es cierto que las mujeres en los movimientos sociales no somos mayoritarias, porque seguimos teniendo mucho más responsabilidad en los cuidados. A pesar de esto, en la Fundación Nueva Cultura del Agua somos bastantes mujeres las que estamos activas. Tenemos un papel bastante importante dentro de la organización porque afortunadamente nuestros compañeros comparten con nosotras una visión ecofeminista.