Un día ha tardado la derecha social y el PP en responder a la decisión del Gobierno de conceder prisión atenuada al militante de ETA De Juana Chaos -que llevaba 115 días de huelga de hambre- con concentraciones nocturnas de varios miles de personas ante los ayuntamientos de las principales ciudades del país, convocadas por […]
Un día ha tardado la derecha social y el PP en responder a la decisión del Gobierno de conceder prisión atenuada al militante de ETA De Juana Chaos -que llevaba 115 días de huelga de hambre- con concentraciones nocturnas de varios miles de personas ante los ayuntamientos de las principales ciudades del país, convocadas por el Foro de Ermua y la Asociación de Víctimas del Terrorismo. La plana mayor del PP se ha repartido para encabezarlas, aunque los verdaderos protagonistas han acabado siendo dirigentes de extrema derecha como Ynestrillas y escuadras de algunos cientos de falangistas uniformados que intentaban, ante la sede del PSOE, repetir el escenario del 13-M del 2004, la noche anterior a la derrota electoral de Aznar.
En el actual, hay, sin embargo, algunas diferencias. Todo apunta a que el indudable alcance de las concentraciones, por alarmante que pueda parecer, no trae consigo una ampliación de las fuerzas de la derecha capaz de integrar a nuevos sectores.
El 13-M fue la consecuencia de pillar a Aznar en la mentira y en la manipulación electoral del atentado terrorista mas grave que ha sufrido España. Ahora se acusa a Zapatero de debilidad ante ETA, de «pactos secretos». Pero sus decisiones están respaldadas por la ley, por el reglamento penitenciario y ejecutadas en nombre de criterios de humanidad. El desplazamiento a la derecha extrema, con la reaparición de grupos fascistas en primera línea, no parece la mejor estrategia para un PP que se juega en la movilización de todos sus votantes, incluidos los del centro, la posibilidad de mejorar sus expectativas de voto, mientras afianza la convicción en la izquierda y entre los distintos nacionalismos periféricos que, de ganar unas elecciones Rajoy, seria rehén de Aznar y de la derecha extrema que ahora le jalea.
Los «nuestros» y los «traidores»
Dos meses después del atentado de ETA en la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid, la polarización política y social en el Reino de España sigue en aumento ante la perspectiva de una larga campaña electoral que hará de las elecciones legislativas de 2008 una continuación de las municipales y autonómicas de mayo del 2007. En la ultima encuesta del CIS, el PSOE se mantiene un punto por delante del PP (38,8% frente a 37,9%), mientras IU sube hasta el 6,5%.
El PP ha sido incapaz de rentabilizar el atentado de ETA y el fin del proceso de paz en Euskal Herría rompiendo el bloque político de la izquierda en el que se apoya el Gobierno Zapatero. Las encuestas siguen mostrando un apoyo mayoritario a la gestión del Gobierno en su política de «ambigüedad calculada» ante el conflicto vasco, que debe permitir mantener el horizonte de un nuevo proceso de paz en la siguiente legislatura, con una izquierda abertzale presente en los municipios vascos y un nuevo gobierno de coalición nacionalista y de izquierda en Navarra.
Pero han sido dos meses de movilización extraparlamentaria masiva de la derecha social. La primera, el 3 de febrero -convocada por el Foro de Ermua y la AVT en respuesta no tanto al atentado, cuanto a las manifestaciones unitarias de la izquierda y el Gobierno vasco del 13 de enero-; enseguida, la del 24 de febrero, contra la reducción de pena al militante de ETA De Juana Chaos, una manifestación en la que el alarde escenográfico de la extrema derecha desbordó por mucho al PP; finalmente, en la «noche de las traiciones», la del pasado 2 de marzo, tras el pase a prisión atenuada de De Juana Chaos. Y se anuncian mas movilizaciones.
La confrontación entre la derecha y la izquierda domina toda la vida política y social, con sorprendentes ecos de los años 30 en más de una ocasión. El PSOE ha vuelto a tropezar inopinadamente y sin pretenderlo con la cuestión de la naturaleza de clase del estado que gobierna, con un poder judicial en manos de la derecha social y política que actúa saboteando legalmente las políticas y la gestión gubernamentales en nombre de la «razón de estado».
Una «razón de estado» esgrimida por la derecha a fin de deslegitimar al Gobierno Zapatero con un asombroso abanico de especulaciones y fantaseos ad hoc: la teoría de la conspiración del 11-M, los supuestos «pactos secretos del gobierno con ETA», el espantajo del peligro de la ruptura de la «unidad nacional», la pretendida «persecución» de los ediles del PP en la lucha contra la corrupción urbanística, la «indisciplina» de la Guardia Civil, o, por acabar en algún sitio, el «laicismo» en las escuelas. Un día sí y otro también, la COPE -la cadena radiofónica, propiedad de la Conferencia Episcopal, de insolente militancia ultraderechista-, El Mundo, La Razón y las televisiones autonómicas de la derecha, encabezadas por TeleMadrid, no cejan en el empeño de de apelar a las conciencias -y menudo, a bajas pasiones quién sabe si del todo conscientes- de los electores de la derecha, en una suerte de paroxística movilización permanente in crescendo.
El frente judicial
La recusación de Pablo Pérez Tremps como juez del Tribunal Constitucional en el recurso del Defensor del Pueblo sobre la supuesta inconstitucionalidad del Estatuto de Cataluña ha vuelto a poner sobre la mesa en toda su crudeza las nefastas consecuencias políticas del Pacto Antiterrorista firmado por el PSOE con el PP bajo el Gobierno Aznar como respuesta a la ruptura de la tregua de ETA en 1999. En nombre del «consenso», el Pacto Antiterrorista dio a la derecha una mayoría en el poder judicial que le aseguraba la continuidad de su política en caso de un cambio de gobierno.
Tal obsequio de un verdadero derecho de «veto judicial» repercute hoy en el Tribunal Constitucional, poniendo en cuestión la legitimidad de la reforma estatutaria no sólo en Cataluña, sino en todas las autonomías que han aprobado los nuevos estatutos. En el Consejo Superior del Poder Judicial, como ha recordado el combativo nuevo ministro de justicia, Mariano Fernández Bermejo, la actual mayoría se sostiene sobre una composición que «es legal, pero ilegitima», porque el bloqueo del PP impide su renovación aun a pesar de haber superado ya por mucho el plazo temporal de su mandato. Y en la Audiencia Nacional, se siguen aplicando con empeñado denuedo las doctrinas que identifican a toda la izquierda abertzale con ETA, como partes de una única organización terrorista.
El nombramiento al frente del Ministerio de Justicia de Mariano Fernández Bermejo es una respuesta que refleja la consciencia, por parte del Gobierno Zapatero, de la necesidad de un pulso que se ha hecho inevitable en el frente judicial. Si López Aguilar, el ministro saliente, había sido uno de los negociadores socialistas del Pacto Antiterrorista con el PP, Fernández Bermejo fue una de sus victimas más señeras en el frente judicial, junto con Carlos Jiménez Villarejo, cuando era fiscal general de Madrid. Su rotunda advertencia de que «tuvimos que luchar contra los padres y ahora tendremos que hacerlo contra los hijos» para defender la democracia supone no tanto un giro a la izquierda del Gobierno, cuanto la resuelta decisión de conservar la legitimidad haciendo frente al desapoderado pulso de una derecha dispuesta a todo. En un sentido parecido hay que interpretar la decisión del gobierno de entesa de la izquierda catalana de recusar a su vez a Rodriguez Zapata, uno de los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional por los mismos motivos por los que éste instigó la recusación de Perez Tremps -haber realizado informes técnicos para la Generalitat catalana-, a fin de asegurar una mayoría a la facción conservadora del Tribunal Constitucional (una posible mayoría que, dicho sea de paso, cuenta entre sus miembros a un antiguo Gobernador Civil franquista y, en su día, Jefe Provincial del Movimiento).
Proceso de paz o frente antinacionalista
Por el momento, la «ambigüedad calculada» del Gobierno Zapatero se subordina claramente a la necesidad de ganar las elecciones y evitar fisuras en el bloque electoral que le apoya. Busca, al propio tiempo, sostener una perspectiva que impida a la derecha dinamitar por una generación toda posibilidad de un proceso de paz. Pero la «ambigüedad calculada» se ha podido mantener -superando la nada disimulada oposición de sectores de la derecha del mismo PSOE- sólo gracias a la movilización callejera unitaria del 13 de enero por parte de la izquierda y de los nacionalistas periféricos.
El PP y la derecha social han intentado quebrar esa «ambigüedad calculada» desde el frente judicial y desde el frente parlamentario: con la sentencia del Tribunal Supremo declarando organización terrorista a las juventudes de la izquierda abertzale; con la iniciativa de ilegalización de EHAK, rechazada por todas las demás fuerzas políticas parlamentarias; con el esperpéntico encausamiento del Lehendakari Ibarretxe y de los interlocutores socialistas vascos de Batasuna; con la martilleante exigencia de prohibición y persecución de las candidaturas municipales de la izquierda abertzale. Todo con el inconfundible propósito de cerrar todas las puertas y ventanas a un posible cuadro nuevo de diálogo, al que ni la misma ETA se ha cerrado tras el atentado en Barajas.
La izquierda abertzale está inmersa en un vivo debate, mitigado por la represión, tras el atentado de ETA. La propuesta de un nuevo autonomismo vasco-navarro, en el marco del estado español y tras decisión democrática de los electores en ambos territorios, supone un esfuerzo de adaptación táctica significativo que permite a la actual dirección de Batasuna seguir siendo el interlocutor político de la izquierda abertzale. Así lo ha reconocido el propio Zapatero, insistiendo en la necesidad de que, para ser creíble tal evolución, debe ir enfáticamente acompañada del fin definitivo de la violencia. Pero cualquier escenario plausible de futuro pasa por la participación de la izquierda abertzale en las elecciones municipales de mayo.
Mientras tanto, la situación de De Juana Chaos y su huelga de hambre de 115 días han puesto de manifiesto que la situación política en Euskal Herria se asienta sobre una gran inestabilidad y peligro. La sentencia del Tribunal Supremo reduciendo la pena que le había sido impuesta en un pleno de la Audiencia Nacional de 12 años y medio a 3 años por escribir dos artículos supuestamente amenazantes -una vez cumplida ya su condena por los atentados con víctimas mortales- debería permitir mantener abierto el horizonte del proceso de paz. La decisión de aplicarle ahora a de De Juana Chaos prisión atenuada, evitando que su huelga de hambre pueda acabar en muerte no es sólo una medida humanitaria, sino una iniciativa de sentido común político reveladora de que la «ambigüedad calculada» de Zapatero es algo mas que una táctica mediática.
La movilización de la izquierda social por el proceso de paz sigue viva, no sólo en Euskal Herria -con iniciativas como las de Milaka Bilaka o las de las mujeres de Ahotsak-, sino también en Cataluña -con la plataforma «Sí al procés de pau»-. Las manifestaciones unitarias convocadas por la izquierda para el próximo 17 de marzo contra la guerra de Irak podrían convertirse en algo mas que un imprescindible recordatorio, para pasar a exigencias de paz no sólo valederas para el Oriente Próximo y Afganistán, sino también para el Reino de Españal.
«¡Un país civilizado, coño!»
El largo espectro de Aznar -que determina la polarización y radicalización de la derecha frente a la supuesta búsqueda del «sentido común» y a las pretendidas aspiraciones «centristas» de un Rajoy- toma cuerpo cada día. El juicio del 11-M ha desmentido rotundamente al PP, aferrado a una doctrina oficial no por inverosímil, menos machaconamente repetida a sus votantes a través de los potentes altavoces de sus oficiantes mediáticos: que «un grupo terrorista puso a Zapatero en la Moncloa», según afirmara estólidamente en su día Miguel Ángel Rodríguez -antiguo portavoz del Gobierno de Aznar-, y que de lo único que se trataba ahora era de saber cuál fue ese grupo.
Pero lo cierto es que la mayoría absoluta del segundo Gobierno Aznar no sólo trajo consigo la política exterior de la foto del trío de las Azores, sino también la colaboración con los vuelos de la CIA y con el interrogatorio de prisioneros torturados en el limbo legal de Guantánamo. Y no ya valiéndose del secreto y el arcano, sino con la insolente impunidad de una derecha que se sabía capaz de interpretar y apoyar en todos los terrenos, desde su control del poder judicial y del poder legislativo, la deriva antidemocrática del Gobierno Aznar en el marco de la «guerra contra el terrorismo» de la Administración Bush. Una derecha política bien escoltada por la Conferencia Episcopal, que, no satisfecha con el logro de haber renovado, merced al chantaje de su movilización, una financiación pública que roza lo anticonstitucional, llama ahora a la desobediencia civil contra la asignatura de formación cívica, tímida alternativa laica a sus clases de catequización en la enseñanza pública y en la concertada.
Cuando se le recordó recientemente a Rajoy el caso de los interrogatorios llevados a cabo por policías españoles en Guantánamo cuando él era ministro de Aznar, soltó por toda respuesta esta sutileza, que dicho sea de paso vale por si propia para retratar de cuerpo entero al estupendo «centrista» sedicentemente moderado: «Estoy en otras cosas, coño; ¡éste es un país civilizado, coño!». Desgraciadamente, se parece demasiado al «¡Al suelo, coño!» del golpista Tejero, de quien, mira por dónde, hemos descubierto estos días en qué anda ahora -él, y los suyos-, este coronel en libertad desde hace mucho, luego de cumplir sólo diez años de cárcel con todo tipo de beneficios penitenciarios (sin necesidad siquiera de amagar con una huelga de hambre, o de cualquier otra cosa). Nos lo han revelado los alardes escenográficos de la vieja extrema derecha en la Plaza de Colón de Madrid y los falangistas uniformados, brazo en alto ante los ayuntamientos de media España en la «noche de las traiciones», cargando así involuntariamente de razón al nuevo ministro de justicia: para defender la democracia, «tuvimos que luchar contra los padres, y ahora tenemos que hacerlo contra los hijos». Debería ser evidente a estas alturas que esa lucha democrática no sólo ha de ser unitaria y movilizar al conjunto de la izquierda, sino que precisa también combinar la confrontación institucional con la reocupación de la calle, en la perspectiva de vertebrar un proyecto de profundización en el cambio social y político que vaya mas allá del mero miedo a una vuelta de la derecha -¡y qué derecha!- al gobierno.
Todavía la memoria histórica es la historia de todos los días a comienzos del nuevo siglo en el Reino de España.
Gustavo Búster es miembro del Consejo Editorial de SINPERMISO