La lucha por la Memoria Histórica llega a las más altas instancias de Europa. María Martín y Fernando de León, hijos ambos de padres fusilados por los franquistas tras el golpe de estado de 1936, han denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Demandan al Estado por violar […]
La lucha por la Memoria Histórica llega a las más altas instancias de Europa. María Martín y Fernando de León, hijos ambos de padres fusilados por los franquistas tras el golpe de estado de 1936, han denunciado a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo. Demandan al Estado por violar hasta 11 preceptos Convenio Europeo de Derechos Humanos y un artículo de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea..
El Estado que se autodenomina «democrático» les niega el derecho a recuperar los cuerpos de sus progenitores, asesinados en Pedro Bernardo (Ávila) por los fascistas en la guerra que emprendieron contra el pueblo trabajador. En su villa natal, fusilaron a 30 vecinos y María Martín y Fernando de León, conocen el lugar en el que están enterrados. Las instancias judiciales, desde la más inmediata, como es el Juzgado de Instrucción nº 2 de Arenas de San Pedro, al Tribunal Supremo, les han negado los más elementales derechos, sosteniendo la misma prohibición que durante la dictadura.
En su demanda, María Martín y Fernando León piden al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que el Reino de España sea declarado en rebeldía contra el Convenio Europeo de Derechos Humanos y que cumpla con la obligación de reparar el daño que les han causado, «al no respetar sus obligaciones internacionales respecto a la investigación, enjuiciamiento y sanción de los delitos de lesa humanidad impunes denunciados respecto al derecho a la vida, a la prohibición de la tortura, a un proceso equitativo ante un Tribunal imparcial sin dilaciones indebidas, a un recurso efectivo, incurriendo en denegación de justicia respecto a los recurrentes».
Asimismo, consideran que la Administración española ha formalizado la denegación de justicia en cuanto a la investigación, enjuiciamiento y sanción de crímenes de lesa humanidad denunciados, consistentes en desapariciones «en un contexto de sistemática privación de libertad, de asesinatos, castigos físicos, violaciones, trabajos forzados, expolio de bienes, apropiaciones indebidas, alteración de identidad y demás actos delictivos» adoptados con el ánimo de destruir en tiempos de guerra y de paz (desde 1936 a 1977) «el grupo nacional de creencias laicas y partidario de la forma republicano-representativa de gobierno en España».
Pero, además, María Martín y Fernando León ponen el acento en que el Estado sigue vulnerando sus derechos al impedir hoy una investigación judicial efectiva de lo ocurrido y al denegar su acceso a los tribunales, por lo que tiene el deber de reparar el perjuicio causado y resarcir a los recurrentes.
En su escrito de demanda, recuerdan que los hechos cuya investigación ellos reclaman quedaron impunes y que hasta la fecha han sido identificadas más de 300.000 personas que fueron ejecutadas y otras 115.000 detenidas.Llaman así la atención sobre los 450.000 fusilados y desaparecidos que causaron los fascistas y que el actual régimen monárquico heredero del fascismo quiere ocultar a través de sus gobiernos. España es el 2º país del mundo con mayor número de desaparecidos, el crimen no puede quedar impune.
Para «CRÓNICA POPULAR» hablamos con María Martín, cuya madre, Faustina López, fue fusilada por las tropas franquistas, y Fernando León, cuyo padre corrió la misma trágica suerte.
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María Martín, vecina hoy de Buenaventura, fue una de las testigos que el 1 de febrero de 2012 compareció ante la sala de lo Penal del Tribunal Supremo que juzgó al ahora ex juez Baltasar Garzón por haber investigado las desapariciones durante el franquismo. La presencia de María, de 81 años entonces, sobrecogió a gran parte de la sociedad española e internacional cuando, tras entrar en la sala del alto tribunal sosteniendo su fatigado paso con un andador, demostró su gallardía y arrojo al testimoniar que los franquistas detuvieron a su madre el 21 de septiembre de 1936, la llevaron desde Pedro Bernardo a Arenas de San Pedro y «la mataron por el camino». Tenía entonces 6 años pero aquel día quedó grabado en su mente para siempre. Ante los siete magistrados jueces que juzgaron a Baltasar Garzón, María Martín describió el lugar donde se encuentra la fosa, «cerca de un puente que cruza un arroyo», donde yace el cuerpo de su madre.
Cuando le preguntamos cómo a lo largo de tantos años se ha mantenido inquebrantable en su lucha por los derechos de las víctimas del franquismo, María Martín responde sin titubear.
«Es un legado de nuestros padres. En mi caso concreto, hasta un expreso compromiso con mi padre y el resto de mi familia y contra otras, más una reparación a muchos años de sufrimiento y de marginación, lo que incluso continúa o está latente. Desde muy niña supe de que mi madre se halla, en una fosa en una fosa ubicada en el talud de la actual carretera 501. En 1977, prometí a mi padre que mi madre tendría la misma sepultura que él, y llevo luchando por ello muchísimos años y de muchísimas formas. Me he dirigido a todas las instancias, desde el alcalde de mi pueblo al Rey tan pronto se convirtió en Jefe del Estado. Pero hasta ahora, en el mejor de los casos, no he obtenido nada más que buenas palabras que nunca han sido cumplidas.»
Suponemos que habéis recibido presiones, pero también solidaridad a lo largo de la vida, ¿tenéis esperanzas en el Tribunal Europeo, en que la gente cambie el Poder, cómo veis el futuro?
«Hemos contado con el apoyo y solidaridad de muchos grupos memorialistas de sitios muy diferentes», precisa Fernando León., que añade que «además, también hemos contado con apoyo jurídico de grandes especialistas, entre ellos el del letrado Joan Garcês, quien ya nos advirtió que las posibilidades son escasas. Pero sin embargo considero que hemos de plantear nuestro problema, que también es el de muchas personas, en cuantas instancias sean posibles, especialmente cuando se cuenta con tan valiosa y generosa ayuda.»
A todo ello hay que sumar un nuevo conflicto en los juzgados, parece que por la tramitación de algo perfectamente legal como la presentación de los documentos para solicitar una ayuda a la Asociación, además de seros denegada os castigan con el pago de unas supuestas costas que ascienden a 5.000 euros ¿puedes explicarnos el caso?
«Dada la ineficacia de cuanto se ha hecho ante toda clase de organismos, en el año 2011 pedimos una subvención para hacer un proyecto de intervención en la carretera, lo que entiendo no era complicado, y en principio se nos aceptó por escrito. Visité la Oficina de Victimas del Ministerio de Justicia para explicarlo y quien entonces la atendía me intentó convencer de que desistiéramos de llevarlo a cabo, a lo que contesté que era irrenunciable y que lo mantendríamos por cuantas vías fuera posible. Esto motivó seguidamente varias exigencias por el Ministerio de Presidencia, como la petición de que aportáramos varios documentos originales, que todavía no se nos han devuelto, y una fotocopia de mi DNI, según el consejo dado por el abogado de la asociación pues decía que desprenderse del original de identificación incluso era infracción administrativa, y éste parece ha sido el problema de que no se nos transfirieran esos fondos para nuestro proyecto. Demandado ante la Audiencia Nacional se ha justificado con una cuestión nueva y extraña, como que mi firma y la de la solicitud no eran coincidentes, cosa que es incierta.
No me cabe duda de que todo ello y las desorbitadas costas de 5.000 euros no es otra cosa que una mezquina represalia hacia nosotros, pues nuestra asociación ha estado siempre abiertamente comprometida con auténtica reparación, para nuestras víctimas y para todas las del genocidio franquista. Se nos intenta castigar».
Por su parte, Marcial Muñoz Sánchez, de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica tiene muy claro el significado de la lucha por la Verdad, Justicia y Reparación que se debe a todos los descendientes del genocidio fascista…
«En Diciembre 2006, siendo entonces representante de la asociación, presenté la primera denuncia general por todas las víctimas de la Dictadura y ello ha dado lugar a muchas vicisitudes de toda clase. Y aunque la realidad es que nada efectivo hemos obtenido de los poderes del Estado, no obstante, considero que lo hecho es positivo pues ha creado otras muchas circunstancias nuevas que han de servir de estímulo para mantener el compromiso con todas nuestras demandas de verdad y justicia».
El letrado Fernando Magán es uno de los expertos que no dudan en calificar de genocidio la matanza perpetrada por los franquistas. Es abogado de de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) y de la Asociación Nuestra Memoria de la Sierra de Ávila y Toledo y, además, forma parte de la defensa de María Martín y Fernando de León. Hace ya seis años, el 14 de diciembre de 2006, Fernando Magán se presentó junto a otros letrados en la Audiencia Nacional para pedir justicia y reparación moral para las víctimas del franquismo. Aquel día, 14 de diciembre de 2006, el juez de guardia en la Audiencia Nacional era Baltasar Garzón y la Ley de la memoria histórica era debatida, por primera vez, en el Parlamento.
¿Podías describir las dificultades principales con que te has encontrado en el proceso?
«Fundamentalmente, la mayor dificultad se encuentra en la prolongación en el tiempo de todas las acciones judiciales emprendidas y siempre desestimadas. Ante la Audiencia Nacional se iniciaron en Diciembre de 2006, aunque mucho tiempo antes ya habían sido planteadas caso a caso.
Por tanto, nos hallamos ante una justicia tardía -incluso hostil- lo que en sí mismo es una clara negación de Justicia. La realidad es que los jueces cambian y también sus resoluciones, e incluso cambian las instituciones. Pero los derechos que se reclaman son perennes y no los exonera el tiempo; por tanto, no hemos de declinar en seguir ejercitándolos.
¿Por qué crees que tanto uno como otro han respondido negando la Verdad, Justicia y Reparación a las familias y a la sociedad en su conjunto? ¿Cuál era la actitud del gobierno Zapatero y cuál la del gobierno Rajoy?
«La negación de Justicia a las víctimas es un problema que va más allá del Derecho, tal como lo son otras problemas que hoy día nos toca vivir. Son el fruto de pactos que transcienden a nuestra propia soberanía nacional, pues incluso hasta habrían sido concebidos por quienes no eran ni son nuestros gobernantes. Cuando por madurez ciudadana este tema adquirió profunda conciencia social, resultó que Zapatero y la izquierda institucional lo intentaron manipular y desvirtuar de varias formas. Una de ellas promulgando una llamada Ley de Memoria Histórica y junto a ella estableciendo un vergonzante sistema de subvenciones para actuar privadamente, sistema que incluso fue discriminatorio, pues en él no cabían quienes actuaran contra la impunidad en los tribunales. La derecha actual, que actúa con total ignorancia de tal ley, incluso penaliza a quienes intentan hacer valer cualquiera de sus posibilidades. No obstante, tengo que animar a todos cuantos grupos y personas tuvieron una decidida actuación en favor de las víctimas del franquismo y que vivieron razonables expectativas de reparación ante la Audiencia Nacional, luego torcidas en el Tribunal Supremo, mediante intervenciones que a hoy siguen siendo oscuras. Que no desanimen en tal defensa pues está en juego nuestra propia dignidad y, sobre todo, la de las más de 150.000 víctimas cuyos nombres y circunstancias de muerte fueron entregados ante el Juzgado Central de Instrucción 5″.
Fuente: http://www.cronicapopular.es/2013/03/espana-ante-el-tribunal-de-derechos-humanos/