Ante el firme compromiso del Gobierno de la nación de seguir quemando carbón de producción nacional en las centrales térmicas de León, dentro del Plan de Emisiones de CO2 para el trienio 2005-2007, Ecologistas en Acción hace públicas las siguientes reflexiones entorno a la situación general del carbón y a la minería a cielo abierto […]
Ante el firme compromiso del Gobierno de la nación de seguir quemando carbón de producción nacional en las centrales térmicas de León, dentro del Plan de Emisiones de CO2 para el trienio 2005-2007, Ecologistas en Acción hace públicas las siguientes reflexiones entorno a la situación general del carbón y a la minería a cielo abierto en nuestra provincia:
Tenemos al menos 50.000 hectáreas de cielos abiertos, escombreras, camino de acceso, etcétera, según fuentes de la Junta de Castilla y León. Sin embargo, diferentes organizaciones sociales apuntan la cifra extrema de 100.000 hectáreas afectadas, muchas de ellas sin restauración ambiental o con una restauración muy deficiente situándose esta industria extractiva sobre todo en amplias zonas del Bierzo, Laciana y Montaña Central.
La minería leonesa se caracteriza, cada vez más, por la existencia de una empresa-monopolio, cuya política acaparadora se basa en el cierre de la minería de interior, generadora de empleo y su sistemática transformación en explotaciones a cielo abierto que apenas necesita mano de obra.
Sirva el dato de que en la provincia de León hemos pasado de más de 10.000 mineros en los años ochenta, a sólo unos 3.500 en la actualidad. Las ayud as que el grupo MSP, empresa mayoritaria en el sector, recibe de la Unión Europea son cuantiosas. A saber: En el año 2000 fueron 57 millones de euros y en el 2001, de 52 millones, en conceptos de ayudas al funcionamiento. Además se le ha subvencionado con cantidades que rondan los trece millones de euros por reducción de actividad. Por otra parte se ha demostrado judicialmente la existencia de un fuerte fraude: se quema carbón importado, mucho más barato, haciéndolo pasar por carbón nacional… Y todo ello con el beneplácito de la Junta de Castilla y León.
La reconversión minera en León ha costado ya cerca de 3.065 millones de euros, sin que los resultados sean muy satisfactorios. Hasta el punto de que esta multimillonaria inversión en creación de infraestructura y fomento de empleo ha servido más como carretera a la emigración, que como vía efectiva de mantenimiento de la población. Esto lo demuestra de manera incontestable, el padrón municipal de los municipios mineros.
La apuesta decidida y prácticamente exclusiva del sector por la minería a cielo abierto genera denuncias constantes de nuevas aperturas en toda la provincia. Ecologistas en Acción es conocedora directa de una realidad que se refleja fielmente en los aluviones de denuncias, irregularidades e incluso ilegalidades de las que tenemos constancia, siendo la respuesta de la administración regional siempre la misma: el silencio, las verdades a medias e incluso la mentira.
Es más, la Junta de Castilla y León autoriza impunemente todo tipo de cielos abiertos, a pesar de que algunos estén situados dentro de zonas Zepa, (como es el caso de las Zepa de Ancares y Laciana), propiciando, de manera flagrante, la vulneración del marco legal que protege el medio ambiente y los recursos naturales de nuestra provincia.
En conclusión, no dudamos en calificar la situación de la minería a cielo abierto en León de alarmante, tanto desde el punto de vista social como ambiental. Ponemos, por lo tanto, en entredicho la política energética basada en explotaciones mineras a cielo abierto.
En primer lugar, porque destruye los escasos recursos naturales existentes, a la vez que provoca paro, emigración o lo que es lo mismo pobreza. Además impide la creación de empresas alternativas que desarrollen un modelo energético armónico apoyado simultáneamente en el ahorro, la eficiencia y la inversión en energías renovables.
Alternativas económicas que será necesario poner en marcha cuanto antes, máxime temiendo en cuenta que la entrada en funcionamiento en todo el país de las centrales de gas de ciclo combinado, hará cada vez más inviable el uso del carbón.
Hasta ese momento es imprescindible y urgente exigir a las empresas, dentro del Plan de Asignaciones -y en especial a las centrales térmicas- la instalación de la tecnología necesaria para limitar los niveles alarmantes de contaminación del aire por las emisiones de óxido de azufre y nitrógeno, provocadas por la quema de carbón. En nuestra provincia los entornos de las centrales térmicas presentan con frecuencia situaciones de «alerta atmosférica», sobre todo por la superación de los niveles de SO2 permitidos (concretamente en 2002, último año del que disponemos datos, se superaron los umbrales de alerta en la Robla).
Además en nuestras alegaciones, y en orden a clarificar el Plan del Carbón en León y Palencia, hemos solicitado al Ministerio de Medio Ambiente:
Que el Plan de Asignaciones bloquee los proyectos mineros a cielo abierto , a través de la reorientación de las subvenciones y los flujos de inversión, hacia el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables, industria con grandes posibilidades en la provincia de León y que ya ha comenzado a dar sus primeros pasos, con empresas de componentes eólicos y solares.