La cifra española, con los datos de 2023, coincide con la de Portugal, y les siguen muy de cerca Bulgaria y Lituania.
Aunque lo peor de la crisis energética de hace un par de años ha pasado ya, la pobreza energética sigue en porcentajes elevados dado que se incrementó hasta el 10,6% en la UE en 2023. Esa cifra representa al porcentaje de población que admite que no puede mantener su casa lo suficientemente caliente en invierno. Los españoles y portugueses son los que más problemas tienen. Un 20,8% declara dificultades para alcanzar la temperatura adecuada, es decir, el doble que la media europea.
Bulgaria, con un 20,7%, y Lituania, con un 20%, son los siguientes en ese ranking. Por el contrario, ese problema sólo lo tiene el 2,1% en Luxemburgo, el 2,6% en Finlandia, el 3,6% en Eslovenia y el 3,9%, en Austria, que son los países con porcentajes más bajos, según se desprende del informe sobre la situación de la energía en la UE publicado este martes por la Comisión Europea. La cifra global se incrementó en 1,3 puntos en 2023 respecto al año anterior y el gobierno comunitario lo atribuye a las guerras en Ucrania y Gaza.
Para combatir la pobreza energética, Bruselas puso en marcha a partir de 2024 el Fondo Social para el Clima, que movilizará unos 86.700 millones de euros. “El Fondo financiará medidas e inversiones que los Estados miembros recopilarán en sus Planes Sociales Climáticos antes de junio de 2025 y debería ayudar a compensar el aumento previsto de las facturas de energía debido a la introducción de la tarificación del carbono para la calefacción y el transporte”, señala el informe.
La Comisión Europea confía, además, en que la reforma del mercado eléctrico que se acordó hace unos meses sirva para paliar esa situación. “La nueva legislación del mercado energético protegerá mejor de la desconexión a los hogares vulnerables y a los afectados por la pobreza energética”, recoge el informe, que recuerda que en “caso de crisis de los precios del gas natural, las medidas de emergencia a nivel de la UE pueden ayudar a proteger a los consumidores mediante intervenciones sobre los precios máximos”. “Los Estados miembros también pueden actuar para garantizar el acceso a los servicios esenciales y proteger a los consumidores vulnerables de los costes excesivos, abordando directamente la pobreza energética”, agrega.
La guerra en Ucrania conllevó la ruptura de la UE con Rusia, de la que ha intentado desconectarse energéticamente lo máximo posible. No obstante, el 18% de las importaciones aún proceden de ese país, aunque han bajado desde el 45% que representaban en 2022.