España exportó armas ligeras y munición a Sudán, país sumido en una gravísima crisis humanitaria, durante el año 2003 y principios del año 2004, violando así el Código de Conducta de la Unión Europea, según han podido conocer Amnistía Internacional y Greenpeace gracias a una investigación realizada por la Escuela de Cultura de Paz de […]
España exportó armas ligeras y munición a Sudán, país sumido en una gravísima crisis humanitaria, durante el año 2003 y principios del año 2004, violando así el Código de Conducta de la Unión Europea, según han podido conocer Amnistía Internacional y Greenpeace gracias a una investigación realizada por la Escuela de Cultura de Paz de la UAB. Además, parte de estas exportaciones suponen una vulneración del embargo al que la Unión Europea tiene sometido a Sudán desde 1994, renovado el pasado enero a la vista de la guerra civil que atraviesa el país.
Amnistía Internacional y Greenpeace critican estas exportaciones ya que, aunque el valor de estas ventas no es elevado (unos 8.000 euros en total, según los datos disponibles), su impacto puede suponer un elevado coste en términos humanitarios.
Actualmente, Sudán sufre lo que ha sido denominado por Naciones Unidas como la ‘peor crisis humanitaria del mundo’. Desde febrero de 2003, los enfrentamientos que protagonizan milicias árabes Janjawid, respaldadas por el Gobierno sudanés, contra dos grupos armados de oposición en la región de Darfur, al oeste del país, han provocado entre 10.000 y 30.000 víctimas mortales. Además, según cálculos de la ONU, actualmente hay más de un millón de desplazados internos en Darfur que han huido de sus poblados arrasados por incendios provocados y se han refugiado principalmente en ciudades y campamentos de la región, a menudo en condiciones muy deficientes, mientras que más de 120.000 personas han cruzado la frontera con el Chad.
Según un informe emitido en mayo por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la misión de la ONU que visitó la zona identificó un cuadro preocupante de violaciones masivas de derechos humanos en Darfur perpetradas por el gobierno de Sudán y la milicia a la que respalda, muchas de las cuales pueden constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. El informe añadía que de los datos recabados se desprende con claridad que en Darfur se ha establecido un reinado de terror.
Por otra parte, desde finales de 2003 se ha detenido a centenares de personas en esta región, según parece, por sospecharse su vinculación a los grupos armados de oposición que actúan en la región.
Las armas españolas
Según los registros de comercio español de la Agencia Tributaria, España exportó armas largas y munición entre febrero de 2003 y enero de 2004, por un valor aproximado de unos 8.000 euros, violando el Código de Conducta de la Unión Europea según el cual no se pueden transferir armas a países embargados, en conflicto, inestables, que no respeten los estándares de derechos humanos, con problemas de desarrollo o que exista riesgo evidente de desvío de la venta a un tercer país. Además, cabe lamentar especialmente la exportación de la munición (capítulo arancelario 930629) ya que este capítulo está incluido en la lista de productos sometidos a embargo por la Unión Europea, lo que supone la violación de dicho embargo.
Para las organizaciones antes mencionadas, España debería asumir sus responsabilidades como miembro de la Unión Europea, y aprovechar su presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para promover la suspensión de las transferencias al gobierno sudanés y a todas las partes del conflicto de equipos y armamento que puedan ser utilizados para cometer violaciones de derechos humanos en este país. Esta medida debe incluir un enérgico mecanismo de vigilancia para investigar posibles violaciones de la suspensión de transferencias de armas e informar periódicamente de sus conclusiones. Mientras tanto, y en aplicación del Código de Conducta de la Unión Europea, España no debe autorizar ninguna exportación de material armamentístico a ese país.
Por ello, Amnistía Internacional y Greenpeace solicitan al actual Gobierno español una mayor responsabilidad en su política de venta de armamento y un cumplimiento estricto de los criterios contemplados por el Código de Conducta de la Unión Europea sobre Transferencias de Armas.