Entre 2002 y 2019, el Gobierno de España presupuestó 127.997 millones de euros para el Ministerio de Defensa. El gasto final fue de 151.892 millones. En 18 años, por tanto, España ha gastado en Defensa 23.985 millones más de lo presupuestado. Un 118,7 %.
Las cifras se recogen en un informe elaborado por Juan Carlos Rois, del Grup Antimilitarista Tortuga, y se extraen de las diferentes Modificaciones de Crédito por Secciones de las Liquidaciones de Presupuesto, que cualquiera puede consultar a través de la web de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Todos los años, de 2002 a 2019 (con 10 gobiernos del PP y ocho del PSOE), se ha gastado más de lo presupuestado para el Ministerio de Defensa. Los mayores incrementos se produjeron en 2012 (+2.749 millones de euros) y 2015 (+2.334 millones), ambos con Ejecutivos populares. 2019, ya con el PSOE al frente de las operaciones, fue el año en el que la partida fue más elevada: 8.737 millones de euros. El gasto final fue de 9.730 millones. No fue esta, sin embargo, la anualidad con el mayor gasto: en 2008 (también con el PSOE) se presupuestaron 8.494 millones y la cifra final alcanzó los 9.810.
A estas cantidades, hay que sumarle el presupuesto de los organismos autónomos militares, dependientes de Defensa, pero con personalidad jurídica propia. Estos son el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial ‘Esteban Terradas’ (INTA) –su gasto final en 2019 fue de 144 millones de euros–; el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED), que se llevó 164,8 millones; y el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), que se comió un buen trozo del pastel (779,4 millones de euros). Ergo, hay que sumar otros 1.088,3 millones de euros.
Y aún quedaría una partida por incorporar, según el informe antedicho, que serían los 649,02 millones de euros “que Hacienda asigna para el pago de cuotas del ISFAS por los militares y guardias civiles”. El total, por tanto, sería de 9.730 millones de presupuesto + 1.088 de organismos autónomos + 649 de aportaciones a organismos autónomos: 11.467 millones de euros.
Más de 2.000 millones de euros para la compra de armas
De los 9.730 millones gastados en 2019 directamente por el Ministerio de Defensa (993,2 más de los presupuestados), la cuantía mayor se destinó a los ‘Gastos Operativos de las Fuerzas Armadas’ (3.274 millones), es decir, las retribuciones de todo el personal, los gastos derivados de su despliegue, adiestramiento e intervención en maniobras y operaciones, así como los gastos corrientes de los acuartelamientos. También se incluyen las operaciones internacionales de mantenimiento de la paz, el canon del satélite HISDESAT, los gastos del Cuartel General del Mando Componente OTAN (Retamares), los de la Guardia Real y los gastos sanitarios de los ejércitos.
El segundo mayor gasto es el correspondiente a ‘Programas especiales de modernización’ (2.164 millones), cuyo objetivo “es dotar a las Fuerzas Armadas del material operativo y logístico, así como de la infraestructura necesaria, para alcanzar el Objetivo de Capacidades Militares”. Grosso modo, la compra de armas. En la definición de los distintos programas del presupuesto de 2018 (último que aparece desglosado en el Ministerio de Defensa), se incluyen la adquisición de misiles y torpedos, aeronaves, medios acorazados y mecanizados, material de artillería, vehículos de transporte terrestre, material de ingenieros, armamento ligero, municiones y explosivos, buques, otro material electrónico, Sistema CIS, otro material y equipos de apoyo logístico, infraestructura y otras inversiones.
En el tercer escalón aparece la ‘Administración y Servicios Generales de Defensa’ (1.417 millones) y, por detrás, el ‘Apoyo logístico’ (1.156 millones).
517 millones de euros para ‘Personal en reserva’
En el informe del Grup Antimilitarista Tortuga hacen hincapié en los 517,6 millones de euros que se gastaron en 2019 para pagar al ‘Personal en reserva’. Apuntan que, según los índices de estadística militar, “hay cerca de 15.000 personas en esta situación de semijubilación dorada y compatible con otro empleo civil”.
En su opinión, “es un abuso excepcionalmente grave, porque es obvio que se trata de militares que, en el mejor de los casos, sobran y no se necesitan (de ahí su pase a la reserva), y que, al envejecer, no resulta eficaz mantener en activo, pero al que retribuyen muy generosamente para que no la líen” (visto lo visto, es algo que no siempre se logra). Llaman la atención, además, sobre el agravio comparativo con otros “sectores civiles estratégicos como pueden ser los científicos o los docentes”.
Cuartopoder ha contactado con el Ministerio de Defensa para aumentar la información sobre este y otros aspectos, pero no ha habido contestación.
¿A qué ha dedicado el sobregasto el Ministerio de Defensa?
El destino que ha tenido ese exceso de gasto de 993,2 millones es otra de las cuestiones planteadas por este medio y de las que, en el momento de escribir este artículo, aún no se había recibido respuesta. En el estudio de Tortuga se hace mención a tres grandes partidas: 728,23 millones de euros “para financiar fuera de presupuesto, y con cargo a los fondos de contingencia, la parte más voluminosa de las operaciones militares en el exterior que realiza España” (16 en 2021, con 2.900 militares desplazados).
224,5 millones, que se corresponden con la cantidad que “el Invied inyecta al presupuesto para financiar infraestructuras gracias a los ingresos que se obtienen de la enajenación del patrimonio militar”. Y 33 millones “que están dispersos entre partidas variopintas, que no están desagregadas en la información de la IGAE”.
Defensa e Interior, los ministerios con mayor sobregasto. A Ciencia e Innovación le sobró dinero
Si el gasto por encima de presupuesto del Ministerio de Defensa es notable, de más enjundia aún es el de Interior. Su asignación inicial en 2019 era de 7.684 millones de euros. El importe final fue de 8.810 millones. Lo que supone un sobregasto de 1.126 millones. Como en el caso de Defensa, es algo habitual en este Ministerio: en 2018 el desfase fue de 135,6 millones; en 2017 de 325,8; en 2016 de 434,8, y en 2015 de 346,5. Se puede considerar, por tanto, una excepción que el sobregasto en Interior sea mayor que en Defensa, ya que es algo que, de 2015 a 2019, sólo ha sucedido en el último año.
En el estudio señalan que “gran parte del exceso de gasto en Interior tuvo mucho que ver con la equiparación salarial de la Guardia Civil, un cuerpo militar incardinado en Interior, y del resto de las fuerzas del orden”. También destacan, como argumento para unir los gastos de Defensa e Interior, “que la creciente militarización del enfoque de la seguridad, convierte, cada vez más, las políticas de Interior en parte consustancial del planteamiento militarista”.
El tercer Ministerio con mayor exceso sobre lo estatuido primigeniamente fue el de Trabajo (de 27.646 millones de euros a 28.347) y el cuarto Transición Ecológica (de 5.519 millones a 6.030). Subrayan en el informe que, en este último caso, hay que tener en cuenta la celebración, en diciembre de 2019 en Madrid, de la Cumbre del Clima, después de que el evento se cancelara en Chile.
De los 17 ministerios, en 15 se gastó más de lo presupuestado, para un exceso total de 4.609 millones de euros (Interior y Defensa son responsables de casi el 46 % del mismo). Antagónico es el trato que reciben los dos únicos ministerios que gastaron menos de lo previsto: Agricultura, Pesca y Alimentación (-7,2 millones de euros, de 916,16 a 908,96) y Ciencia, Innovación y Universidades (-6,17 millones, de 5.065,6 a 5.059,4). Queda claro que la devolución del rango ministerial a la Ciencia no supuso mucho más que un brindis al sol, ya que sigue muy lejos de recibir el apoyo que amerita.
“¿Conocen alguna otra institución que tenga justicia y tribunales propios?” Como corolario, desde el Grupo Antimilitarista Tortuga se hacen una pregunta: “¿Necesitamos un ejército elefantiásico como el que sufrimos? Y la gran respuesta es que no, o al menos la gente de a pie no, porque dicho ejército no se precisa para ninguna de las funciones que el constructo de la defensa militar democrática asigna a un ejército: defender nuestra soberanía y la vida de los españoles frente a agresiones exteriores (que hoy son impensables) o ejercer una labor de prevención y disuasión frente a hipotéticos enemigos que hoy son quiméricos. Si algún peligro amenaza a la sociedad, este no es de naturaleza militar, sino que tiene más que ver con los múltiples problemas globales que sufre el planeta y las diversas crisis que cercan nuestra convivencia, principalmente las de índole cultural e institucional, que se relacionan con el decadentismo de nuestro sistema político y el fin de ciclo cultural que sufren todas las sociedades. La respuesta a estas no es militar. Y si la guerra no es el escenario, y si la guerra futura (de haberla) es de tercera ola, altamente tecnificada, lo cierto es que no se sabe muy bien para qué se necesita un ejército masivo como el que cuenta España. Si tiene un valor, es el que nuestra casta política le otorga, un valor simbólico y de mantenimiento de los privilegios. En la reciente catástrofe pandémica se ha visto con claridad: en vez de soluciones basadas en los cuidados, en el refuerzo de la ciencia o la sanidad, militares a troche y moche. Lo militar tiene para nuestras élites, políticas y económicas, el alto valor de su empleo securitizador para defender sus privilegios y negocios. La fuerza como ultima ratio. De ahí que los de arriba de cualquier sociedad, en vez de cambios sociales hacia la seguridad humana y la promoción de una sociedad más justa, prefieran constituir el ejército, cualquier ejército, en baluarte de sus privilegios, lo que a su vez conlleva favorecer los privilegios gremiales de los ejércitos, constituyéndolos en una especie de Estado dentro del estado con amplio margen de autonomía interna, pero al servicio del poder. ¿Conocen alguna otra institución que tenga justicia y tribunales propios, instituciones culturales y deportivas propias, universidades propias, escuelas propias, hospitales y sistema de prevención social propios y separados del resto, política de vivienda propia, farmacia propia, policía propia, parques naturales propios, farmacia y medicamentos propios, museos propios y hasta, por si algo faltara, una catedral propia?, ¿conocen alguna que pueda afectar los usos de cualquier rincón del territorio a sus intereses?” |