Entidades como el centro Sira, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Iridia o La Comuna denuncian ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que España incumple el convenio con prácticas como las devoluciones en caliente.
España sigue empleando material antidisturbios altamente lesivo y potencialmente letal en las manifestaciones y en las fronteras, permite las devoluciones en caliente y no realiza investigaciones efectivas sobre los crímenes del franquismo. Estas son las conclusiones del Informe Sombra, elaborado por organizaciones como el centro Sira, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Iridia, Amnistía Internacional o La Comuna, y que se ha presentado este lunes 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura.
Documento que estas organizaciones elevarán en julio hasta el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas para denunciar que este Estado incumple la Convención Internacional contra la Tortura. Y todo ello de cara al séptimo informe periódico que presentará España sobre la implementación de dicha convención, ratificada por este país en 1987.
Además, aseguran las organizaciones, y pese a tener múltiples condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar alegaciones de tortura, “no reconoce oficialmente el Protocolo de Estambul ni forma a sus funcionarios públicos para actuar frente a este tipo de casos”.
Uso de material antidisturbios
Según se indica en el Informe Sombra, España continúa utilizando balas de goma, pese a su suspensión en los parlamentos autonómicos de Catalunya, Comunidad Autónoma Vasca y Navarra, entre los años 2014 y 2017. Indica el estudio que entre 2000 y 2020 las organizaciones de derechos humanos han contabilizado, al menos, la muerte de una persona por el impacto directo de una bala de goma, mientras que otras 11 han perdido la visión de un ojo, además de documentar otras heridas de gravedad como la ruptura de vértebras y costillas, y la amputación del bazo y de un testículo14. “También se documentó su uso en 2014 contra personas migrantes que buscaban alcanzar a nado la playa del Tarajal (Ceuta) y en la masacre de Melilla del 24 de junio de 2022”, aseguran.
Las organizaciones hablan de proyectiles “inestables” e imprecisos, lo que implica la posibilidad de impactar sobre partes más vulnerables del cuerpo o de ocasionar lesiones no intencionadas a terceros. Así pues, destacan, “el empleo de las balas de goma implica un potencial uso indiscriminado de la fuerza de elevada peligrosidad”.
No obstante, la prohibición de las balas de goma fue uno de los puntos en disputa con la pretendida reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza, que finalmente no prosperó. Y las alternativas al uso de este material, como las balas de foam usadas en Catalunya, Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca, tampoco son inocuas: indica el informe que en Catalunya se ha documentado que su uso, vigente desde el año 2010 por parte de los Mossos d’Esquadra, ha ocasionado al menos cinco personas heridas de gravedad: tres pérdidas de un ojo, un traumatismo craneoencefálico y la amputación de un testículo, equiparando sus impactos a los de las balas de goma.
Otro problema añadido es la falta de eficacia en los mecanismos de trazabilidad de estos proyectiles que dificulta la rendición de cuentas ya que no permiten establecer con claridad qué agente los utilizó, dónde y bajo qué circunstancias.
Uso de la fuerza por motivos racistas
El informe denuncia el “silencio” del Estado en cuanto al uso de la fuerza por motivos racistas, pese a que la Convención de la ONU ha solicitado información al respecto pidiendo a España que enviara datos estadísticos anuales desglosados por acto punible o delictivo y por origen étnico, edad y sexo de la víctima sobre el número de denuncias presentadas contra agentes de policía en relación con actos racistas o el número de investigaciones iniciadas a raíz de esas denuncias.
También ha guardado silencio o ha suministrado información poco precisa cuando el comité se preocupó por las redadas realizadas por las fuerzas de seguridad del estado basadas en perfil étnico. “En el Estado español sobran redadas por perfil étnico y racial, pero faltan datos estadísticos oficiales desglosados por raza y etnia que sean recogidos por parte de las administraciones públicas, lo cual constituye un incumplimiento de las obligaciones contraídas en virtud de la Convención”, concluye el informe.
Tortura en las fronteras
También denuncia el estudio que España sigue permitiendo la entrega por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad españoles a las autoridades marroquíes de ciudadanos extranjeros interceptados en territorio español sin seguir el procedimiento establecido legalmente, ni cumplir las garantías internacionalmente reconocidas.
A ello se suman las “dificultades o una abierta imposibilidad” de solicitar Protección Internacional para las víctimas de tortura en los cruces fronterizos por tierra o mar. Además, y según los datos de Iridia recopilados en Ceuta y Melilla, «solo un 50.9% de las personas [entrevistadas en dicho informe] contaron con la posibilidad de tener el asesoramiento de una figura letrada para preparar la entrevista” de asilo y “un 20.8% de las personas firman la documentación de la entrevista sin saber en realidad qué pone en la misma”.
En Canarias, el Grupo de Acción Comunitaria aporta porcentajes similares: ausencia de asistencia letrada en el 54,3% de los casos y el 23.1% refiere no haber sido informadas por la organización que gestiona su campamento de acogida sobre el procedimiento de protección internacional 65”.
Por otro lado, y tal y como denuncia Amnistía Internacional, la falta de investigación y rendición de cuentas ante las vulneraciones del derecho internacional, las devoluciones en caliente y el uso excesivo de la fuerza contra las personas migrantes son recurrentes en la frontera sur española. Sin ir más lejos, el pasado 24 de julio se cumplía un año de la masacre de Melilla, donde 37 personas migrantes, según los datos oficiales, perecieron entre violencia policial, después de un intento de entrada por el puesto fronterizo del Barrio Chino en un acto que ha quedado impune. Hoy hay casi 80 personas desaparecidas y la fiscalía española archivó la causa en diciembre de 2022.
Crímenes del franquismo
En la misma impunidad permanecen los crímenes del franquismo y así se refleja en el estudio, que indica que el Comité contra la Tortura ha llamado la atención a España para que garantice que los actos de tortura cometidos durante la guerra civil, la dictadura y la transición no son crímenes susceptibles de amnistía. Y señalan el principal obstáculo para que esto no se lleve a cabo: la vigencia de la Ley de Amnistía, no derogada por la actual Ley de Memoria Democrática.
Desde 2013 al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han recordado a España que las amnistías que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales
Tal y como se lee en el informe, desde 2013 al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han recordado a España que las amnistías, indultos y otras medidas similares que impiden que los autores de graves violaciones de los derechos humanos sean llevados ante los tribunales, son incompatibles con sus obligaciones internacionales.