Sara Plaza Casares

Artículos

De las once de Basauri al Tren de la Libertad, la historia de la lucha por el aborto sigue vigente, ante un derecho que permanece en el código penal e inaccesible para muchas por el bloqueo en la sanidad pública y la exclusión sanitaria.

Mientras el Gobierno presenta una proposición de ley para repartir a los niños y niñas no acompañados que han llegado a las costas de Canarias, colectivos ven la medida como necesaria pero recuerdan que un “parche” no puede solucionar un problema estructural que tiene que ver con la ausencia de vías seguras para migrar.

Un estudio demuestra la “red de intereses” que tejen las multinacionales farmacéuticas a través de los pagos que realizan a los profesionales sanitarios. En 2022, 2.789 profesionales sanitarios recibieron cantidades superiores a 5.000 euros de una única empresa.

Con un seguimiento que supera el 65%, la primera jornada de huelga del profesorado madrileño transcurre entre piquetes y marchas por todos los puntos de la Comunidad de Madrid para exigir que se reviertan los recortes que permanecen desde la época Aguirre.

Tras el escándalo, el principal cliente del novio de Ayuso gana el concurso para realizar exámenes de salud a la plantilla del Ministerio de Defensa, que hasta 2020 se realizaban en el Hospital público Gómez Ulla.

Atrapados en Rafah

Mohammed Imad es uno de los 1,5 millones de desplazados que hoy vive en Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Es farmacéutico y explica a El Salto que parte de la población se enfrenta a una muerte lenta por el desabastecimiento de medicamentos.

Exclusión sanitaria

Colectivos piden una ley que devuelva la sanidad universal a todas las personas que habitan en España, como ya sucedía antes de 2012. Tarea que el último gobierno progresista no ha llevado a cabo.

Las torturas sufridas por el sindicalista Carles Vallejo en la comisaría de Vía Laietana durante 21 días podrán ser investigadas gracias al beneplácito de la Fiscalía de Barcelona, amparada en la Fiscalía General del Estado.

Entidades como el centro Sira, la Asociación Libre de Abogadas y Abogados, Iridia o La Comuna denuncian ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que España incumple el convenio con prácticas como las devoluciones en caliente.

Un nuevo estudio demuestra que las muertes en el interior de hospitales fueron inferiores que en el interior de las residencias, situación inédita en comparación con el resto de comunidades autónomas.

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