La diputada en la Asamblea de Madrid Beatriz Gimeno pone luz sobre la realidad de las mujeres que sufren maltrato institucional por proteger a sus hijos e hijas de abusos sexuales de sus padres. Lo hace en su nuevo libro ‘Misoginia Judicial. La guerra jurídica contra el feminismo’.

El gobierno regional presenta un recurso ante el Supremo contra el nuevo currículo de Bachillerato que, entre otras cosas, propone que las clases de Historia comiencen por la época contemporánea.

El 30% del personal sanitario no tiene contratos fijos. La temporalidad en fraude de ley, que provoca que algunos médicos y médicas lleven más de 10 años en situación eventual, y los problemas en la aplicación de la nueva Ley Iceta, cristalizarán en una huelga en Madrid.

La Comunidad Autónoma se desplomó en 2020 con un descenso de 3,5 años en la esperanza de vida. Por detrás se sitúa Castilla La Mancha, con 2,8 años de diferencia, seguida de Castilla y León, con 2,3, según los últimos datos de Eurostat.

Las medidas que aún perduran en los colegios dibujan un estado de alerta que repercute en la salud mental de la infancia, con consecuencias a medio y largo plazo. Por el momento, los trastornos mentales han aumentado del 1% al 3% y los de conducta lo han hecho del 4% al 7%.

Naciones Unidas acaba de llamar la atención de España por no proteger de manera adecuada a los niños y niñas víctimas de abusos sexuales. Reem Alsalem es la Relatora Especial sobre violencia contra las mujeres que encabeza este dictamen y afirma que han recibido más de 30 casos con el mismo patrón.

Un grupo de expertos de Naciones Unidas alerta de que el Gobierno debe hacer más para proteger a los niños y niñas de la violencia machista y los abusos sexuales, y para garantizar que sus tribunales superen los prejuicios contra las mujeres, que acaban perdiendo la custodia de los menores en favor de sus supuestos abusadores.

Mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido con un “da igual, paso” a una pregunta de Unidas Podemos sobre las cifras de las muertes en pandemia, los familiares de las residencias se concentran frente a la fiscalía para demandar justicia por las personas que murieron sin asistencia médica.

Según la Alianza People’s Vaccine, las farmacéuticas que fabrican las vacunas de ARN mensajero contra el covid-19 pagan entre un 7 y un 15% de impuesto de sociedades a nivel global, mientras mantienen el monopolio en la producción y duplican precios para ampliar beneficios.