Las torturas sufridas por el sindicalista Carles Vallejo en la comisaría de Vía Laietana durante 21 días podrán ser investigadas gracias al beneplácito de la Fiscalía de Barcelona, amparada en la Fiscalía General del Estado.
Carles Vallejo pasó 21 días sufriendo torturas en las dependencias de la comisaría de Via Laietana por parte de la Brigada Político Social. Rondaba el año 1970 y hoy, 53 años después, la Fiscalía ha dado el visto bueno para que se investigue una querella formulada para denunciar estos hechos. Es la primera vez que este órgano, amparado en la sala de derechos humanos y memoria democrática de la Fiscalía General del Estado, se pronuncia en favor de iniciar una investigación sobre estos hechos que las víctimas denuncian como delitos de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptibles.
“La jueza del juzgado 18 pidió un dictamen a la Fiscalía y esta ha dado el visto bueno. Ahora la jueza tendrá que decidir si se admite a trámite. Aún no he sido citado. Estoy esperando a que me llamen para declarar”, explica Carles Vallejo a El Salto, quien insiste en que su causa no es individual y espera que abra una vía para la justicia para todas las víctimas de la dictadura.
“Es una querella que yo presento pensado en todas las víctimas del franquismo, no es un tema personal. Yo lo hago en memoria de todos los que no han podido hacerlo porque ya no están”, explica Vallejo quien señala en su querella con nombre y apellidos a seis policías que actuaban en la comisaría de Via Laietana, uno de los centros del terror en Barcelona.
La primera de muchas
Vallejo era responsable de organización clandestina de CC OO en Seat. El proceso de Burgos, juicio contra 16 persona, seis de ellas condenadas a la pena capital, levantó una ola de protestas secundadas en las fábricas. El régimen tuvo que imponer un estado de excepción para aplacar la situación. En ese contexto, este sindicalista fue detenido a su llegada al trabajo por miembros de la Brigada Político Social camuflados.
“Se me tiraron encima, empecé a correr, me atraparon y caímos todos. Me acusaban de agresión porque uno se hizo daño en el dedo”, explica Vallejo. En su mano llevaba unos panfletos con una poesía de Alberti contra la pena de muerte, “unas octavillas de poesía subversiva”, ironiza. De ahí, relata, le siguieron una ristra de malos tratos que comenzaron nada más pisar el coche patrulla. Gracias al estado de excepción, el límite de 72 horas de las detenciones en comisaría se podía alargar indefinidamente. Es por eso que Vallejo pasó 21 días entre interrogatorios y torturas antes de entrar en prisión.
“Ir a la cárcel era un alivio porque se acababan las torturas. Eran sucias, había funcionarios franquistas, pero la tortura se acababa. Además lo sufrías con los demás presos, no eras tú solo frente a la tortura”, rememora esta víctima del franquismo, que tras seis meses salió en libertad condicional.
La de Vallejo fue la primera querella presentada tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Memoria Democrática y fue interpuesta por Irídia, con el apoyo de Òmnium y el Ateneu de Memòria Popular. Quieren comprobar si la nueva legislación es suficiente para poder juzgar los crímenes de la dictadura y, tras de esta, se impulsaron otras cuatro más.
Una de ellas, la interpuesta por Julio Pacheco, quien denuncia torturas en la Dirección General de Seguridad de Madrid, ha sido la primera en comenzar a andar por los juzgados. Pacheco se ha convertido en la primera víctima en prestar declaración ante unos juzgados españoles por crímenes del franquismo, en esa ocasión a iniciativa de la propia jueza, sin pasar por Fiscalía. Sin embargo, otras dos de estas querellas han visto su archivo.
“Esperamos que la de Carles Vallejo sea la primera de muchas, hace muchos años que se espera que se diesen pasos para investigar crímenes de lesa humanidad”, comentan desde Irìdia, quienes valoran positivamente que la Fiscalía de Barcelona, en coordinación con la sala de derechos humanos y memoria democrática de la Fiscalía General del Estado, considere la admisión de esta querella, lo que podría desembocar en un cambio de tendencia en la jurisprudencia española.