En este año del 90 aniversario del golpe contra la segunda república e inicio de la guerra de España parece oportuno el recordatorio de uno de los efectos prolongados de aquel golpe.
Lo que remite a que la sedición con sustento nazifascista y de las «grandes democracias» posibilitó la instauración de la monarquía a la muerte de Francisco Franco.
Ni Juan Carlos de Borbón ni su hijo Felipe VI hubieran llegado a la corona sin la designación del primero como heredero de la dictadura de los 40 años.
El Borbón no trepidó en jurar por «los principios fundamentales del movimiento». Tampoco en saltarse un escalón en la sucesión dinástica, en perjuicio de su padre y también aspirante a la corona, Juan de Borbón.
Traicionó esos dictados para la instauración de la limitada democracia representativa que se plasmó en las primeras elecciones pos Franco y el dictado de la Constitución de 1978.
Sistema institucional al que ya deseaban hasta los grandes empresarios y la mayor parte de la dirigencia política hispana. Franquistas casi todos hasta el ayer inmediato. Ocurría que la dictadura se había vuelto disfuncional. Lastrada por una burocracia hipertrófica y mecanismos rígidos tanto en la economía como en la política.
Del supuesto socialismo al activo procapitalismo
Se sumaron a la «transición» no pocos miserables de «izquierda». La mayor deshonra la protagonizó el dirigente histórico del Partido Comunista, Santiago Carrillo.
Aceptó la monarquía, ordenó el izamiento en los locales partidarios de la bandera de colores oro y gualda. Hasta prohibió a sus militantes cualquier uso de la enseña republicana; la roja, amarilla y morada.
Hasta le tomaron fotos en gestos de elevado respeto y reverencia hacia «Sus Majestades», Juan Carlos y Sofía de Grecia.
Junto con eso aceptó una amnistía que eximía de juzgamiento a los criminales que habían asesinado, torturado y desaparecido. Quienes se valieron del régimen para la eliminación de todo aquel al que percibieran como enemigo.
Incluso en los primeros años de la “transición” continuaron las torturas y los asesinatos. Mientras de la derecha a la izquierda, los grandes partidos españoles negociaban la vía de salida de la dictadura de los 40 años, los cuerpos represivos continuaban haciendo presa de los disidentes.
El dirigente máximo del Partido Socialista. Felipe González puso su parte cuando le tocó ser jefe de gobierno unos años después.
Baste la mención de su aval a la creación de cuerpos parapoliciales para la represión ilegal de la ETA. Fueron los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL).
Policías que venían de la etapa franquista, mercenarios de distintas procedencias y altos funcionarios del ministerio del interior «socialistas» integraron esa milicia de la infamia.
El líder y sus subordinados financiaron las acciones criminales de esa organización. No fue una instancia fugaz. Los GAL operaron desde 1983 a 1987. Produjeron 27 muertes violentas comprobadas.
Actuaron no sólo en territorio hispano. Parte de sus acciones homicidas se desenvolvieron en el sur de Francia, donde la organización vasca tenía espacios de preparación y también de refugio
En los mismos años de esas acciones represivas clandestinas el gobierno “socialista” impulsaba y ratificaba la permanencia de España en la OTAN Lo rubricó mediante un referéndum celebrado en 1986. En paralelo el gobierno de González formalizó el ingreso del país ibérico a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE).
Se completaba así la incorporación del país a las entidades rectoras de la integración capitalista internacional. Los últimos restos del aislamiento de décadas quedaban despejados en beneficio del gran capital local e internacional.
Lo que tuvo correlato en una política económica que, bajo la égida de González, en 1994, llevó la desocupación a un 24,5 % mientras las grandes empresas amasaban ganancias de magnitudes inéditas.
Cuando en 1996 cesó como jefe de gobierno, el dirigente “socialista” se tornó un lobbysta en favor de las grandes corporaciones y las mayores fortunas. Desenvolvió ese papel sobre todo en relación con América Latina. Constituyó su propia firma de consultoría y embolsó en sus cuentas personales millones de dólares.
El tránsito de las pretensiones izquierdistas al rol de gestor a escala internacional de la concentración capitalista se había completado.
Socialistas y comunistas monárquicos
España presenta hasta hoy la chirriante paradoja de que existan dirigencias que se presentan como socialistas y comunistas y a la vez son monárquicas. No pueden negar esa preferencia, en tanto que aceptan que la jefatura de Estado vaya para un representante de la dinastía reinante.
Pertenecen a fuerzas políticas de las que centenares de miles de militantes sufrieron la muerte, la cárcel, las represalias económicas y laborales, la expatriación forzada. Lo que les ocurrió justo porque eran luchadores en contra del fascismo y en pos de la revolución social.
Han pisoteado así una tradición de entrega y heroísmo. Prestan acatamiento. a una institución repugnante para cualquier auténtico pensamiento de izquierda. La que tiene en el caso español el agravante de que no cuenta con los siglos de continuidad que esgrimen la realeza británica, la de Países Bajos o Bélgica.
Es una dinastía que retomó su lugar sólo gracias a un golpe sanguinario. Y tras rendirle prolongada pleitesía a una de las dictaduras más nefandas entre las muchas que jalonaron el siglo XX.
En las últimas décadas han resurgido organizaciones de masas que rechazan a la institución monárquica. Han izado de nuevo la bandera republicana. Comparten la consigna de “A por la tercera”, divisa de la resistencia contraria la dinastía borbónica.
Así y todo el pacto de impunidad nunca ha sido rescindido. Decenas de millares de españoles y españolas asesinados continúan en fosas comunes, en las cunetas, en tumbas sin nombre de los cementerios.
Gracias al mismo acuerdo espurio millares de niñas y niños apropiados no han recuperado su identidad. Y permanecen sin condena el robo de bebés y la suplantación de identidad.
Los tribunales hispanos persisten en la negativa de que se trata de crímenes de lesa humanidad, imprescriptibles por definición. Así es que siguen alegando la prescripción como argumento absolutorio para los masacradores del pueblo español.
Esa situación torna limitados y más bien vacilantes los ordenamientos dictados por la ley de memoria histórica y años después la de memoria democrática. El Estado español sigue sin la asunción como responsabilidad propia y sin cortapisas del genocidio cometido en su territorio.
En estos últimos años se ha asistido a la reaparición de entidades políticas de extrema derecha en España. Las que asumen la reivindicación cada vez más abierta y franca de “la obra” del período dictatorial, de la figura de Francisco Franco, de Falange. El partido Vox, de esa orientación, ha conseguido porcentajes gravitantes de votación.
El Estado Español es así otro ámbito en el que puede comprobarse la inexistencia de pretendidos “pactos democráticos” que involucrarían a las clases dominantes y a las fuerzas retrógradas de la sociedad con el respaldo a sistemas constitucionales.
Si los pueblos no derrotan con movilización y lucha de calles las ofensivas reaccionarias éstas no se detendrán por sí solas. En el caso de España corre riesgo la memoria histórica. Y junto con ella toda esperanza de obtención de memoria, verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición.
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Aún quedan dirigentes argentinas y argentinos que presentan como un modelo a la «transición española». Incluso algunos del peronismo.
La colusión en pro de la impunidad generalizada, la renuncia a objetivos históricos, la conciliación de las izquierdas con las fuerzas antipopulares, la traición a la propia militancia y la falta de respeto a los caídos son exhibidos como mojones de un proceso democratizador. Al que se supone deberíamos admiración.
«Maldición eterna» para los que leen así las páginas recientes de la historia española. Fuera de España y de Argentina.
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