Más de 70.000 migrantes entraron en Ceuta el pasado 30 de julio, a nado o bordeando a pie el espigón fronterizo con Marruecos. Más de un centenar murieron en el intento, esta avalancha de marroquíes revela la profunda fractura social en Marruecos. Mientras una élite política, económica y social participa en celebraciones oficiales y disfruta de privilegios, miles de personas, incluidos niños y adolescentes, se ven empujadas a abandonar el país y a arriesgar su vida para alcanzar Ceuta y, con ella, la posibilidad de llegar a Europa.
El contraste entre el palacio del rey de Marruecos en M’diq y las playas de Ceuta resume una realidad desigual: unos acceden al poder, la riqueza y las oportunidades; otros solo encuentran fronteras cerradas, precariedad, violencia y ausencia de futuro.
Existen pocos kilómetros de distancia entre Tetuan y Ceuta, entre una recepción real llena de personalidades y una multitud que intenta cruzar hacia España. No son dos mundos independientes, sino dos caras de la misma sociedad.
La élite disfruta de los beneficios producidos por el trabajo de las clases populares, mientras que estas soportan el desempleo, la falta de vivienda, la inflación, la precariedad y la ausencia de servicios públicos suficientes. La desigualdad no aparece, por tanto, como una consecuencia accidental, sino como el resultado de un modelo social que concentra las oportunidades en pocas manos.
La responsabilidad principal, recae en un sistema político encabezado por el rey Mohamed VI y sostenido por las élites marroquíes, que no estaría respondiendo a las necesidades de la mayoría de la población.
En ese contexto, la celebración del poder real adquiere un significado especialmente duro. Mientras el rey y sus invitados exhiben abundancia y reconocimiento, muchas familias marroquíes no pueden garantizar a sus hijos una vida digna. La imagen de las mesas llenas de comida contrasta con la de quienes deben lanzarse al mar o esconderse en camiones para buscar un futuro.
La monarquia alauita no es una institución incapaz de resolver los problemas sociales, sino un poder que mantiene políticas que producen exclusión y que, posteriormente, utiliza esa exclusión en su propio beneficio.
La monarquía y el Gobierno son los de
- No crear suficientes empleos dignos para la población joven.
- Permitir el deterioro de los servicios públicos.
- Priorizar grandes proyectos, hoteles, infraestructuras turísticas y acontecimientos deportivos frente a escuelas, hospitales y viviendas.
- Destruir barrios populares o desplazar a sus habitantes.
- Reprimir las protestas sociales y políticas.
- Utilizar la frontera con España como instrumento de presión diplomática.
- Beneficiarse de las remesas enviadas por quienes emigran.
- Presentar después la migración como un problema de seguridad, sin reconocer sus causas.
E Estado marroquí no solo se despreocupa de una parte de sus ciudadanos, sino que contribuye a generar las condiciones que los obligan a marcharse. La desesperación de la población se convierte así en una herramienta política: la frontera se abre o se cierra según las necesidades de la relación con Madrid y con la Unión Europea.
No puede afirmarse pero se sospecha , de que sin orden explícita, pero si con la aquiescencia del rey y su gobierno se impulsase a sus súbditos a abandonar el país, pero cuando el Estado niega oportunidades, reprime las demandas y no ofrece protección, la emigración se transforma en la única salida que muchas personas consideran posible.
Una de las dimensiones más graves de esta situación es la presencia de menores que viajan sin acompañamiento adulto. Estos niños no deben ser tratados como delincuentes, invasores ni instrumentos de una disputa política. Son menores en situación de especial vulnerabilidad, aunque hayan tomado la decisión de marcharse.
Algunos proceden de familias pobres o desestructuradas; otros pueden haber sufrido malos tratos, abusos, matrimonios forzosos o exclusión. También hay adolescentes que emigran porque creen que en España tendrán la oportunidad de estudiar, trabajar y ayudar económicamente a sus familias. Las causas pueden ser distintas, pero todas deben ser examinadas individualmente.
El hecho de que una familia permita o incluso impulse la salida de un menor no demuestra necesariamente falta de afecto. En ocasiones refleja una desesperación extrema. Una familia que no encuentra empleo, vivienda, seguridad o perspectivas puede llegar a pensar que su hijo tendrá más posibilidades en otro país. La decisión es dolorosa y peligrosa, pero puede entenderse como el resultado de una sociedad que ha dejado de ofrecer esperanza.
Por eso, no es justo culpabilizar automáticamente a las familias. La responsabilidad debe dirigirse, en primer lugar, hacia las estructuras sociales y políticas que hacen imaginable que un niño se juegue la vida en el mar antes que permanecer en su propio país.
Muchos de estos menores manifiestan que no quieren regresar a Marruecos. Esa negativa no debe interpretarse simplemente como rebeldía o ingratitud. Puede expresar miedo, desconfianza, experiencias de violencia, falta de oportunidades o la convicción de que en su país no tienen futuro.
El retorno de un menor solo puede plantearse después de comprobar que existen condiciones reales de seguridad, protección familiar, escolarización, atención médica y bienestar. No basta con que las autoridades marroquíes afirmen que pueden recibirlos. Cada niño necesita ser escuchado y evaluado de manera individual.
Devolver a un menor a un entorno inseguro, a una familia que no puede protegerlo o a una sociedad que lo expulsó de hecho sería convertir la deportación en una segunda forma de abandono. El interés superior del niño debe estar por encima de los acuerdos diplomáticos, las presiones fronterizas y los discursos electorales.
La llegada de estos menores afecta directamente a España, especialmente a Ceuta, una ciudad con recursos limitados y sometida a una presión extraordinaria. Pero que la situación sea difícil no significa que España pueda desentenderse de los niños.
España tiene una responsabilidad jurídica, humanitaria y moral. Ceuta no puede afrontar sola la protección de cientos o miles de menores. La solución debe incluir:
- Identificación y documentación individualizada.
- Alojamiento seguro y digno.
- Atención médica y psicológica.
- Escolarización.
- Asistencia jurídica.
- Búsqueda de familiares cuando sea conveniente y seguro.
- Evaluación individual de cada posible retorno.
- Reparto solidario entre las comunidades autónomas.
- Programas de integración y aprendizaje del idioma.
- Protección especial para niñas y adolescentes en riesgo.
La solidaridad no puede depender de que los menores hayan llegado de manera regular o irregular. Un niño no pierde sus derechos por haber cruzado una frontera sin autorización. Tampoco puede exigírsele que pague las consecuencias de los conflictos entre Estados.
Los datos difundidos durante la crisis muestran la magnitud del problema: miles de menores quedaron fuera de los recursos oficiales o pendientes de identificación, mientras las organizaciones sociales alertaban de que algunos dormían en la calle y carecían de protección adecuada.
La actuación del Gobierno del Partido Popular en la ciudad autónoma merece una crítica especialmente severa cuando reclama al Ejecutivo central que expulse a los menores y, al mismo tiempo, cuestiona su acogida en otras comunidades autónomas.
Esta posición resulta contradictoria. Si el Gobierno de Ceuta afirma que no dispone de medios suficientes, debería exigir más recursos y colaborar activamente en un sistema solidario de distribución. En cambio, trasladar toda la responsabilidad al Gobierno central, rechazar el reparto territorial y reclamar retornos rápidos convierte a los niños en piezas de una confrontación partidista.
El problema no debería utilizarse para atacar al Gobierno español ni para alimentar un discurso de endurecimiento migratorio. La crítica política es legítima, pero no cuando se realiza a costa de menores que necesitan protección inmediata. La prioridad debería ser aliviar la presión sobre Ceuta sin abandonar a los niños, no impedir que otras comunidades los acojan.
La oposición del PP al traslado de menores a la península y su defensa del retorno a Marruecos han convertido la protección de la infancia en un campo de batalla político. Según la información publicada, el Gobierno central planteó trasladar alrededor de 500 niñas a recursos de la península, mientras el PP cuestionaba la medida y defendía como prioridad su regreso a Marruecos.
La responsabilidad tampoco corresponde únicamente al Gobierno central. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP deberían demostrar que la solidaridad territorial no desaparece cuando los menores son extranjeros. Negarse a acogerlos o intentar bloquear su distribución implica trasladar el coste de la crisis a Ceuta y, en última instancia, a los propios niños.
La solidaridad debe situarse por encima de las fronteras, las nacionalidades y las creencias religiosas. Estos menores no son únicamente marroquíes, musulmanes o migrantes: son niños y adolescentes con derechos propios.
La respuesta española debería basarse en tres principios:
Protección: ningún menor debe dormir en la calle ni quedar expuesto a abusos, violencia o explotación.
Responsabilidad compartida: todas las administraciones deben colaborar, con independencia de su color político.
Dignidad: los menores deben ser tratados como personas, no como cifras ni como instrumentos de propaganda.
El enfrentamiento entre partidos puede esperar. La infancia no. Utilizar el sufrimiento de los menores para defender una posición electoral es una forma de deshumanización. La seguridad fronteriza y la protección de la infancia no son objetivos incompatibles, pero la primera no puede alcanzarse sacrificando los derechos fundamentales de la segunda.
La monarquía y el Gobierno marroquí son los responsables de un modelo que concentra la riqueza y las oportunidades en una élite, mientras deja a amplios sectores de la población sin empleo, vivienda, servicios ni esperanza.
La emigración de niños y adolescentes es una de las consecuencias más dolorosas de esa realidad. Sus familias no deben ser juzgadas superficialmente: muchas actúan desde la desesperación. Y los menores que llegan a España no deben ser devueltos automáticamente ni tratados como un problema policial. Antes que nada, son niños que necesitan protección.
España, y especialmente sus instituciones, debe responder con acogida, cuidado y solidaridad. El Gobierno de Ceuta y las comunidades autónomas tienen que recibir apoyo, pero ese apoyo no puede convertirse en una excusa para rechazar a los menores ni para enfrentarse políticamente al Gobierno central.
La verdadera responsabilidad consiste en protegerlos, escucharlos y ofrecerles una oportunidad. La frontera entre Marruecos y España no puede convertirse en una frontera moral que determine qué niños merecen ayuda y cuáles pueden ser abandonados. La solidaridad, precisamente porque reconoce la dignidad humana, no termina en ninguna frontera.
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