– Transición Ecológica ultima el cierre de la central de carbón de Anllares – Siete de las quince plantas que hay en España dejarán de operar en dos años – REE considera que puede prescindir de 4.000 MW de carbón sin riesgo Vista de la central de Anllares, en León. Alamy El Ministerio de […]
– Transición Ecológica ultima el cierre de la central de carbón de Anllares
– Siete de las quince plantas que hay en España dejarán de operar en dos años
– REE considera que puede prescindir de 4.000 MW de carbón sin riesgo
Vista de la central de Anllares, en León. Alamy
El Ministerio de Transición Ecológica prepara ya los permisos de cierre para la central térmica de Anllares, en León. Con esta autorización, que se aprobará en las próximas semanas, España comienza una carrera para el cierre de centrales de carbón que se prorrogará hasta, al menos, 2020.
Al permiso logrado por Naturgy, antigua Gas Natural Fenosa, y Endesa se sumarán previsiblemente los solicitados por Iberdrola para las centrales de Lada y Velilla, ya que el operador del sistema ha dejado claro en su informe sobre Anllares que se puede prescindir de hasta 4.000 MW de potencia sin poner en riesgo el suministro.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia respondió a principios de este mes a la Dirección General de Política y Minas que no veía inconvenientes al cierre de Anllares, al igual que hizo en diciembre del año pasado Red Eléctrica, lo que despeja el permiso de cierre que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya dejó entrever esta pasada semana en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Naturgy y Endesa tendrán que proceder, una vez obtengan dicha resolución, al cierre de la central en un plazo de tres meses, ya que de lo contrario caducará la autorización solicitada hace más de un año: el 25 de mayo de 2017. Posteriormente, ambas empresas deberán tramitar los permisos de desmantelamiento en un plazo de tres años y con los mismos perderán los derechos de cobro de retribución regulada.
Según el informe de REE, «el cierre exclusivamente de la central térmica de Anllares, a partir del 1 de diciembre de 2017, no tendría incidencia ni en la seguridad del sistema ni en la garantía de suministro eléctrico durante los próximos años».
Red Eléctrica añade además que en el análisis de cobertura de la demanda, bajo la hipotesis de juna retirada de servicio adicional de 4.000 MW en centrales de carbón a partir del año 2019 y sin considerar la incorporación de nueva generación térmica, ni de bombeo se evalúa un margen suficiente para cubrir la demanda punta prevista más una reserva de operación de 2.000 MW hasta el año 2022″.
El operador añade que únicamente con un escenario de alta demanda y condiciones extremas de hidraulicidad podría llevar a no cubrir el valor punta de la demanda prevista (46.600 MW) con la reserva de operación citada.
La central térmica de Anllares utiliza como combustible hulla y antracita (mezcla de carbón nacional e importación) y fue puesta en servicio en noviembre de 1982 con una potencia de 350 MW. La planta ha acumulado más de 186.000 horas equivalentes de funcionamiento a plena carga.
La central se acogió en 2013 a la normativa de ‘excepción por vida útil limitada’ que le permitía limitar su funcionamiento hasta agotar las 17.500 horas permitidas o hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que antes ocurra pero según el proyecto de cierre, la central no cubre sus costes de funcionamiento con los márgenes obtenidos por la venta de electricidad en el mercado, por lo que de forma recurrente genera pérdidas.
Goldman Sachs ya señaló en un informe de finales de abril que la introducción masiva de renovables en el sistema provocará que las centrales de carbón no funcionen por el impacto económico de los precios crecientes de los derechos de CO2-y las que lo hagan lo harán con quebranto económico- y que las nucleares incrementarán las pérdidas que ya sufren en la actualidad.
La actual titular del ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, auguró en el Congreso que en 2020 cerrarán siete de las quince centrales de carbón que no han realizado las inversiones ambientales obligatorias y condicionó la supervivencia del resto a la evolución de los precios de la materia prima, la fiscalidad respecto al CO2 y «los avances y los costes del resto de los operadores del sistema».
Endesa ha repetido en varias ocasiones que acometer las inversiones en materia ambiental que requerirían las centrales de Andorra y Compostilla para seguir en funcionamiento después de 2020 las haría inviables en las condiciones actuales, por lo que de momento no se plantea abordarlas. Sin esas inversiones, las dos centrales no cumplirían la nueva directiva europea sobre emisiones, que entrará en vigor en 2020.