No sé si recuerdan aquella clásica conjetura marxista sobre el Estado como coordinador general de los diversos intereses, no siempre armónicas, de las clases empresariales. En los buenos tiempos, se la conocía como la hipótesis del carácter de clase de los aparatos institucionales: el Estado, sus interioridades, sus organismos, sus políticas, no son neutrales sino […]
No sé si recuerdan aquella clásica conjetura marxista sobre el Estado como coordinador general de los diversos intereses, no siempre armónicas, de las clases empresariales. En los buenos tiempos, se la conocía como la hipótesis del carácter de clase de los aparatos institucionales: el Estado, sus interioridades, sus organismos, sus políticas, no son neutrales sino que están, digamos, contaminados y sesgados -cuando no al servicio- de grupos privilegiados, de clases sociales que dominan y dirigen, y que presionen, compran, corrompen, amenazan (depende del momento y las circunstancias) para que las decisiones gubernamentales no alteren en lo más mínimo su alargado e incuestionado poder. Cuando así ocurre, cuando algunos alocados intentan alterar el curso inexorable de la Historia, llaman a la puerta, contigua a su ubicación ordinaria, de los órganos del propio Estado, el más pertinente para el caso, para que pongan orden en una casa revuelta, o en posición de rebeldía, que para sus adentros, y en su férrea cosmovisión, debe estar siempre en orden y en posición servil. Quien manda, manda. Punto y aparte.
Cantinela izquierdista se sentenció, marxismo decimonónico dijeron una y mil veces. Nada que ver con lo que ocurre en los Estados democráticos, en las democracias realmente existentes. Generalización apresurada, y sin fundamento alguno, de las formas de actuación, si fuera el caso, de los Estados totalitarios. Además de izquierdistas, tontos, torpes y falaces argumentativamente.
Será eso… o no será eso. Veamos algunos ejemplos recientes [1].
Lusi Eduardo Egaña es un joven trabajador paraguayo de 23 años que reside en España desde algunos años. La Brigada de Extranjería de la Policía Nacional le pidió la documentación el 1 de octubre de 2009, en el mismo juzgado de Santander en el que iba a declarar contra Escenasant S. L, una empresa en la que había prestado sus servicios. Presuntamente, digámoslo así porque toca decirlo así, Escenasant S. L. le había empleado durante más de un año, unos 16 meses. También a su compañero y compatriota Claudio César Maturana. Las protestas de su abogada consiguieron que la policía no los detuviera antes de declarar en un juicio que terminó con la absolución de la empresa: la jueza estimó que las pruebas no establecían de forma inequívoca -¡de forma inequívoca!- que Claudio trabajara para Escenasant. La jueza había bebido seguramente, para esta ocasión, en las fuentes del escepticismo radical: nada es, y si lo fuera, no podría ser percibido, y si pudiera serlo, no podría ser comunicado.
El segundo juicio que se celebró el 18 de noviembre estuvo a punto de suspenderse. ¿Por qué? La policía detuvo nuevamente a Luis, en Oviedo, donde ahora reside. Su posible expulsión -una detención por estancia irregular en España no suele terminar en general de esa forma-, que era sólo un expediente hace un mes se transformó en una orden firme a las 48 horas de que interviniera como demandante en la segunda vista. Su abogado ha calificado de espectacular la rapidez con la que se ha resuelto su expediente de expulsión. No le faltan razones
¿Por qué la denuncia presentada por el trabajador? Por el incumplimiento empresarial continuado de sus derechos laborales. Luis denunció a una empresa anterior en la que había trabajado; desde entonces, Escenasant S.L. les ha tenido, a él y a su compatriota, cuatro meses sin cobrar. Les deben 3.600 euros. El titular de la sociedad, por si fuera de interés ciudadano, es el señor Bernabé Solana Arenal.
Por cierto, ¿saben a qué se dedica Escenasant? A montar escenarios. Montaron la carpa del señor Mariano Rajoy para la fiesta patronal cántabra de la Bien Aparecida el 12 de julio de 2008 y organizaron también un carpa para el día de las Fuerzas Armadas de 2009 en la plaza santanderina de Alfonso XIII. Todo cuadra.
¿Es mucho suponer que Escenasant S. L y su máximo titular han sabido mover sus redes sociales, los hilos institucionales adecuados para conseguir esa rápida actuación represiva del Estado? ¿Pruebas? ¿Es posible demostrar una actuación así? ¿Es lícito exigir una contrastación tan firme para este tipo de conjeturas?
Veamos un segundo ejemplo.
José Tomás en un trabajador venezolano al que le faltan algunos papeles. Fue detenido el pasado junio de 2009 en el Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid. Después de tres días enfermo golpeó la puerta de un vigilante del centro y le increpó: «¡Estoy enfermo! ¡Quiero un médico, no que me apuntes en otra lista!». Al agente no les gustaron las maneras de José, enfermo y enrabietado. Le abrió la puerta, le invitó a pasar a otra dependencia y allí, fuera de las cámaras, le golpeó para hacerle entrar en razón. Esas fueron sus razones.
El Ministerio del Interior, dirigido por el señor Rubalcaba, niega que esas prácticas ocurran en esos centros. SOS Racismo y la Red Ferrocarril Clandestino opinan de forma muy distinta: las agresiones físicas y verbales son frecuentes entre los internos sostienen. La Jefatura Superior de la Policía de Madrid, con el historial tan democrático que todos recordamos a sus espaldas, responsable del centro de Aluche, ha invitado a denunciar a quien corresponda las posibles agresiones. Tan seguros están de sí mismos, de su poder, de que nadie les pueda toser.
La Policía española encierra en los CIE a las personas extranjeras en situación irregular a la espera de su expulsión. Durante un máximo de 40 días: c-u-a-r-e-n-t-a días. Pero no es suficiente. La Nueva Ley de Extranjería del gobierno PSOE va ampliar el plazo hasta los dos meses, unos veinte días de propina. Probable consecuencia de todo ello: máxima docilidad de las gentes subalternas que, desprotegidas totalmente, bien a nuestro país a mejorar su posición social. Más poder para las arbitrariedades empresariales.
El caso de Aminatu Haidar, la Gandhi saharaui, enseña también. Detenida el pasado viernes, el 13 de noviembre, fue deportada por Marruecos al aeropuerto lanzaroteño el día siguiente. Al pisar la isla canaria, la señora Haidar anunció una huelga de hambre para protestar por su situación: Marruecos no le deja regresar a El Aaiún.
Un juzgado de la isla la ha citado por alteración del orden público. Tal como leen. La denuncia ha partido del propio director del aeropuerto, el señor Dionisio Canomanuel. Aena ha confirmado la autoría de la denuncia, pero, según Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Fomento, encargada de la gestión y mantenimiento de Aeorpuertos, no es contra Haidar, ni contra nadie en concreto, contra quien se ha iniciado el trámite judicial: es una denuncia contra un grupo de personas, así en general, que se negaron a abandonar el aeropuerto al llegar la medianoche del domingo.
La señora Haidar lleva cuatro días durmiendo en las inmediaciones del aeropuerto al que accede a primera hora de la mañana cuando abre sus puertas al público. Su estado de salud es precario. Los argumentos humanitarios no suelen tener efecto en los responsables de AENA.
Así, pues, como puede verse, el Estado es un organismo independiente, que desoye las voces que le empujan a actuar en determinado sentido, limitándose al estricto cumplimiento de una legislación que, desde luego, la simple duda es ofensiva, es justa e igual para todos y todas.
La otro, poner alguna coma o algún interrogante en toda esta hermosa narrativa, es ensoñación marxista desfasada y muy mal intencionada.
PS: El atunero y los 36 marineros del Alakrana regresan a casa. Vale la pena recordar la actuación del armador del barco: el Alakrana estaba a 400 millas al sur de la zona de seguridad donde había sido alertado horas antes de la presencia de secuestradores en la zona. Aún así, siguió faenando. Órdenes del armador, otro emprendedor más: la búsqueda de la máxima rentabilidad, no importa el lugar ni los riesgos; si el Estado, mi Estado, tiene que actuar, pues que actúe, para eso está.
Algunos datos de interés [2]: la flota española captura anualmente cerca de 200.000 toneladas de atún tropical en el Índico que tienen un valor aproximado de 180 millones de euros. Abastecen el 40% de la demanda de la industria conservera española, con cifras de negocio anual que rozan los 600 millones de euros. Buques como el Alakrana pueden albergar unas 2.000 toneladas de atún en sus bodegas. Los barcos faenen en el Índico todo el año, descargando en cinco o seis ocasiones: unas 12.000 toneladas anuales de atún, unos 5,4 millones de euros anuales.
Notas:
[1] Público, 18 de noviembre de 2009, pp. 30-31.
[2] Ana Requena, «La flota atunera factura 180 millones en el Índico», Ibidem, p. 8.
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