La sentencia sobre el Estatut de Catalunya supone, sin lugar a dudas, el fin de la creencia de que el Estado de las Autonomías tenía la potencialidad de satisfacer las demandas democráticas de autogobierno de las diferentes zonas del Estado. La Constitución Española, se convierte una vez más en la coartada para imponer una visión […]
La sentencia sobre el Estatut de Catalunya supone, sin lugar a dudas, el fin de la creencia de que el Estado de las Autonomías tenía la potencialidad de satisfacer las demandas democráticas de autogobierno de las diferentes zonas del Estado. La Constitución Española, se convierte una vez más en la coartada para imponer una visión uniformadora de lo que debe ser España, e impide la integración en ese concepto de cualquier opción que no acate dicha visión.
Es lamentable ver como el PP y la mayoría del PSOE (evidentemente no del PSC), se alegran de frenar las expectativas del pueblo catalán de encontrar un marco que, con sus imperfecciones, lograba integrar a Catalunya dentro de una idea de Estado plurinacional. Pero lo que el PP y PSOE no asumen es la gravedad de que una Constitución, cuya función es garantizar los derechos y libertades democráticas, se convierta en un corsé para desarrollar una determinada opción política y no permita a un colectivo definirse como nación.
Es necesario que la clase política española entienda, de una vez por todas, que no se pueden determinar identidades con textos sagrados e inmutables, sino a través de procesos democráticos dinámicos y variables, y por lo tanto si la norma no se ajusta a la voluntad democrática de un pueblo, es la norma la que debe cambiarse, no la voluntad democrática expresada, que es lo que se pretende que asuma Catalunya y que evidentemente no asumirá porque es simplemente demencial.
Irónicamente, la postura del PP y PSOE es similar, por no decir la misma, que la de los franquistas durante la Transición, que afirmaban que las Leyes Fundamentales del Movimiento no podían ser modificadas por norma alguna creada en aplicación de tales Leyes Fundamentales. Por suerte, una parte de la clase política entendió que si la voluntad del pueblo no entraba en ese marco, no se podía frenar el deseo de cambio, sino cambiar las reglas del juego y ese proceso se reflejó en la Transición democrática española.
Y en este marco, controlado y tutelado por el Viejo Régimen, nace la Constitución española, la cual no ha sufrido modificación sustancial alguna después de 30 años y eso que estamos hablando de un periodo donde se han producido una gran cantidad de cambios políticos, económicos y sociales. Y tampoco podemos olvidar que el nacimiento de la misma se produce después de 40 años de dictadura, lo que forzó un grado de consenso que no puede darse en un contexto de pluralismo político democrático. Así, las exigencias para reformar la Constitución no son viables en nuestra sociedad actual, lo que la convierte en un arma para imponer una concreta visión del Estado.
Así la Constitución, a través de un grado alto de indeterminación y ambigüedad permitió, gracias al deseo de fuerzas nacionalistas conservadoras vascas y catalanas, utilizar este marco para desarrollar proyectos políticos democráticos con diferentes visiones de la conceptualización del Estado, a pesar de las limitaciones que la nueva estructura jurídica suponía para las aspiraciones de autogobierno en el Euskadi y Catalunya, como quedó reflejado en que menos de la mitad de los vascos y vascas fueron a votar la Constitución. Pero ese deseo, razonable y sensato sin duda, se fue manipulando a través del Tribunal Constitucional, que con un aumento constante de su politización, se convirtió en un nuevo campo de enfrentamiento entre el PP y PSOE para adaptar la Constitución a su programa y visiones, impidiendo que nadie más pudiera verse reflejado en la carta magna, y hay que reconocer que lo han logrado sin duda. Y claro, el culmen ha sido la sentencia del Estatut, donde el Tribunal Constitucional ha sentenciado en una clara situación de alegalidad e interinidad la norma básica de Catalunya, por la lucha partidista entre PSOE y PP que impidió su normal funcionamiento, con el objetivo de lograr la sentencia sobre el Estatut que más se ajustara a su programa. En esta situación ¿cómo quieren que Catalunya acate dicha sentencia? si PP y PSOE no asumen sus obligaciones constitucionales para con el propio Tribunal Constitucional ¿cómo pueden exigir respecto a la norma que ellos vulneran flagrantemente y para beneficio propio?
Con la sentencia del Estatut no sólo se finiquita el Estado de las Autonomías, sino que se liquida de un plumazo el mito de la Transición como proceso integrador de todas las opciones políticas democráticas, porque ya no queda duda que la Constitución es un juguete que PSOE y PP se reparten y se pelean por jugar con él como dos hermanos envidiosos, pero que bajo ningún concepto compartirá con nadie que no sea de la familia, la familia de una España grande y libre.
Daniel Fernández Blanco, miembro de la Xunta Executiva de UNA. Licenciado en Ciencias Políticas y experto en Procesos Políticos Contemporáneos.
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