Falta menos de un mes para celebrar el 82 aniversario de la proclamación de la II República. Este año esa fecha debe revestir importancia especial para la ciudadanía peninsular, ante la profunda crisis social, económica y política que atraviesa el reino de España. Estamos en un momento histórico de gran importancia, cuando las instituciones políticas […]
Falta menos de un mes para celebrar el 82 aniversario de la proclamación de la II República. Este año esa fecha debe revestir importancia especial para la ciudadanía peninsular, ante la profunda crisis social, económica y política que atraviesa el reino de España. Estamos en un momento histórico de gran importancia, cuando las instituciones políticas vigentes están completamente desprestigiadas ante la opinión pública, y gravísimos problemas económicos afectan a millones de personas en todo el Estado español. El paro aumenta cada día que pasa, y sube constantemente el número de desempleados que no tienen forma de ganarse la vida; por primera vez desde hace décadas, millones de ciudadanos corren riesgo de carecer de los bienes imprescindibles para la vida. Pero además el retroceso en los derechos básicos de ciudadanía alcanza a la gran mayoría social del país.
Las movilizaciones ciudadanas se suceden desde hace años, sin que hasta el momento se haya obtenido una respuesta satisfactoria a los problemas sociales por parte de las instituciones políticas. Las protestas por la situación se intensifican y se vuelven masivas sin tener consecuencias en las decisiones de los gobernantes. Pero cada situación irresuelta por los políticos oportunistas y cada injusticia perpetrada por las estructuras sociales, deslegitimiza el orden social existente. Los desahucios provocados por una ley de la vivienda de 1909, las privatizaciones de la sanidad y la educación, la expropiación de bienes públicos por políticos corruptos, la arbitrariedad de los poderosos a la hora de negociar con los derechos fundamentales, etc. están socavando gravemente las normas básicas de convivencia y la legitimidad del actual orden constitucional.
La opinión pública echa la culpa de los problemas a los malos gestores del Estado. Según indica el barómetro del CIS de febrero, cada día que pasa los españoles tienen una opinión peor de la situación política de nuestro país. El 56.7% opina que la situación política es muy mala; el 29% que es mala; sólo un 10,1% opina que es regular y un 1,2% que es buena. Esa apreciación de la situación no hace sino profundizar en una tendencia persistente desde hace un lustro. Nunca se había alcanzado tales grados de insatisfacción popular, desde que existen este tipo de mediciones.1 La situación es muy grave desde el punto de vista económico, y la ciudadanía percibe que el sistema político es ineficaz para tomar las decisiones adecuadas.
Si observamos lo que está sucediendo en Grecia, hay motivos para una honda preocupación acerca del futuro que nos espera. Cada actuación de este gobierno nos acerca un paso más hacia el abismo. Es, por tanto, hora de que los hombres y las mujeres de este país tomen su destino en sus manos. No se trata ya de pedir un cambio de gobierno sino un cambio de sistema. El día 14 de abril es una fecha excelente para recordar que la monarquía no es un sistema eterno, y para muchos de nosotros no es ni siquiera ‘el menos malo de los gobiernos posibles’. Ese día tenemos que salir a la calle para pedir la abdicación del jefe del Estado y la convocatoria de un referéndum sobre la forma del Estado. Todas las organizaciones ciudadanas que han nacido al calor de la lucha política de estos últimos años deben unirse en un único clamor para pedir el final del actual ordenamiento e iniciar un proceso constituyente que nos establezca un nuevo régimen político. Sólo así se devolverá a los ciudadanos la confianza en nuestra capacidad para resolver los graves problemas que tenemos por delante.
Nota:
1 http://www.cis.es/cis/export/sites/default/-Archivos/Indicadores/documentos_html/sA301010020.html
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.