Para comprender la iniciativa de Eurovegas es importante contextualizarla en el marco de la crisis social y económica que atraviesa la periferia de Europa en general y el Estado español en particular. Se trata de una crisis que se configura, entre otros aspectos, como una excusa para que los poderes públicos del Estado desplieguen una […]
Para comprender la iniciativa de Eurovegas es importante contextualizarla en el marco de la crisis social y económica que atraviesa la periferia de Europa en general y el Estado español en particular. Se trata de una crisis que se configura, entre otros aspectos, como una excusa para que los poderes públicos del Estado desplieguen una retórica que legitime una toma de decisiones políticas para profundizar y radicalizar un sistema económico ultraliberal y un modelo productivo que deja tras de sí desigualdades y un irreversible deterioro ambiental [1].
La «crisis» española no sólo está suponiendo situaciones sociales cada vez más dramáticas, una especulación financiera internacional voraz e indicadores macroeconómicos en progresivo deterioro. También esta palabra está ocupando un espacio cada vez más relevante en el imaginario social, una suerte de «shock» en la ciudadanía que la convierte en un pretexto omnipresente para avanzar y profundizar un modelo ultraliberal en el Estado español.
Por poner algunos ejemplos, este escenario se está perfilando como pretexto para relajar la legislación ambiental, la urbanística o la fiscal; para primar el laissez faire de los grandes capitales y minimizar el rol del Estado en la economía; para mermar los derechos sociales y desmantelar los servicios públicos; y también para lo que se conoce eufemísticamente como «flexibilizar» el mercado de trabajo, que no es otra cosa que un retroceso en los derechos laborales que se fueron conquistando en las últimas décadas. Es, en definitiva, un escenario que permite a los poderes públicos apostar en el territorio por negocios meramente especulativos que no generan riqueza, bajo la impronta cada vez más fuerte de los lobbiesfinancieros y empresariales que desvían los procesos políticos en favor de sus intereses.
Eurovegas, proyecto queconllevaría un cambio profundo de la fisonomía de la economía, la sociedad, las relaciones laborales y el entorno local,supone también un ejemplo radical, aunque lamentablemente no el único, de que en tiempos de crisis el Estado español se está configurando como destino preferente de inversiones ávidas de absoluta libertad y de beneficio a cualquier precio; de la puesta en marcha de proyectos que dan clara cuenta del modelo de «desarrollo» al que las Administraciones Públicas pretenden apostar. Asistimos a un proceso de normalización y aceptación de políticas ultraliberales como doctrina única de «desarrollo» y como camino a transitar para salir de la crisis. En este sentido, la iniciativa de Eurovegas nos ayuda a ilustrar las postales de una crisis.
Postales económicas y fiscales: el dinero público, ¿para qué? ¿para quién?
Tras los años de «bonanza» llegó la época de la «austeridad». Lo que se ha dado a llamar la «crisis de la deuda», que viene afectando especialmente a los países periféricos de Europa, ha llevado a un recorte brutal en los Presupuestos Generales del Estado, aunque no por igual en todas sus partidas. Las más perjudicadas han sido la política social, la sanidad, la educación, la investigación, la cooperación al desarrollo, la dependencia y la igualdad.
Para legitimar este proceso de recortes, se ha instalado con fuerza el relato del despilfarro: «hemos vivido por encima de nuestras posibilidades», repiten hasta la saciedad representantes políticos y grandes medios de comunicación. No obstante, frente a esta verdad instalada a través de técnicas puras de Goebbels, se debe tener en cuenta que de la deuda española que se generó en 2010 el 32% correspondía al sector financiero y otro 31% a las empresas, mayoritariamente del sector de la construcción. Es decir, una deuda heredada de la «burbuja inmobiliaria». Asimismo, tanto el gasto público en protección social como el gasto público social español por habitante han sido durante los tiempos de «bonanza» muy inferiores a la media de la Unión Europea (UE), un 18% y un 20%, respectivamente (Eurostat, 2009).
De esta forma, se ha ido imponiendo este dogma neoliberal que apunta a que los problemas de la economía española derivan de tener un gasto público excesivo, a partir de lo que surgen unas políticas públicas de recortes, y se promueven reformas laborales que tienen como objetivo reducir los salarios, abaratar y facilitar los despidos y debilitar a las organizaciones sindicales. Sin embargo, no puede ignorarse el fuerte contenido ideológico que guía dónde se utiliza la tijera pública, y a quiénes afectan estos recortes.
Volviendo a Eurovegas, en uno de los informes publicados por la Plataforma Eurovegas NO, se pone en evidencia que sería necesario destinar gastos públicos milmillonarios para la construcción de las infraestructuras, principalmente de transporte (AVE, Metro, Carreteras, Renfe) para cumplir con las condiciones exigidas por Las Vegas Sands Corp. (LVSC). Por otra parte, en materia fiscal, la satisfacción de las exigencias de esta empresa transnacional supondría la violación del principio constitucional de equidad fiscal. En este informe se concluye que las bonificaciones y exenciones fiscales, además de otros beneficios como suelo e infraestructuras, «pueden contrarrestar los potenciales ingresos fiscales» provenientes del complejo. ¿Qué beneficio público supondrá entonces este megacomplejo? Como ya es bien conocido, en caso de salir adelante habrá beneficios únicamente para los inversores, y muy pocos o ninguno para las arcas públicas y la ciudadanía.
Este escenario se agravaría si durante la evaluación de la primera fase de este proyecto no se considerara suficientemente rentable y se abandonara. En este caso, el perjuicio económico sería mucho mayor, al haberse llevado a cabo inversiones públicas en infraestructuras (alrededor de 2.000 millones de euros según muestra el informe de la Plataforma ciudadana), deducciones por tasa de juego (como mínimo unos 870 millones) e Impuesto sobre Bienes Inmuebles (aproximadamente otros 35 millones de euros) habiéndose recaudado tan sólo 1.861 millones de euros. Es perfectamente imaginable a cargo de quiénes correrán los costes y las pérdidas.
Por otro lado, es importante también tener en cuenta que la puesta en marcha de Eurovegas permitiría y favorecería el lavado de dinero a gran escala, por ejemplo, a través del uso reiterado del sistema deJunkets, lo que propicia una completa opacidad y descontrol estatal en los flujos de dinero entre clientes, empresa y proveedores. Implementar este sistema en el Estado español es otra de las exigencias de LVSC.
Finalmente, es preciso hablar de la financiación del proyecto: LVSC ha anunciado que durante el primer tramo del proyecto sólo podría financiar «entre el 25 y el 35%» del total. El resto del dinero, de la banca. A pesar de que la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid haya declarado que no habrá «ni un euro de dinero público» para Eurovegas, no conviene olvidar los 258.000 millones de euros de avales públicos del Estado español a la banca privada aprobados para 2012, además de los demás avales e inyecciones directas que desde 2008 el Estado ha aportado a este sector. Así es como, además de los miles de millones de gastos en infraestructuras y exenciones fiscales, habrá financiación pública, en el mejor de los casos indirecta, de esta inversión con paracaídas.
Postales laborales: el empleo a cualquier precio
Más de cinco millones de personas desempleadas, sumado a la lógica desesperación por conseguir de forma urgente un puesto de trabajo, favorece que algunos representantes políticos pongan en marcha un discurso chantajista que instrumentaliza esta situación y legitima un retroceso sin precedentes en las condiciones de contratación y empleo de la población potencialmente trabajadora de este complejo.
La hipotética creación de empleo es el único argumento esgrimido por las autoridades públicas paravender Eurovegas, aunque es importante mencionar el continuo baile de cifras, lo que ha generado toda clase de suspicacias sobre su veracidad: se prometen nada menos que 260.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos. ¿Es posible que la cantidad de puestos de trabajo que se creen en el macrocomplejo sea ocho veces la de LVSC en todo el mundo? ¿Es viable que esta cuantía sea prácticamente similar a los empleos en todo el sector servicios de Las Vegas, Nevada? ¿Se están teniendo en cuenta en estas infladas estimaciones los puestos de trabajo que se destruirían en el territorio de destino?
Existe otro elemento clave a tener en cuenta y del que no se escucha hablar ni debatir entre los actores involucrados en la negociación: la calidad de estos empleos. La precarización extrema y vulneración del derecho a sindicarse dentro del complejo (cabe recordar que LVSC prohíbe a sus empleados afiliarse a los sindicatos) serán parte intrínseca de estos puestos de trabajo. Es posible incluso que al inversor no le parezca suficiente «flexibilización» laboral la última reforma laboral promovida e implementada por el actual Gobierno central. En definitiva, precarización extrema, esclavitud moderna en la globalización económica.
Postales medioambientales: en tiempos de crisis el medioambiente es secundario
En tiempos de crisis y «austeridad» también la legislación ambiental está en un segundo plano. La prioridad parecen ser los indicadores macroeconómicos, como si éstos no dependieran del saqueo, el deterioro del territorio y la sobreexplotación de los recursos para poder continuar en su absurda andadura hacia el crecimiento infinito.
En este sentido, las conclusiones que aporta el Informe Medioambiental y Territorial realizado por la Plataforma Eurovegas NO son contundentes para calificar Eurovegas como una iniciativa inasumible e insostenible para el territorio madrileño. Calculados a partir del modelo de LVSC en Macao, China, y basándose en estimaciones a partir de los datos que se han conocido a través de la prensa, el Informe afirma que los impactos ambientales derivados de Eurovegas serían, además de profundos, irreversibles.
Entre otros datos, indica que los hoteles propuestos para Eurovegas serían más altos que las torres del Área de Negocios Cuatro Torres, las más altas de la Comunidad Autónoma de Madrid. Las 300 hectáreas de estos edificios habría que sumar las cerca de 150 que ocuparían los 3 campos de golf que incluye el proyecto. Estas 450 hectáreas equivaldría a la utilización de una superficie de suelo similar a 4 veces la extensión del Parque de El Retiro. A la modificación y el incumplimiento flagrante de la normativa urbanística vigente en la Comunidad, hay que añadir la hipotética pérdida de millones de hectáreas de suelo público. Además, es importante la contaminación atmosférica procedente de duplicar la cantidad de visitantes internacionales, previsión de las Administraciones Públicas, y las emisiones de CO2 derivadas del conjunto de las infraestructuras.
En materia de energía, Eurovegas supondría una demanda energética exacerbada, similar a la de una ciudad como Zaragoza. Asimismo, supondría un aumento del 7% de la cantidad de residuos que se generarían en la región. En cuanto a los recursos hídricos habría un claro despilfarro, con un consumo de agua que alcanzaría el de una ciudad de 70.000 habitantes o similar al caudal ecológico del Río Jarama.
De esta forma, el macroproyecto Eurovegas, que supone redoblar la apuesta por un modelo económico sustentado en la construcción y el turismo de masas insostenible, puede señalarse como un claro ejemplo de agresión contra el territorio.
Postales legislativas: las reglas de juego, «vamos a cambiar todas las que haga falta»
Finalmente, para satisfacer las exigencias de la empresa transnacional, la puesta en marcha de esta iniciativa empresarial exigiría, como condición sine qua non, un cambio del marco legislativo español. Esto sentaría un peligroso precedente para la economía y la sociedad españolas, principalmente en cuanto a las exigencias que futuras inversiones puedan pedir para hacerse efectivas, y un agravio comparativo para las empresas y proyectos ya instalados en el territorio. Por citar algunos ejemplos: la Ley de Extranjería, Ley Anti-tabaco, Ley del juego, Ley de prevención de blanqueo de capitales, el Estatuto de los trabajadores, el permiso de entrada a menores de edad, Ley de enjuiciamiento civil, la legalización del ya mencionado sistema de Junkets, entre otros.
Es interesante, como contraste, señalar que si una parte de la ciudadanía o de la sociedad civil quiere promover algún cambio o iniciativa legislativa debe iniciar un largo y complejo proceso, que va desde la búsqueda del apoyo popular a dicha iniciativa, hasta la discusión y aprobación por parte del poder legislativo. Para Las Vegas Sands Corporation la cuestión parece ser mucho más sencilla. En tiempos demercadocracia, cambiar las reglas del juego de aquello que debería ser democracia depende del dinero con que se cuente para ello: es el mercado el actor que pone las reglas de juego, exige los recortes de derechos y el desmantelamiento del Estado de Bienestar.
En el nombre de la libertad, de unos pocos
Pero: ¿a qué necesidades responde realmente este estado de excepción? ¿Quiénes serían las partes beneficiarias de esta isla fiscal, laboral y medioambiental? No queda duda de que este megaproyecto tiene como objetivo resucitar y llevar hasta las últimas consecuencias la burbuja inmobiliaria y financiera.
En primera instancia, el negocio de Eurovegas es la construcción del complejo. No está de más observar algunos datos como la evolución del valor en bolsa de Metrovacesa, una de las propietarias de los suelos de Alcorcón, que en sólo dos semanas incrementó su valor bursátil un 110% o las propias acciones de LVSC que desde su anuncio del proyecto en Madrid han venido incrementando su valor de forma sostenida.
Poco a poco vamos descubriendo cómo todo este entramado viene extendiéndose bajo el faro del fomento del consumismo, el crecimiento económico y la supuesta creación de empleo a cualquier precio. Los ocupantes del poder político, de un color y de otro, llevan años negociando a espaldas de la ciudadanía un megaproyecto en el que las condiciones son desde todo punto de vista inaceptables para la sociedad civil, ya que sólo responde a los intereses de una minoría privilegiada y va en detrimento de la mayoría de la ciudadanía. Durante este opaco proceso, se ha vulnerado constantemente el derecho a la información y tampoco ha existido ningún cauce de participación de la ciudadanía en el debate y la toma de decisiones sobre este proyecto, tal y como enfatiza el Informe de Transparencia de la Plataforma Eurovegas No. Por el contrario, estamos siendo testigos directos de las actitudes serviles de quienes supuestamente representan el interés general de la población.
Esta vuelta radical hacia los «negocios de expectativas», el alma de la especulación urbanística, inmobiliaria y financiera, es el resultado de una «democracia tutelada» y de una política subsumida por la economía. O, dicho de otra manera, de la disposición de las vidas de las personas y los territorios para beneficiar a una élite que se reparte los cada vez más escasos recursos.
En lugar de apostar por un modelo más racional, humano y solidario, por un modelo que ponga a la vida en el centro y a la economía al servicio de la vida, lo que se plantea, en última instancia, es una fórmula anti-crisis por lo pronto paradójica: para salir de la crisis profundicemos el modelo que nos condujo hasta ella… para salir del pozo, sigamos cavando.
Nota:
[1] Para el momento que comenzamos a escribir este artículo, Las Vegas Sands Corp. (LVSC), empresa promotora de Eurovegas, había emitido ya un comunicado oficial en el que anuncia que el proyecto se llevará a cabo en la Comunidad de Madrid, sin embargo, continuamos todavía con la incertidumbre acerca de cuál de los tres emplazamientos previstos será escogido finalmente: Alcorcón, Valdecarros o Paracuellos del Jarama. Las autoridades madrileñas «han ganado la partida» a las catalanas por este proyecto, aunque por lo visto parece ser que Eurovegas no es el único paradigma de un modelo especulativo y de ladrillo al que las Administraciones insisten en apostar. El anuncio por parte de la Generalitat de Catalunya de la puesta en marcha del Barcelona World en Tarragona o en Murcia la posible construcción del Parque Paramount, dan cuenta de ello.
Bibliografía consultada:
Eurostat. (2009). Population and social conditions. Statistics in focus.
Plataforma Eurovegas NO, (2012):Informe económico y fiscal sobre Eurovegas.
Plataforma Eurovegas NO, (2012): Informe de transparencia y participación.
Plataforma Eurovegas NO, (2012): Informe territorial y ambiental.
Plataforma Eurovegas NO, (2012): Informe turismo.
Plataforma Eurovegas NO, (2012): Informe de costes en infraestructuras.
Natalia Chaves Monroy es miembro de Iniciativas de Cooperación Internacional para el Desarrollo (ICID), organización social integrante del Foro de Turismo Responsable. Rodrigo Fernández Miranda es miembro de Ecologistas en Acción yConsumeHastaMorir, y recientemente se ha incorporado como colaborador de Alba Sud.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.