Si vivir con dignidad es un derecho, también lo es morir dignamente. Un derecho para poder ejercer la última libertad. Hace unos días, el Congreso de los Diputados rechazó las enmiendas a la totalidad del PP y Vox a la proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia.
La proposición de ley aún debe pasar por la Comisión de Justicia, ser debatida en la Cámara Baja, ir al Senado y volver al Congreso para la aprobación definitiva; todo está en marcha y espero poder utilizar sus mecanismos cuando llegue la ocasión.
«Quien quiera vivir que viva, pero a los demás que nos dejen morir dignamente». Con estas palabras de Fernando Cuesta, enfermo de ELA, que tuvo que viajar a Suiza para poner fin a su vida, arrancó en el Congreso de los Diputados la toma en consideración de la proposición de ley para regular la eutanasia en España presentada por el PSOE en el pasado febrero. Recibió el apoyo de 201 votos, 2 abstenciones, y 140 en contra (PP y Vox), que acusan al resto de partidos de querer aprobar la norma, para ahorrar en pensiones y tratamientos médicos. Estos grupos siempre han sido indeseables, pero en esta ocasión vuelven a representar las vergüenzas de España
«El sufrimiento no tiene ideología», insistió la diputada socialista y exministra de Sanidad María Luisa Carcedo. El texto aprobado, convierte la eutanasia en un derecho que será incorporado a la sanidad pública, para quienes lo soliciten y sufran una enfermedad grave e incurable o «invalidante», que cause un sufrimiento insoportable. Las cosas ya no pueden ser como antes y menos si son sometidas a principios morales vinculados a la iglesia católica, que no solo no promueve la felicidad, sino que siembra el sufrimiento para acceder al «reino de sus cielos», que no es sino una aberrante idea que avaló la esclavitud y ahora el trabajo precario indigno.
El recuerdo de quienes han muerto en España sin la eutanasia legalizada −Ramón Sampedro, Maribel Tellaetxe o María José Carrasco−, ha sido una constante en un debate que ha tenido momentos con una alta carga emocional y que se ha crispado cuando el indeseable diputado del PP, José Ignacio Echániz, ha acusado a los impulsores de la ley de querer ahorrar a costa de «los más vulnerables».
Pablo Echenique, de Unidas Podemos, ha mostrado su orgullo por participar en la tramitación: «Nadie tendrá que hacer como Ángel Hernández», encausado por ayudar a morir a su esposa, sino que quienes requieran la eutanasia podrán hacerlo en la sanidad pública. Echenique ha calificado a PP y Vox de «gente sin escrúpulos».
El Parlamento holandés viene tramitando un polémico proyecto de ley, por el que los progresistas del D66, defienden el derecho de los mayores de 75 años que, aun estando sanos, opten por solicitar la eutanasia al considerar que han vivido bastante. Esta iniciativa provocó alarma entre los socios conservadores de la coalición de Gobierno, que están en contra de legalizar esta opción. Unos 10.000 holandeses mayores de 55 años mostraron su interés en ello. El problema es cada vez mayor, cuando la diferencia entre la vida biológica y la vida biográfica aumenta gracias a los avances médicos. La gente deja de formar parte del sistema laboral a los 67 años, pero vive más que antes, sin participar en la sociedad y con quejas como la soledad o los achaques de la vejez.
Actualmente la eutanasia está considerada como un homicidio, por lo que el objeto de la Proposición de Ley «es regular el derecho que corresponde a toda persona que cumpla las condiciones exigidas a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir, el procedimiento que ha de seguirse y las garantías que han de observarse». Esta ley supone una regulación histórica en España y en el resto del mundo.
Eutanasia y muerte digna, no son conceptos idénticos, aunque si conexos. La eutanasia es un derecho individual subjetivo de las personas ante situaciones en las que, sin estar abocadas a un proceso de muerte inminente, deciden, por su situación de invalidez o sufrimiento solicitar ayuda para morir anticipadamente. Esto, según defiende el PSOE, da seguridad jurídica a los profesionales que participan de esta práctica sin obligarles a ello. La muerte digna, en cambio, engloba la serie de derechos y garantías de todas las personas a una asistencia sanitaria y social en el final de sus vidas que respete su autonomía y su voluntad para morir en condiciones dignas. Se trata del rechazo a la obstinación terapéutica, la garantía de unos cuidados paliativos integrales, intimidad, acompañamiento y apoyo. También consiste en establecer un régimen que obliga y dota de seguridad jurídica de todos los profesionales implicados
La regulación de la eutanasia exige una regulación no solo sanitaria, sino también civil y penal, pues exige la derogación parcial del artículo 143 del Código Penal (1.- El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años). La muerte digna, ya contemplada en varias comunidades autónomas, es una cuestión de legislación sanitaria y no demanda cambios en el CP. A día de hoy, la eutanasia, considerada como un homicidio, es ilegal en España, mientras que la sedación terminal sí está permitida. El PSOE ha venido insistiendo en que son dos debates muy diferentes, y por eso han de caminar por carriles distintos.
El PSOE abre la puerta al suicidio médicamente asistido, aunque solo en condiciones de enfermedad incurable o discapacidad crónica (no válido para cualquier situación), y con presencia del facultativo hasta el final. El PSOE calcula que todo el proceso, desde la petición hasta la resolución final, no debería tardar menos de 32 días. En el suicidio médicamente asistido, el médico indica al paciente qué fármaco debe ingerir por sus propios medios para morir. Este supuesto es legal en Suiza (y en algunos estados de EEUU) y ha generado un cierto «turismo de la muerte».
La ley de la eutanasia divide a los partidos entre una medida «garantista» y los cuidados paliativos. Para el PSOE, la Ley es una respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista. No solo busca la legalización, sino también controlar todo el proceso, desde la información al paciente hasta la labor del médico. Consideran que de aprobarse la ley, se introduciría en el ordenamiento legal «un nuevo derecho individual». Podemos, que ya había registrado su propuesta sobre la eutanasia antes que el PSOE, respalda de manera casi total la iniciativa. No considera que este cambio tenga que asentarse «en el sufrimiento del paciente», sino en la «libertad de decidir». «No es una competencia para ver quién sufre más, sino cuando alguien dice no puedo más y en el camino me quedo».
La eutanasia conecta con un derecho fundamental de la persona constitucionalmente protegido como es la vida, pero que se debe conectar con otros derechos y bienes, igualmente protegidos por la Constitución, como son la integridad física y moral de la persona (artículo 15 CE), la dignidad humana (artículo 10), el valor superior de la libertad (art. 1.1), la libertad ideológica y de conciencia (art. 16) o el derecho a la intimidad (art. 18.1). Cuando una persona plenamente capaz y libre se enfrenta a una situación vital que a su juicio vulnera su dignidad e integridad, el bien de la vida puede decaer en favor de los demás bienes y derechos. No existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad del titular del derecho a la vida. En estos casos, el Estado está obligado a proveer un régimen jurídico que establezca las garantías necesarias y de seguridad jurídica.
Junto con la Ley propuesta por el PSOE, hay que promover el derecho de toda persona a disponer con libertad de su cuerpo y de su vida, y a elegir libre y legalmente el momento y los medios para finalizarla; especialmente el derecho de los enfermos terminales e irreversibles a morir sin sufrimientos, si este es su deseo expreso.
La legalización y regulación de la eutanasia se asientan sobre la compatibilidad de unos principios esenciales que son basamento de los derechos de las personas, y que son recogidos en la Constitución. De un lado, los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física y moral, y de otro, bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad, la libertad o la autonomía de la voluntad.
Si el Sistema difícilmente es capaz de proteger mi vida y que se desarrolle dignamente y en bienestar, al menos que me de protección para que el fin de mi vida sea cómo y cuando yo quiera. Vivir puede ser una maravilla, dejar de vivir, hacer desaparecer la vida, es como un acto de magia, que los magos conocemos; como cuando hacemos desaparecer una paloma blanca entre sedas de colores
@caval100