El nuevo Real Decreto Ley 16/2012 ha supuesto un cambio relevante para las personas extranjeras en situación irregular que han perdido el derecho a la asistencia sanitaria, salvo en algunos casos. El gobierno andaluz se mostró contrario a la reforma sanitaria e interpuso un recurso de inconstitucionalidad por «fondo y forma». Sin embargo, según un […]
El nuevo Real Decreto Ley 16/2012 ha supuesto un cambio relevante para las personas extranjeras en situación irregular que han perdido el derecho a la asistencia sanitaria, salvo en algunos casos. El gobierno andaluz se mostró contrario a la reforma sanitaria e interpuso un recurso de inconstitucionalidad por «fondo y forma». Sin embargo, según un informe elaborado por distintas entidades sociales se han registrados 42 incidencias en el acceso al sistema de salud.
El Real Decreto Ley 16/2012 que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, ha supuesto un cambio sustancial en las normas relativas al acceso a la asistencia sanitaria de la ciudadanía. Este cambio es especialmente relevante para las personas extranjeras que no se encuentran en una situación regular, ya que desde que entró en vigor, han perdido el derecho a la asistencia sanitaria. Tan sólo tendrán garantizado el acceso a ella por urgencia, por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica; asistencia al embarazo, parto y postparto; menores de 18 años; solicitantes de protección internacional (asilo y refugio); y víctimas de trata que se encuentren en periodo de restablecimiento y reflexión. Esto es la teoría, al analizar la práctica, los resultados que se obtienen son bastante diferentes:
Amadou vive en Aragón en situación administrativa irregular. Debido a una insuficiencia renal, necesita diálisis 3 veces por semana durante 4 horas. A pesar de que debería haber sido atendido con normalidad, puesto que su enfermedad estaba siendo tratada antes de la entrada en vigor de la nueva normativa, a Amadou se le hizo firmar un compromiso de pago por su tratamiento.
En Tenerife, Mercedes una joven de 22 años, acudió a su habitual centro de salud al enterarse que estaba embarazada por el alto riesgo que le supone su embarazo al padecer diabetes de tipo 1 desde los 15 años de edad. No la atendieron por encontrarse en situación administrativa irregular. «El embarazo es responsabilidad tuya, vete a la medicina privada», asegura que le llegaron a decir. La primera ecografía no se le hizo hasta las 20 semanas de embarazo y solo a raíz de sufrir un accidente de tráfico. El alto riesgo de su gestación hizo que tuviera que acudir a urgencias en varias ocasiones, hasta que deciden ingresarla. Cuando finalmente recibe el alta, el centro sanitario se niega a facilitarle la medicación que requiere. Ante la gravedad de la situación y la falta de ingresos de Mercedes, Médicos del Mundo le costea su tratamiento durante varios días, hasta que por fin, consiguen que sea la sanidad pública quien se lo garantice.
Son dos de los casos más flagrantes que destapó Médicos del Mundo en un informe publicado a principios de diciembre, en los que quedaba patente que ni tan siquiera los mínimos garantizados por la Ley, se estaban cumpliendo en algunas Comunidades Autónomas con la entrada en vigor de la nueva normativa. Es más, en ese mismo informe se señala que «algunos gobiernos autonómicos empezaron a rechazar a personas migrantes en sus sistemas sanitarios ya desde mayo de 2012 -es decir, cuatro meses antes de la entrada en vigor de la norma- , bien no atendiéndoles directamente o bien retirándoles las tarjetas sanitarias». Otras Comunidades Autónomas, sin embargo, han interpuesto recursos de inconstitucionalidad o han declarado que van a seguir atendiendo a todas las personas en sus servicios de salud empleando diferentes estrategias, como País Vasco, Cataluña, Asturias y Andalucía.
En Andalucía, es cierto que su gobierno se ha mostrado contrario a la reforma sanitaria desde que se anunció y que ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad por «fondo y forma». Sin embargo, según un informe elaborado por distintas entidades sociales –Andalucía Acoge, APDHA, Arrabal, Fundación de Solidaridad Amaranta, Médicos del Mundo y Mujeres en Zona de Conflicto-, que recoge datos desde el 1 de septiembre al 17 de diciembre, se han registrados 42 incidencias en un formulario, 39 de las cuales son individuales y 3 colectivas, que han afectado a un total de 69 personas.
Es el caso de un nigeriano de 42 años que acudió a su centro de salud en Málaga con un fuerte dolor de estómago y cabeza y en el mostrador le dijeron que no podían atenderlo por la nueva ley que había entrado en vigor. «Yo quería que me dieran una explicación de porqué antes sí y ahora no. No lo entendía bien del todo». Este nigeriano afincado en Málaga tiene mujer también de procedencia nigeriana, ella sí en situación regular, y dos niñas de 2 y 4 años. Vive en España desde hace 10 años y desde hace más de un año no tiene trabajo. «¿Cómo voy a pagar por ir al médico si no tengo trabajo? Estoy aguantando, aguantando, aguantando…», comenta a Periodismo Humano en conversación telefónica». «Me siento excluido de este país».
María desde que se operó a principios de mayo de una piedra en el riñón no había tenido problema alguno en su tratamiento, ni antes, ni después de la operación. El pasado junio cuando acudió a su diálisis postoperatoria se encuentra con la sorpresa de que no la pueden atender porque no tiene los papeles en regla. «Yo me vine de Argentina a Málaga hace 7 años. A mi pareja sí que le salieron aprobados los papeles, pero a mí me los denegaron porque la empresa de limpieza en la que trabajaba tenía una deuda con hacienda. Eso fue la razón que me dieron». Es licenciada en filología inglesa y americana, tiene 36 años y actualmente está en paro. Ha trabajado limpiando, cuidando niños y ancianos, «y sigo buscando trabajo de lo que me salga, porque la cosa está muy mal». Gracias a Andalucía Acoge al menos tendrá tratamiento del riñón tras su operación de nuevo. «En el hospital en el que me atendían al volverme a readmitir trataron de excusarse conmigo diciéndome que esto sólo era para controlar a los pacientes de la Unión Europea que venían a España a operarse sin pagar. Y bueno, tuve que entenderlo. Yo vine a España porque aquí me quiero quedar a vivir como una española más, no porque me quisiera costear ninguna operación. De hecho la piedra en el riñón me salió estando ya en España».
Las incidencias se han localizado en más de 20 centros de salud de 6 provincias andaluzas y las más frecuentes han sido la «negativa a la expedición de nueva tarjeta sanitaria (o documento análogo)», la «negativa a la solicitud de consulta médica (atención primaria)» y la «facturación de la prestación medica realizada».
Llama la atención 8 casos que han afectado a menores de edad en situación administrativa irregular y a 3 mujeres embarazadas. También destaca el hecho de que varios centros de salud, de distintos municipios, expidan las tarjetas sanitarias sin seguir los criterios comunes emanados de la Consejería de Salud y Bienestar Social.
En el País Vasco el Tribunal Constitucional ha levantado la suspensión de parte del Decreto con el que el entonces Ejecutivo de Patxi López trató de no aplicar las medidas adoptadas desde el Ministerio de Sanidad. Hasta que el Constitucional no sentencie sobre el conflicto de competencias, podrá aplicarse el decreto del Gobierno vasco en este aspecto. La suspensión que permanece vigente es la relativa al copago farmacéutico contra el que el Gobierno de Euskadi también se había plantado.
Sos Racismo Arrazakeria (País Vasco) señala en un comunicado que celebra el levantamiento de la suspensión del Decreto 114/2012 en los artículos referidos al acceso a la sanidad por parte de la población inmigrante irregular. Si bien, alerta que esta suspensión no supone en ningún caso una sentencia favorable al reconocimiento de este derecho por parte del colectivo inmigrante irregular. Además, desde esta asociación consideran que sería conveniente un pronunciamiento por parte del recién estrenado Gobierno vasco en torno a si mantendrá la vigencia del citado Decreto y si apuesta por un reconocimiento claro del acceso a la sanidad para este colectivo.
«Si tenemos que comparar cómo está el panorama en Euskadi con respecto a otras comunidades autónomas, aquí ni tan mal porque se sigue ofreciendo cobertura sanitaria a los inmigrantes que están en situación irregular. Ahora bien, en cómputo general, las cosas han cambiado a peor. Es cierto que se les está dando cobertura sanitaria, pero se les ha retirado la tarjeta. Además con la entrada en vigor de la normativa, la asistencia sanitaria se otorga con carácter provisional por un año, cuando antes era de forma definitiva». Comenta Mikel Mazquiaran, coordinador del Informe anual de Sos Racismo Arrazakeria en declaraciones a Periodismo Humano. Considera Mazquiaran, que la situación actual con la formación de nuevo Gobierno vasco es un tanto incierta, ya que se desconoce hacia dónde irán los nuevos pasos que dé al respecto. «Si la sanidad es un derecho universal debe serlo en términos absolutos independientemente de quien gobierne», arguye.
A toda esta situación de heterogeneidad entre Comunidades Autónomas se añaden las diferentes maneras que tienen de desarrollar su regulación cada autonomía. Sólo 6 Comunidades Autónomas –Aragón, Asturias, Castilla y León, Galicia, Madrid y Valencia- han desarrollado algún documento con el fin de informar o instruir, según Médicos del Mundo. En estos documentos han observado que tanto los contenidos como la profundidad con que son abordados los temas tratados, difieren mucho entre comunidades.
Más allá de esta desigualdad en el desarrollo de la reglamentación entre autonomías, Médicos del Mundo constata una gran diversidad en la aplicación, incluso dentro de las mismas regiones. Parece que en cada centro de servicio se está aplicando una práctica distinta, según las ordenes implícitas de las gerencias provinciales, de la jefatura de servicio o según el criterio del propio personal administrativo o sanitario que recibe al paciente.
A través de su presencia en 12 comunidades autónomas del Estado español, Médicos del Mundo ha podido comprobar cómo este desigual desarrollo de la reforma sanitaria está provocando caos, desinformación, prácticas discriminatorias por parte de algunos centros y confusión en las personas inmigrantes. Se ha detectado que en muchos casos estas personas no acuden a los centros sanitarios por miedo, situación que hace imposible determinar el alcance real de la vulneración del derecho a la salud que se está produciendo en nuestro país.
La falacia sobre el coste que los inmigrantes en situación irregular acarrean al sistema sanitario público español
En el BOE del 24 de abril de 2012 se publicó el Real decreto ley 16/2012 de medidas urgentes cuya finalidad señalada era «garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y la seguridad de sus prestaciones». Con esta medida, aparte de anunciarse desde el Ministerio de Sanidad que se ahorrarían un total de 500 millones de euros, se expresaba la idea de que sin ello, sería imposible garantizara la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud público español.
Según un estudio del Fondo de Investigación Sanitaria (FIS) elaborado en la Comunidad de Madrid entre los años 2007 y 2009, en el que se muestran las diferencias de utilización e impacto en los servicios sanitarios de la población inmigrante y autóctona de un área sanitaria concreta de Madrid -Arganzuela, Carabanchel, Usera, Villaverde y Aranjuez-, se llegó a la conclusión de que el colectivo de inmigrantes en situación irregular está constituido por los individuos más jóvenes y con menor carga de enfermedad y consecuentemente son pacientes que producen un menor consumo de recursos en todos los parámetros analizados, siendo su impacto en las proporciones de los diferentes consumos muy inferior a su peso real en el volumen de pacientes atendidos (especialmente en lo que a gasto farmacéutico se refiere).
La elección de centrar el estudio en este área en concreto no fue casual según Ángel Alberquilla, director de la investigación citada, ya que se dieron dos circunstancias para ello: por una parte el desarrollo de diferentes planes de acción urbanística en distintos puntos del territorio escogido y por otra, y especialmente, el importante contingente migratorio de ciudadanos de origen extranjero que determinó que su fracción relativa en la población pasara de algo menos del 2% en 1996 al 24% en 2009.
«Cuando surge la investigación (2004-2005), el incremento de inmigrantes a nuestro país estaba en plena expansión. Oíamos como la prensa o ciertos colectivos sociales otorgaban al inmigrante el rol de pacientes utilizadores del sistema sanitario español. A nosotros nos llamaba la atención porque la gente que suele emigrar a otros países es la gente joven y sana, y nos parecía raro que estuviera teniendo un impacto tan llamativo en el uso de la sanidad española. Esa fue nuestra hipótesis de partida porque todos los indicadores a primera vista así nos lo hicieron creer. Al acabar la investigación se concluyó que nuestra hipótesis de partida no estaba equivocada».
Continúa Alberquilla: «lo que está claro es que si el gobierno pretende ahorrar retirando la cobertura sanitaria a inmigrantes ilegales, se ahorrará, pero de igual modo que si te la quitan a ti o a mí. Es decir, no hay datos objetivos según lo que demuestran las conclusiones de nuestra investigación y otras investigaciones del mismo tipo que se han hecho en otras Comunidades Autónomas españolas que determinen, que dejando sin cobertura sanitaria al colectivo de inmigrantes irregulares se va ahorrar más que dejando sin cobertura a cualquier otro colectivo». Por lo tanto, Alberquilla cree que la decisión adoptada por el Ministerio de Sanidad es política y no objetiva.
De la sanidad pública universal, al sólo para quien la cotiza
El modelo de la sanidad pública en España se transformó tras la Transición y desde los 80, se avanzó hacia la concepción de la salud, no como contraprestación a lo cotizado, sino como un derecho ciudadano universal. Todos los pasos han ido en esa dirección, Desde la Ley General de Sanidad de 1986 hasta la ley de salud pública de 2011.
El modelo marcado por la Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud de 2003 señalaba que «todos los españoles y los extranjeros en territorio nacional» son «titulares del derecho» a la salud. Un modelo reforzado con la ley de salud pública de 2011 que sacó del limbo normativo a aquellas personas -unas 300.000- que carecían de cobertura sanitaria por haber agotado la prestación por desempleo y tener algún tipo de ingresos.
Con la nueva normativa se expulsará del sistema sanitario público a algunos ciudadanos, como es el caso de los inmigrantes en situación irregular señalados, o de los estudiantes mayores de 26 años que no hayan accedido aún a su primer empleo en España, o lo que es lo mismo, que no hayan cotizado en nuestro país.
El Decreto concreta el anexo de la ley de salud pública del año pasado que establecía asegurar la salud universal de los españoles. Pero las condiciones fijadas siguen vinculadas a la Seguridad Social, ya que la asistencia «se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado». Esto es: ser trabajador o pensionista, estar cobrando algún subsidio, haber agotado la prestación de desempleo y estar apuntado en el paro -esta es la novedad-, ser cónyuge o hijo hasta los 26 años o no llegar a un nivel máximo de ingresos. Quedarían fuera personas que tengan ingresos sin haber cotizado nunca, aunque paguen impuestos en España -rentistas-. Y no se aclara qué pasará con un joven de más de 26 años que, por ejemplo, siga estudiando.
Nieves de 33 años no sabe exactamente en qué situación se encuentra su caso, porque nadie se lo ha sabido explicar. Esta valenciana comienza a trabajar en España como Ingeniera de obras públicas en junio de 2004, y a pesar de que sale en 2008 por primera vez a trabajar fuera de España a Irlanda, lo hace con una empresa española que sigue cotizando en España por ella hasta agosto de 2010. En total 6 años cotizados. Cuando acaba su contrato en Irlanda, para seguir trabajando, no le queda más remedio que irse a Italia, esta vez sí, para una empresa italiana. Al volver a España en agosto de 2012 y acudir a su centro de salud para que le adjudicaran médico, le dicen que no puede ser porque tiene la tarjeta sanitaria española bloqueada; que está fuera del sistema al no haber trabajado en España los últimos años. En muchas ocasiones Nieves ha acudido a la sanidad privada porque no le ha quedado más remedio y porque se lo puede permitir, pero aún así su opinión al respecto es clara: «es muy fuerte que alguien que se ha buscado las castañas fuera a su vuelta se encuentre sin sanidad pública». A ella le ha pasado.
Fuente: http://periodismohumano.com/sociedad/salud/excluidos-del-sistema-sanitario-publico-espanol.html