Exigen la retirada del decretazo y el pago a las 22.000 familias afectadas

Las enmiendas al decretazo: continúa la farsa

El 29 de agosto el gobierno del PP aprobó el Decretazo contra los parados y las personas más necesitadas de Extremadura. Un auténtico ESCRACHE DE MISERIA que desprecia a las 22.000 familias que han solicitado la Renta Básica acogiéndose a la ley del 9 de mayo de 2013. Pero al PP no le bastaba con sus votos, necesitaba de la complicidad de al menos un parlamentario para alcanzar la mayoría absoluta requerida por el reglamento. Al final, tras una misteriosa reunión con la consejera y la Vicepresidenta del gobierno regional, dos de los tres diputados de IU, faltando a su palabra y en contradicción flagrante con sus propias declaraciones públicas, se prestaron a la jugada y permitieron que el Decreto siguiera vivito y coleando.

Y ahora estamos en el siguiente acto del sainete. El PP presenta tres enmiendas «técnicas» y Escobar anuncia a bombo y platillo 27 enmiendas «para mejorar la ley». Los incendiarios que le metieron fuego a la ley se presentan como diligentes bomberos… Pero cuando se quita la hojarasca de la propaganda y se analizan con detalle las enmiendas se comprueba hasta qué grado -escandaloso- es subalterna la posición de IU-Extremadura y cómo ese presunto propósito de «mejorar la ley» es una milonga para incautos.

El decretazo de la Renta Básica arrasa con la ley del 9 de mayo de 2013. Y eso no puede solucionarse con enmiendas parciales. La enmienda de totalidad del PP a la ley aprobada por unanimidad en la Asamblea no puede combatirse con un jueguecillo -además perezoso- de enmiendas parciales. Veamos:

Acatan el modelo y la orientación del gobierno del PP. Menos derecho y más clientelismo. La renta básica no es ya una prestación «de naturaleza económica», sino «asistencial»; no tiene por finalidad «garantizar las necesidades básicas» de la población sino sólo «a quienes se encuentren en situación o riesgo de exclusión social». Y la exclusión social ahora ya no consiste en «carecer de recursos necesarios» sino en un cuadro subjetivo de «concurrencia de factores o circunstancias familiares o sociales» a determinar por los servicios sociales. Si en la ley anterior, al menos se pugnaba por abrir camino a un nuevo derecho ciudadano (la renta básica) ahora se produce una clara involución hacia las rentas mínimas de inserción. Al final, se acaba imponiendo lo que nos decía una de las altas funcionarias de la Consejería de Política Social: «no os hagáis ilusiones. La renta básica es lo mismo que las Aises pero cambiado de nombre».
Un insólito procedimiento de convocatorias. La ventanilla de solicitud, abierta sólo durante 8 meses. Pero en algunos aspectos la renta mínima de inserción que queda tras el decreto, si no se rechaza, es aún peor que las AISES. IU acepta el sistema de convocatorias impuesto por el PP. Si sale adelante su enmienda se podrá solicitar durante 8 meses al año. ¿No les da vergüenza que una «renta de carácter alimenticio» como la Junta se empeña en definir a la renta básica de inserción esté sometida a un sistema de convocatorias? Para darnos cuenta de hasta qué punto estamos ante una tropelía veamos lo que dice el letrado de la propia Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Junta de Extremadura: Antonio Carrasco Rodríguez:

«El apartado 2 del artículo 20 viene a establecer que las solicitudes han de presentarse en el plazo que se establezca en las correspondientes órdenes de convocatoria. Parece, pues, que lo pretendido sea efectuar convocatorias periódicas (…) Entendemos que las mismas podrían ser contraproducentes, atendidas la naturaleza y finalidad de esta prestación, que no se concede mediante un procedimiento de concurrencia competitiva(…) En consecuencia, debería valorarse la conveniencia de establecer una convocatoria única, abierta desde la publicación de la disposición, o, en su caso, convocatorias abiertas mediante órdenes en las que los plazos de presentación de solicitudes se concatenen sin solución de continuidad, debiendo dictarse la primera con la mayor inmediatez posible».

¿No le da vergüenza a Escobar tener menos sensibilidad social que el propio letrado de la Junta de Extremadura? Su servidumbre con el gobierno extremeño en lo relativo a la renta básica pasará sin duda a la historia del vasallaje político.

19.000 solicitudes a la papelera. El gran propósito del PP es hacer desaparecer el embudo que ellos mismos, con su política planificada de dilación, han ido creando. Y ahora, Escobar participa activamente de ese objetivo. Dice que pretenden «desatascar la situación actual, con entre 10.000 y 12.000 solicitudes pendientes». ¿Y cómo piensa realizar el gran desatascamiento si no ha presentado ni una sola enmienda que lo garantice? ¿No será que, tal y como pretende la Junta, pretende «desatascar» la situación actual tirando a la basura las solicitudes presentadas hace más de un año y obligando a la gente a una nueva solicitud? ¿Y por qué este señor habla de 10.000 o 12.000 solicitudes, cuando el Informe del Gerente del SEXPE, en su informe fechado el 22 de agosto, informa expresamente de que hay 14.000 solicitudes estancadas y 5.000 en tramitación? ¿Parece razonable que un dirigente «de la oposición» dulcifique las cifras de «atascamiento» que ofrece el propio gobierno?
Las enmiendas parciales no afectan al cuerpo central del decretazo. Es el árbol del PP, sus raíces, su tronco y sus ramas principales. Muchas de las enmiendas afectan a aspectos secundarios y, además, lo hacen con una llamativa pusilanimidad que invita a pensar en que están ya previamente pactadas. Veamos las fundamentales:

La «subida de la cuantía de la renta básica» no es tal. La subida del 5% del IPREM (de 400 a 426 euros) y del 5% del segundo miembro de la unidad familiar, se corresponde exactamente con la definitiva supresión de los complementos de vivienda (10% por alquiler o hipoteca, que es el caso de la inmensa mayoría de los solicitantes) y discapacidad (10%).
Aunque se vuelve a considerar como «unidades familiares independientes a las constituidas por cada solicitante con su cónyuge o pareja de hecho y/o los hijos de ambos o cualquiera de ellos», en la ley anterior estaba con más precisión (artículo 8.2). Y la unidad familiar de convivencia se consideraba que la integraban las personas con relación de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, mientras que ahora, aunque con condiciones, se acepta su ampliación hasta el tercer grado.
A efectos de determinación de rentas, no se computará «un garaje y un trastero» cuando se trate de vivienda habitual de carácter rústico. Este punto restituye una de las modificaciones incluida en la reforma de la ley del 13 de junio.
Se suprimen las agencias privadas de colocación pero se acepta el mismo papel para las empresas de inserción. El artículo 34, no enmendado por IU, prevé la conceder ayudas o subvenciones a «entidades privadas sin ánimo de lucro» para costear los «sobrecostes laborales derivados de procesos de inserción» de perceptores de la renta básica.
Mientras sale la convocatoria se podrá solicitar la renovación pero sólo se concederá hasta el 31 de diciembre. Por el contrario, no se suprime la Disposición transitoria segunda y, por tanto, «no se podrán presentar nuevas solicitudes» hasta que no se abra la nueva convocatoria.
En 16 meses no han llegado a reunir ni una sola vez la Comisión de Seguimiento, de modo que han hurtado los datos sistemáticamente. Ahora se suprime la Comisión de Seguimiento con el control de agentes sociales e IU propone, en su lugar, la comparecencia semestral del gobierno regional en el Parlamento. ¡Toma ya, democracia participativa!

Pero también es muy significativo lo que no se enmienda, aquellos retrocesos incorporados en el Decretazo respecto de la Ley del 9 de mayo de 2013. Algunos de esas agresiones a las que IU no presenta enmienda alguna, son las siguientes

Endurecimiento de las condiciones de acceso a los jóvenes emancipados. Los retrocesos incluidos en el decreto ley (2 años fuera del domicilio paterno y 2 años de alta en la Seguridad Social).
Reducciones en la cuantía de la Renta Básica. En el supuesto de que, una vez reconocida la prestación, cualquiera de los integrantes de la unidad familiar de convivencia disponga de ingresos superiores al 35% de la Renta Básica, la prestación que se perciba se reducirá en esa misma cuantía.
Con el decreto, la RB es incompatible con la percepción de una serie de prestaciones públicas, con lo que, en la práctica, se elimina en la práctica el carácter complementario que la definía. Algunas de estas prestaciones ahora expresamente incompatibles son las siguientes: pensiones no contributivas (ojo, porque el PP reguló su compatibilidad en la Ley de reforma de la Renta Básica, aprobada el 13 de junio, y ahora la elimina; la enmienda de IU no restituye plenamente esa compatibilidad, sólo para las PNC de ascendientes de primer grado), renta activa de inserción, subsidio de desempleo, subsidio agrícola, etc
Ahora la Renta Básica de Inserción es «incompatible con el trabajo realizado por cuenta ajena cuando su duración sea inferior a tres meses»; hasta el decretazo, la duración era «igual o inferior a seis meses».
El régimen sancionador se endurece brutalmente. La prescripción de las infracciones pasa en el caso de las leves, de 1 mes a 1 año; en el caso de las graves, de 6 meses a 2 años; y en el caso de las muy graves, de 1 año a 3 años. La severidad de las sanciones aumenta desproporcionadamente. Como ejemplo, se pasa del apercibimiento por escrito para las infracciones leves a, directamente, la pérdida de la prestación.
Ahora, no podrán ser beneficiarios de la Renta Básica quienes en los 6 meses anteriores hayan cesado voluntariamente en un trabajo realizado por cuenta ajena o quienes hayan rechazado una «oferta adecuada de empleo o de formación»
Los informes de los servicios sociales y los proyectos individualizados de inserción siguen siendo un elemento central, lo que significará que «el embudo» seguirá existiendo sólo que cambiado de ventanilla (en lugar de la administración autonómica, los ayuntamientos).
El silencio administrativo continúa siendo negativo, a favor de la Junta y en contra de los solicitantes. Dicen que quieren que se parezca a otras prestaciones del SEPE. Pero a alguien que solicita el subsidio de desempleo no le aplican el silencio administrativo ni tiene que abrirle su casa a ninguna trabajadora social para que juzgue su vida ¿Por qué cogen lo más perjudicial de cada modelo, SEPE y Servicios Sociales?
No se establece ninguna garantía de ejecución presupuestaria ni ningún indicador mínimo de cobertura respecto del porcentaje de paro. Es escandaloso que la Junta de Extremadura no se esté gastando los dineros presupuestados para la Renta Básica. De los 13.200.000 euros previstos para el año 2013 no llegaron a gastarse 100.000 euros. Y ahora, en la previsión presupuestaria, que figura como documento de acompañamiento al decreto ley, la Junta de Extremadura prevé gastarse un total de 27.903.447 euros. Es decir, que si a lo presupuestado para el 2014 (20 millones de euros) le añadimos lo no gastado en el 2013, resulta que la Junta de Extremadura prevé ahorrarse 5.196.553 euros. 5’2 millones de euros que pretenden ahorrarse a gasto del paro y la miseria de los extremeños.

En su momento insistimos (y el propio diputado de IU, Víctor Casco, lo propuso en su grupo parlamentario) sobre la necesidad de utilizar un indicador objetivo de referencia (en principio, planteábamos como objetivo inicial de la RB el 50% de los personas en paro sin cobertura).

EXTREMADURA NO ESTÁ PARA ENREDOS. EXIGIMOS LA RETIRADA DEL DECRETAZO Y ANUNCIAMOS MOVILIZACIONES

La Renta Básica que se aprobó el 9 de mayo de 2013 no vino de la mano del gobierno del PP ni de ningún partido. Fue el producto de un movimiento popular que empezó en noviembre de 2011 como Plataforma por la Renta Básica y que ha culminado con la creación de los Campamentos Dignidad de Extremadura. Aquella no era la ley por la que nosotr@s peleábamos y peleamos. Nosotras y nosotros, las mujeres y los hombres de los Campamentos Dignidad luchamos por una Renta Básica de verdad, universal, concebida como un auténtico derecho ciudadano. Pero el gobierno del PP y quienes despreciaron la brega del pueblo no perdonaron nunca que aquella conquista naciera en la calle, en las puertas del INEM, en los barrios más humillados, entre aquella juventud a la que se tildaba, de modo insultante, como generación nini. No perdonaron ni perdonan la participación consciente de la clase obrera, el empoderamiento de los más pobres.

Creían que nos cansaríamos, que nos derrotarían con multas y represión. Ahora dicen que les preocupa el «atasco» de la renta básica, como si se acabaran de enterar. Pero mienten y el pueblo lo sabe. 58 compañeras y compañeros de los Campamentos Dignidad, multados y/o procesados por exigir el pago de la renta básica son la mejor demostración de su mentira. Silbaban y miraban para otro sitio mientras nosotros teníamos que encerrarnos en la Concatedral o entrar en el plató de RTVE o plantarnos en los edificios oficiales. Un día y otro día hemos exigido que pagaran; y cada día, había una excusa nueva, un documento nuevo, una maniobra de distracción de nuevo cuño.

Una vez más les llamamos a la cordura. Extremadura no está para enredos. El paro, la precariedad, la miseria vive ya en miles de casas. Hay 69.000 personas en los bancos de alimentos, hay más de 80.000 parados sin cobertura, tenemos la tasa de pobreza infantil más alta de España. La renta básica de inserción es un instrumento para hacer frente a esta catástrofe social. Queremos pan, trabajo y techo, hemos repetido hasta la saciedad. Y si no garantizan el trabajo, como es su obligación constitucional, tendrán que garantizar la renta básica. A ello les obligan las leyes de nuestro país y la propia Declaración Universal de Derechos Humanos.

Nos dirigimos también expresamente a la organización de IU de Extremadura. Muchos de sus militantes forman parte de los Campamentos Dignidad, han luchado y luchan con nosotros por la Renta Básica. Lealmente, en primera línea, desde el principio. Pero IU, como organización, tiene que elegir con quién está, si está con el poder o con el pueblo, si está con Monago o con los Campamentos Dignidad. El día 25 de septiembre tiene la palabra. El Decreto no era ni es reformable. Cualquiera lo sabía, cualquiera lo sabe. Es indecente engañar a los extremeños con esa monserga. Pero el Decretazo no es una maldición bíblica, se podía derrotar, se puede derrotar. Emplazamos a IU a que vote NO al Decretazo, que vote No al Dictamen en el trámite parlamentario.

El poder económico y político ha trazado su estrategia en Extremadura. Y el movimiento popular por la renta básica y los derechos sociales, también. No pedimos la luna. Tienen que pagar a 22.000 familias y tienen que hacerlo ya. Hay dinero y tenemos derecho. El pasado 7 de septiembre, los Campamentos Dignidad de Extremadura lo dejamos claro: o pagan o seremos su sombra. El 3 de octubre, desde Olivenza y Talavera la Real, saldrán las primeras marchas, en este caso hacia Badajoz, exigiendo PAN, TRABAJO Y TECHO. No pararemos hasta conseguirlo.

¡RENTA BÁSICA, YA! ¡EL PUEBLO UNIDO JAMÁS SERÁ VENCIDO!