Mensaje de la 36 Las elecciones definirán la agenda política y el rumbo de la región de América Latina afirma el Fondo Monetario Internacional en un informe publicado por el diario Méxicano La Jornada. El FMI reconoce un creciente sentimiento en muchos países de que los beneficios de la integración global se distribuyeron de manera […]
Mensaje de la 36
Las elecciones definirán la agenda política y el rumbo de la región de América Latina afirma el Fondo Monetario Internacional en un informe publicado por el diario Méxicano La Jornada.
El FMI reconoce un creciente sentimiento en muchos países de que los beneficios de la integración global se distribuyeron de manera desigual, concentrándose en los sectores de mayores ingresos.
El director gerente del FMI, Rodrigo Rato, realizó estas declaraciones durante una conferencia en Washington, cuando presentó un informe sobre la economía mundial, donde se prevé un buen desarrollo para América Latina.
En el informe del Fondo Monetario Internacional afirmó que las elecciones presidenciales en varios países de América Latina el año próximo, ocurrirán en un ambiente de frustración de los pueblos de la región con las políticas económicas de las últimas dos décadas, pero también con el ánimo en contra de inversionistas descontentos con un «alto nivel de corrupción» en la región.
«Los habitantes de América Latina continúan expresando un alto grado de frustración con unos resultados económicos que han estado debajo de las expectativas», indicó el informe enfocado a analizar el entorno en que se celebrarán una serie de elecciones presidenciales en la región a partir de enero.
La región, agrega el reporte escrito por el amigo de Astori el indio Anoop Singh y Charles Collyns, director y subdirector, respectivamente, del Departamento de América Latina del FMI, se encuentra en medio de un ciclo electoral que definirá la agenda de políticas y el rumbo del continente en los años por venir.
Después de la elección del domingo pasado en Bolivia, en la que triunfó el líder del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, en enero se realizará la segunda ronda de la votación presidencial en Chile, un proceso en el que hasta ahora aventaja el progresismo.
Además, se celebrarán elecciones en varios países más en distintos países de América Latina, el 8 de enero en Haití; en Costa Rica el 5 de febrero; en Perú el 9 de abril; Colombia en mayo; México el 2 de julio; Brasil, el primero de octubre; en ese mismo mes, en Ecuador; el 5 de noviembre en Nicaragua y también en noviembre en Venezuela.
El reporte del FMI aseguró que la región ha logrado retomar un impulso en el crecimiento de la economía en los últimos dos años, aunque el persistente bajo ingreso per cápita, el alto e incluso creciente nivel de pobreza y las tasas de inequidad, que son de las más altas del mundo, «constituyen un riesgo que puede minar el apoyo a los programas de reforma económica instrumentados a partir de la década de los 90, que se hicieron bajo grandes promesas pero que a menudo han dado resultados decepcionantes, especialmente si se comparan con otras regiones en desarrollo».
Evo Morales ganó la elección presidencial de Bolivia, en la primera vuelta contra todo pronóstico, con una propuesta a sus votantes orientada a cambiar el modelo económico aplicado en su país impuesto, como en la mayoría de la región, por gobiernos fieles al FMI.
El reporte del organismo no habla de ningún caso en específico, pero se da en el contexto de un vuelco de las preferencias electorales en Latinoamérica, donde los votantes se identifican cada vez menos con los candidatos de derecha alineados con el modelo económico imperante en las últimas dos décadas.
El reporte del FMI titulado «El resurgimiento de América Latina», plantea, «existe un creciente sentimiento en muchos países de la región de que los beneficios de la integración a la economía global han sido distribuidos de manera desigual, que se han dirigido sobre todo a los estratos de mayor ingreso, mientras los costos han sido asumidos por la mayoría de menos ingreso».
Aunque ahora existen mejores condiciones económicas que hace una década, añade, los latinoamericanos continúan expresando un alto grado de frustración con resultados que han estado por debajo de las expectativas. «La gente está insatisfecha con el nivel de avance económico, la privatización de servicios públicos y el grado de corrupción. Muchos latinoamericanos sienten que su país ha sido gobernado en función de satisfacer el interés de un grupo pequeño de poderosos».
El senador Tupamaro Fernández Huidobro fundamentaba su voto a favor del Tratado de Inversiones con Estados Unidos, argumentando entre otras cosas que Cuba iba también hacia el ALCA.
Intentando un símil como el que sucede con ellos mismos, como viejos dirigentes guerrilleros ante el radical cambio de criterio ante el imperialismo y el capitalismo.
Lo que induce a la gente a pensar dogmáticamente, «si esta gente que se jugó el pellejo y paso por tantas cosas piensa así ¿cómo yo voy a pensar lo contrario?».
Entonces si nada menos que Fernández Huidobro afirma, que Brasil y Argentina van hacia el ALCA, Venezuela ya hace años está en el ALCA y que también Cuba va hacia el ALCA.
Al fin de cuentas ¿quién es Uruguay para no firmar un tratado con los Estados Unidos?.
¿Pero qué debería ocurrir en Cuba para que estuviera yendo hacia el ALCA?
Expulsada de la OEA, bloqueada económicamente y financieramente por Washington, con una Ley como la Helms Burton, con una base norteamericana en Guantánamo, y teniendo cinco presos políticos en Estados Unidos.
Se adelanta quizás la visión de que pronto en Cuba se reimplantará el capitalismo y los cubanos perderán su soberanía a través de una intervención directa de los Estados Unidos.
Y ese plan existe para arrebatar a la nación cubana su independencia, privarla de su soberanía y proceder a la anexión del país a los Estados Unidos.
Lo mismo que los norteamericanos hicieron con Puerto Rico, con Dominicana, y ahora con Haití donde los senadores progresistas siguen enviando soldados a ocupar esa nación hermana por que tampoco es una cosa de principios.
Existe un trasnochado plan de Bush, «Comisión Para Asistir a una Cuba Libre».
La Secretaria de Estado de Estados Unidos, Condolezza Rice a quien fuera a visitar este año el vicepresidente Rodolfo Nin Novoa, ha dicho que «ha llegado la hora» de un cambio en Cuba tras 46 años de dictadura cruel de Fidel Castro y ha anunciado que Washington tomará medidas para provocar el fin de la «opresión».
Rice ha hecho estas declaraciones en un comunicado en el que da cuenta de la reunión de la Comisión de Ayuda a una Cuba Libre celebrada esta semana.
Las recomendaciones citadas por Rice serán detalladas en un informe que la comisión, que está compuesta por funcionarios de alto nivel del Gobierno de Estados Unidos por la secretaria de Estado presentará al presidente de Estados Unidos George W. Bush en mayo.
La Comisión fue creada en el 2003 por Bush con el objetivo de «acelerar y facilitar la transición democrática en Cuba».
A ella pertenecen los secretarios de Vivienda Comercio, Seguridad Nacional y del Tesoro, así como el asesor del presidente para Asuntos de seguridad Nacional y el administrador de la Agencia de Estados Unidos para desarrollo Internacional, la USAID.
Según el comunicado, la aplicación de las recomendaciones contenidas en ese estudio ha fortalecido la sociedad civil cubana, ha cortado «millones de dólares en ingresos a la dictadura» está resquebrajando el bloqueo informativo del régimen y ha atraído la atención al «deplorable» tratamiento de los cubanos «a manos de la dictadura».
El informe para «Asistir a una Cuba Libre» es un plan del Gobierno de los Estados Unidos dirigido a privar a Cuba de su independencia y soberanía, mediante la intensificación de la agresión económica y política que conduciría a la intervención directa para lograr la restauración del capitalismo y perpetuar la completa dominación yanqui sobre la nación cubana
Diversos han sido los planes de Estados Unidos con el objetivo de destruir la Revolución cubana, guerra económica, la invasión, planes de asesinato contra Fidel y otros dirigentes, actos de terrorismo, permanente agresión propagandística, promulgación de leyes imperiales, planes de transición; pero hasta ahora no se había concebido un plan como éste donde se explica en detalles cómo derrocar al Gobierno cubano y cómo organizar la sociedad bajo la ocupación norteamericana.
El informe, además de recrudecer el curso agresivo de la política contra Cuba, expandir el bloqueo y «legitimar» la política de «cambio de régimen», define la estructura estatal, sus mecanismos represivos, el sistema político, la organización social, el ordenamiento jurídico, la organización económica con su proceso de privatización y algo sumamente importante, cómo llevar a cabo el proceso de devolución de las propiedades, todo dirigido, regulado y controlado por la potencia ocupante. Es la continuación y ampliación de la Ley Helms Burton con la enmienda Platt reciclada.
El texto completo consta de más de 450 páginas.
Hemos conseguido un resumen del texto original del Departamento de Estado.
Este resumen sin embargo publicado por el diario Nuevo Herald y que aparece en la sección de «Versiones Alternativas» y el periódico cubano «Granma» donde se menciona que el mismo es amañado y manipulador, ya que se acude al resumen para no tener que leerse todo el extenso documento.
Por ejemplo, al tema de la devolución de las propiedades, solo hay una breve mención al final bajo el eufemismo de «resolver las demandas» ¿demandas de qué?
Para enterarse el lector debe acudir al Capítulo IV donde se explica en detalles cómo se llevaría a cabo el proceso de «restitución» del país a los antiguos explotadores.
Algunos han reducido la significación de este informe, a sus intereses electorales en la Florida, pero sería un gran error no valorar en toda su dimensión lo que constituye su sentido principal: un plan para arrebatar a la nación cubana su independencia, privarla de su soberanía y proceder a la anexión del país.
El Presidente de Estados Unidos encargó a la Comisión, identificar medios adicionales para poner fin rápidamente al régimen cubano afirmando que «no estaban esperando» simplemente por la caída del Gobierno, sino que «estaban trabajando» ya para el logro de ese fin, para lo cual asignarían 59 millones de dólares en los próximos dos años. Recordemos que se trata de los fondos que se asignan abiertamente a partir de la Sección 109 de la Helms Burton.
Los que se otorgan en virtud de la Sección 115 a través de la CIA y otras agencias son mucho más cuantiosos pero secretos y quizás los conozcamos cuando dentro de 20 o más años se desclasifique esa información.
El secretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, Roger Noriega, ha dicho que este proceso debía hacerse de «manera ágil y decisiva para evitar que los compinches de Castro puedan llevar a cabo la sucesión».
¿Pero qué quiere decir actuar de manera ágil y decisiva?
Tal vez podría responderse esta pregunta con la afirmación de Huidobro de que Cuba «también va hacia el ALCA».
Veamos ahora los principales contenidos de la Aceleración de la transición en Cuba, o de cómo Cuba va hacia el ALCA.
Capítulo 1. Aceleración de la transición en Cuba.
Este Capítulo está dedicado al «cambio de régimen» con una política «más activa integrada y disciplinada para socavar las estrategias de supervivencia del régimen y fomentar acciones que acelere su fin».
Los autores señalan que con anterioridad las políticas hacia Cuba, según ellos, se aplicaban independientemente las unas de las otras, la guerra económica se desarrollaba sin que al mismo tiempo se prestara todo el apoyo que necesitaba la subversión y esto a su vez no se conectaba con las trasmisiones ilegales y el trabajo internacional para sumar a otros a la política yanqui, por lo que se plantearon articular una estrategia que integrara los diferentes instrumentos a su disposición, vertebrados en un «compromiso nacional» para poner fin a la Revolución.
Se identifican seis tareas interrelacionadas que tienen como componentes principales el desarrollo de la actividad subversiva dentro del territorio nacional; el fortalecimiento de la «oposición» mediante su promoción, entrenamiento y financiamiento, y un aumento sustancial de los fondos que para esos fines asignan a sus agentes.
Además, impedir la continuidad de la dirección cubana previsto en la Constitución, intensificar el bloqueo para reducir las entradas de divisas, y desarrollar nuevos métodos para la realización de las transmisiones ilegales, organizar una amplia campaña de desinformación en el exterior y fomentar el aislamiento internacional de la Revolución mediante esfuerzos multilaterales que logren sumar otros países que se pliegan a esa política.
Para llevar a cabo sus propósitos designarían un coordinador de la Transición en el Departamento de Estado, quién se encargaría de la planificación y coordinación de las acciones de las diferentes agencias del Gobierno.
El nombramiento de este procónsul, es uno de los ejemplos de la ampliación de la Helms Burton, la que en su Sección 203 establecía la figura de un funcionario coordinador, el cual sería nombrado cuando el Presidente de Estados Unidos determinara que se encontraba en el poder un gobierno contrarrevolucionario en la etapa «democrática».
En Iraq, Paul Bremer fue nombrado como tal después de la ocupación militar, el Bremer para Cuba actuaría desde ahora para provocar el fin de la Revolución y dirigir todo el proceso posterior.
El despliegue inmediato de una avión militar para las transmisiones ilegales, constituye una de las acciones más provocativas y peligrosas, medida como ésta solo se ha tomado anteriormente durante situaciones de guerra, y significa una clara violación de la soberanía cubana, del derecho internacional y de las normas de la Unión Internacional de Comunicaciones.
Un aspecto novedoso es el ataque directo a la familia cubana al restringir aún más los viajes de los emigrados a su país de origen o el envío de ayuda económica a sus familiares, tomándose, además, la atribución de definir quién es y quién no familia, excluyendo de la misma a tíos, tías, primos, primas y otros familiares «no cercanos».
Algunas de las recomendaciones de la Administración Bush.
«Nombrar a un Coordinador de la Transición en el Departamento de Estado que garantice una más amplia aplicación de los proyectos descritos, y que continúe con la planeación para responder a situaciones imprevistas durante la transición».
«Proporcionar un total de $59 millones al Departamento de Estado, USAID y otros organismos pertinentes del Gobierno de los Estados Unidos (para aumentar el presupuesto actual de $7 millones del programa de Cuba), con vistas a»
«Colaborar con terceros países para la creación de un fondo internacional que se utilice para atraer, capacitar y proporcionar recursos a personal voluntario de diferentes nacionalidades que viaje a Cuba a organizar la oposición. Financiar programas para familiares de miembros de la oposición política».
«Ordenar el despliegue inmediato de la plataforma aérea C130 Comando Solo y asignar fondos adicionales para comprar y reacondicionar una plataforma aérea dedicada a la transmisión hacia Cuba de Radio-TV Martí».
«Proporcionar $5 millones de dólares adicionales para las iniciativas de diplomacia pública de las embajadas de los Estados Unidos, con objeto de»
«Aumentar los esfuerzos directos con gobiernos de terceros países dispuestos a aplicar una política firme y dinámica para (1) apoyar a la oposición, y (2) desarrollar marcos normativos para ayudar a Cuba después de la caída del régimen».
«Diseminar información en el extranjero sobre la política exterior estadounidense, sobre Cuba».
«El proceso para la aplicación del Título III de la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana Ley Helms Burton debe garantizar que el Presidente tenga a su disposición todas las opciones normativas, y que se presente al Presidente un análisis riguroso, detallado y completo de las políticas y acciones respecto a Cuba, país por país».
«Para desalentar la inversión extranjera en Cuba en propiedades confiscadas, que son reclamadas por ciudadanos estadounidenses, hay que aplicar firmemente las sanciones de visas del Título IV en contra de los extranjeros que trafican en dichas propiedades (es decir, las usan o se benefician de las mismas), e incluso dedicar recursos adicionales y personal para aplicar y»
«Neutralizar las empresas ficticias del Gobierno Cubano, mediante el establecimiento de un Grupo de Evaluación de Bienes Cubanos (Cuban Asset Targeting Group), en el que participe el personal de las agencias pertinentes para investigar las formas en que las divisas entran y salen de Cuba»
«Eliminar los abusos de los viajes educativos, restringiéndolos a programas de estudio de semestres académicos completos, cuando el programa apoye directamente los objetivos de la política estadounidense».
«Limitando las visitas familiares a Cuba a un viaje cada tres años requiriéndose una licencia específica para ello. Las personas podrían solicitar una licencia específica a los tres años de su última visita. Aquellos recién llegados de Cuba tendrían derecho a solicitar una licencia específica a los tres años de su salida de Cuba».
«Limitar la definición de «familia» para los efectos de visitas a los familiares más cercanos (abuelos, nietos, padres, hermanos, esposos e hijos): y»
«Reducir la cantidad de viáticos autorizada actualmente (la cantidad permitida para gastos de comida y alojamiento para viajes a Cuba), de $164 por día a $50 por día y limitar a 14 días la duración de los viajes».
«Ordenar que las autoridades estadounidenses de ejecución de la ley realicen operaciones encubiertas en contra de redes de «mulas» y otras que transporten dinero ilegalmente, y ofrecer recompensas a quienes delaten los envíos ilegales de remesas, cuando la delación dé lugar a la implementación de la ley».
Capítulo 2. Satisfacer las necesidades básicas de salud, educación, vivienda y servicios humanos.
Cuba evidencia cuanto puede lograrse en salud, educación y bienestar social, pese a las limitaciones materiales debido al criminal bloqueo de Estados Unidos. Los cubanos acceden por igual y de forma gratuita a atenciones en estas esferas que serían un sueño para la mayoría en los países del Tercer Mundo y para decenas de millones en los propios Estados Unidos.
Son logros reconocidos hasta por los propios enemigos de Cuba y diversas organizaciones internacionales dan fe de ello. Sin embargo, el Gobierno imperial, con una mezcla de cinismo e ignorancia, plantea que el Gobierno interventor debe «resolver» los problemas en estas áreas, incluyendo la vacunación de los niños menores de 5 años y el mantener abiertas las escuelas.
Plantean sin embargo, la necesidad de eliminar el sistema de seguridad social, ya que «la economía cubana y el presupuesto del Gobierno después de la transición no serán capaces de sostener el nivel inmerecido y los relajados requerimientos de elegibilidad que el Sistema Comunista permitía».
Los pobres cubanos se quedarían según los deseos de Bush con un sistema de salud como el progresista de la ministra María Julia Muñoz público y de «segunda para los pobres» y de «primera privado para los ricos».
Se «preocupan» por mantener los servicios esenciales de salud, nutrición y orden social, y que las escuelas permanezcan abiertas; pero se desentienden de los costos esperando que puedan ser financiados con fondos que procedan no sólo del Gobierno interventor y los contratistas que estarían esquilmando los recursos del país «sino también de fundaciones filantrópicas, organizaciones especializadas y, empresas que inviertan en el futuro de Cuba». La caridad pública asumiría el financiamiento de estos servicios esenciales.
Los cubanos tendrían hasta la colaboración de Don Francisco con su Teleton famosa y la comisión de Damas tejiendo calcetines para los niños de la calle.
Algunas de las Recomendaciones
«El Gobierno de los Estados Unidos debería estar dispuesto a hacer lo siguiente»:
«Inmunizar inmediatamente a todos los niños menores de cinco años que estén aún por vacunarse contra las principales enfermedades infantiles en el sistema actual de sanidad;»
«Prepararse para mantener abiertas todas las escuelas durante la fase de emergencia de la transición, de manera que los niños y adolescentes no estén en la calle sino aprendiendo durante este período de inestabilidad».
«Iniciar un sistema de seguridad social que sea sostenible como ha sido hecho en otras economías de transición».
«Financiar la transición tanto como sea posible a través de la venta de las propiedades estatales».
«La Administración del Seguro Social de Estados Unidos enviará especialistas para evaluar y proponer los cambios que esta área deberá hacer el Gobierno de transición».
Capítulo 3. Establecimiento de las instituciones democráticas, el respeto de los derechos humanos, el estado de derecho y la justicia y la reconciliación nacional.
Este es uno de los capítulos más abarcadores del proyecto de dominación colonial, la policía, el ejército, el gobierno hasta nivel local, el sistema judicial, el Parlamento, partidos políticos, sindicatos, asociaciones cívicas y profesionales, nada escapa a la intervención imperial.
Previendo el rechazo que traerían las medidas que se proponen realizar, otorgan a la organización de la represión prominencia sobre el resto de los asuntos, así definen como «prioridad inmediata» la organización por el Gobierno de Estados Unidos de una «una fuerza de policía profesional».
El enjuiciamiento a los «funcionarios del régimen», lo consideran «variable clave» de la que «dependerá más que de cualquier otra» la posibilidad del «cambio de régimen»
La potencia administradora de la nueva colonia se propone cambiar leyes y reglamentos, nombrar jueces, diseñar el sistema electoral y finalmente hacer una nueva constitución que consagre el derecho del ocupante y de su gobierno títere.
Algunas de estas recomendaciones:
«Como prioridad inmediata, los Estados Unidos ayudarán a establecer una fuerza policial civil realmente profesional».
«Procesar a los ex funcionarios del régimen castrista».
«El Gobierno de los Estados Unidos contribuirá a la redacción de leyes y reglamentos, la preparación de una nueva constitución y el establecimiento de un sistema de frenos y equilibrios, y toda la variedad de instituciones nacionales y locales en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial».
«Formación de instituciones representativas, como partidos políticos, grupos de interés, sindicatos y otras instituciones políticas, y asociaciones cívicas, profesionales y comerciales. La legislatura nacional, los gobiernos regionales y locales, los tribunales y demás infraestructura legal y judicial, y los nuevos organismos del poder ejecutivo».
«Revisar las leyes laborales y reformar, la estructura y el funcionamiento del Ministerio del Trabajo».
«El Gobierno estadounidense proporcionará asistencia técnica y de fomento de la capacidad, para fortalecer las instituciones, trámites y procedimientos legislativos; de los partidos políticos».
«Crear y fortalecer con el apoyo y asistencia de Estados Unidos un sistema electoral democrático, para la redacción y reforma de las leyes electorales y la capacitación de los funcionarios electorales en cuestiones de inscripción de votantes, mantenimiento de los censos electorales, procedimientos de votación».
«Colaborar con la OEA en apoyar misiones de observación electoral».
Capítulo 4. Establecimiento de las instituciones esenciales de una economía de libre mercado.
El restablecimiento de los derechos de propiedad privada lo consideran «uno de los mayores retos del período de transición», especialmente el proceso de devolución de las propiedades al que consideran «asunto especialmente complejo», particularmente lo relativo a la propiedad residencial, calificándolo como «nudo gordiano» de esa determinación. Los reclamantes incluyen no solo los ciudadanos de Estados Unidos, sino también los antiguos explotadores cubanos que posteriormente adquirieron la nacionalidad norteamericana e incluso aquellos que permanecen como residentes o nacionales de otros países.
La devolución de las propiedades es presentada como la pieza clave para iniciar la recuperación económica, ya que «inversionistas potenciales no querrán involucrarse en Cuba hasta que los asuntos de los derechos de propiedad y la devolución, permanezcan sin ser resuelto» y en consecuencia «mientras más tiempo este tema permanezca pendiente, más tiempo demorará la recuperación económica de Cuba».
En el informe se definen los diferentes tipos de propiedad sujetas a devolución: comerciales, agrícolas y residenciales y a partir de la experiencia de los ex países socialistas adelantan «soluciones».
Para quitar sus viviendas y sus tierras a los cubanos, crean una Comisión para la Devolución de las Propiedades del Gobierno de Estados Unidos para que «pueda realizarse un proceso expedito», aunque reconocen, que las «propiedades residenciales serán un asunto sumamente complejo» y «lleva el potencial de una importante insatisfacción política por parte de un amplio segmento de los cubanos».
Constituirán el Comité del Gobierno de Estados Unidos para la Reconstrucción Económica, que tendrá a su cargo el regreso de Cuba a la economía de mercado con las recetas neoliberales que tanta miseria han causado en América Latina y otras regiones del mundo. Este Comité entre otras tareas tendría, el establecimiento de una nueva política fiscal y monetaria, la liberación del control de precios, incluidos los energéticos, la eliminación de las cooperativas, la privatización total de la economía y la entrega del país a las instituciones financieras internacionales.
Las promesas de recuperación económica mediante la restauración del capitalismo de signo neoliberal extremo, no pueden evitar reconocer que el proceso será «lento y desigual» y recordar que en otros países la llamada transición al modelo de libre mercado ha sido «lenta, dolorosa y políticamente sensible».
El ajuste neoliberal incluye «la revisión radical» del presupuesto nacional, lo cual implica «determinar la necesidad económica y la viabilidad de los numerosos programas sociales».
Hay algo que sin embargo no pueden dejar de decir «el esfuerzo de reconstrucción será largo y costoso y la carga no debe necesariamente recaer en su totalidad sobre los Estados Unidos. Tomará tiempo construir las instituciones nacionales».
Solo falta que los Estados Unidos agreguen «que recibirán una herencia maldita y que Cuba no podrá arreglar en unos pocos años lo que Fidel castro destruyó en 46 años de dictadura».
Finalmente pretenden compartir con la comunidad internacional de donantes, las instituciones financieras internacionales y los organismos de desarrollo de las Naciones Unidas el elevado costo que prevén para la restauración capitalista.
Algunas recomendaciones
«El gobierno de Estados Unidos alentará a que en una etapa temprana de la transición y en los términos más fuertes posibles, se declare las intenciones de Cuba de solucionar el tema de las propiedades lo más rápidamente posible».
«El gobierno de Estados Unidos alentará a una Cuba libre a solucionar las reclamaciones pendientes lo más rápidamente posible, teniendo en cuenta que un proceso largo y complicado no responde a los mejores intereses económicos de Cuba».
«El gobierno de Estados Unidos establecerá una estructura para dirigir las expropiaciones de propiedad, la Comisión para la Restitución de los Derechos de Propiedad, para acelerar este proceso».
«Cualquier daño contra la propiedad antes de una decisión final debe ser tratado como un delito contra el Gobierno».
«Dentro de los elegibles para presentar una reclamación debe incluirse a todos los nacionales cubanos que perdieron su título o posesión y a los nacionales norteamericanos cuyas reclamaciones estén certificadas».
«El gobierno de Estados Unidos establecerá un Comité Permanente para la Reconstrucción Económica que junto al Coordinador para la Transición tendrá a su cargo los planes de reconstrucción específicos a fin de asegurar que agencias apropiadas del Gobierno estén preparadas para implementar estos programas inmediatamente». «El Comité estará integrado entre otros por representantes de los Departamentos de Estado, Comercio, Tesoro, Justicia, Agricultura, Vivienda y la USAID».
«El gobierno de los Estados Unidos estará listo para alentar a una Cuba libre a liberalizar los precios a corto plazo, incluidos los de energéticos»
«El gobierno de los Estados Unidos y las instituciones financieras internacionales deben estar preparadas para ofrecer asistencia, para planificar un programa eficaz de privatización y preparar a las empresas para dicha conversión».
«El gobierno de los Estados Unidos establecerá un Comité Conjunto de EE.UU-Cuba sobre Comercio e Inversión, que se concentre en las relaciones que afecten al comercio y la inversión».
«El gobierno de los Estados Unidos alentará a Cuba a reintegrarse al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la OEA, y a incorporarse al Banco Interamericano de Desarrollo lo más rápidamente posible;»
Capítulo 5. Modernización de la infraestructura.
Para llevar a cabo la reconversión del país resulta necesario modificar la infraestructura económica. La solución que proponen es la privatización de los servicios públicos, la asistencia del Banco Mundial y otras instituciones similares, la venta de equipamiento norteamericano y la intervención en todas las ramas de la economía cubana.
Todo está incluido, la aviación, los aeropuertos, operaciones marítimas, ferrocarriles, carreteras, energía, transportación pública, minería, telecomunicaciones, recursos hidráulicos y muchos otros.
El informe prevé la implementación de estas medidas en los primeros 90 días del nuevo régimen, apoyado jurídicamente en la concertación de acuerdos bilaterales entre el poder interventor y el gobierno títere para lograr la apropiación de los recursos naturales, garantizar jugosos contratos para las empresas norteamericanas y controlar así toda la vida económica del país.
Algunas recomendaciones para llevarlas a la práctica.
«Para abordar las necesidades de infraestructura los organismos del gobierno de los Estados Unidos apoyarán por medio de solicitudes de asistencia, en forma de donaciones, de la comunidad internacional y de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Esas donaciones servirían para ayudar a financiar estudios de factibilidad, mejorar el funcionamiento, mejorar y reemplazar plantas y equipos y llevar a cabo la privatización de los servicios públicos».
«Proveer asesores norteamericanos a los ministerios por períodos de dos años con la opción de renovación de sus contratos».
«Transporte público, Identificar compañías norteamericanas con experiencias en desarrollar y operar estas facilidades y su mantenimiento».
«Carreteras, El gobierno de los Estados Unidos proporcionará asesores al Ministerio de Transporte, para que ayuden a la administración cubana con cuestiones de planificación, construcción y mantenimiento relativas a las carreteras y a los puentes principales y secundarios».
«Aviación realizar evaluaciones detalladas de los aeropuertos cubanos por la autoridad Federal de aviación y establecer un acuerdo de cielos abiertos».
«Asuntos marítimos, el gobierno de los Estados Unidos identificará las necesidades prioritarias en equipo portuario e inversión en infraestructura de puertos y de transporte intermodal».
«Ferrocarriles el gobierno de los Estados Unidos contrataría compañías norteamericanas para evaluar el estado del ferrocarril y otros bienes esenciales de infraestructura ferroviaria, incluido el equipo rodante».
«Energía, realizar evaluaciones integrales de las necesidades, prioridades y planes de adquisición del sector energético, incluido petróleo, gas, las capacidades de refinación y el estudio de la plataforma marítima para su explotación».
«Telecomunicaciones, proveer expertos legales para la redacción de legislaciones sobre el tema, negociar acuerdos bilaterales respecto al espectro radio eléctrico».
Capítulo 6. Identificación y corrección del deterioro ambiental.
Consideran que «las políticas de protección ecológica que han estado en vigor son obviamente deficientes a juzgar por la calidad de la tierra, el agua y el aire, y los hábitats naturales de la isla en la actualidad».
Este capítulo es una muestra del absoluto desconocimiento de Estados Unidos sobre Cuba.
En esta esfera, como en otras muchas partes del documento, el pensamiento imperial se detuvo en 1959, desconocen la institucionalización en todo el país de la cultura del medio ambiente con leyes, programas y proyectos concretos.
Llama especialmente la atención que esta preocupación por el medio ambiente viene de la potencia que no firmó el protocolo de Kyoto, que ha levantado prohibiciones para la perforación petrolera en Alaska y otras regiones y cuyo gobernante recibió el premio Atila en el 2003 por el peor comportamiento ambiental.
Conclusiones finales.
Esto es sólo una muestra de cómo la soberanía cubana sería pisoteada en nombre de la «democracia». Es también el resultado de las frustraciones por los fracasos de quienes lo han intentado todo incluyendo la intervención militar directa en Bahía de Cochinos para destruir la Revolución y que no cesan en sus pretensiones de apoderarse nuevamente de Cuba y eternizar así el conflicto entre las dos naciones.
Para lograr esos propósitos acompañan sus acciones con el diseño de un amplio plan propagandístico de «diplomacia pública» que presenta a Cuba como un país violador de los derechos humanos que alberga terroristas y realiza espionaje en Estados Unidos, fomenta la inestabilidad en América Latina y produce armas biológicas de exterminio masivo que amenaza a la seguridad nacional norteamericana. Creando una imagen que deslegitime internacionalmente al Gobierno cubano y proyecte un país al margen de la comunidad internacional para crear así las condiciones que justifiquen una agresión armada.
Dice Visiones Alternativas que cuando recientemente al presidente de esta Comisión Collin Pawell, le preguntaron porque no «liberaba» a Cuba al igual que se hizo en Iraq, respondió que «no siempre se usan inmediatamente las opciones militares» y enumeró otras posibilidades que la anteceden «aislamiento, sanciones, presiones, actividad económica, muchos instrumentos pueden ser usados» aunque «algunas veces no otra solución es apropiada que el uso de la fuerza militar».
Documento de trabajo sobre el informe de la llamada «Comisión Para Asistir a una Cuba Libre», y el mismo fue publicado en La Habana, Cuba, por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
El gobierno cubano acaba de anunciar que la economía creció este año un 11,8%.
Y el Senador Tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro que Cuba va hacia el ALCA.
Podría ser que fuera así. Pero solo sí Cuba cambiara tanto que tuviera un sistema político, económico y social como el uruguayo, un gobierno como el frenteamplista y un Senado con ex guerrilleros senadores, como Huidobro.
23 de diciembre de 2005