¿Existe un estado de excepción en Cataluña?

Los acontecimientos se están produciendo tan rápidamente en Cataluña estos días, que es posible que tengamos que contar nuevas noticias cuando este artículo se publique. Pero atengámonos, de momento, a lo ocurrido hasta ahora. La claridad de ideas y de conceptos, y la detección de las hábiles manipulaciones del lenguaje llevadas a cabo por la derecha política, social y mediática es fundamental para no caer en sus sucias trampas, y no perder el norte. La razón última de todo lo que está ocurriendo se soporta sobre la escasez de cultura democrática de nuestro país, hecho lógico y explicado por los cimientos de una sociedad postfranquista proveniente de la época de la Transición y del régimen de la Constitución de 1978. De ahí surgen una clase política y unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que únicamente entienden de represión, de la ley entendida como preservación del orden público, y de unas Fuerzas Armadas entregadas a la élite gobernante, representante a su vez de los grandes poderes económicos. Cualquier observador entenderá que hablar de democracia real con estos mimbres se antoja, cuando menos, extraño. Unos gobernantes que no están acostumbrados a atender a la democracia participativa, ni entienden el concepto de soberanía popular, sino únicamente el de soberanía nacional, que aunque la aplican al pueblo español, llevan muchos años cediéndola a las condiciones impuestas por la Troika europea.

Todo ello derivado, como decimos, de un régimen asentado en la Carta Magna de 1978, y de la cual hablan en tiempos verbales recientes, como si la hubiéramos refrendado el mes pasado. Una Constitución no puede ser inmovilista, fosilizada, momificada, alabada como si de un texto sagrado se tratara. Una Constitución es hija de su tiempo, y por tanto, obedece a la concepción del mundo que poseen los líderes y los pueblos que las refrendan. Y también, obviamente, son hijas de las circunstancias que rodean a ese tiempo, y por consiguiente, cuando dichas circunstancias cambien (primero hay que propiciar que cambien) también deben adaptarse las leyes, y en última instancia, su Constitución como ley suprema. Para el caso que nos ocupa, mucho se está criticando la ausencia de garantías del referéndum del próximo día 1 de octubre, y que precisamente por esto no puede ser comparado con los referéndums de Escocia o Québec, pero se olvida decir que fueron precisamente los Estados correspondientes (el británico y el canadiense) los que negociaron con dichos pueblos las condiciones y el reconocimiento de dichas consultas vinculantes. Pedir al Gobierno catalán que ofrezca garantías cuando quien debe ofrecerlas es el Estado español, es un ejercicio de claro cinismo. El Gobierno del PP ha tenido muchas oportunidades para frenar las ansias independentistas (desde el proyecto de Estatut del año 2006), y también, muchas ocasiones para pactar con el Gobierno catalán las condiciones para un referéndum con garantías. Nunca ha querido hacerlo. Y no porque no quepa en la Constitución, ni porque sea ilegal, ni porque quiebre la soberanía nacional, ni porque vaya a romper España, sino simplemente porque ellos no entienden la democracia en su amplia dimensión, la democracia real. Sólo entienden la democracia como el marco de expresión de las leyes vigentes, unas leyes que ellos (el bipartidismo imperante) llevan controlando desde los últimos 40 años.

A raíz de este escenario, absolutamente patético e impropio de un Estado que se autodenomina «Social y democrático de Derecho», estamos asistiendo a una escalada de tensión progresiva que ya ha alcanzado matices preocupantes. Una escalada de tensión que se ha trasladado como era de prever a la propia sociedad civil, a las organizaciones sociales, al pueblo llano, que sin duda provocarán un profundo impacto de huellas impredecibles. El Gobierno del PP está provocando un bochornoso y lamentable espectáculo, más propio de dictaduras que de regímenes democráticos del siglo XXI. Se nos había dicho que cualquier idea podía defenderse por medios pacíficos, pero parece ser que nos engañaban. Porque las únicas ideas que pueden defenderse son las que no pongan en peligro el estatus quo de los gobernantes, de los poderes fácticos y del régimen que los sostiene. Sostener y difundir cualquier otra idea ya roza la ilegalidad, y está expuesta al hostigamiento y al cerco a la libertad ideológica que vivimos desde los últimos años. El Gobierno de Mariano Rajoy está llevando a cabo una serie de medidas de profunda represión desproporcionada, absolutamente centradas bajo el mantra de que el referéndum «no se puede celebrar». Pero están equivocados. El referéndum se puede y se debe celebrar. Lo que no existe es voluntad política para celebrarlo. Y ante ello, los ataques ideológicos van dirigidos enmascarados en la fuerza de la justicia, y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. La Real Academia Española de la Lengua (RAE) define estado de excepción como «…el que declara el Gobierno en el supuesto de perturbación grave del orden y que implica la suspensión de ciertas garantías constitucionales». ¿No es esto exactamente lo que está ocurriendo en Cataluña, simplemente porque el pueblo catalán quiere votar?

Si repasamos brevemente la reciente historia de España, nos daremos cuenta de que desde la muerte del dictador, el Estado español siempre ha optado por la vía de sofocar el deseo de reconocimiento nacional, democracia y libertad: cierre de medios de comunicación, Ley de Partidos, reformas jurídicas represivas, violaciones de derechos humanos denunciadas por organismos internacionales, endurecimiento del Código Penal, supresión de derechos políticos y civiles, recortes en derechos y libertades públicas básicas, etc. Y ahora, el régimen del 78 está mostrando más que nunca su faz autoritaria, su condición de régimen heredero de la dictadura. Y como siempre en estos «grandes asuntos de Estado», PP y PSOE van juntos, se apoyan y se complementan. En este caso, además, con la nueva muleta de Ciudadanos, aún más fanático que el propio PP para ciertos asuntos. Los síntomas son claros: detención de altos cargos electos, persecución de alcaldes catalanes que han ofrecido locales públicos para votar, requisa de urnas y papeletas mediante registros en diversas naves industriales, intervención de las cuentas públicas de la Generalitat, limitaciones a la libertad de expresión y reunión, secuestro de propaganda política, cierre de sitios web, prohibición de actos públicos donde se iba a debatir sobre el derecho a decidir, utilización de la Fiscalía General del Estado (y por ende, de la Fiscalía Superior de Cataluña) con fines políticos y partidistas, asalto de la Guardia Civil a las instituciones catalanas, llegada masiva en Ferrys de ingentes operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…En fin, todo un corolario de actos, decisiones y medidas al más puro estilo fascista y represor, desplegado en cuanto el Estado ve peligrar sus intereses.

Un conjunto de acciones impropias de una democracia, y que son una clara muestra de la incapacidad de un régimen injusto, obsoleto, caduco y anacrónico, que aún mantiene una Monarquía o unos privilegios indecentes a la Iglesia Católica, por citar sólo dos características muy significativas. Un régimen incapaz de entender el pluralismo político, la plurinacionalidad del Estado y la visión de una España diversa y heterogénea, en vez de la visión rancia y uniforme que ellos preconizan. Se reprocha a los dirigentes catalanes que adopten vías radicales y unilaterales, pero no se dan cuenta de que mientras el Gobierno del Estado español esté ocupado por la horda neofranquista, será absolutamente imposible pactar ningún tipo de referéndum, ni celebrar cualquier consulta popular con garantías vinculantes. Jamás van a permitir eso por las buenas, porque eso supone resquebrajar la consistencia del régimen, abrir una brecha por donde puedan celebrarse otros procesos constituyentes, y abrir paso a una República delante de sus narices, que ponga en cuestión la solidez y garantías de sus privilegios. ¿Cuál es la solución entonces? Empujar, presionar, desobedecer, insistir…Es decir, la vía de la fuerza, contra la vía de la represión. La vía de la desobediencia y la movilización popular frente a la vía de la intolerancia y de la imposición. No cabe otra. Y en este sentido, la historia siempre ha jugado a favor de los pueblos. La voluntad popular siempre acaba imponiéndose a los regímenes que quieren oprimirla. Seguramente no dejarán votar en libertad al pueblo catalán el próximo 1 de octubre, pero la movilización y la protesta popular, lejos de disminuir, continuarán aumentando y demandando mayores cotas de democracia y de participación. El reto y el desafío al régimen del 78 no ha hecho más que empezar.

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