Los cerca de 100 expertos que se han reunido este fin de semana en Madrid convocados por Ecologistas en Acción en las primeras Jornadas sobre Delincuencia Urbanística han discutido sobre la problemática jurídica (penal, pero también contenciosa) de las ilegalidades que se cometen en las prácticas urbanísticas. Los abogados, fiscales y expertos en urbanismo reunidos […]
Los cerca de 100 expertos que se han reunido este fin de semana en Madrid convocados por Ecologistas en Acción en las primeras Jornadas sobre Delincuencia Urbanística han discutido sobre la problemática jurídica (penal, pero también contenciosa) de las ilegalidades que se cometen en las prácticas urbanísticas.
Los abogados, fiscales y expertos en urbanismo reunidos han constatado que existe una gran impunidad en muchas zonas de la geografía española con las construcciones ilegales. Las grandes áreas metropolitanas y el litoral concentran gran parte de esas actividades ilícitas.
En la mayoría de los casos las irregularidades se amparan en una generalizada falta de vigilancia y control por parte de las administraciones encargadas de ello y en una fuerte presión de algunos poderes económicos locales. En algunos casos, incluso, empiezan a estar ligadas a mafias que irrumpen con un tremendo poder económico y que crean dinámicas sociales y políticas muy difíciles de controlar.
Entre las conclusiones que se han planteado en las Jornadas se destaca que:
Hace falta una reforma de la legislación del suelo, de vivienda y de fiscalidad y haciendas locales que permita proteger de la actividad urbanizadora las zonas forestales y otras de interés ambiental, que incentive la rehabilitación y el alquiler de viviendas vacías y que reoriente la financiación de los Ayuntamientos de manera que no dependan de los ingresos derivados de las licencias urbanísticas.
Se deben reforzar los mecanismos de vigilancia, control e investigación de las ilegalidades urbanísticas tanto a nivel administrativo como judicial:
– Reforzamiento de las Secciones de Medio Ambiente y Urbanismo de las Fiscalías y apoyo desde la Jefaturas de las mismas y desde la Fiscalía General del Estado a los fiscales ante las presiones de los poderes públicos y económicos.
– Reforzamiento del SEPRONA y de las policías autonómicas para poder atender con más efectividad a este tipo de infracciones.
Consideración explícita del carácter de policía judicial de los colectivos de Agentes Forestales, de manera que no puedan ser cuestionadas sus actuaciones en la persecución de los delitos contra la ordenación del territorio y su acceso directo a las fiscalías.
Se deben incrementar los instrumentos legales (procesales y de medios) para hacer efectivas las resoluciones, tanto administrativas como judiciales, de paralización y, en su caso, de demolición de obras y edificaciones ilegales.
Hace falta un desarrollo adecuado de la jurisprudencia sobre los delitos contra la ordenación del territorio de manera que queden superadas algunas interpretaciones restrictivas que se están haciendo por parte de juzgados como, por ejemplo, no incluir al autoconstructor como posible sujeto activo del delito.
Más información: Mª Angeles Nieto 656925082