Políticos y expertos en sanidad analizaron el jueves en el Colegio de Médicos de Madrid la reforma sanitaria impuesta por el gobierno del Partido Popular (PP) en un debate organizado por Amnistía internacional (AI) con el objetivo de «examinar las implicaciones legales y sociales producidas por las profundas medidas adoptadas al amparo del contexto económico» […]
Políticos y expertos en sanidad analizaron el jueves en el Colegio de Médicos de Madrid la reforma sanitaria impuesta por el gobierno del Partido Popular (PP) en un debate organizado por Amnistía internacional (AI) con el objetivo de «examinar las implicaciones legales y sociales producidas por las profundas medidas adoptadas al amparo del contexto económico» y de «evidenciar el impacto que ha tenido esta reforma en la asistencia médica prestada por los profesionales sanitarios».
El acto, que comenzaba poco después de las siete de la tarde y se prolongó durante más de dos horas, permitió intervenir tanto a expertos en la materia como a los representantes de los partidos políticos que acudieron a la llamada de la ONG. Entre ellos se encontraban José Manuel Freire, que asistió como portavoz de Partido Socialista (PSOE); Ana Castaño Romero, representante del consejo estatal de Podemos; Mauricio Valiente, de Izquierda Unida (IU); Enrique Normand, portavoz de sanidad de Unión Progreso y Democracia (UPyD); Sofía Miranda, de Ciudadanos y Stefen Meyer, en representación de EQUO. Entre otras ausencias destacó la del Partido Popular (PP), que no asistió a la cita a pesar de que Amnistía Internacional (AI) ha asegurado que recibieron la invitación.
Frente a ellos, en la mesa de expertos, se sentaron Itziar Ruiz-Giménez, de AI; Manuel Espinel, Presidente de Médicos del Mundo Madrid y Alberto López García-Franco, presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria (SoMaMFyc). El encuentro estuvo presentado por Ana Sánchez Atrio, Vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, y moderado por Safira Cantos, Coordinadora de AI Madrid.
La representante de AI, Itziar Ruiz-Giménez, abría el debate denunciando una reforma sanitaria que, alertaba, «ha conllevado que la mayoría de la población migrante no disponga de una Seguridad Social gratuita e igualitaria con respecto al resto de los ciudadanos». También aseguró que las medidas que aprobó el Gobierno hace tres años «incumplen los tratados internacionales que dicen que derechos humanos como la sanidad no pueden ser retirados en tiempos de crisis económica sino todo lo contrario, subsistiendo con plena vigencia la obligación del Estado de garantizar ese derecho a todas las personas que viven en España». Y recordó, además, «que el Gobierno en ningún momento probó que había estudiado todas las alternativas posibles antes de recortar los derechos».
Manuel Espinel, que comenzó su exposición agradeciendo «la presión» que ejercen los ciudadanos de forma anónima y las organizaciones civiles para poner en conocimiento de la Administración la gravedad de la situación, relató algunas de las situaciones de precariedad que sufren a diario pacientes y médicos en sus consultas, situaciones de las que él mismo es buen conocedor como profesional sanitario en activo y que, a su juicio, han sido provocadas por la reforma.
El Dr. López centró a continuación su intervención en la desigualdad social que, a su parecer, ha arraigado en el Estado español fruto de las reformas sanitarias, lamentando que «mientras en el año 2000, la ONS situaba a España entre los diez países del mundo con mejor sanidad, actualmente el sistema nacional de salud se ha convertido en un ‘sistema de aseguramiento’ encaminado a enriquecer empresas privadas». La situación, advirtió López «podría ser peor si los profesionales sanitarios no estuviesen practicando la desobediencia y la objeción de conciencia, no sin trabas por parte del sistema» y recordó la existencia del Registro Estatal de Exclusión Sanitaria (REDES) creado por SoMaMFyc en colaboración con la Plataforma Yo Sí Sanidad Universal que refleja que los más pobres, no sólo viven peor sino que, además, enferman más y viven mucho menos.
Para demostrar los datos, López aludió a recientes estudios de epigenética y expuso gráficas y estadísticas que mostraban un aumento de la mortandad en determinados barrios de Madrid que llega a duplicar los de otras zonas más ricas de la capital. Respecto a la probabilidad de enfermar «el código postal es tan importante como el código genético», concluyó.
En el turno de palabra de los representantes políticos, éstos trataron de explicar sus proyectos en materia sanitaria y cómo podrían solucionar la problemática tratada en el debate.
A este respecto, el portavoz del PSOE José Manuel Freire destacó que él es «responsable de la administración que incluyó la beneficencia en el sistema sanitario» y que su partido «ha combatido por todos los medios posibles la medida anticonstitucional impuesta por el PP» y «lo ha llevado al Tribunal Constitucional». De cara al futuro, se comprometió de una manera clara y rotunda a «constitucionalizar el derecho a la sanidad de todos los ciudadanos» haciéndolo universal y «eliminando excepciones y privilegios».
Mauricio Valiente, de IU, se refirió a la importancia de visibilizar el problema sanitario y ponerle cara, advirtiendo de que «no sólo existe exclusión derivada del Real Decreto del PP» sino también una «exclusión de hecho consecuencia la precarización del modelo laboral» que, asegura, afecta a los migrantes más precarios y que provoca una menor utilización del sistema sanitario, «contrariamente a lo que argumenta el Gobierno para justificar los recortes».
Enrique Normand deUPyD manifestó, por su parte, su posición «en contra de la exclusión sanitaria para inmigrantes en situación regular» y su intención de «recuperar el carácter de universalidad que ha perdido el sistema sanitario», aunque no especificó la opinión de su partido sobre los migrantes no regularizados por el Estado y reconoció que la reforma «no supone una medida real de ahorro».
La representante del Círculo Estatal de Podemos, Ana Castaño Romero, también insistió en la premisa de su partido de recuperar una sanidad «pública, universal y de calidad» y también de innovar en este sentido y mostró su preocupación por «el daño que podrá causar el reciente Tratado de Libre Comercio -el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP)-» y dijo que «la salud no puede ser un objeto de consumo ni se puede mercantilizar», calificando de «engaño» los argumentos del Gobierno para llevar a cabo la reforma.
En esta misma línea habló el portavoz de EQUO Stefen Meyer que destacó la crítica internacional a la postura del Gobierno respecto a sanidad y a derechos sociales poniendo como ejemplo la nueva Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Partido Popular, conocida popularmente como ‘Ley Mordaza’. Meyer se comprometió además a vigilar las desigualdades sociales y sanitarias en Madrid mediante la creación de un observatorio gestionado por profesionales.
Cerró el debate Sofía Miranda, de Ciudadanos, que afirmó que «la Sanidad Pública es un pilar básico del sistema de bienestar», algo que, defendió «no es incompatible con la calidad y la eficiencia». «Ha quedado demostrado en estos años que la privatización de un hospital no supone una mejor gestión de los recursos públicos», sostiene Miranda, que afirma además que el Real Decreto que tildó de «pantomima» y de «medida absurda», ha aumentado la desigualdad entre los ciudadanos. Miranda aseguró además no comprender «por qué la cobertura sanitaria es diferente en cada región del Estado», algo que, lamenta, «contradice el principio de universalidad».
Amnistía Internacional, de acuerdo a una evaluación que ha realizado del Estado español, considera que «no se están cumpliendo algunas de las recomendaciones realizadas en 2010 por otros estados y que el anterior Gobierno aceptó». Particularmente preocupantes considera la ONG cuestiones como: los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil, la violencia de género, el régimen penitenciario de incomunicación que aún se practica en el Estado o el anteproyecto de ley sobre el aborto que no llegó a ser aprobado.
AI ha presentado además recientemente un extenso informe sobre las vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares titulado «El Laberinto de la Exclusión Sanitaria» que se puede descargar desde su página web.
Fuente: http://disopress.com/gallery.php?mode=all&id=ODgwMTEzMWU2ZjI5Nzc=&page=1