Los inmigrantes reciben en España golpes desde las altas instituciones del Estado y también de empresarios de pequeña y mediana escala que no sólo abusan de ellos, sino que también los maltratan físicamente.
Desde el gobierno no sólo se endurece la legislación sobre los inmigrantes, sino que éstos continúan acosados por las fuerzas policiales.
«En las bocas (salidas) del ‘metro’ (tres subterráneo), locutorios, restaurantes o discotecas nos persiguen, pidiéndonos documentos y deteniendo a quienes no los llevan encima», afirmó Irma Pérez, presidenta de la Federación de Asociaciones de Paraguayos en España.
Pérez encabezó a los representantes de cuatro asociaciones que denunciaron esta semana ante la justicia el acoso policial, práctica que fue negada por el ministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
Los inmigrantes sufren también en manos de sus empleadores, algunos de los cuales llegan a vejarlos. Un caso se produjo el 25 de septiembre, en la isla Santa Cruz de Tenerife, donde Luis Beltrán Larrosa, un trabajador de nacionalidad uruguaya y sin permiso de residencia sufrió un ataque cardíaco, ante lo cual el empresario lo arrastró a la calle y lo abandonó en el suelo.
Su hijo, Pablo Larrosa, denunció el hecho ante la justicia y relató a Radio Club Tenerife que numerosos vecinos presenciaron el hecho, llamaron al hospital y vieron como el equipo médico lo encontró con vida y lo auxilió, pero sin lograr evitar su muerte por infarto. Los médicos pudieron constatar, añadió, que la víctima presentaba hematomas en su cuerpo.
Otra situación vejatoria se produjo en los primeros días de junio en la ciudad de Gandia, ubicada sobre la costa norte del mar Mediterráneo, donde un inmigrante que labora sin contrato sufrió un accidente en su trabajo y perdió un brazo. El empresario tiró el brazo en un contenedor de basura y dejó al herido abandonado en la calle.
Una situación que también preocupa en extremo a las asociaciones defensoras de los inmigrantes es el mal trato que reciben en los centros de internamiento para extranjeros, dependientes del Ministerio del Interior, donde son alojados los llamados «sin papeles» antes de concretar su expulsión del país, que puede tardar meses.
Para tener una idea del rigor que se aplica a los «sin papeles» es bueno tener presente que España se convirtió en 2008 en el país de la Unión Europea (UE) que concede menos visados de asilo y refugio, ya que sólo atendió a 16 por ciento de los solicitantes y de éstos finalmente sólo concedió el estatuto de refugiado a siete por ciento, que equivale a unas 160 personas.
Esto en un país en el que, según el censo 2008 del oficial Instituto Nacional de Estadísticas. 11,3 por ciento de la población es de nacionalidad extranjera, con una tasa de inmigración que en este siglo es cuatro veces mayores que la media de Estados Unidos y ocho más que en Francia, ocupando en la actualidad el decimoquinto lugar por cantidad de inmigrantes en la UE, o sea solo 0,99 por ciento del total del bloque.
La cantidad de extranjeros censados en España llegó el año pasado a 5.220.600 personas, 11,3 por ciento del total de la población del país, y al término del primer semestre de 2009 subió a 5.598.691, es decir 12 por ciento del total.
La organización no gubernamental Amnistía Internacional, en su informe anual 2008, destacó que la tortura y malos tratos a manos de quienes deben «hacer cumplir la ley» continuaron «siendo frecuentes» en España, donde se mantiene «la detención en régimen de incomunicación».
Esta organización humanitaria con sede en Londres sostiene que España se encuentra en el mismo nivel que Kazajistán, Ucrania, Turquía, Rusia y Uzbekistán con su falta de respuesta judicial a las denuncias de torturas y malos tratos de los inmigrantes detenidos y acusa al gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de no responder a esas denuncias.
Al término de las vacaciones de este mes, el gobierno llevará al parlamento el debate sobre la reforma de la Ley de Extranjería propuesta por el Ministerio de Trabajo e Inmigración y que, entre otras cosas, incluiría la ampliación del tiempo de reclusión en centro de internamiento de los «sin papeles» de 40 a 60 días.
Además se endurecerán las condiciones para el reagrupamiento familiar, aumentando de tres a cinco años el tiempo de residencia en España del inmigrante que quiera traer a este país a su familia.
También se seguirá adelante con el fortalecimiento de las fronteras, tanto por acuerdos bilaterales con países como con el aumento de las dotaciones de las fuerzas y equipos de seguridad, tanto terrestres como marítimos, para impedir el ingreso de inmigrantes sin papeles.
Ante esta situación, las organizaciones de inmigrantes responden movilizándose.
«Iremos desde Barcelona a Madrid caminando para defender a los inmigrantes que llegan a nuestro país y cuyos derechos no son respetados», dijo a IPS Hugo Colacho, presidente de la Federación de Asociaciones de Inmigrantes del Vallés, ubicada en Barcelona, capital de la Comunidad Autónoma de Cataluña, una de las 17 que integran España.
Colacho añadió que el proyecto impulsado por su Federación consiste en atravesar esos 700 kilómetros en 28 días, acompañados de miles de personas, pertenecientes a organizaciones que apoyan y defienden a los inmigrantes.
Entre ellas están el Consejo de Entidades de Inmigración, América España Solidaridad y Cooperación, SOS Racismo y la Federación de Asociaciones de Paraguayos residentes en España cuyos representantes participarán el 28 de octubre en Madrid en una Asamblea General de Asociaciones de Inmigrantes de todo el país.
Sobre la situación de los inmigrantes también se pronunció con claridad la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española de la Iglesia Católica, tras una reunión realizada el 25 y 26 de junio en Madrid.
Los obispos expresaron «una seria preocupación ante las propuestas legales que, emanadas de las Directivas europeas, puedan en su caso, afectar a la dignidad de los hermanos emigrantes y sus familias y a las personas e instituciones que promueven su integración en nuestra sociedad».