1.- La palabrería institucional y sindical de “salarios dignos y empleos de calidad”
La burguesía española o extranjera, las multinacionales o todo aquél que piensa invertir en un territorio determinado debe encontrar las condiciones apropiadas para ello, de otro modo no invierte por más que se le ofrezcan todas las ventajas del mundo. En este orden de cosas, en Extremadura tenemos unas carencias importantes que tienen una base histórica en un Estado que sirviendo los intereses de latifundistas y burgueses nos ha marginado y nos sigue marginando, situándonos en la actualidad en una clara posición de desventaja respecto a otros territorios del Estado español. La visión burguesa del territorio extremeño nos sigue considerando como un buen productor de mano de obra y de materias primas para otras zonas desarrolladas del Estado Español y de la Unión Europea.;
Viene siendo muy corriente entre la “izquierda progresista e institucional”, sindicatos oficiales CCOO y UGT y el propio gobierno regional reclamar de cara a la galería en sus frecuentes encuentros y reuniones la importancia de que vengan industrias a Extremadura por lo que aportan en “empleos de calidad y salarios dignos”.
Sin embargo, estas organizaciones nunca han tenido en sus planes ni programas considerar una planificación democrática de la economía extremeña que especifique qué “tipo de industrias” son las que tienen una trascendencia vital y respondan a los intereses de las clases trabajadoras, población extremeña y respeten nuestros recursos naturales. En definitiva, como buenos administradores de los intereses de las burguesías regionales y nacionales no se atreven a definir un marco público que indique las líneas más adecuadas para el desarrollo económico de la región y el bienestar de su población, así como, descartar claramente aquellos procesos industriales que vienen a exprimir a nuestra fuerza de trabajo y destrozar nuestra fauna y flora.
Hasta la fecha, ha predominado la idea bastante consolidada de encontrar soluciones a nuestro atraso económico buscando el interés de mecenas venidos de fuera con capacidad para instalar emporios industriales. Este ha sido un pensamiento general con el que nos han confundido pero que lo único que demuestra es la incapacidad y sumisión de quienes han dirigido y dirigen la política extremeña. Tanto la propia Junta de Extremadura como el gobierno de España han renunciado históricamente a llevar a cabo una reforma agraria en combinación con procesos inversores basados en el aprovechamiento de los recursos productivos autóctonos, agrícolas y ganaderos y el apoyo a nuestros agricultores y empresarios para desarrollar una economía extremeña con garantías y expectativas de futuro.
2.- La despreocupación por la aplicación de la Ley de Riesgos Laborales y de las condiciones de salud en algunos centros de trabajo.
Hay cuestiones que ponen de manifiesto que los intereses del gobierno regional y de los sindicatos que lo apoyan no tienen nada que ver con las aspiraciones de las clases trabajadoras extremeñas. Un ejemplo claro que descubre la palabrería utilizada por quienes tienen una posición institucional o sindical en el interior de las grandes empresas extremeñas, contradictorio con las proclamas de “empleos de calidad y salarios dignos”, es el hecho de que no muevan un dedo para interesarse y conocer cuáles son las condiciones laborales y los salarios de la población trabajadora extremeña en algunas grandes industrias y en otros centros laborales de la región en donde sufre una fuerte explotación salarial. Así, no resulta extraño que individualmente sin defensa ni apoyo colectivo los trabajadores encuentren muchas dificultades para reaccionar ante el incumplimiento de los convenios colectivos o denunciar la realización de tareas laborales en unas condiciones de trabajo y ambientales con rasgos opresivos y agobiantes que están fuera de lo establecido en las normas legales existentes.
En este orden de cosas, los sindicatos y el gobierno de la Junta debieran conocer mucho mejor todo lo relacionado con la salud laboral y sobre todo controlar el cumplimiento de la aplicación de la Ley de prevención de riesgos laborales que deja mucho que desear en algunos centros de trabajo de grandes empresas en las que sus dueños y directivos reciben premios y honores de los organismos públicos, y probablemente subvenciones, por su gran contribución al empleo y a la generación de riqueza.
3.- La política actual del gobierno regional.
La política actual por la que se inclina el gobierno regional con el soporte de unos sindicatos que viven a su sombra se centra en llevar a cabo un sostenido proceso de atracción y relocalización de las industrias. Así, en materia económica-administrativa el eje fundamental es ofrecer las facilidades materiales que nuestro territorio puede brindar al capital: mano de obra muy barata, exenciones fiscales, tolerancia en el despiadado ataque al medio ambiente, condiciones laborales leoninas de hiper explotación, acomodo y ausencia de sindicatos.
En todo este proceso, el gobierno regional recibe el aval de un estado empobrecido con una deuda que supera el 120 % del PIB, dependiente de las entidades financieras internacionales como el BCE, y sumiso al imperialismo americano. A su vez, el gobiernillo regional se apoya en unas oligarquías locales que chupan de la teta institucional a base de pequeñas ayudas y subvenciones, pues no hay mucho que repartir.
La clase trabajadora, desde un obrero agrícola, un camarero, personal de servicio hasta un profesional con título de ciclo formativo o licenciatura con especialización en master postgrado, están incluidos en el mismo círculo de la precariedad: contratos injustos, falta de prestaciones sociales, siniestralidad laboral creciente, facilidad para el despido. En definitiva, con una probabilidad de la desocupación que asusta cada día más
4.- La inflación como castigo del capital a las clases trabajadoras y a la mayoría social.
La inflación en Extremadura en el mes de agosto respecto al año anterior es de 11,5 % lo que exige un incremento de salarios y pensiones que compense la pérdida de la capacidad adquisitiva, y evite que muchas pequeñas empresas y familias se despeñen en la pobreza y exclusión social. La inflación se ceba de manera muy agresiva sobre una numerosa población que en nuestra región viven con ingresos inferiores al umbral de la pobreza, que llega casi al 40 % de sus habitantes, entre las que se encuentran unas 150.000 personas que no supera unos ingresos de 400 euros.
Además, la subida de los precios reducirá la capacidad de los presupuestos regionales para atender las necesidades administrativas y económicas de los servicios públicos a las que debe hacer frente el aparato regional. Por lo que va a resultar plausible que sigan acumulándose las carencias que sufrimos en los servicios públicos sanitarios, educativos, de asistencia a mayores, en viviendas sociales, infraestructuras ferroviarias, etc.
5.- Políticas regionales en algunos casos concretos: viviendas, sanidad y agricultura.
En materia de viviendas seguimos con la pasividad de la Consejería ante el crecimiento de las penurias de las familias. La Junta de Extremadura no cesa en su política ineficiente y sobre todo propagandística para ocultar unos déficits sociales en esta materia. Nos anuncian que recibirá un montón de millones de euros para la rehabilitación y construcción de viviendas en alquiler social, reclamo político que no pasaría de ser una inocentada sino fuera tan doloroso un asunto que provoca el sufrimiento de muchas familias con grandes necesidades habitacionales, cuyo número crece a la par que se incrementen los desahucios y las que no alcanzan a pagar sus alquileres;
La administración pública regional no se preocupa de solucionar estos problemas que se propagan a toda velocidad entre los sectores sociales más desfavorecidos, si bien para oculta sus comportamientos clasistas desarrolla a diario actividades propagandísticas con las que dibuja un futuro de esperanza y bienestar a los extremeños gracias a la acción propulsora que nos darán los muchos millones de euros que caerán con un maná desde diversos fondos europeos.
En materia agrícola, el presidente y altos cargos de la Junta expresan su optimismo anunciando a los agricultores que recibirán más dinero de la PAC y en consecuencia, mejorarán sus ingresos, todo ello, gracias a la capacidad negociadora de la Junta y del gobierno español con Bruselas, Sin embargo, los problemas estructurales del campo no tienen solución en el capitalismo y los precios de los productos agrícolas seguirán estando tirados por el suelo y acelerando la ruina a muchos pequeños agricultores.
En los asuntos sanitarios las quejas de la población son continuas sobre todo por la escasez de especialistas en los centros hospitalarios. Las listas de espera en intervenciones quirúrgicas, pruebas de diagnóstico y primeras consultas son grandes. Los tiempos medios de espera en muchas de las especialidades superan los 3 y 4 meses, siendo especialmente largas en los casos de las intervenciones quirúrgicas que según datos de la propia Junta de Extremadura en algunas especialidades van más allá de los 5 y 6 meses, como en traumatología. El tiempo medio de espera en las diferentes especialidades llega a los 139 días.
En la actualidad, nos encontramos en nuestros pueblos con una fuerza productiva que satisface mínimamente sus necesidades básicas generando mucha plusvalía, y con una masa importante de personas que están fuera del circuito económico, del mercado de trabajo, que crece cada día, sobreviviendo con ayudas sociales de subsistencia y a veces con la solidaridad alimenticia de otras personas. Por eso, a pesar de la desmovilización actual y la enorme alienación a las que nos tienen sometidos, no podemos bajar los brazos y tener claro que mientras haya injusticias hay reacción, por tanto, hay que intensificar el trabajo militante de denuncia y organizar la movilización y la participación como único camino para acabar con las enormes injusticias que genera el capitalismo.
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