Los cubanos que acudirán a votar en las elecciones legislativas del próximo domingo lo harán en un país que en la última década ha experimentado grandes cambios, sobre todo en lo económico, que han marcado profundamente a su población. Mientras el oficialismo insiste en que el «voto unido» es revolucionario, por fuera de los espacios […]
Los cubanos que acudirán a votar en las elecciones legislativas del próximo domingo lo harán en un país que en la última década ha experimentado grandes cambios, sobre todo en lo económico, que han marcado profundamente a su población. Mientras el oficialismo insiste en que el «voto unido» es revolucionario, por fuera de los espacios oficiales aflora dentro de la izquierda en Cuba un nuevo e intenso debate ideológico sobre el futuro del país.
A la mañana siguiente de su designación como líder provisional de Cuba, Raúl Castro se presentaba como una incógnita para sus compatriotas.
Luego de casi medio siglo como «número dos» dentro del Partido Comunista y el aparato estatal, una sorpresiva enfermedad de su hermano Fidel lo había hecho pasar al primer plano. Era un protagonismo que en sus propias palabras asumía con el compromiso de «continuar por la senda que nos ha trazado el comandante en jefe».
Los primeros meses no implicaron mayores cambios. Sin embargo, ya en el primer semestre de 2007 el «general-presidente» comenzó a cuestionar en varios de sus discursos lo que definió como la «falsa unanimidad» en el país. A su juicio, la falta de discusión, de debate formal, le hacía a la revolución tanto daño como sus peores enemigos. «Se debe escuchar a todos con respeto, sin importar lo diferentes que puedan resultar sus criterios», consideró.
Fue un giro inesperado para las dinámicas del ejercicio político en la isla, pero Raúl Castro persistió en esa línea de acción al menos hasta abril de 2011, cuando en el VI Congreso del Partido Comunista -el primero desde 1997- obtuvo amplios poderes para poner en marcha lo que se ha definido como «actualización del modelo económico cubano», la cual dejaría atrás más de cuatro décadas de absoluto dominio estatal sobre la economía. Desde entonces, los llamados a cuestionarse «las causas de las cosas» se fueron convirtiendo en intercambios circunscritos a «los espacios establecidos»; a las asambleas del partido y sus organizaciones afines. Ir más allá puede considerarse como «hacerle el juego al enemigo», o peor aún, la abierta disidencia.
Si bien las reformas emprendidas a partir de 2007 han propiciado un discreto crecimiento económico (un 2 por ciento anual en promedio), sus beneficios no se han distribuido de forma equitativa, lo cual ha generado tensiones y erosionado el apoyo popular a las autoridades; también la participación de la ciudadanía en el sistema político (véase recuadro).
En este contexto, paralelamente al «cierre de filas» en los ámbitos oficiales, ha florecido -sobre todo entre una parte de la intelectualidad- un dinámico debate ideológico sobre el futuro de la isla. Por la variedad de posiciones que la conforman, esa discusión hubiera resultado inimaginable en la Cuba de hace diez años. Sus puntos de atención van de la economía a las interioridades del sistema político y tienen como telón de fondo la expansión creciente de dinámicas sociales propias del capitalismo, con particular eco entre la juventud.
Debates en nuevos ámbitos
Un conocido corto de ficción cubano, Nicanor, refleja desde el humor las condiciones del debate político en Cuba, al desarrollar su trama en un baño, durante el intermedio de una reunión. Hasta allí van muchos de los personajes para felicitar o cuestionar al protagonista, o simplemente a indagar sus motivos para abstenerse en una votación. A ninguno se le ocurre exponer sus verdaderas opiniones en el espacio establecido para ello.
Cabe señalar que, en sus 42 años de sesiones, la Asamblea Nacional de Poder Popular (parlamento) registra una sola votación que no alcanzó la aprobación unánime de sus más de 600 diputados.
Aunque de manera oficial la Constitución faculta a los ciudadanos a ejercer su derecho a opinar y trasmitir reclamos a las autoridades, «marcarse» como crítico resulta poco recomendable en un país donde la práctica totalidad de los empleos públicos y el acceso a servicios, como las guarderías infantiles, dependen de «comprobaciones» respecto de la conducta político-social del solicitante. Además, en el sistema burocrático las decisiones finales están en manos -precisamente- del organismo objeto de las críticas.
Tal vez por eso el intenso debate político e ideológico que aflora actualmente en Cuba se está dando por fuera de los foros formales y oficiales. Más allá de las discusiones espontáneas entre conocidos, el espacio del «baño» del cortometraje mencionado es asumido por Internet. Aunque acceder a ella no siempre resulta fácil ni barato, en los últimos años la red ha logrado una significativa difusión. A través de ella el «cubano de a pie» recibe informaciones que muy pocas veces están en los medios oficiales, y a través de ella intercambian ideas amplios segmentos de la intelectualidad dentro y fuera de la isla.
Del cuentapropismo y otros «demonios»
El funcionamiento del naciente sector privado en Cuba (véase «La revolución privada», Brecha, 24-VIII-17) es uno de los temas centrales del debate político. A mediados de 2017 el primer vicepresidente de los consejos de Estado y de Ministros, y más probable sucesor de Raúl Castro en la presidencia, Miguel Díaz-Canel, dedicaba buena parte de un encuentro con dirigentes a criticar a «algunos empresarios privados que intentan construir una imagen idealizada de la Cuba de antes de la revolución». Aquella conferencia, convenientemente filtrada y difundida a través de pendrives, fue el anticipo de las medidas que en agosto pasado adoptó el gobierno para el «perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia» (del sector privado) y que, en la práctica, han supuesto la puesta en pausa de su expansión.
Hasta agosto de 2017 Raúl Castro había apostado todas sus fichas a las «nuevas formas de gestión no estatal». Esa denominación genérica comprende el incipiente sector privado y las «cooperativas no agropecuarias», que han generado el 72 por ciento de todos los empleos creados de 2010 a la fecha, según señaló el economista Ricardo Torres en Progreso Semanal, una de las pocas revistas que se editan fuera de Cuba y que cuenta con el reconocimiento oficial del gobierno.
Sin embargo, en las instancias de poder se las sigue mirando con recelo. Tal posición fue expresada públicamente a mediados de febrero por Marino Murillo, el vicepresidente a cargo de las reformas, pero no es nueva entre los inquilinos del Palacio de la Revolución. Casi desde el comienzo de la «actualización del modelo», el propio Raúl Castro se vio obligado a asumir la defensa de los «cuentapropistas», reclamando que se les considerara «tan revolucionarios como cualquiera de nuestros otros trabajadores».
Por eso muchos se sorprendieron cuando el general-presidente tomó la palabra para criticar «los excesos cometidos» en el proceso de apertura.
Discusión abierta
«El sector no estatal ha enfrentado un marco regulatorio inadecuado y siempre cambiante», detalló Torres. «En lugar de limitar el desarrollo del sector, Cuba necesita pensar cómo va a aprovechar al máximo sus recursos humanos. Crear empleos y aumentar la productividad requieren inversión, y ésta, un marco seguro», opinó este investigador.
Es un punto en el que coinciden la mayoría de los estudiosos cubanos sobre el tema, que, como el destacado economista Juan Triana, se cuestionan hasta qué punto le corresponde al gobierno mantener bajo su responsabilidad hasta los más pequeños negocios. «Producir croquetas no debiera ser parte de las preocupaciones de un Estado que debe garantizar la salud y la educación de forma masiva a toda la población», apuntaba el profesor de la Universidad de la Habana en un artículo reciente. A su juicio, las autoridades deberían centrarse en establecer las normas más adecuadas para la actividad y fiscalizar que sean cumplidas.
Se trata de un campo abierto a la discusión. El investigador social Fernando Luis Rojas alerta sobre el grado de desprotección en que se encuentran los empleados del sector privado, y la necesidad de políticas públicas que garanticen sus derechos (véase «La difícil lucha sindical», Brecha 24-VIII-17). El tema sigue siendo una asignatura pendiente y no sobresale en la línea de acción de las instancias de poder.
La revisión de una parte significativa de las medidas ya implementadas, y la suspensión de otras que se anticipaban como inminentes, han colocado al futuro de la «actualización» entre signos de interrogación, sobre todo por el hecho de que «las reformas abren nuevos espacios a nuevos actores que no lo son plenamente sin derechos y deberes regulados (…) para este fin sería necesaria una revisión de las comprensiones sobre ‘control popular’ y ‘sociedad civil socialista’ referidas en los documentos de la reforma», sugiere el doctor en ciencias históricas Ariel Dacal.
Si bien a juicio de Raúl Castro y el gobierno, la actualización -en el discurso oficial «reforma» se considera un término alusivo al capitalismo- es un proceso que debe desarrollarse únicamente en el campo de la economía, para algunos segmentos de la intelectualidad y parte de la población la necesidad de cambios va más allá.
El propio Dacal, en otro texto, apuntaba: «En cualquier modelo la representación es necesaria. La diferencia está en quiénes eligen a las/los representantes y, en consecuencia, a qué intereses responden». Este tipo de críticas son expresadas justamente desde sectores que se autodefinen como socialistas, pero que no ocultan sus dudas con respecto a «un mecanismo invisible de selección de cuadros que ha permitido privilegiar líneas de pensamiento determinadas dentro de las fuerzas que componen la revolución».
Los autores de esta cita son los integrantes de La Joven Cuba, una publicación en Internet que desde hace varios años llama a democratizar las dinámicas del Poder Popular, haciéndolas más participativas. Incluso el nombre de la plataforma alude a un movimiento revolucionario que en la primera mitad del siglo XX estuvo a punto de conquistar el poder a través de la lucha armada. Antonio Guiteras, su líder, era una de las personalidades más admiradas por Ernesto Che Guevara durante los años que vivió en la isla.
Y es así que, por primera vez desde su creación en 1976, desde la izquierda cubana se manifiestan cuestionamientos al sistema de nominación de los candidatos -que indirectamente controla el partido-. En la coyuntura electoral que afronta la isla (véase recuadro), esa premisa cobra singular relevancia.
Coordenadas de un debate
La Joven Cuba es tan sólo una de las tantas publicaciones web donde se desarrolla el debate político e ideológico cubano. En él participan protagonistas de un amplio espectro. Incluso desde la diversidad de sus presupuestos, todas las tendencias se definen como «revolucionarias y socialistas».
La izquierda más relacionada con el Estado apuesta por una renovación dentro del sistema, mientras que en la otra punta del abanico se alinean grupos como el nucleado en torno a la plataforma Cuba Posible. Entre los primeros resaltan los nombres de articulistas como Iroel Sánchez, Enrique Ubieta y Elier Ramírez; entre los segundos -definidos por sus rivales como «centristas»- están Veiga (director de Cuba Posible), Lenier González y el politólogo cubanoestadounidense Arturo López-Levy.
Cuba Posible es un sitio web que parte de la premisa de ofrecer una pluralidad de opiniones, todas con un enfoque más o menos crítico del proyecto socialista cubano. Ha logrado sumar a su laboratorio de ideas a personalidades de diversas posiciones políticas, que van desde la izquierda más militante hasta el social-liberalismo o social-cristianismo.
A medio camino se ubican las ya mencionadas revistas La Joven Cuba y Temas, el Instituto de Investigación Cultural Juan Marinello, e incluso blogs como Segunda Cita, del cantautor Silvio Rodríguez. Estos actores promueven una radical refundación del proyecto socialista en un sentido más popular y participativo, y cuestionan algunas dinámicas del modelo de socialismo cubano, por ejemplo el burocratismo y la falta de transparencia.
«En casos como el nuestro (…) no puedes llegar aquí con un discurso de ultraderecha a tratar de ganar adeptos. Tienes que usar lo que la gente interpreta como justo, y con ese discurso de izquierda empezar a introducir el capitalismo por la puerta de la cocina. Ese sería el papel que podría tener el ‘centro’ dentro de una sociedad como la cubana», declaraba a mediados del año pasado Enrique Ubieta, en una entrevista para el portal Cubadebate.
Sus declaraciones aludían en parte a un texto de Veiga, en el que éste consideraba necesario que el futuro presidente emergiese «de un proceso de elecciones libres, secretas, competitivas y, además, directamente por el voto ciudadano». La propuesta está en abierta contradicción con el modelo actual, en el que son las comisiones de candidaturas las encargadas de seleccionar a los propuestos para cada uno de los niveles del Estado.
Otro de los puntos de desencuentro es el de la necesidad -o no- de una reforma constitucional. Bajo la óptica de uno de los análisis publicados en Cuba Posible, es esa la gran tarea pendiente para las autoridades que asumirán la transición: despejar «el marco político y jurídico para el relacionamiento de viejos y nuevos actores socioeconómicos. Ajustes que han de ser ventilados en un proceso de reforma constitucional, como cierre de lo que debería ser un nuevo contrato social para Cuba».
Riesgos del oportunismo
Dependiendo del analista, puede considerarse una afirmación herética o comprometidamente patriota. Su signo resulta más difícil de definir si se tienen en cuenta los vínculos de Cuba Posible con el Departamento de Estado y otras instituciones del gobierno estadou-
nidense. En abril de 2012, Veiga y González -por entonces editores de la revista Espacio Laical, del arzobispado católico de La Habana- eran anfitriones de una conferencia brindada en la isla por Carlos Saladrigas, copresidente del Cuba Study Group y muy relacionado con líderes del exilio cubanoestadounidense, como el senador republicano Marco Rubio.
En la banda contraria, la cúpula dirigente sigue considerando cuestionable cuanta posición se aparte del canon establecido. En el último congreso de la Unión de Escritores y Artistas, el vicepresidente, Díaz-Canel, señaló el oportunismo de «aquellos que quieren marcar distancia y convertirse en ‘personajes’ haciendo guiños al enemigo. Es imprescindible diferenciar al que plantea dudas y criterios con honestidad en nuestros espacios de debate, del que busca notoriedad, sobre todo fuera del país, con posiciones oportunistas».
Críptico como siempre ha sido, y a las puertas de entregar la presidencia -sin perder el poder real, que seguirá estando en sus manos como primer secretario del partido-, Raúl Castro parece tener como norte las experiencias «importadas» desde China y Vietnam. En ellas, y en el creciente papel de los militares dentro del Estado, radican sus bazas para este final de partida con tantas apuestas todavía por definir. Por lo pronto, desde hace tiempo ya nadie habla en Cuba de «falsa unanimidad». La consigna oficial para los comicios inminentes es el «voto unido». Así de simple.
Entretelones electorales
Este domingo 11 de marzo los cubanos acudirán a las urnas para «elegir» a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular y a los integrantes de los gobiernos provinciales. A finales de abril, los 605 parlamentarios surgidos de estos comicios deberán seleccionar a los 31 integrantes del Consejo de Estado, el órgano colegiado que desde 1976 rige los destinos de la isla. Entre sus facultades está la de designar al presidente del país.
La consulta transcurre bajo circunstancias excepcionales: por primera vez desde 1959 Cuba se enfrenta a un escenario en el que no será gobernada -al menos formalmente- ni por Fidel ni por Raúl Castro. Tampoco por ningún otro de los hombres de la «generación histórica» que participaron en la última guerra de liberación.
Aunque Raúl Castro mantendrá en sus manos la mayor cuota de poder efectivo -pues seguirá siendo el primer secretario del Partido Comunista-, resulta indiscutible que el nombramiento de un nuevo presidente implicará un cambio notable en las dinámicas funcionales del país, incluso si -como se ha dejado entrever- al escogido no se le otorgan las presidencias conjuntas de los consejos de Estado y de Ministros (gobierno).
En teoría, ni el partido ni el gobierno tienen la facultad de hacer propuestas para ocupar los puestos electivos. Y la ley electoral cubana establece que hasta la mitad de los escaños en el parlamento y las asambleas provinciales pueden ser repartidos entre los delegados de municipio, que son propuestos por sus vecinos en asambleas barriales. De entre ellos se seleccionan luego aquellos «con mayores méritos y representatividad, que junto con personalidades nacionales conforman las listas de candidaturas», señala el sitio oficial del parlamento cubano.
Por años, el sistema electoral cubano funcionó con una exactitud suiza, mas el paso del tiempo y los cambios en la realidad cubana han determinado que se convierta también en blanco de cuestionamientos que -más que contra él- van dirigidos a la forma en que se gestionan muchos de los ámbitos fundamentales del país.
«El recuento de los últimos cinco procesos eleccionarios en Cuba -para delegados municipales- muestra una tendencia curiosa: en 2005 dejó de votar el 3,3 por ciento de los electores registrados, en 2007 el 3,5 por ciento, en 2010 el 4,1 por ciento, en 2012 el 5,8 por ciento y en 2015 no se presentaron 10 por ciento de los votantes convocados (…). En las votaciones para delegados a las Asambleas Provinciales y de diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular, la curva de participación también es decreciente, hasta llegar al 9,1 por ciento de abstencionismo en el proceso 2012-2013», apuntó en noviembre pasado el joven periodista Julio Batista al anticipar que en las elecciones locales se abstendría de emitir su voto. «Mi decisión no será porque no me importe el futuro de mi país (…) se basa en no legitimar un sistema en el cual no me reconozco, un sistema que ha traicionado su esencia participativa», sentenció.