El inicio del curso político no da tregua. La confirmación por parte del PP de que piensa votar ‘no’ al decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno en cumplimiento de los acuerdos suscritos en el seno de la Unión Europea sitúa de nuevo a la coalición PSOE-Unidas Podemos ante su enésimo desafío parlamentario: negociar hasta el último minuto los apoyos que necesita para que el Congreso no desbarate un proyecto clave para la estrategia energética española y para la credibilidad de nuestro país en la UE.
Frente al mensaje de “autoritarismo” que trata de trasladar el PP y que hizo suyo el propio Feijóo hace pocos días recuperando las hipérboles de su antecesor, Pablo Casado, el Gobierno sostiene que se ha esforzado en explicar los motivos que impulsan el decreto y las medidas concretas incluidas en él, así como en escuchar cualquier propuesta alternativa, especialmente por parte de los demás partidos políticos y de las comunidades autónomas.
Para demostrarlo, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica enumeran las reuniones celebradas sobre este asunto con la industria energética (12 de julio), empresas petroleras, consumidores y agentes sociales (14 de julio), con la Organización de Consumidores y Usuarios (15 de julio) y con los portavoces parlamentarios (19 de julio) antes del consejo extraordinario de ministros de Energía de la Unión Europea que el 26 de julio aprobó la adopción de medidas de ahorro en previsión de que Vladímir Putin ordene el cierre definitivo del suministro de gas a Europa.
Después de eso, el ministerio recuerda que volvió a reunirse con los portavoces parlamentarios (27 de julio) y con las comunidades autónomas (conferencia sectorial de energía del 28 de julio) antes de aprobar en Consejo de Ministros (1 de agosto) el real decreto que debatirá el Congreso este jueves. Primero para dar cuenta de los preparativos de la reunión de Bruselas y después para explicar el acuerdo adoptado, en ambos casos con la participación del PP, subrayan las mismas fuentes, que envió a las reuniones a Guillermo Mariscal, secretario general del Grupo Popular en el Congreso.
A estas reuniones hay que sumar la que convocó el pasado 8 de agosto el ministerio que dirige Teresa Ribera para explicar a las comunidades el contenido del decreto, después de que algunas de ellas, entre las que estaban todas las del PP, manifestasen su desacuerdo con las medidas.
En todos estos encuentros la ministra y vicepresidenta tercera trasladó a sus interlocutores “la información disponible en cada momento en relación con la necesidad de reducir el consumo energético”, según fuentes de su equipo. Frente a quienes, como el PP, argumentan que el Gobierno fue demasiado deprisa y no negoció previamente, el ministerio subraya la imposibilidad de esperar: fue el 26 de julio cuando España se comprometió en Bruselas a hacer efectiva una reducción del 7% del consumo (la Comisión pretendía inicialmente un porcentaje del 15%) a partir del 1 de agosto.
Para el Gobierno se trata de una elección de “sentido común” ante la cual sólo cabe estar “del lado de la Unión Europea protegiendo industrias y empresas”. De ahí la vehemencia con la que la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, volvió este martes a criticar el anuncio del PP de Feijóo de que sus diputados votarán en contra de las medidas. “Estamos hablando de cumplir nuestros compromisos con la Unión Europea” para proteger a sus miembros de la “amenaza” de Putin.
“Frivolidad”
La verdadera “frivolidad”, subrayó Rodríguez, devolviendo a los conservadores el calificativo que el lunes dirigieron a las medidas de ahorro, es la posición del PP, que “ha tenido 23 días para leer” el decreto y todavía parece “desconocer” su contenido.
Este decreto que el PP “cataloga de frivolidad”, recordó, recoge 400 euros más para un millón de estudiantes que reciben becas para afrontar el nuevo curso, abonos gratuitos de transporte “que para algunas familias suponen de 200 a 300 euros de ahorro al mes” o 450 millones para los transportistas. “Esto es lo que consideran una frivolidad”, remarcó emplazando a los dirigentes del PP a explicar a los trabajadores que utilizan el transporte público que quieren negarle el abono gratuito o a los estudiantes recibir la ayuda extraordinaria para compensar la inflación. “El Gobierno tiene claro de parte de quién está. Si Feijóo vota que no, tendrá que explicar de parte de quién está” él, porque ni siquiera coincide con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, de su misma familia política.
“La mayoría de la gente entiende qué esta pasando: hay una guerra, el gas es un arma y tenemos que protegernos. Y proteger a las familias y a las industrias”, resumió la ministra.
A día de hoy, nadie sabe a ciencia cierta si el decreto cuenta con los votos que necesita para salir adelante en el Congreso, aunque el Gobierno se muestra tranquilo y convencido de que las medidas, ya en vigor desde el 1 de agosto, serán convalidadas pese al voto en contra del PP. Lo contrario dejaría a España a los pies de los caballos ante la Unión Europea y provocaría una ruptura en la respuesta unitaria frente a a la invasión rusa de Ucrania.
El PP, sin embargo, ha dado prioridad a tumbar el decreto del Gobierno, que se convertirá en el tercer gran paquete de medidas para paliar las consecuencias de la guerra que Feijóo decide no apoyar: todos los que el Ejecutivo ha impulsado desde que la guerra de Putin disparó la inflación y puso en riesgo la recuperación de las economías occidentales tras la pandemia. “Siempre nos encontramos un Partido Popular obstruccionista” cuando se trata de aprobar medidas para hacer frente a “todas las dificultades que ha venido atravesando la sociedad española”, denunció la ministra portavoz.
Las cuentas de Génova son que el decreto saldrá adelante sin su apoyo, lo que les evitará el coste de ser los responsables de un hipotético incumplimiento del acuerdo de Bruselas. Su objetivo ahora, como en el pasado, es acusar al Gobierno de llegar a acuerdos con Bildu o con Esquerra, y mantener vivo su discurso sobre la “debilidad” del Ejecutivo y su “dependencia” de los partidos soberanistas a pocas semanas de que el Ministerio de Hacienda tenga que presentar su proyecto de Presupuestos para 2023.
A medida que se acerca el último año de la legislatura, calculan en el PP, aumentarán las tensiones del Gobierno con sus socios parlamentarios, así como las discusiones entre PSOE y Unidas Podemos acerca de los compromisos pendientes de trasladar al Boletín Oficial del Estado. Ese es el escenario que buscan para tratar de convencer a cada vez más ciudadanos de que la situación no es sostenible y de que sólo un Gobierno del PP será capaz de afrontar la situación a partir de 2024.
Sin alternativa
Lo cierto es que ni el PP ni las comunidades gobernadas por este partido han sido capaces de poner encima de la mesa medidas de ahorro alternativas a las establecidas por el Gobierno, muy parecidas a las que están impulsando los demás países de la Unión Europea.
Elías Bendodo, coordinador general del partido, se limitó a señalar este lunes que abandonar las corbatas (una propuesta que no forma parte del decreto y que el presidente Pedro Sánchez propuso en su día como un gesto de adaptación al ahorro energético), reducir el termostato del aire acondicionado, contener la calefacción o limitar las horas de encendido de los escaparates son medidas “frívolas”, a pesar de que habían sido defendidas por el propio Feijóo en el mes de julio.
Fuentes del Ministerio de la Presidencia aseguran que en las últimas semanas se han sucedido los contactos con los grupos políticos para recabar su apoyo pese a las dificultades del período estival, durante el cual el Congreso permanece sin actividad. “Ha habido reuniones con todos” excepto con Vox, que sigue negándose a hablar con el Gobierno de España. “Dos veces”, aseguran, tanto por parte de la ministra Ribera como del ministro Félix Bolaños.
“Hemos intentado contactar con todos los grupos y vamos a segur haciéndolo“, precisó la portavoz del Gobierno al término del Consejo de Ministros de este martes. “Y esperamos contar con ese apoyo mayoritario”. La ciudadanía, afirmó, no entendería “que ningún grupo pueda decir que no a estas medidas tan de sentido común”.
El plan de ahorro, remarcó, “no es una ocurrencia del Gobierno. Es un acuerdo de la Unión Europea, estamos dándole cumplimiento” mientras prosiguen los contactos con las comunidades autónomas para preparar el plan de contigencia que debe culminar la preparación de España ante un eventual embargo del gas ruso.
En Génova, no obstante, están convencidos de que el hecho de que el Gobierno, una vez más, vaya a enfrentar una votación clave sin haber atado del todo los apoyos parlamentarios que necesita juega a su favor. Como también las dificultades que el Ejecutivo está teniendo para hacer frente a la situación económica, por más que sean muy semejantes a las de los demás países de nuestro entorno.
Es lo que concluyen de las encuestas, que de forma unánime señalan un ascenso de las expectativas de voto del PP, por primera vez en mucho tiempo con cierta ventaja sobre el PSOE. En el Gobierno creen, en cambio, que el efecto Feijóo ha tocado techo. Y se centran en desacreditar la supuesta fiabilidad del líder de la oposición aireando el incumplimiento del acuerdo al que su partido llegó para renovar el Tribunal Constitucional y afeándole la decisión de no apoyar las medidas de ahorro energético comprometidas con la Unión Europea.