Fernández Quesada: Caso Abierto

Javier Fernández Quesada fue uno de los cientos de canarios que perdieron su vida luchando por la libertad. Cayó durante aquella Transición revuelta en la Universidad de La Laguna. 29 años después, su caso puede quedar fuera de la Ley de Memoria Histórica, porque la normativa recoge aquellos casos acaecidos entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. No habrá reparación ni indemnización sólo por 77 días. La versión oficial sigue causando auténtica vergüenza.

[…] estamos de acuerdo con la tolerancia cero ante cualquier hecho que presuponga una conculcación de derechos constitucionales, consagrados en el Título I de la Constitución española, o cualquier norma de reglamento de comportamiento con detenidos. Pero, señor ministro, tolerancia cero para todo el escalafón, para los de arriba, los de abajo y los de en medio, y usted me entiende, señor ministro. La tolerancia no es un valor discrecional que se puede aplicar a un determinado nivel de responsables en cualquier institución que esté sometida a unas normas de disciplina. Usted ha señalado tres niveles de responsabilidad. En primer lugar está el penal judicial, en el que no entramos, como bien ha dicho usted, y más por su procedencia profesional de juez y magistrado; a eso estamos obligados todos por imperativo constitucional, y aquí estamos en sede parlamentaria. En segundo lugar están los niveles administrativos disciplinarios; correctos en las medidas que usted ha impulsado. En tercer lugar están las responsabilidades políticas en las que habría también tolerancia cero, y repito que para todo el escalafón. […] Por tanto, estamos de acuerdo en una tolerancia cero, pero a todos los niveles de exigencia, caiga quien caiga.

Luis Mardones Sevilla, en respuesta al Ministro del Interior. Comisión de Interior. Sesión Extraordinaria sobre los hechos ocurridos en el Puesto Principal de la Guardia Civil de Roquetas de Mar. 11 de agosto de 2005, DS/Congreso nº 343

Si nos llevamos por la versión oficial, que quedará para la historia si nadie la cambia, el estudiante de Biología Javier Fernández Quesada murió el 12 de diciembre de 1977 «al toparse mientras volaba con una bala disparada al aire por un guardia civil». Eran las conclusiones que empleaban las publicaciones críticas de la época para interpretar cínicamente las versiones oficiales -plagadas de eufemismos y falsedades- de los cuerpos de seguridad, unas conclusiones que hoy causarían congoja pero que permanecerán en la oficialidad como manchas que hacen del expediente de Fernández Quesada una mentira. Pero lo peor no es que no haya habido proceso penal por el asesinato de Javier, que nadie haya sido acusado de nada, ni la determinación final de la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

Posiblemente, lo peor es que su caso, que tiñó de tristeza e indignación aquellos días del posfranquismo en Canarias, quedaría excluido de las medidas de reparación si en las próximas semanas el Parlamento nacional aprueba, como está previsto, el proyecto de la llamada Ley de la Memoria Histórica. Javier quedaría fuera tan sólo por 77 días. Una de las concesiones a las que no tendrá acceso la familia por esa ridícula distancia son los 135.000 euros de indemnización previstos por la disposición adicional segunda, del artículo 25, del marco normativo denominado oficialmente Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, publicado en el BOC en septiembre pasado y preparado por el Gobierno socialista. La disposición aclara que son indemnizaciones «para las personas fallecidas en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977», esta última fecha relacionada con la Amnistía y no, como ha extrañado a muchos de quienes han criticado la norma, con la de la aprobación de la Constitución y el inicio de la era democrática, el 6 de diciembre de 1978.

Nadie lo sabe

Ninguna de las personas consultadas por este periódico conocía este detalle, ni políticos, ni miembros de asociaciones sociales, ni testigos de aquel suceso; ni siquiera la propia familia del joven de Las Palmas, que sigue residiendo en la capital grancanaria. Uno de sus hermanos, Carlos, señaló que «habíamos escuchado que se iba a someter a aprobación una ley para los afectados por la dictadura de Franco», pero aclaró que «no tenemos más noticias concretas sobre estas medidas». El caso de este joven asesinado en la puerta principal de la Universidad de La Laguna, cuando una bala le atravesó el corazón en medio de una carga con fuego real de la Guardia Civil, sigue rodeado a pesar de los años de un gran simbolismo y de un sinfín de casualidades, que le dan una atmósfera novelesca. Por ejemplo, uno de los miembros de la comisión nacional de investigación del Congreso, el en aquel entonces diputado socialista por Santa Cruz de Tenerife Luis Fajardo, vio desde la ventana de su casa aquellos dramáticos hechos, pues vivía a un lado del campus. Asimismo, ese día Javier Fernández Quesada acababa de terminar el servicio militar obligatorio y dos de sus hermanos lo vieron en aquella manifestación, aunque se enterarían horas después de que Javier había caído. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias y aquel día estudiante de Medicina que atendió a Javier nada más recibir el disparo, llegó a preguntar si había tiempo para enmiendas. No. Hubo una ampliación del plazo, pero finalizó el pasado 17 de octubre. Lo curioso es que Román Rodríguez fue el ponente de CC en los debates sobre la Ley de la Memoria Histórica y votó a favor del proyecto socialista. Y, las vueltas del destino, Luis Mardones era gobernador civil -y por lo tanto responsable de la seguridad- de la provincia tinerfeña durante los referidos sucesos y, casi 29 años después, votará precisamente en unas semanas por la aprobación o no del Proyecto de Ley de la Memoria Histórica que en alguna medida afecta al expediente de Javier Fernández. Recuerda Luis Mardones, hoy diputado nacional de Coalición Canaria-Nueva Canarias, que «fueron días muy delicados que no son gratos de recordar». «Yo opino que se hizo bien pasando página y mirando al futuro para asegurar una buena Transición. En todo caso, hay que revisar la historia desde la perspectiva de los historiadores, no desde el punto de vista político. No creo que sea bueno volver a cargar las escopetas con aquella concepción de las dos españas», matiza. ¿Y qué votará usted sobre el Proyecto de Ley de la Memoria Histórica? «Será en breve, puede que incluso la próxima semana. Preferiría abstenerme; dejar las aguas tranquilas», contestó escuetamente. Después de un larguísimo proceso con múltiples retrasos, el Gobierno ultimó el pasado verano el informe y la Ley de la Memoria Histórica. Con el tiempo y las críticas feroces del mundo conservador, el Gobierno ha ido suavizando el contenido de la ley para tratar de limitar la polémica y aplacar al PP, contrario a hacer cualquier tipo de iniciativa que «remueva el pasado», según un reportaje de El País. En el informe, el Gobierno plantea una descripción del horror de la Guerra Civil y destaca que hubo desmanes en los dos bandos. Lo dijo el propio presidente, José Luis Rodríguez Zapatero: «España tuvo un drama histórico, una guerra incivil en la que todo el mundo fue víctima. Hubo víctimas de un lado y de otro». Para las asociaciones de las víctimas de la dictadura, el proyecto es endeble, pasa muy por encima del problema, deja huecos importantes y no incluye algunas de sus peticiones, como suspender los consejos de guerra y los procesos extrajudiciales, o reabrir los casos en los que hubiera sospechas de apropiación indebida de patrimonio de los represaliados.

Ayuda moral y económica

El cuerpo fundamental de la iniciativa aspira a un reconocimiento moral, desde la democracia, a quienes sufrieron, después de la guerra, la represalia franquista. Pero habrá también compensaciones económicas para víctimas de los últimos años del franquismo y de la Transición. La ley de víctimas del terrorismo, que cubre desde 1968, cuando ETA comenzó sus actividades, dejó fuera a varias decenas de muertos a manos de la policía o extremistas en toda esa época convulsa. Es el caso de estudiantes y obreros asesinados por la policía en huelgas y protestas, como los cinco trabajadores muertos en Vitoria en 1976, o los dos carlistas fallecidos por los disparos de militantes de la extrema derecha en Montejurra (Navarra). Esos mismos jeitos de violencia represiva que siguieron enquistados en la Transición también estuvieron detrás de la muerte de Javier, aunque vayan a quedar fuera del amparo del nuevo reglamento. En nombre de su familia, Carlos Fernández Quesada lamenta que vaya a ser así. «Me gustaría que hubiera un reconocimiento oficial de lo ocurrido, aunque por otro lado me daría un poco de miedo que se quisiera retomar con un cariz político. Mi indignación se mantuvo con el paso de los años y más después de saber que el caso se había archivado, que se explicó por un lado que fue un disparo al aire y, por otro, que incluso pudo tratarse de un francotirador. Ver aquella manipulación descarada resultó muy triste. Algunas veces me rondaron deseos de venganza. En mi casa se produjeron muchas discusiones sobre lo que debíamos hacer», relata, para añadir: «¿Indemnización? Me parece lo justo ante un hecho de este tipo, aunque no nos va a consolar del todo. Lo sufrido sufrido está. Pero la mejor manera de zanjar el tema sería reconocer los acontecimientos, anular las manipulaciones y facilitar las indemnizaciones». Zenaido Hernández ya era en 1977 periodista de Radio Club Tenerife. Actual responsable de la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de La Laguna, acudió la tarde de ese 12 de diciembre a La Laguna para relatar cómo estaba la situación y se encontró «con una ciudad prácticamente sitiada, llena de policías, de enfrentamientos callejeros y de mucha indignación». «Incluso, vi gente que tiraba macetas a los policías desde los balcones. Hay que tener en cuenta que eran unos años en los que un amplio sector de la población empezaba a exteriorizar las ansias de libertad y otro mantenía los tics de la dictadura. El fallecimiento de Javier había desatado la tensión», manifiesta, para aclarar que no sabía que su expediente va a quedar fuera de plazo. «La verdad es que lo lamento». Wladimiro Rodríguez, hoy consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife por Coalición Canaria, ya era en aquel año profesor de la Universidad de La Laguna. Militaba en el Partido Comunista y encabezó una concentración espontánea la misma tarde del 12 de diciembre para condenar el asesinato de Javier. «Espero que se presente alguna enmienda o se haga algo para que su caso sea también reconocido», dijo, para precisar: «No me parece bien que ahora se evite hablar abiertamente de aquellos tiempos oscuros y difíciles. Costó mucho llegar a la democracia y homenajear a los que lucharon por ella se convierte en una obligación». Javier Fernández Quesada no era un activista; era un deportista, algo tímido, de 22 años que estudiaba 2º de Biología y que tampoco estaba de acuerdo con la dictadura y mucho menos podía abstraerse del clima reivindicativo de la Universidad de La Laguna, que en el año 1977 había cobrado además un especial protagonismo con la crisis económica y social que se vivía en las Islas. El 12 de diciembre acudió con unos amigos a las concentraciones de los estudiantes en el campus central en solidaridad con los sindicatos de transporte, tabaco, frío, construcción y servicios, que habían convocado una huelga general y protestas en Santa Cruz y La Laguna. Los choques de los policías enviados desde la Península contra los universitarios, grupos vinculados al sindicalismo y grupúsculos del independentismo habían cesado después de una mañana caliente.

Todo parecía tranquilo

Lo peor parecía haber pasado cuando a eso de las dos y media de la tarde se retiraron los antidisturbios en los jeeps militares que los trajeron. Hubo una coincidencia unánime entre las decenas de testigos que dieron voluntariamente su versión a la comisión de investigación parlamentaria y a los medios de comunicación, entre ellos Antonio de Bethencourt, en aquel entonces rector de la Universidad de La Laguna: unos ocho guardias civiles accedieron de repente al interior del recinto universitario por la entrada que da a las instalaciones deportivas, disparando con metralletas y pistolas, en un operativo desproporcionado. Tan sorprendido como todos los demás, Javier huía hacia el interior del edificio principal para refugiarse de los disparos, sin saber bien si eran de verdad o de fogueo, cuando fue alcanzado a bocajarro. Según la autopsia, le dispararon a corta distancia (había restos de pólvora en el esternón) y murió en el acto por una bala de metralleta que le atravesó el cuerpo. Al día siguiente, la nota del Gobierno Civil decía: «(…) Pasadas las 15 horas, un grupo considerable de individuos se dirigió agresivamente hacia la zona en la que estaba la Guardia Civil, que al ser agredida y para disuadir a los atacantes efectuó disparos al aire». Esa es la versión oficial que se mantiene hoy. La Guardia Civil nunca reconoció que se le fue la mano y nunca depuró responsabilidades, como tampoco la comisión de investigación del Congreso, que se centró en las actuaciones políticas, llegó a desplazarse a Tenerife y estuvo dirigida por los diputados Acebedo Villaseñor y Tellado (Unión de Centro Democrático, UCD), Luis Fajardo Spínola (PSOE) y Martínez Emperador (Alianza Popular, AP). La comisión realizó un informe de 59 folios que dio origen a las conclusiones, aprobadas el 29 de junio de 1978 por la Comisión de Interior en una sesión que se celebró a puerta cerrada. El Diario de Sesiones, al que ha tenido acceso este diario y en el que quedaron recogidas todas las intervenciones, fue retirado por orden de la presidencia del Congreso y la edición íntegra, de 2.000 a 4.000 ejemplares, almacenada bajo llave. Los socialistas pidieron que se incluyera este párrafo: «Ha quedado probado que la Guardia Civil abrió fuego real con sus armas reglamentarias en el recinto universitario, bajo las órdenes de su responsable y sin que mediara agresión previa que justificara su empleo, según declaración de los testigos presenciales. No ha quedado probado, en cambio, que alguien más tuviera o hiciera uso de armas de fuego». Según había quedado probado, las fuerzas de la Guardia Civil estaban comandadas por un coronel que reconoció haber dado la orden de abrir fuego. La iniciativa fue rechazada. Para el representante de AP, «la bala fue disparada desde las escaleras del colegio universitario o, incluso, desde su interior; es decir, desde un lugar donde no había agentes del orden». UCD defendió que «hostigados, el coronel dio orden de que se dispararan botes de humo y balas de goma, unas doscientas; y como la multitud no cejaba en su actitud, dio orden de que se efectuaran disparos al aire, diez concretamente. Pese a todo, el grupo de estudiantes reincidió, por lo que se volvió a dar orden de disparar al aire, momento en que cayó mortalmente herido Fernández Quesada». Luis Fajardo recuerda que «fue la segunda comisión de este tipo» tras la muerte de Franco. «No se sacó nada, pero por lo menos el Parlamento investigó y debatió, que ya era un paso importante. Pedimos una investigación penal, pero la Guardia Civil estaba fuera del régimen jurídico general y creo que no hubo ninguna», matizó el hoy miembro del Consejo Consultivo de Canarias. Ahora se ha abierto una oportunidad de eliminar aquel trágico error. Pero ni la Ley de la Memoria Histórica servirá para que quede bien claro que Javier no voló aquel día.

La represión de los crespones negros

Corrían tiempos difíciles. La huelga general, la crisis económica, los últimos atentados del independentismo radical del Mpaiac, las cenizas de lo que había sido una dictadura especialmente represiva en Canarias, el recuerdo en carne viva del franquismo y de las más de 3.000 víctimas en las Islas… El asesinato de Javier Fernández Quesada y las justificaciones posteriores habían sido el colmo. Esto contaba tres días después del suceso Juan Cruz para El País: «Durante todas las horas del día y de la noche las fuerzas antidisturbios continúan patrullando las calles de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, que permanecen bajo un ambiente de tensión en el que no faltan duros choques de manifestantes y fuerza pública. Ante el grave deterioro de la situación después de la muerte del estudiante Javier Fernández Quesada, el rector de la Universidad de La Laguna ha decretado el cierre de la misma hasta el mes de enero. El hecho más grave registrado ayer fue el tiroteo de dos policías armados, que prestaban servicio ante un establecimiento de Galerías Preciados, y que resultaron heridos por los impactos de los perdigones, uno gravemente y el otro de carácter leve. Este atentado ha sido condenado por los partidos más importantes canarios». Periódicos y revistas, sobre todo nacionales, ya podían hacerse eco abiertamente de que decenas de testigos hablaban de asesinato y de carga desproporcionada de la Guardia Civil. Incluso, la Policía Nacional parecía desmarcarse, o por lo menos eso se interpretó cuando en el periódico El Día apareció una esquela en honor de Javier firmada por el cuerpo. Los altos cargos aclararían inmediatamente después no estar detrás de esa esquela, que les había causado un profundo malestar y que se trataba de «la iniciativa de un grupo de agentes no identificados». Sobre las numerosas cargas policiales durante los días siguientes a la muerte del estudiante de Biología, que se extendieron a Santa Cruz, La Laguna y Las Palmas, y que se ensañaron incluso con aquellos que osaron lucir simplemente un crespón negro, explicó el delegado de Seguridad en Canarias de entonces, Claudio Ramos: «Los grupos antidisturbios pudieron haber causado molestias en la población al llevar a cabo su misión de reprimir de inmediato cualquier violación del orden. Las sicologías son diversas y la de la gente antidisturbio asume que cuando hay un crespón negro en un automóvil, desde ese automóvil puede venirle un ataque. Por eso se muestra más duro con tal objetivo».

Mi hermano no llega

Carlos Fernández Quesada estuvo en la concentración en la que murió su hermano Javier. Era un estudiante de Psicología en la Universidad de La Laguna de 19 años. Hoy tiene 48, reside en Las Palmas y trabaja para el Servicio Canario de Empleo. De dos horas de entrevista con él surge esta crónica en la que Carlos reconstruye en primera persona aquel drama que le tocó tan de lleno. Yo estudiaba Psicología en la Universidad de La Laguna. Aquel año casualmente mi hermano Javier había empezado a vivir conmigo en un piso de la calle Viana. Tenía 19 años y él me llevaba tres. Me levanté como cualquier otro día. Fui a la Recova y luego, junto a un compañero, al campus. Allí nos encontramos con la manifestación. El ambiente se fue caldeando con la aparición de los policías. Los agentes se retiraban y volvían. Hubo varios enfrentamientos con los antidisturbios, pero que eran normales en aquellos tiempos. Nos extrañó ver que en un momento dado aparecieron jeeps de la Guardia Civil. Los policías parecían retirarse definitivamente. Eran casi las tres de la tarde. Cuando muchos de los manifestantes empezábamos a marcharnos, llegó de repente la carga de la Guardia Civil.

Nadie se lo esperaba. Entraron por la puerta que da a las instalaciones deportivas y lo hicieron incomprensiblemente disparando a todos lados. No recuerdo cuántos serían, pero no más de diez. Lo normal era que cargara la Policía con material antidisturbios. Y si había lío. Pero había calma y era la Guardia Civil. En un primer momento pensé, como tanta gente, que eran balas de fogueo. Sin embargo, cuando vimos los impactos en la pared de la entrada principal de la Universidad supimos que eran balas de verdad. Salimos por patas. Salí al exterior del campus y me fui a casa a refugiarme. Mi hermano no llegaba, pero tampoco me preocupé en ese momento. Cuando a eso de las cuatro de la tarde volví al hall del edificio central me encontré con que había una asamblea y mucha indignación. Se comentaba que había caído un estudiante. Allí me encontré con otro hermano (éramos tres estudiando en La Laguna). Ricardo estaba entre Javier y yo en edad y también había vivido la carga y las concentraciones. Cuando vi a Ricardo empecé a sentir malas vibraciones. No sé. Nos preguntamos dónde podía estar Javier. Lo habíamos visto esa misma mañana en la manifestación. Poco después nos comentaron en el mismo hall que se hablaba de que le habían dado a un tal Javier, que se lo habían llevado los guardias civiles. Primero nos dijeron que se lo habían llevado a un hospital, después que estaba en el cementerio de La Laguna…

Nosotros nos presentamos en la comisaría de Policía de La Laguna y dijimos que éramos los hermanos de Javier Fernández Quesada. Lo primero que nos preguntaron fue que a quién nos referíamos. Les explicamos lo que había pasado y nos hicieron entrar. El ambiente era tremendo. Se palpaba la tensión, más cuando la noticia ya había corrido por toda La Laguna. Estaban sobreexcitados, como si todos mascaran chicle. Un comisario nos hizo pasar a su despacho y nos dijo que a la Guardia Civil se le había ido la mano, que ellos se habían retirado y que había un fallecido, un tal Javier, al que debíamos reconocer. Nos llevaron en un jeep antidisturbios al cementerio de La Laguna acompañados por varios agentes. Era increíble. Ya se había congregado gente en los alrededores del cementerio. Nos hicieron pasar al cuarto mortuorio y apenas empezaron a destapar el cadáver ya supimos que era él. Conservo con gran indignación lo que sucedió después: la presión policial, las burlas de los agentes, los inconvenientes… Ya en el mismo aeropuerto de Los Rodeos, cuando fuimos a buscar a otro hermano pequeño y a mis padres se produjo una carga policial. Había decenas de manifestantes, pero apenas portaban unas cuantas pancartas. Se presentaron para apoyarnos. Mis padres saliendo y los agentes cargando. Era una locura. Mi madre gritaba que no le mataran a más hijos, nosotros fuera de sí, ella sujetando a mi padre porque se iba a por quien fuera… La cosa se terminó calmando, pero los nervios permanecen. Nos volvimos todos con el cuerpo de Javier. Recuerdo aquel horroroso viaje: el día nublado, el fokker moviéndose todo el rato, nosotros sin saber qué decir…

Compañeros de mi hermano que desde un primer momento nos apoyaron, tuvieron que soportar las burlas de algunos agentes que se presentaron allí durante el velatorio. Mis padres eran presa de una doble sensación: la impotencia y la contradicción. Mi padre, que falleció hace ya años, era una persona con poco nivel cultural. Era un empleado y mi madre llevaba una de las zapaterías de la familia en Gran Canaria, Calzados Quesada. No estaban en ningún movimiento antifranquista ni nada por el estilo; eran normales, las típicas personas criadas en la moral franquista. Estaban destrozados y encima recibieron llamadas amenazantes. «Recuerden que les quedan cuatro hijos», les dijeron. No entendían nada, sobre todo los hechos posteriores: la represión indiscriminada contra todas las movilizaciones. Atacaban hasta a los que llevaban un simple crespón negro. Guardo casquillos de bala de aquel día y testifiqué voluntariamente ante la comisión de investigación. Luego me dijeron que en verdad a Javier le dispararon a quemarropa. Incluso, que el agente era muy joven y que fue enviado a Lanzarote. Da igual. Los rencores los he superado, aunque no haya habido ayudas, ni proceso judicial, ni verdad. Y es que lo que más me dolió fue cómo se manipuló esta historia.

Los asesinatos de Antonio González y Bartolomé García

El terrorismo de Estado y los excesos de los cuerpos de seguridad que habían imperado en la dictadura sobrevivieron a la Transición. Y Canarias lo sabe perfectamente. Javier Fernández Quesada de hecho no fue el único asesinado. Los otros dos casos significativos de la época, los de Antonio González Ramos y Bartolomé García Lorenzo, sí serían susceptibles, a diferencia del del estudiante de Biología, de quedar bajo el amparo de la Ley de la Memoria Histórica, que se someterá a aprobación en unas semanas, y por tanto las familias podrían solicitar las reparaciones previstas. Sí hay una circunstancia que los une: las responsabilidades de los autores no fueron nunca depuradas. Militante del PUCC (Partido de Unificación Comunista de Canarias), Antonio González fue detenido en su casa de La Laguna la noche del 30 al 31 de octubre de 1975 por agentes al mando del comisario José Matute Fernández, de tan nefasto recuerdo. Fue golpeado salvajemente en comisaría durante el interrogatorio y, según la autopsia, sufrió múltiples fracturas, daños en órganos vitales y derrames internos que le provocaron la muerte. Para dar credibilidad a la versión oficial de que se había suicidado tirándose del coche policial, se subió su cadáver a un jeep y se arrojó a la carretera. Bartolomé García fue confundido por el conocido delincuente, ya fallecido, Ángel Cabrera el Rubio cuando el 22 de septiembre de 1976 ametrallaron la puerta del piso en el que vivía, en un bloque de Somosierra. Su muerte provocó una gran manifestación de condena, seguida de una huelga que se saldó con 27 detenidos. Ninguno de los agentes cumplió condena.

Málaga y Tenerife, Caparrós y Quesada

El asesinato de Javier Fernández Quesada ha quedado históricamente unido a la muerte por disparos de la Policía Armada de un joven malagueño de 19 años, Manuel José García Caparrós, el 4 de diciembre de 1977, durante una masiva manifestación para solicitar la Autonomía en el Día de Andalucía. Javier Fernández Quesada debió conocer este suceso, así como las movilizaciones de protesta, duramente reprimidas, pocos días antes de que a él mismo le dispararan en el hall de la universidad lagunera. Caparrós, afiliado al PCE y a Comisiones Obreras, trabajador de la industria cervecera malagueña, fue abatido durante un tiroteo tras una carga policial que intentaba impedir que los manifestantes izaran la bandera andaluza en la Diputación de Málaga. En medio de una gran confusión de pánico, la Policía Armada continuó persiguiendo y disparando a los heridos e incluso acribilló la fachada del hospital donde ingresaron. En los días siguientes se desató una impresionante protesta, a la vez que se declaraba el luto oficial. Tras el entierro los enfrentamientos con la policía motivaron el envío de refuerzos de las Brigadas Especiales Antidisturbios, que crearon un auténtico estado de excepción, violencia y terror en las calles malagueñas, reprimiendo a quienes portaban banderas andaluzas o crespones negros. Como siguiendo un siniestro manual, la represión en Tenerife siguió con milimétrica exactitud el mismo esquema, sin que pueda atribuirse a la casualidad la coincidencia en los métodos contra la población en su conjunto. Seguían la misma pauta. Había órdenes. En ambos casos, alguien lo ordenó. Y la autoridad competente lo sancionó. El gobernador civil de Málaga, Enrique Riverola, homólogo de Luis Mardones, afirmó: «Se llegará en la investigación hasta las últimas consecuencias, sin componendas de ningún tipo ni ocultar ninguna verdad». En el Congreso, el 15 de diciembre, Enrique Múgica Herzog, actual Defensor del Pueblo y entonces portavoz de Interior del PSOE, menciona unidos para la historia a Caparrós y Quesada cuando toma la palabra para manifestar «nuestra preocupación y nuestra condena por las muertes ocurridas en Málaga y en La Laguna». El 23 de diciembre se debate la «Creación de una Comisión de Encuesta sobre los acontecimientos producidos en Málaga y Tenerife, solicitada por varios Grupos Parlamentarios». La investigación encargada por Rodolfo Martín Villa al subdirector General de Seguridad y veterano torturador franquista José Sáinz concluyó sin imputados. Los trabajos de la Comisión parlamentaria tampoco acabaron con la sensación de impunidad. «Los partidos políticos llevaron a cabo un pacto de silencio y sacrificaron el esclarecimiento de los hechos en pro de la concordia», señala la periodista Kety Castillo a Alfredo Grimaldos en el libro «La sombra de Franco en la Transición».

Castillo investigó el caso malagueño en un reportaje titulado «4D: La verdadera historia», por el que recibió el premio 28 de Febrero al mejor programa de radio emitido en 2002, concedido por el Consejo Asesor de RTVE en Andalucía. La periodista descubrió que el sumario ha desaparecido de la Audiencia Provincial de Málaga. El asesinato ha prescrito y ha quedado impune al no aclararse judicialmente quién disparó. La muerte de García Caparrós, la respuesta popular y la represión violenta, y el blindaje de la impunidad como resultado escandaloso de las pesquisas posteriores, guarda un sorprendente parecido con lo vivido en Tenerife tras el fallecimiento de Javier Fernández Quesada. El Ayuntamiento de Málaga aprobó el 29 de noviembre de 2002 nombrar a García Caparrós Hijo Predilecto de Málaga. El Parlamento andaluz acordó el 6 de diciembre siguiente, con la abstención del Partido Popular, instar al Gobierno a que García Caparrós fuera reconocido como víctima del terrorismo. Una comisión de abogados auspiciada por el PCE y presidida por Pedro Moreno Brenes, abogado y profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad de Málaga, planteó reabrir la vía judicial, basándose en el antecedente de la reapertura a finales de los años 90 del caso de un estudiante de derecho que murió en 1969, al precipitarse por la ventana de su piso mientras la policía registraba su vivienda. Finalmente, el 4 de diciembre de 2004, Manuel José García Caparrós fue nombrado Hijo Predilecto y Medalla de la Ciudad de Málaga a título póstumo, coincidiendo con el 27 aniversario de su asesinato. Es probablemente el único rasgo que distingue un caso de otro: el ensordecedor silenciamiento institucional y la ausencia del debido reconocimiento al joven de Gáldar muerto en La Laguna, que al ser acribillado ocupó para la historia involuntariamente el lugar de todo un pueblo. Javier Fernández Quesada ha sido dramáticamente olvidado por dos diputados del grupo Coalición Canaria-Nueva Canarias en el Congreso.

Román Rodríguez, compañero universitario que lo atendió el día que lo asesinaron, ha sido el ponente de CC en los debates sobre la Ley de Memoria Histórica y votó a favor de la enmienda socialista que impedirá que pueda ser reconocido legalmente como una víctima del franquismo. Luis Mardones, compañero de grupo de Román Rodríguez, gobernador civil bajo cuya autoridad ocurrió el asesinato y que nunca ha asumido ninguna responsabilidad, ha vivido para poder votar en el Congreso la Ley que dará continuidad a la impunidad y el silencio que han rodeado la muerte del estudiante. Han pasado 29 años. No son los únicos olvidos. Ni el Claustro de la Universidad de La Laguna, ningún sindicato de estudiantes, ni el ayuntamiento lagunero, ni el Parlamento, ningún partido político, ningún colectivo social, se han ocupado de reclamar que el caso fuera revisado y reconocido durante los trabajos de acompañamiento a la redacción de la Ley. Al tiempo que esto ocurría, la Fundación Empresa-Universidad de la Universidad de La Laguna -donde el universitario cayó mortalmente herido- se enorgullecía de su colaboración con el ayuntamiento de Santa Cruz en la restauración de la estatua de Franco en el «Monumento a la victoria» que preside la Avenida de Anaga en la capital.

Excluido por haber sido asesinado demasiado tarde

En noviembre de 2002, una Comisión Constitucional adoptó un acuerdo unánime sobre la reparación a las víctimas del franquismo y la transición, con carácter declarativo pendiente de desarrollo. Cuando entre abril y junio de 2004 se presentaron y debatieron las PNL sobre reconocimiento, reparación moral y ayudas a las víctimas del franquismo y de la transición, este límite temporal se mantuvo por consenso a propuesta del PSOE. En el debate participó Román Rodríguez, entonces diputado en el Congreso por Coalición Canaria. En su punto 3, la propuesta aprobada detallaba:

«[…] El Proyecto establecerá ayudas económicas que se percibirán de una sola vez y para acceder a las mismas el hecho causante deberá haber ocurrido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977.»

El hecho es que, de aceptarse este período entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, como hizo de hecho Román Rodríguez, Javier Fernández Quesada no será reconocido plenamente como una víctima de la transición, ni a los efectos de reparación moral ni a los efectos de compensación económica a sus familiares.

Hasta la legislatura 2000-2004, las peticiones de los grupos parlamentarios se habían concentrado en demandas de contenido económico para los afectados por la Guerra Civil y la dictadura, pero a partir de ésta cobra relevancia el reconocimiento de la dignidad y el honor, la reparación moral, el desagravio público y la recuperación de la memoria histórica. En el año 2001 el pleno del Congreso de los Diputados rechazó una Proposición no de Ley que condenaba el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, con el voto a favor de todos los grupos parlamentarios salvo la mayoría del Popular, que se opuso. Dos iniciativas propusieron convertir el Valle de los Caídos en un centro de homenaje a las víctimas. Otras dos, la anulación de los juicios sumarios y la revisión de las sentencias de los fusilados durante la dictadura por motivos políticos y de conciencia. A partir del año 2000, hasta catorce iniciativas parlamentarias propusieron incrementar las cuantías percibidas por los distintos afectados, ampliar los supuestos que daban derecho a la percepción de pensiones o eliminar su tributación en el IRPF. Ninguna de ellas fue aprobada por el PP. Finalmente, una Proposición no de Ley del 20 de noviembre de 2002, proclamó el reconocimiento moral hacia todos los hombres y mujeres que fueron víctimas de la Guerra Civil española y de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura. Retomando esta propuesta, el 1 de junio de 2004 el pleno del Congreso de los Diputados aprobó una nueva Proposición no de Ley sobre el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, que contaba con hasta tres iniciativas distintas, que fueron agrupadas en una sola enmienda de sustitución del PSOE, presentada por Diego López Garrido y defendida por Ramón Jáuregui, donde ya se explicita un arco de fechas para el reconocimiento de las ayudas económicas.

La propuesta socialista aprobada instaba al Gobierno a llevar a cabo un estudio sobre los daños y perjuicios ocasionados por la contienda y la represión posterior efectuada por la dictadura. Igualmente, instaba a que se estudiasen los derechos que les hubiesen sido reconocidos hasta el momento por la legislación estatal y autonómica, así como las propuestas de reparación moral, social y económica que pudieran contribuir a mejorar la situación existente. La Proposición no de Ley instaba también al Gobierno a remitir al Congreso un Proyecto de Ley de solidaridad con aquellas personas que sufrieron daños personales en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas prohibidos por el régimen franquista y reconocidos posteriormente por la Constitución, para rendirles un tributo de reconocimiento y justicia y establecer ayudas económicas. En tercer lugar, la Proposición instaba expresamente a que en el Proyecto se estableciese una indemnización económica para los fallecidos de forma violenta en la época de la transición a la democracia, a percibir de una sola vez, cuando el hecho causante se hubiera producido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Por último, se instaba igualmente al Gobierno a que llevase a cabo un estudio sobre la situación de los archivos públicos y privados con el fin de organizarlos, potenciarlos y abrirlos a los particulares para que éstos pudiesen acceder a las ayudas existentes o las nuevas compensaciones que se creasen. La Proposición no de Ley se refiere expresamente a las personas que sufrieron daños personales «en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas prohibidos por el régimen franquista…» y recoge que esta ley «deberá establecer ayudas económicas, que se recibirán de una sola vez y para acceder a las cuales el hecho causante deberá haber ocurrido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977».

El diputado Jáuregui defendió la propuesta porque «es un clamor unánime en la opinión pública española y lo era en esta Cámara, excepto para el Partido Popular, la necesidad de regular, puesto que la Ley de Víctimas del Terrorismo estableció una indemnización para las personas que sufrieron daño o muerte por el terrorismo, que por circunstancias semejantes también compensáramos a las víctimas de la dictadura en la transición que habían sufrido daño en el ejercicio de derechos que después nuestra Constitución reconoció. […] porque hay una deuda de justicia para con ellos, por su contribución a la lucha contra la libertad, reclaman una compensación de la democracia española, y la vamos a hacer. El Partido Socialista se compromete a que el Gobierno elabore una ley en ese sentido». La ley de víctimas del terrorismo, que cubre desde 1968, cuando ETA comenzó sus actividades, dejó fuera a varias decenas de muertos a manos de la policía o extremistas. Es el caso de estudiantes y obreros asesinados por la policía en huelgas y protestas, como los cinco trabajadores muertos en Vitoria en 1976, o los dos carlistas fallecidos por los disparos de militantes de la extrema derecha en Montejurra (Navarra). La propuesta, para la que Coalición Canaria defendió a través de Román Rodríguez la unanimidad favorable de la Cámara, planteaba el desarrollo de una Ley junto a otras medidas. Con el fin de dar cumplimiento al mandato expresado el 1 de junio de 2004, el Consejo de Ministros, por Acuerdo de 23 de julio de ese mismo año, encomendó a la Vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega la creación de una Comisión que llevase a cabo un estudio en profundidad sobre lo realizado hasta la actualidad, informase sobre la situación de los archivos y elaborara un anteproyecto de Ley. Así, mediante el Real Decreto 1891/2004, de 10 de septiembre, se creó la «Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo», presidida por María Teresa Fernández de la Vega. La Comisión Interministerial celebró su primera reunión el 18 de octubre de 2004. El 20 de octubre se solicitó la colaboración de las Comunidades Autónomas mediante la petición de un informe sobre las actividades, programas y actuaciones, y normativa en esta materia. Lo mismo se hizo con la Federación Española de Municipios y Provincias. A partir del 26 de noviembre de 2004, la Comisión recibió a treinta y seis asociaciones y organizaciones y se han recibido alrededor de 14.000 cartas o escritos de particulares. El pleno del Congreso del 2 de abril de 2005, el Grupo parlamentario de Convergencia i Unió presentó una Proposición de Ley de Solidaridad con las víctimas de la lucha por las libertades y la transición a la democracia, debatida y finalmente retirada con el compromiso de consensuar una iniciativa legislativa al respecto sobre la base de las propuestas de esta Comisión. Las últimas resoluciones parlamentarias aprobadas son las votadas con motivo del debate sobre el estado de la Nación el 6 de junio de 2006, a instancia de la Diputada Uxue Barkos de Nafarroa Bai y de Izquierda Verde. En ellas se instó al Gobierno a presentar, antes del próximo período de sesiones, el Proyecto de Ley de reconocimiento. Finalmente, el 28 de junio de 2006 concluyó la tramitación parlamentaria de la Proposición de Ley presentada por el grupo Izquierda Verde, dando lugar a la Ley 24/2006, de 7 de julio, sobre declaración del año 2006 como Año de la Memoria Histórica. Un mes después, la Comisión Interministerial para el Estudio de la situación de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo presentó su Informe General, estableciendo que «han de ser objeto de tratamiento diferenciado las víctimas habidas durante el período de la transición a la democracia, en el que se produjeron actos de represión y abusos, con el resultado de personas fallecidas que tampoco deben ser olvidadas». En las Recomendaciones, el Informe contempla el «Reconocimiento de indemnizaciones a favor de los fallecidos en defensa de la democracia durante el periodo comprendido entre los años 1968 y 1977»:

«Existe constancia de que algunas personas perdieron su vida en defensa de la democracia y la libertad durante el período de la transición, y de forma particular entre los años 1968 y 1977, sin que se haya procedido a ningún reconocimiento expreso de su contribución ni, en algunos casos, sin que se haya concedido reparación económica alguna en favor de sus causahabientes. Por ello, la Comisión aconseja que se establezca un procedimiento legal que permita conceder esas compensaciones económicas y el reconocimiento moral por su sacrificio en favor de la consolidación del Estado constitucional.»

Sobre la base del Informe y las Recomendaciones, el Consejo de Gobierno aprobó el Proyecto de Ley, publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 8 de septiembre de 2006 con el título «Proyecto de Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura». Se inició un período de enmiendas, que ha sido ampliado luego hasta el 17 de octubre por la Mesa de la Cámara. La Disposición adicional segunda del proyecto legislativo contempla el «Reconocimiento en favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre 1 de enero de 1968 y 6 de octubre de 1977»:

«En atención a las circunstancias excepcionales que concurrieron en su muerte, se reconoce el derecho a una indemnización, por una cuantía de 135.000 €, a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977, en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos.»

En las próximas semanas deberá votarse finalmente esta Ley, no exenta de polémica con quienes acusan al Gobierno de haber accedido a las presiones del Partido Popular rebajando su contenido. La aplicación de las previsiones de la normativa se calcula que tendrá un coste de entre 51,3 y 60,8 millones y más de 31.000 beneficiarios directos, según estima el informe económico remitido por el Gobierno al Congreso. En el capítulo de las indemnizaciones, el proyecto de ley reconoce el derecho de los familiares de las personas fallecidas en defensa de la democracia durante la Transición, entre el 1 de enero de 1968 a 6 de octubre de 1977, a percibir un pago único de 135.000 euros. Ni el proyecto ni la memoria económica citan ningún caso concreto, pero esta última estima que la disposición podría beneficiar a unas 25 personas, por lo que su coste total ascendería a 3,3 millones de euros. Entre estas víctimas no se encontrará Javier Fernández Quesada, por haber fallecido el 12 de diciembre de 1977, dos meses después de la Amnistía. Tampoco entran el malagueño Manuel José García Caparrós, ni muchas otras personas fallecidas por la represión durante esos meses previos a la aprobación, el 6 de diciembre de 1978, de la Constitución.