La falta de oferta pública en Formación Profesional posibilita un lucrativo negocio que atrae a empresas ajenas al sector de la educación mientras expulsa a quienes no pueden pagar las elevadas matrículas.
Tienes 15 o 16 años. Has aprobado secundaria, pero te ha costado, tus
notas no son espectaculares y además tampoco tienes interés en llegar a
la universidad. Hace tiempo que tus tutores te dicen que, visto tu
expediente, estarías mejor haciendo un grado medio, hasta en las
noticias ves que la Formación Profesional tiene cada vez más prestigio.
Entonces decides que sí, que como te dicen en el instituto, como te
insinúan desde la televisión, tú también vas a formarte en una
profesión, tal vez en un sector prometedor, y vas a encontrar esa vía de
entrada en el mercado laboral que con esfuerzo y dedicación redundará
en un futuro y una vida adulta. Sin embargo, cuando presentas tu
solicitud para ingresar en institutos públicos el sueño se frustra antes
de empezar: no hay sitio para ti.
Esto le pasó al hijo de
Amparo hace unas semanas cuando intentó matricularse en la pública. Tras
repetir segundo de bachillerato y que su tutor le comentara a él y a
otros, ya a mediados de curso, que quizás su sitio estaba en un ciclo
formativo, el joven echó los papeles para cursar un ciclo formativo de
grado medio en la escuela pública, pero también se puso tempranamente a
buscar centros privados. Sabía que no sería fácil. Ya el año pasado
miles de chavales y chavalas se habían quedado fuera de la pública,
especialmente en grados de alta demanda como el solicitado por el chico:
un grado medio de temática audiovisual. Además, el único criterio para
acceder a los ciclos es la nota, lo que dejo fuera a mucho alumnado
cuyas notas no destacan.
“La gente de la derecha tiene este discurso de que los cheques para estudiar en la privada permiten la libre elección, cuando somos miles de chavales y de familias que en Madrid nos quedamos sin nuestra elección, que es que nuestros hijos estudian en la pública”, lamenta Amparo quien además recuerda cómo atravesó esa situación justo después de que la escasez de plazas municipales en Madrid, para los centros infantiles (de 0 a 3) saltara a la prensa. Así el achicamiento de la enseñanza pública se manifiesta en los distintos ciclos, alerta.
Y es que aunque la escuela 0 a 3, o la FP no son enseñanza obligatoria, Amparo recuerda que es necesaria: “Mi hijo dejó el bachillerato en abril y está buscando trabajo. No encontraba nada. ¿Cómo te puedes enfrentar al mercado de trabajo con solo la ESO?”, ante esa imposibilidad solo queda el “sálvese quien pueda”: “Voy a pagar un pastizal para una formación que es básica, que es un grado medio. Osea voy a pagar más que un máster de mi propia universidad”, advierte esta mujer que también es profesora universitaria. Unas tasas que no sabe muy bien a qué obedecen, si a que la demanda es alta o el equipamiento que se ofrece es costoso.
Como el hijo de Amparo, más de la mitad de los jóvenes madrileños se quedará sin plaza en la FP pública, según investigó CC OO
, que habla de una crisis “de escolarización” en la Comunidad de
Madrid. En concreto, en el grado Superior, 32.952 jóvenes habrían
iniciado el proceso de escolarización; la solicitud de 17.976 de ellos
ha sido rechazada, y sólo 14.976 jóvenes han sido admitidos. En términos
porcentuales, así, un 54% de las solicitudes en Grado Superior no
progresó. Si sumamos estos 17.976 jóvenes sin plaza de Grado Superior a
los 6.938 que se quedan sin plaza de Grado Medio, veremos que en total
casi 25.000 jóvenes se quedan sin plaza pública en los estudios de FP
que habían elegido”, señalan desde la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras. El porcentaje llega al 60-70% a formaciones de alta
demanda como la que empezará el hijo de Amparo. El caso más fragante es
el de los estudios sanitarios, donde 9 de cada 10 candidatos se han
quedado fuera.
Partiendo de la premisa de que efectivamente hay pocas plazas, Luis García Domínguez, presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresa, identifica también la ausencia de orientación. “Detectamos que el número de orientadores en los institutos es muy bajo en relación a las necesidades y que casi se necesitarían el doble o el triple de orientadores en cada instituto. Muchas veces institutos con mil alumnos tienen un orientador. Es imposible que ese orientador atienda a las necesidades psicopedagógicas de esa población de mil alumnos y más en la situación actual donde estamos”.
¿Qué hacer cuando no consigues que te dejen seguir los estudios que has elegido? “Algunos de estos chicos de familias que no van a poder hacer el curso en un ciclo de grado medio, continúan hacia bachillerato, los padres de alguna manera les obligan en muchos casos. Para la Asociación de Directores, poder seguir estudiando sea por la vía académica o por la profesional, es un derecho que debería garantizarse.
Si bien, reconoce García, hay una apuesta por la FP, en la que el gobierno se ha comprometiodo a crear un millón de plazas este año, y con llegar en tres años a 1.350.000, ayudados por fondos europeos, lo cierto, denuncia, es que ese dinero, transferido del gobierno a las autoridades autonómicas, no estarían bien fiscalizado: “no se indica si se dedican a lo superior o en grado medio, en qué temática, etc, por tanto aún teniendo más plazas, en Madrid siguen sin ser suficientes”.
Amparo
aspira a contar con un cheque escolar que en el mejor de los casos
cubrirá menos de la mitad de la matrícula, unos cheques que van
directamente a los centros y que la Federación de Enseñanza de
Comisiones Obreras (FeCCOO Madrid) ha recurrido: “La línea que hemos
seguido es la vulneración de la igualdad de oportunidades. Porque
realmente se da ad hoc para unos centros y no se da este tipo de
cheques a cualquier alumno estudie donde estudie el grado medio. En el
grado superior tienen que pagar la matrícula en la pública y no reciben
ninguna ayuda”, explica la Isabel Galvín, secretaria general de FeCC OO.
El cheque, para la central sindical, supone un reclamo para empresas de
otros sectores, no familiarizadas en el ámbito educativo, que acuden al
calor de este negocio lucrativo, un movimiento que tiene por resultado
una relajación en la calidad de la enseñanza y una falta de control de
los títulos otorgados.
Desde la Federación, a raiz de un
estudio realizado sobre la oferta, detectan además una clara tendencia
de la Consejería a favorecer la formación privada a la hora de ofertar
nuevos títulos o aquellos con más atractivo. Basta hacer un ejercicio
práctico. Cuando se entra en un portal de búsqueda de FP, como en su
momento tuvo que hacer el hijo de Amparo, se encuentra, del modo ya
señalado por Galvín, que la presencia de la oferta pública es menor que
la privada y concertada. Un ejemplo: el grado medio de Microinformática y Redes:
de los 20 centros que lo ofertan en la Comunidad de Madrid, 13 son
privados. Galvín explica cómo recientemente han salido publicitados en
el BOE varios títulos que solo oferta la privada. Así, mientras quienes
se lo puedan permitir con el esfuerzo de sus familias, se ven
interpelados por decenas de anuncios y publicidades de centros que desde
internet, los autobuses o el metro les prometen un futuro brillante,
son miles las chicas y chicos que acaban la enseñanza secundaria sin
ninguna opción de continuidad educativa porque su familia carece de los
medios para cubrir las matrículas.
Además, denuncia Galvín,
lo que provocan los cheques regalo —señala las experiencias previas del
grado superior o de educación de infantil—, es una subida de los precios
de la matrícula. “La FP se hace más inaccesible. Es decir, que en la
práctica, al final, desemboca más que en una segregación educativa, en
una segregación social, porque es que no tienen salida profesional, no
tienen la oportunidad de estudiar y tampoco lo hacen fácil para el
bachillerato”.
FP y negocio
Si bien las competencias educativas son autonómicas, se esperaba que al menos una Ley Estatal, como la que se aprobó el pasado septiembre, pudiera de alguna manera poner coto a la privatización de la FP. En Andalucía la privatización de la FP avanza a grandes pasos, no a través del sistema de cheques, pero sí de los conciertos. La privatización, opina el Delegado de Educación de CGT en Almería, Manuel Miralles, “es la esencia del Partido Popular. Tampoco esto debe sorprendernos. Pero la velocidad a la que se está produciendo sí es llamativa”.
Como todo proceso de privatización
el que sucede en Andalucía acontece de la mano del abandono de la
pública. “La FP está cada vez más deteriorada a nivel de inversión y de
apuesta por parte de la administración pública. Y sin embargo los
conciertos privados están cogiendo protagonismo”, insiste Miralles, en
lo que considera un fenómeno muy peligroso de mercantilización.
La ley de FP también da mucho espacio a la empresa como lugar de formación, algo que ya levantó suspicacias en el momento de su aprobación. Miralles considera que al centrarse solo en cuetiones de formación técnica se desatiende la dimensión de formación integral que debería suponer este ciclo. Ambos sindicalistas consideran que si la privatización se expande es también porque la ley es una oportunidad perdida que no blinda la educación pública ni establece límites o líneas rojas. “Se queda muy corta. Deja además muchas cuestiones en manos de la empresa”, apunta Miralles. Desde ambos sindicatos comparten el temor de que las prácticas, como están planteadas en la Ley, acaben siendo un mecanismo de explotación de mano de obra barata.
“El grado medio no es solamente profesionalizador —es decir, te proporciona unos resultados de aprendizaje que te permite ser profesional inmediatamente en el sector— sino que sabemos por experiencia que los ciclos de grado medio son orientadores en muchos casos”, explica por su parte García, quien recuerda que no todas las personas que eligen este itinerario quieren lanzarse al mercado de trabajo inmediatamente si no que pueden optar simplemente por probar esa vía. En Andalucía: ““La FP está cada vez más deteriorada a nivel de inversión y de apuesta por parte de la administración pública. Y sin embargo los conciertos privados están cogiendo protagonismo”
Pero claro, si pagas 4.000 euros quieres resultados. Lo que para muchas familias se traduce en tensiones, malas relaciones y agobio. Amparo, se pregunta si algunos de sus alumnos y alumnas en la universidad habrán querido ir a FP y no habrán podido. Y es que, teme, con la privatización de esta enseñanza, solo los hijos e hijas de clase media y acomodada podrán aspirar a ingresar en estos itinerarios. Para su hijo, que cursó secundaria y bachillerato en un instituto público de un barrio del sur, considera Amparo, la cosa va a suponer un gran cambio. “Yo le decía, los chavales que van a estar en esa formación tuya que repito, es una formación técnica pero básica, con estos precios de la academia, sus padres, van a ser como yo, profesionales, gente de clase media, o una pareja que trabajan los dos y han conseguido a lo mejor un préstamo. Vosotros sois los que os vais a quedar con los puestos de técnico, también”.
Y es que una formación profesional que deje a
la gente afuera pone en jaque el futuro, especialmente, de las clases
más desfavorecidas económicamente, aquellas a las que antes se empujaba
justamente a optar por esta vía. En Almería, recuerda Miralles, hay
toda una población de hijos de trabajadores agrícolas migrantes que
debería de poder encauzar sus expectativas formativas a través de la
Formación Profesional si esa es su elección. “Si queremos una sociedad
realmente integrada a esos chavales hay que darles formación. No podemos
aspirar a una sociedad integrada si no acogemos a todos exactamente por
igual. Tenemos este modelo público con su defectos, que es mejorable,
pero sí que contempla y acoge actualmente a este tipo de alumnado. Un
cambio de sistema puede generar no solo discriminación de ‘el que no
pueda, no estudia’, sino a un problema de mayor calado”.
Por otro lado la mercantilización de la FP conlleva el surgimiento de centros de dudosa calidad, “cursos pirata”, centros que conceden titulaciones dudosas. Además, como señala Galvín, de la misma manera que sucede con las universidades privadas, las empresas no asocian el mismo valor a todos los títulos, y tienen en cuenta dónde se han conseguido.
En este sentido, recuerda la sindicalista, hasta los centros concertados han cuestionado la decisión de Ayuso de seguir apostando por el cheque regalo. Un total de 11 centros criticaron el modelo “ultraliberal” del gobierno de Madrid, que ha eliminado conciertos mientras favorece este trasvase de dinero público a instituciones privadas. “El argumento fundamental que ellos dan es: nosotros somos centros de sistema, conocemos la educación, somos empresas que llevamos muchos años dedicándonos a la educación, pero estos que vienen ahora son unos piratas”
Profesores relegados
Una
forma de valorar cómo se trata a la educación pública es evaluar el
tratamiento dado a los docentes. La Ley de FP que apuesta por la FP
dual, da un espacio importante a las empresas, concediéndoles hasta el
50% de la carga lectiva. Algo que, denuncia Manuel, “va a suponer una
pérdida de puestos de trabajo de profesores importante”. Además, el
delegado de la CGT cuestiona que a los docentes se les exija continua
capacitación, mientras que este no es el caso para los tutores
designados por la empresa. Es más, apunta, lo que se debería hacer es
concienciar a las empresas sobre lo que implica la formación
profesional. Por último, recuerda que a pesar de que desde principios de
2021 hay una disposición para equiparar al profesorado de FP con el del
resto de la educación no universitaria, aún no se ha avanzado en ese
camino, perpetuándose una discriminación que viene de largo.
En
Madrid, Galvín llama la atención sobre el hecho de que el sector del
profesorado es uno de los pocos donde ha aumentado el paro en los
últimos meses, como consecuencia, explica, de que las empresas no
respetan la reforma laboral y despiden al profesorado en verano. “La
Consejería de Educación no impulsa ningún tipo de inspección ni
supervisión sobre lo que está pasando. Al final son centros que reciben
dinero público porque a través de los cheques escolares, reciben entre
unas cosas y otras más de 133 millones este año. Es que es muchísimo
dinero. Con 133 millones se podrían hacer muchas cosas”. El dinero
europeo que se suma, canalizado por el gobierno, supone otro incentivo,
considera Galvín, para entrar en el sector a la búsqueda de dinero
fácil. Empresas que no necesariamente garantizan estabilidad una vez se
acaben estos fondos.
Miles de familias enfocan el curso escolar haciendo un esfuerzo extra para poder garantizar que sus hijos e hijas continúen estudiando. Al desembolso económico, para el que tantos se endeurarán, se le suma una cuestión también compleja, el verse obligado a apostar por la enseñanza privada contra su elección y sus principios. “Se acaba asumiendo la idea de que una plaza en la pública es un privilegio”, teme Amparo.
Un tema de gravedad que no centra el debate público, “al final se queda en una batalla política entre políticos, en los medios correspondientes, o en Twitter”, lamenta Galvín. “Esperamos que la gente vaya tomando conciencia de esto, porque el tiempo pasa, las situaciones se consolidan y luego son más difíciles de retrotraer”, alerta Miralles.
Y es que esta apuesta por lo privado, la carestía de plazas, y la angustia producida a las familias no tiene nada de natural ni inevitable: “Me fui unos días de vacaciones a Asturias y a los amigos de allí esto les suena a chino. La hermana de mi pareja vive en Valencia, su hijo ha acabado la ESO, ha pedido el grado y se ha matriculado con toda normalidad”, explica Amparo, quien cruza los dedos para que la escuela donde cursará su hijo el ciclo formativo de su elección, satisfaga al menos unas necesidades que considera, deberían estar cubiertas por la pública.