“Impulsar la formación profesional es la mejor manera de invertir en una economía cada vez más moderna y sobre todo es la oportunidad más clara de resolver ese empleo juvenil”, declaraba Pilar Alegría, la nueva ministra de Educación el pasado 1 de septiembre. Pocos días después, el gobierno aprobaba el proyecto de Ley de Formación Profesional, que pasaría así a trámite parlamentario. El borrador ya había sido presentado ante la comunidad educativa el pasado junio por parte de la entonces ministra Isabel Celaá.
Entre ambos momentos, la imagen de largas filas de jóvenes batiéndose por matricularse en los ciclos de FP en la Comunidad de Madrid o Catalunya, daban testimonio de que esa oportunidad tan clara para el empleo juvenil, no era accesible para todos: la subida de la demanda de este tipo de formación no se ha visto acompasada de un incremento suficiente de la oferta pública.
Un desequilibrio sobre el que se ha pronunciado también el Defensor del Pueblo. El pasado 9 de septiembre, Francisco Fernández Marugán apuntaba que la situación debería “llevar a las administraciones educativas a reforzar, modernizar y flexibilizar las enseñanzas de formación profesional, y aumentar la oferta, tanto de ciclos formativos como del número de plazas en aquellas opciones profesionales con mayor demanda y proyección laboral”. Marugán valoraba positivamente en el mismo texto el proyecto de ley del gobierno.
La FP dual y la privatización
Sin embargo, el proyecto no ha sido acogido con tanto entusiasmo por una parte de la comunidad educativa, que considera que la ley continúa en una senda que, abrazando acríticamente la idea de que la FP debe dar un lugar preeminente a las empresas, consolida una tendencia a la privatización de las enseñanzas. “La futura Ley de FP supone un paso más en la privatización de la educación pública y es una concesión directa a los empresarios de la CEOE”, afirmaba tajante el sindicato de estudiantes en un comunicado publicado el pasado 8 de julio.
En Andalucía, la CGT, comparte una visión similar, que entiende esta ley como una cristalización de un proceso iniciado ya hace años y consolidado en diversos planes del gobierno. “Asistimos a una ofensiva propagandística que vende a la FPDual como panacea para solucionar el paro juvenil pero que es en realidad un sometimiento de todo el Sistema Educativo y la Formación Profesional a las necesidades de la competitividad empresarial y por tanto de los beneficios empresariales”, explican a El Salto desde el Grupo de Trabajo de Formación Profesional de la Federación Andaluza de Sindicatos de Enseñanza de CGT (FASE). ¿Qué subyace a esta apuesta por la FP dual para el sindicato? La entrada de la empresa privada hasta los mismos centros de enseñanza y su intervención en los currículum de formación. Además, estiman que se posibilita con este modelo una exacerbación de la competencia entre centros educativos que pujarán por colaboraciones con las empresas abocando a “todo el mundo a bailar el baile de los intereses privados, no de un servicio público”.
Y es que la privatización, según CGT, opera de dos formas: de un lado, a través del aumento de ciclos medios y superiores en centros privados y concertados, un proceso en plena expansión ante unas óptimas expectativas de negocio con tintes de burbuja, en la que no podían faltar los fondos buitres. Al mismo tiempo, al esplendor del negocio posibilitado por la oportuna carencia de plazas públicas se une el hecho de plegar la FP “al imperativo del mercado de trabajo y a los intereses privados de las empresas”.
Isabel Galvín, secretaria general de la federación de enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid (Fecc), echa de menos una apuesta clara por la FP pública en el anteproyecto. En Madrid el diagnóstico coincide en líneas generales con Andalucía: hay una clara apuesta autonómica por la privatización basada en la lectura de la FP como una gran oportunidad de negocio. En un contexto de paro juvenil estructural, los chavales que acaban la enseñanza obligatoria llevan años escuchando que la FP tiene más salidas laborales, pero cuando van a apuntarse, como hicieron los miles de jóvenes en Madrid y Catalunya este verano, descubren que no hay plaza para ellos: “cada vez hay más demanda y no hay la oferta suficiente y si no hay oferta suficiente pública la alternativa es pagar. Aquí las empresas encuentran casi sin hacer nada un negocio”, sintetiza la sindicalista, que califica el anteproyecto de insuficiente, especialmente por no llevar una memoria económica vinculada a la creación de plazas públicas. “Se decía que una parte de los fondos europeos iba a estar vinculada a su uso en FP pública pero al final el gobierno de España está optando por la vía de la recomendación en educación, recomendaciones, todo flexibilidad y al final nada”.
Una marasma de empresas privadas copan la oferta de formación continua y para personas desempleadas. Con el proyecto de ley y las distintas variantes que facilita, Jose Luis Carretero, de Solidaridad Obrera, teme que la formación profesional tome ese modelo como referencia, con la consiguiente privatización. “Nos preocupa que se transforme en una especie de mercado y feria de distintas competencias que se puedan convalidar de todas las maneras imaginables y al final se convierta en un coto de caza de pequeñas consultoras amigas de no sé quién, que van convalidando títulos y al final la gente tiene títulos pero no se sabe muy bien de qué”. Este profesor de Formación y Orientación Laboral no niega la mayor: el bajo porcentaje de personas graduadas en FP, es decir, de cuadros medios, y la presión europea para acompasar las cifras con las del continente, exigen una respuesta: “el problema es que ese porcentaje se puede aumentar metiéndole gasto público a eso, metiéndole también la posibilidad de una formación de calidad, o se puede aumentar simple y llanamente favoreciendo de una u otra manera las certificaciones”, que no supongan un gasto para la administración. “Yo creo que ellos están optando por la segunda vía que es una vía que permite también caminar en un proceso de privatización”, concluye.
Trabajadores futuros y presentes
Si la FP dual ha sonado tan bien en los últimos años es porque se le asociaba a prácticas consideradas exitosas en el norte, ya sea en Alemania o en otros países, que no son fácilmente replicables en el contexto español donde el modelo productivo “está demasiado trufado, con demasiada precariedad, temporalidad, etc”, matiza Galvín, quien considera que en este entorno es difícil que se pueda hacer prácticas en una empresa con garantías, por lo que pasar menos tiempo en el centro educativo y más en estos centros de trabajo, puede fomentar el “uso de los estudiantes que están formándose como mano de obra precaria si no gratuita”.
CGT comparte preocupación: que el desempleo juvenil no se trate de abordar creando puestos de trabajo sino potenciando “que los empresarios dispongan de una masa de jóvenes sin otras expectativas vitales que obtener un empleo como sea”. Ese como sea se respiraría en un documento que no concreta las condiciones del alumnado: “La nueva normativa recoge que todos los estudiantes tendremos un contrato de trabajo, pero no establece que las prácticas sean realmente formativas ni obligatoriamente remuneradas, ni garantiza que estos “contratos” no vulneren nuestros derechos constantemente. (…) Un regalazo a la CEOE que se frota las manos con este negocio redondo”, protestan desde el Sindicato de Estudiantes.
Pero la problemática laboral de la FP no solo afecta al estudiantado en su desembarco en el mercado de trabajo, sino que envuelve al personal docente involucrado en este ciclo formativo. Con la situación laboral más precaria del sistema educativo, según explica Galvín, “la FP es donde más plazas quedan sin cubrir y el porcentaje de interinidad es mucho más alto. Hay que emprender también una dignificación del profesorado”, defiende.
Carretero recuerda que son muchos los docentes que están en contra del sistema dual como se está implementando ya en comunidades como Madrid. Coincide con Galvín en que se trata de un modelo que puede funcionar bien en el norte de Europa: “porque está vinculado con aparatos productivos muy distintos, y hay un firme control estatal de cómo se realizan las prácticas, en las que los tutores de prácticas de las empresas tienen que seguir un proceso de homologación pública, en la que los sueldos que cobran los alumnos mientras realizan las prácticas son mínimamente dignos”. A estos factores se une en muchas ocasiones un fuerte control sindical.
Para Carretero en el caso español, sin embargo, aunque se parta de la hipótesis de que el estudiantado se “foguea más en los centros productivos, en las empresas, en realidad este modelo mina la polivalencia de sus aprendizajes. Si tú te tiras un año en una empresa determinada y no sabes nada del resto del sector productivo, pues es verdad que te has adaptado muy bien a esa empresa pero es mucho más discutible que te puedas haber adaptado al conjunto del aparato productivo”.
Harto problemático le parece a este docente que, a diferencia de otras experiencias en Europa, a los tutores en las empresas no se les exija ninguna formación o titulación específica, “al final se deja a los tutores desde los centros educativos el determinar a qué empresas van a los alumnos, y esta falta de información fuerza a que los propios tutores de los centros educativos que están cargados de horas no pueden hacer una supervisión realmente exhaustiva de qué están haciendo los alumnos en las prácticas”. Así las cosas, el sindicalista se pregunta “hasta qué punto esta no es una forma en determinados sectores de conseguir trabajo barato para el empresariado”, Carretero puede entender unas prácticas de tres meses de formación, “ pero un año con un sueldo de 300 euros al mes, es muy jugoso para muchas empresas que pueden de esa manera evitar contratar a gente”.
Otra que puede ahorrar mucho es la administración: con una FP dual que llega al 50%, un año del ciclo pasaría a depender enteramente de la empresa. Si eres la administración, también ganas. “Así, tú vas a multiplicar por dos el número de titulados con los mismos recursos”, un ahorro en recursos humanos, es decir, probablemente en número de interinos: “creo que ahí hay una especie de truco, multiplicar el número de titulados sin multiplicar el gasto”, valora Carretero.
Ahondando en la desigualdad
“Primero expulsan a los hijos de las familias obreras de la Universidad Pública con tasas imposibles de pagar y ahora quieren convertir la FP en un mercado de mano de obra barata controlado directamente por la patronal”, vuelve a sintetizar el Sindicato de Estudiantes, que propone: “dejar de beneficiar a los grandes empresarios, que se llenan los bolsillos con dinero público haciendo negocio de nuestro derecho a la enseñanza, que es la causa de la desigualdad que margina a los jóvenes de los barrios obreros”.
Galvín comparte esa mirada de clase desde otra perspectiva: considera que la opción de optar a FP se va urtando “a los más precarios, a la clase trabajadora. Ahora mismo los sectores sociales con más dificultades económicas tiene dificultades para acceder a la FP porque no hay plazas y cuando las hay, hay que pagar entre 4000 y 8000 euros de matrículas”, las becas en comunidades autónomas como Madrid, no cubren toda la matrícula. Acceder a la FP como paso previo para acceder al mercado de trabajo, es un camino cada vez más vedado para sectores precarizados y un elemento más para la exclusión. A Galvín le preocupa la ausencia de medidas para atajar este problema estructural y la falta de interlocución con los agentes sociales que llevan tiempo señalando esta deriva.
Para Carretero va más allá de un problema económico. Considera que muchos de quienes pasan a grado medio, abocados en muchos casos por una difícil trayectoria escolar, no tienen la madurez, ni la motivación, para integrarse durante un año en una empresa, dándose situaciones difíciles. “Aquí estás en unas circunstancias en el que a lo mejor los dos años más en la escuela los hubiesen ayudado, les hubiera ido normalizando”.
Tanto Carretero como Galvín consideran que hay algunas cuestiones positivas en el anteproyecto y muchas temáticas que debatir y aclarar. Para ello, expresa Carretero, es importante que la apertura hacia afuera de la FP no se concentre en lo empresarial, sino que incluya otros ámbitos como las organizaciones sindicales, comunitarias, o la universidad. Galvín echa en falta un diálogo social, que tenga en cuenta las miradas y lecturas de la comunidad educativa, y especialmente de los sindicatos, algo doblemente importante cuando se habla de formación orientada al empleo.