Desde el arranque de este sexenio, la reapertura del fracking en México ha sido empujada de manera gradual, primero como rumor, después como insinuación técnica y hoy como debate público. Estos movimientos no son casualidades, sino parte de una estrategia que despoja al fracking de su carga negativa en términos ambientales y sociales, para lograr reintroducir el tema en la agenda energética como una alternativa legítima.
El argumento oficial es que se trata de garantizar la seguridad energética, reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos y fortalecer a Pétroleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, si observamos el panorama completo (la reintroducción del fracking doméstico a gran escala, el Proyecto Saguaro que se encuentra en Puerto Libertad, Sonora y la idea de convertir a México en un hub exportador de gas) emerge una idea que debería preocuparnos, no estamos frente a una estrategia de soberanía energética, sino ante la consolidación de México como plataforma extractiva y de tránsito al servicio del mercado energético global.
El fracking reaparece en el discurso gubernamental no como una decisión explícita, sino como “posibilidad”, pues se mencionan los yacimientos complejos de gas no convencional, el aprovechamiento de la infraestructura existente y la atracción de inversión para hacer rentables proyectos que antes no lo eran. La palabra fracking se evita en la medida de lo posible, pero se sugiere como si fuera un proceso inevitable, ¿para qué? Para justificar un doblegamiento evidente ante nuestro vecino del norte (EUA).
Hay que analizarlo por partes; por un lado, avanza el Proyecto Saguaro a pesar del gran rechazo social que ha generado, y no es para menos ya que se trata de un corredor gasífero en el noroeste del país que conecta el gas shale de Estados Unidos con plantas de licuefacción en la costa del pacífico mexicano para exportarlo a Asia. Además, México no es ni será beneficiario, pues sólo ponemos el territorio por donde pasa, se procesa y se embarca. Es decir, asumimos los costos sociales, ambientales y de infraestructura, mientras las rentas más altas se generan fuera del país.
La pregunta clave es: ¿por qué estas dos discusiones (la del fracking a gran escala y la de convertirnos en un hub exportador) aparecen al mismo tiempo?, lo cierto es que hay una conexión que apenas se está perfilando, pero a la que debemos prestar mucha atención.
La eliminación del veto político al fracking doméstico cumpliría la función política de ofrecer una coartada de soberanía energética que justificaría una expansión masiva de gasoductos, plantas de licuefacción, consumo de agua y militarización de infraestructura estratégica, el Estado necesita decir que el gas no es sólo para exportar, sino también para México. No importa si el volumen de gas nacional es suficiente o no, lo relevante es que el discurso permita legitimar el sistema completo.
Pemex juega un papel clave, pues aunque paradójico, no se trata de fortalecerlo como empresa productiva soberana, sino de utilizar su infraestructura, su presencia territorial y su peso político para absorber todos los costos de la operación, ya que facilitaría permisos, gestionaría conflictos y ofrecería una imagen de control “estatal” aunque lo suficientemente separado para evitar que cualquier problema salpique directamente a alguien de arriba; además, los beneficios económicos reales se concentraría en contratistas, proveedores de servicios y empresas privadas vinculadas al negocio del gas.
En este punto entra la última pieza del rompecabezas, el discurso del litio como una estrategia de transición energética para el país, a pesar de que ya se aceptó públicamente que la tecnología de extracción directa no está madura a gran escala y el organismo estatal encargado carece de capacidades operativas reales. El litio serviría como “barniz verde”, ya que ayudaría a presentar al fracking y al gas no como una profundización del extractivismo, sino como un puente hacia la transición energética (una estrategia bastante común a nivel internacional). En los hechos, el litio no sustituye al gas ni cambia la matriz energética, pero sí ayuda a vestir el proyecto con un lenguaje compatible con la agenda climática y tecnológica actual a nivel mundial y nacional.
Todo esto ocurre en un contexto internacional específico en el que Estados Unidos enfrenta una presión fiscal creciente y un sector shale que, aunque altamente productivo, necesita salidas estables y rentables para su gas. Asia y ahora también Europa, pagan mejores precios por el gas licuado que el mercado doméstico norteamericano; además, la costa del Pacífico estadounidense enfrenta mayores restricciones regulatorias y sociales, por lo que México aparece como la solución ideal en cuanto a cercanía geográfica, regulación ambiental más laxa, costos más bajos y un Estado dispuesto a acompañar el proyecto.
No se trata de una conspiración ni una orden directa desde Washington, sino del simple interés por potenciar la capacidad económica del país al mejorar su integración energética regional, de manera que se convierta en el eslabón que permite a Estados Unidos colocar su gas en Asia y Europa, reduciendo costos y riesgos, mientras mantiene su hegemonía energética.
Esta estrategia no parece conducir a México hacia la soberanía energética ni hacia una transición justa, sino que consolida su papel como una plataforma extractiva y logística del gas global. La discusión se presenta como si fuera inevitable y la única respuesta técnica válida a nuestra compleja dependencia estructural de Estados Unidos, pero no se ponen sobre la mesa los enormes costos de largo plazo, especialmente por el uso del agua, del territorio, la salud de las comunidades y el modelo de desarrollo. Al parecer estamos frente al interés de convertir a gran parte de México en un territorio de sacrificio energético en nombre del desarrollo ajeno.
Aleida Azamar Alonso. Profesora Investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Integrante del grupo: Nuestro futuro, nuestra energía; de la red de Energía y poder popular en América Latina, así como de la Colectiva Cambiémosla Ya.
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