Marcha contra el fracking en San Martín César, Colombia. Foto: Gert Stenssens, CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia. A finales de 2019 el gobierno colombiano presentó dos proyectos bastante polémicos que agitaron el sector ambiental. El primero de ellos fija los lineamientos para adelantar actividades de exploración en proyectos piloto de […]
Marcha contra el fracking en San Martín César, Colombia. Foto: Gert Stenssens, CENSAT Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia.
A finales de 2019 el gobierno colombiano presentó dos proyectos bastante polémicos que agitaron el sector ambiental. El primero de ellos fija los lineamientos para adelantar actividades de exploración en proyectos piloto de investigación en yacimientos no convencionales de hidrocarburos utilizando fracking y, el segundo, apunta al control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el uso del método de aspersión aérea para erradicar cultivos ilícitos.
Este «paquete navideño» generó controversia pues los borradores de los decretos se hicieron públicos en temporada de vacaciones y los plazos para que los ciudadanos hagan comentarios se vencen a finales de enero, cuando muchos recién están reincorporándose a sus labores.
En 2015, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendió la aspersión aérea de glifosato, cumpliendo con una orden de la Corte Constitucional del año 2014. Por su parte, los actos administrativos que regulaban la exploración y explotación de hidrocarburos usando el fracking fueron suspendidos desde noviembre de 2018 por el Consejo de Estado. En ambos casos, la rama judicial tiene persistentes dudas sobre los impactos de estas prácticas sobre el medio ambiente y la salud humana.
¿Qué es lo que proponen ahora estos decretos y por qué hay tantas dudas y críticas?
Una discusión que persiste
El 26 de diciembre el Ministerio de Minas y Energía publicó el borrador del decreto que regulará la realización de proyectos pilotos de investigación usando la técnica de fracturamiento hidráulico, más conocida como fracking.
A pesar de que la normativa que dicho Ministerio creó para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales se encuentra suspendida por el Consejo de Estado, el gobierno colombiano apeló la decisión y esta entidad, en un nuevo pronunciamiento en septiembre de 2019, dijo que el fracking seguiría suspendido pero que se podían realizar pruebas piloto. De inmediato el gobierno avanzó en la reglamentación y la hizo pública tres meses después, dándole a la ciudadanía la posibilidad de hacer comentarios al texto solo hasta el 20 de enero de 2020.
Una Comisión de Expertos ya había dicho en febrero del año pasado que el país todavía no contaba con información sobre biodiversidad, aguas subterráneas y sismicidad para evaluar los posibles impactos del fracking. Además, señalaron que una de las mayores preocupaciones era la falta de licencia social en las regiones donde se quiere dar la explotación petrolera, principalmente la región del Magdalena Medio colombiano.
El Ministerio de Minas justificó estos nuevos lineamientos, que sorprendieron a los sectores opositores, indicando que «resulta conveniente expedir un decreto en vista que tanto la comisión de expertos, como el Consejo de Estado, afirman que los proyectos piloto de investigación (PPII) permitirán evaluar si el país está preparado desde diversos puntos de vista para explorar y explotar los yacimientos no convencionales a través del fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal. Así las cosas, es necesario expedir un decreto en el que se asignen funciones claras a las diferentes entidades que se encuentran participando en la ejecución de los PPII y las cuales no únicamente hacen parte del Sector de Minas y Energía».
A lo largo del decreto se plantean tres etapas para los proyectos piloto. La primera tiene que ver con las condiciones previas donde las entidades estatales y las empresas interesadas continuarán levantando y divulgando las líneas base en materia social, ambiental, de salud y de sismicidad. En la segunda etapa, los contratistas realizarán la perforación y estimulación a través del fracking y dimensionarán el yacimiento, al tiempo que se revisarán, gestionarán y complementarán los aspectos técnicos, ambientales, sociales, institucionales y de salud. Finalmente, habrá un Comité Evaluador que estudiará los resultados de las investigaciones y definirá la posibilidad de continuar o no con la utilización de esta técnica.
Dudas y críticas al decreto de fracking
La lista de cuestionamientos a lo que quiere hacer el gobierno es larga. Tatiana Roa Avendaño, investigadora y coordinadora del área de Energía de la organización Censat Agua Viva, asegura que no están de acuerdo con el fracking en el país pero que en el decreto, al menos debería ser el gobierno el encargado de realizar los pilotos ya que, al permitir la participación privada «se le está facilitando a las empresas la elaboración de proyectos de exploración y no lo que el Consejo de Estado planteó, que es hacer unos proyectos de investigación».
El decreto también plantea que durante la ejecución de los proyectos pilotos de investigación, los contratistas destinarán mil millones de pesos (cerca de 306 000 dólares) por cada pozo perforado para proyectos en beneficio de las comunidades. Para Roa, esto es problemático pues generaría división en las comunidades, que generalmente viven en condiciones de vulnerabilidad. Dice que una inversión de este tipo sería casi como intentar «comprarlos», aprovechándose de sus necesidades en el corto plazo.
Otro de los puntos que genera incomodidad en los opositores al fracking es que el gobierno le da al ministerio de Minas y a la Autoridad Nacional de Hidrocarburos (ANH) la potestad de decidir en todo. Roa asegura que la línea base social, tal como quedó estipulado en la página 8 del decreto, está a cargo de estas entidades y no del Ministerio del Interior, como ocurre con todos los temas de participación y, además, se deja fuera la opinión de la sociedad civil.
Quizás el punto más álgido es que, según el decreto, no se monitorearán todos los pozos sino al menos dos en cada yacimiento. «No sabemos cuántos pozos podrían estar considerando como pozos piloto. Estamos pasando de tres o cuatro proyectos pilotos de los que hablaba el gobierno unos meses atrás a una incertidumbre total en este momento», manifiesta Roa.
A la investigadora le preocupa que se «venda la idea» de que los pilotos mostrarán todos los efectos positivos o negativos del fracking, cuando, según dice, muchos de ellos se manifiestan a mediano o largo plazo como, por ejemplo, la sismicidad, la fuga de metano o las fallas en la técnica de fractura. En otras palabras, durante el tiempo de monitoreo y evaluación no necesariamente se podrán observar todos los impactos. Cabe recordar que hace poco el Reino Unido, país que venía realizando fracking desde hace varios años, suspendió indefinidamente esta técnica después de que la Autoridad de Gas y Petróleo del país indicara que no se puede predecir la probabilidad ni la magnitud de un sismo causado por esta práctica.
Carlos Andrés Santiago, líder de la Alianza Colombia Libre de Fracking, asegura que después de la firma del decreto vendrán las normas complementarias como los términos de referencia para las licencias ambientales de los pilotos, el cumplimiento de las ocho condiciones previas establecidas por la Comisión de Expertos y el alistamiento de equipos y personal por parte de las empresas. «Sin eso no podrán iniciar los pilotos en ningún lugar del país. Estimamos que no serán menos de dos años», asegura.
Los grupos opositores al fracking dicen que seguirán oponiéndose a la aplicación de la técnica en el país pues consideran que ya hay suficientes estudios y evidencia global que demuestran sus impactos negativos. El Ministerio de Minas, en un documento donde justifica la creación del decreto, insiste en que los pilotos pretenden «verificar si la regulación e institucionalidad pueden garantizar una explotación de manera responsable con el medio ambiente y las comunidades. A su vez verificar si se logran mitigar los riesgos operacionales, ambientales y sociales».
Sin embargo, Tatiana Roa de Censat Agua Viva afirma que los pilotos son una «triquiñuela» que usa el gobierno para facilitar la implementación de los proyectos exploratorios de fracking con la excusa de que son investigativos. «Facilita la participación de privados y disfraza la implementación de proyectos comerciales. Con eso se van a ganar un tiempo, ya que cualquier empresa puede aplicar al desarrollo de este tipo de proyectos». La polémica promete no parar.
Vuelve la lluvia de herbicidas
El 30 de diciembre de 2019, tres días después de publicarse el borrador del decreto para pilotos de fracking, el gobierno nacional volvió a sorprender. Esta vez fue el Ministerio de Justicia el que presentó un decreto en el que se plantean los mecanismos de control frente a los riesgos para la salud y el medio ambiente durante la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea.
En una rueda de prensa los ministerios de Justicia, Salud, Defensa, Ambiente y la Consejería para la Seguridad Nacional informaron que este proyecto busca cumplir con la orden de la Corte Constitucional de incluir control de riesgos, prevención y participación ciudadana en el tema de la aspersión aérea.
«Nuestro ejercicio es salvaguardar nuestro patrimonio natural y por eso en este proyecto de decreto están contemplados varios instrumentos para minimizar los riesgos y la reducción de la vulnerabilidad de los recursos naturales frente a la actividad de la aspersión. Es importante recordar que los Parques Nacionales Naturales de Colombia y ecosistemas estratégicos como los páramos, humedales, centros poblados y todos los cuerpos de agua están excluidos para adelantar este tipo de acciones que los puedan afectar», dijo el ministro de Ambiente Ricardo Lozano.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), en un plazo de 90 días, deberá emitir la viabilidad del Plan de Manejo Ambiental de esta actividad o la modificación del que operaba antes de la suspensión ordenada por la Corte Constitucional. Además, esta entidad deberá realizar el seguimiento continuo de unos pilotos que serán ordenados por el Consejo Nacional de Estupefacientes para monitorear la aspersión y cómo se comportan los ecosistemas y los recursos naturales renovables tras ser alcanzados por el glifosato.
En el decreto también se le da la posibilidad al Ministerio de Justicia y al Instituto Nacional de Salud (INS) de contratar auditorías. Así mismo, la Policía Antinarcóticos -encargada de hacer la aspersión- deberá presentar informes mensuales a la ANLA y esta última podrá hacer monitoreos en campo si así lo requiere.
Otras medidas importantes que se crearán con el decreto son: la operación de un sitio web para quejas en salud, la actualización de la información de la erradicación a través de la página del Observatorio de Drogas del Ministerio de Justicia y un informe semestral donde la ANLA dará cuenta de las quejas recibidas por posibles daños ambientales.
A pesar de todas estas medidas, el camino que empieza a abrirse para el regreso de las aspersiones aéreas ha generado preocupaciones. Quienes se oponen a esta práctica aseguran que hay estudios suficientes y robustos sobre el impacto del glifosato sobre el medio ambiente y la salud humana.
Sin embargo, en el mundo científico ha habido opiniones divididas sobre el impacto del herbicida. En 2009 se conocieron varios estudios liderados por el investigador Keith Solomon, de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, quien dirigió un equipo de científicos que probaron los efectos de la mezcla de glifosato utilizando las mismas concentraciones y formulaciones que se rocían desde los aviones en Colombia. Se centraron en los anfibios, uno de los grupos animales más sensibles al herbicida y encontraron que de las ocho especies de ranas sudamericanas estudiadas, cuatro mostraron cierta sensibilidad a concentraciones inferiores a las utilizadas en la aspersión aérea y cuatro especies no se vieron afectadas.
En un artículo publicado en la revista Nature, Rick Relyea, investigador de la Universidad de Pittsburgh, Pensilvania, criticó tanto la investigación de Solomon como el Plan Colombia -acuerdo bilateral entre Colombia y Estados Unidos donde gran parte de los recursos van a la erradicación de los cultivos de coca-, señalando que los estudios eran «defectuosos». Por ejemplo, no brindaban suficiente información sobre los suelos, por lo que no se sabe si en los experimentos el suelo absorbía más mezcla de herbicidas de lo que normalmente ocurriría en la naturaleza.
Impactos sociales y económicos de la aspersión aérea
Estefanía Ciro, economista, PhD en Sociología e investigadora experta en temas relacionados con cultivos de coca, cuestiona la eficacia de la política de aspersión aérea en la que insiste el país.
«Este decreto no es algo nuevo, aunque quieran hacerlo parecer como que se están corrigiendo cosas que había pedido la ley. Es una estrategia que, sin importar cómo se diseñe y los mecanismos que se creen para reducir los daños, ha demostrado ser absolutamente ineficaz para sus propios objetivos y, al contrario, ha mostrado ser costosa en términos de dinero, de destrucción de territorios y de vidas», le dice a Mongabay Latam.
Según dice Ciro, el Plan Colombia y las aspersiones aéreas mostraron una disminución inicial de los cultivos pero, luego, se dio una resiembra por todo el país. «Hay que repensar de verdad si es posible un mundo sin coca y cocaína, ¿qué tan posible es? Es un debate que se está dando actualmente en todos lados», asegura.
La investigadora menciona otros temas sociales y económicos por los que la aspersión aérea habría mostrado su ineficacia. Ciro comenta que después de 30 años de política antidrogas se está viendo hoy el efecto de la ilegalidad sobre los consumos, «la gente no sabe qué consume, la falta de regulación sobre las drogas ha generado unas afectaciones de salud pública que hasta ahora están saliendo a la luz».
Ciro también señala que la política antidrogas ha mostrado ser mucho más costosa que la estrategia de desarrollo y transformación de los territorios. Asegura que los campesinos necesitan insertarse en mercados agrícolas legales pero que sean prósperos. «Los cultivos de marihuana, coca y los pocos de amapola responden a un proceso de exclusión, desigualdad y pobreza crónica del campo colombiano, de la imposibilidad del Estado y la sociedad de pensar un campo digno, autosuficiente y soberano», destaca.
El exministro de Salud y actual rector de la Universidad de Los Andes, Alejandro Gaviria, aseguró, en marzo de 2019, en una audiencia pública sobre aspersiones aéreas, que erradicar una hectárea al año con aspersión aérea cuesta 70.000 dólares y que al hacerlo se afectan indirectamente 30 hectáreas más que no son objeto de la erradicación. También indicó que los niveles de resiembra son muy altos. «Cuando es un proceso de sustitución gradual y coordinado, los niveles de resiembra son del 3 % según los estudios internacionales», asegura Estefanía Ciro.
La experta, que lleva varios años trabajando en el tema de los cultivos de coca, cree que la implementación del punto cuatro del Acuerdo de Paz -Solución al problema de las drogas ilícitas- con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) ha mostrado, en estos dos últimos años, ser una herramienta exitosa en la reducción de los cultivos, en la medida en que se cumplan. Ahí se establecen: los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, los programas de prevención del consumo y salud pública y la solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
«Es una salida menos conflictiva y menos problemática» dice Ciro y añade que «insistir en la aspersión aérea, además de los efectos probados y bien estudiados sobre la salud y el medio ambiente, es seguir gastando la plata sin sentido».