El ex titular de la Junta de Galicia podría ser uno de los imputados
Desde hace algunos años, la Argentina y España golpean sus paletas sobre una pelota que ha cambiado de dirección en más de una oportunidad. En la península ibérica, incluso, fue arrojada fuera del estadio a partir de la suspensión del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, quien recurrió al principio de justicia universal para detener en Londres al represor chileno Augusto Pinochet en octubre de 1998.
Con Garzón apartado temporalmente de la investigación sobre los crímenes del franquismo, el hierro caliente cayó en manos de la jueza federal argentina María Servini de Cubría. En respuesta a las presentaciones judiciales realizadas en Buenos Aires por familiares de las víctimas de la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), quienes le solicitaron que tome nuevas denuncias y testimonios en la Embajada española, la magistrada libró un exhorto, a fines del año pasado, para que la justicia peninsular revele los nombres y domicilios de los militares vivos involucrados en el gobierno fascista. También requirió un listado de las empresas que se enriquecieron a costa del régimen e información sobre la cantidad de desaparecidos, fusilados y niños apropiados entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.
El lunes la pelota fue devuelta al campo de la jueza en una carta que le envió Fernando Souto Suárez, presidente de la Comisión por la Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CMRH). El texto, al que tuvo acceso Debate, señala: «Usted debe saber que el gobierno de España no está investigando esos crímenes contra la humanidad. La justicia argentina es la única esperanza que nos queda para conocer la verdad y que se haga justicia». Además de advertir que la Ley de Amnistía española fue interpretada como una «ley de punto final para no llevar ante los tribunales a los responsables de crímenes contra la humanidad, crímenes que no prescriben», el documento aporta información sobre un hombre clave de la política española de los últimos cincuenta años: Manuel Fraga Iribarne.
Ministro de Información y Turismo entre 1962 y 1969 y vicepresidente del gobierno y ministro de la Gobernación entre diciembre de 1975 y julio de 1976, en la transición democrática fue uno de los redactores de la Constitución española de 1978. Luego fue diputado, senador y presidente de la Junta de Galicia entre 1990 y 2005. Mentor del Partido Popular, Fraga anunció su retirada de la arena política en setiembre de 2011, después de que en abril sufriera una fractura de cadera que lo alejó del Senado. A punto de cumplir 90 años, actualmente convalece en su casa de Madrid, según su entorno más cercano, por complicaciones respiratorias que arrastra debido a un fuerte catarro. Desde La Coruña, Rubén Alfonso Lobato, miembro de la CMRH, atiende el llamado de Debate para conversar sobre el escrito dirigido a Servini de Cubría.
¿Por qué impulsan que la Justicia argentina investigue lo sucedido durante la dictadura de Franco?
Todo comenzó con la iniciativa de seis personas exiliadas por el régimen de Franco. Entre ellas, Darío Rivas, quien actualmente vive en Buenos Aires y decidió demandar al gobierno español por crímenes de lesa humanidad. La jueza Servini de Cubría tomó este caso y recientemente le envió un exhorto al gobierno español pidiéndole el número de personas asesinadas por el franquismo y las fechas de su asesinato; los nombres de los ministros franquistas que aún viven y ejercieron cargos públicos en ese entonces; y el número de niños robados por la dictadura franquista, desde el 17 de julio de 1936 al 15 de junio de 1977, es decir, entre el golpe de Estado contra la República y la celebración de las primeras elecciones democráticas en el Estado español.
¿Se conoce la cantidad aproximada de bebés apropiados durante el franquismo?
En España se calcula que fueron más de trescientos mil los niños robados.
¿Servini también solicitó datos sobre la responsabilidad civil en la dictadura?
La jueza pidió información sobre las empresas que lucraron con el trabajo realizado por los republicanos en prisión, que fueron obligados a trabajar en esclavitud o semiesclavitud. El Valle de los Caídos está regado con sangre de presos republicanos. La Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de La Coruña supo que había un dato que la jueza requería: el nombre de los ministros franquistas. Entonces decidimos aprovechar un trabajo que ya habíamos hecho relativo al ex ministro Manuel Fraga Iribarne.
¿Qué encontraron durante ese releva
miento?
Este hombre tiene el título de «Hijo Predilectísimo de La Coruña», otorgado en 1968. El decreto 154/1961, fechado del 2 de febrero, dice: «Boletín oficial: A propuesta del ministro secretario general del movimiento, cesa el camarada Manuel Fraga Iribarne en el cargo de delegado nacional de Asociaciones de la Falange española tradicionalista y de las Juventudes Obreras Nacionales y Sindicalistas, agradeciéndole los servicios prestados». Eso fue firmado por el mismo Francisco Franco. Sin embargo, el dato de «camarada Fraga» no figura en su biografía oficial.
¿Cuál es el objetivo de la carta enviada esta semana a la jueza Servini de Cubría?
Tenemos dos motivaciones al hacer público estos datos. El primero, que la jueza esté debidamente informada sobre la vida y obra de Manuel Fraga, y el segundo, que la opinión pública, tanto gallega, española, como argentina, también lo esté. Creemos que bastantes actuaciones suyas pueden considerarse crímenes contra la humanidad. Fraga era miembro de un Consejo de Ministros que firmaba penas de muerte, por eso consideramos que tiene las manos manchadas de sangre. Ese Consejo también aprobaba cárceles y campos de concentración, despidos, exilios, el inicio de expedientes a periodistas y cierres de medios.
¿Qué más surge de la investigación sobre la responsabilidad de Fraga Iribarne en los crímenes del franquismo?
El 1º de abril de 1963 se creó el Tribunal de Orden Público como herramienta para reprimir a los demócratas y privar las libertades individuales, que además cumple con las funciones del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. El 20 de abril es fusilado el dirigente comunista Julián Grimau García. Cuatro meses después fueron ejecutados, a garrote vil, los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado. En octubre de ese año se produce un enfrentamiento entre Fraga y 103 intelectuales, encabezados por el poeta José Bergamín, que firmaba un escrito denunciando las torturas y abusos cometidos por las fuerzas represivas contra las huelgas de la minería asturiana.
¿Qué sucedió luego?
Esa carta finalmente no fue publicada por el régimen. Como si fuera poco, Fraga Iribarne justificó la represión y el corte de pelo al rape de las mujeres en estos términos: «Parece por otra parte posible que se cometiese arbitrariedad de cortar el pelo a Constantina Pérez y Anita Blaña, aunque las sistemáticas provocaciones de estas damas a la fuerza pública la hacían más explicable». En Victoria, capital del país Vasco, hubo una asamblea de trabajadores metalúrgicos, en 1976, en la iglesia del pueblo. Los testimonios señalan que Fraga llamó personalmente al cuartel de la Policía nacional para que entraran a desalojarlos. Esas órdenes no podían ser dadas por un mando intermedio. Hubo cinco muertos, de los cuales Manuel Fraga tiene responsabilidad directa. Y en el tradicional Vía Crucis que organizaban las Carlotas en Montejurra, en Navarra, un grupo de fascistas, dirigidos por un comandante del ejército, asesinó a dos personas. También Fraga era ministro entonces, y las responsabilidades nunca se depuraron.
¿Sufrieron algún inconveniente para presentar el escrito a Servini de Cubría?
En el consulado argentino en Vigo, donde fuimos a presentar la carta dirigida a la jueza, nos dijeron que no podrían recepcionar la misma, porque no era más que un trámite meramente informativo. También nos dijeron que bastaba con enviarle el documento por correo postal certificado.
Usted pone el énfasis en la importancia de visibilizar los crímenes del franquismo.
Por eso deseamos que la Justicia argentina considere estos datos en su investigación. En honor a la defensa de los derechos humanos, la jueza debería tomar nota de la información que le enviamos para imputar a Fraga por los delitos que estamos denunciando. El franquismo llevó adelante un genocidio con más de 115 mil desaparecidos. Y el actual gobierno del Partido Popular es la fuerza política en la que militó Fraga. Por eso no ayuda a que ese desastre sea conocido.
DOBLE CARA
El semblante del fundador del Partido Popular de España fue prolíficamente reseñado por Rogelio Baón en la biografía Fraga, genio y figura. En su prólogo, el escritor comienza excusándose por la empresa que acomete al señalar que «el personaje es enorme en todas sus manifestaciones: académica, política, parlamentaria, intelectual y, obviamente, en su trayectoria vital». Luego explica: «Es como es, no como sus adversarios y enemigos desean que sea, y a este fin de descubrimiento se dirige el presente libro, para que se lo conozca más auténticamente».
El semblante, claro, no coincide con la presentación de la Comisión de La Coruña. Pero Mariano Eloy Rodríguez Otero, profesor y director del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, echa más luz sobre la figura de Fraga Iribarne. El especialista en historia de España moderna y contemporánea señala que no es sencillo complicar a Fraga sin poner en cuestión la Transición española. «Por más que haya sido ministro franquista, es uno de los hombres que está ligado a algunos de los pilares de la Transición», destaca el historiador ante Debate y agrega que además de los representantes de la UCD, PC, PSOE, y el Nacionalismo catalán, el mismo Fraga fue uno de los siete ponentes de la Constitución española. Cuando se discute sobre su figura, apunta Rodríguez Otero, hay que ser meticuloso porque el político gallego se cuidó mucho de «quedar pegado» a los procesamientos de los años sesenta y setenta. También sostiene que para el dictador Francisco Franco era usual complicar a sus ministros en las penas de muerte o en alguna de los castigos más ejemplificadores.
Fraga fue designado por Franco al frente del Ministerio de Información y Turismo en 1962. Una pelea con el Opus Dei provocó su salida de esa cartera siete años más tarde. De perfil culto y refinado, el dirigente gallego supo amasar una imagen de tecnócrata. Y venció al dirigente socialista Enrique Tierno Galván en un concurso como profesor universitario. Según Rodríguez, Fraga representó un intento de salir del franquismo mucho más conservador que la iniciativa victoriosa de Adolfo Suárez e, incluso, del mismo Rey (ambos, de una generación posterior al dirigente del PP).
«Parte de la clave de la Transición española tiene que ver con jóvenes ligados al franquismo que pactan con viejos dirigentes vinculados al final de la República: léase una Pasionaria (Dolores Ibárruri Gómez) o un Santiago Carrillo, que todavía sigue vivo», apunta el historiador. Entre 1962 y 1969, Fraga «revitaliza las campañas periodísticas para justificar cuestiones del franquismo».
En 1963 detuvieron a un célebre militante comunista que había participado en la guerra: Julián Grimau García. Antes de ser ejecutado por el régimen estuvo recluido en la Dirección General de Seguridad, donde actualmente funciona la Comunidad de Madrid. El activista fue arrojado desde un segundo piso hacia un callejón. Aunque la caída le produjo múltiples heridas en la cabeza y en las manos, Fraga señaló que García Grimau había recibido un trato «exquisito» y que, durante el interrogatorio, abrió una ventana para «arrojarse de forma inexplicable». Sobre el militante comunista dijo que era un «asesino repugnante».
Más tarde, el ministro propuso una Ley de Prensa e Imprenta. «Entonces se da cuenta de que es necesario utilizar a la prensa, aun a riesgo de censurarla, con el objetivo de sostener al régimen», señala Rodríguez Otero. Con la norma en vigor consigue que haya censura posterior a la edición de los diarios, promoviendo, de ese modo, la autocensura de los periodistas.
El director del Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras sostiene que a los delitos cometidos por el franquismo se les puede endilgar una carga política por un plan deliberado de destrucción de la población. «La guerra civil se explica en términos de un mandato: tenemos que reprimir de una manera tan feroz y violenta que quede claramente señalado, y que la gente durante varias generaciones lo sepa y lo tema», advierte y subraya que Fraga es un personaje que decide integrarse a un franquismo que se nutre de la Iglesia, el Ejército y el funcionariado. Regresó al servicio diplomático en 1969, para ser enviado más tarde como embajador a Londres. «¿A quién se quiere parecer Fraga?», pregunta Rodríguez, mientras busca con afán una foto entre las páginas del libro de Rogelio Baón. «Él quiere mostrarse como un líder conservador a lo Winston Churchill, quien despreciaba a Gandhi y, si nos descuidamos, hasta tenía brotes antisemitas», se responde el historiador. Y recuerda que en 1973, mientras era embajador en Londres se produjeron una serie de manifestaciones frente a la sede diplomática por los últimos fusilamientos ordenados por Franco. En ese entonces, el cantante Joaquín Sabina pareció verlo a través de una ventana de la embajada.
| La red clientelar
Más allá de la monarquía, la II República, el franquismo e incluso la democracia restaurada y la transición, el historiador Rodríguez Otero asegura que en algunas comarcas españolas han subsistido, especialmente en zonas rurales como Galicia o Valencia, estructuras en donde figuras importantes -algunas veces terratenientes, otras gestores políticos tales como médicos o funcionarios- han aprovechado para crear una verdadera red clientelar. «En política española del siglo XIX al XX, se llama caciquismo, con la acepción americana de la palabra», conceptualiza el historiador y afirma que en algún sentido Fraga funcionó en Galicia como una especie de «cacique ilustrado», como quien conoce los problemas de la gente y promete solucionarlos. Pero, además, se presenta como un hombre de libros, de universidad, de idiomas. Así, Fraga ha ganado elecciones casi hasta que quiso retirarse, votado por sus propios paisanos. Parte de las claves de gobiernos dictatoriales, autoritarios y totalitarios como el de Franco se encuentran, para Rodríguez Otero, en la entrega de condiciones materiales que otros dirigentes habían postergado. Quizás algo de su éxito posterior a la guerra, como parte de la larga duración del franquismo, tenga que ver con que hay una sociedad con un fuerte componente conservador que no ve con malos ojos soluciones de orden, lo que hace más desesperante el reclamo de los perseguidos del franquismo. En la Argentina es casi imposible que se encuentre a alguien dispuesto a hacer una larga y sostenida apología pública de cualquier crimen de la dictadura. Cabe preguntarse si el franquismo forjó esa reacción conservadora o si fue un emergente de esos sectores. Lo primero que hicieron algunos alcaldes del Partido Popular, luego de triunfar en las últimas elecciones, fue desmontar las tumbas individualizadas de represaliados y fusilados del franquismo, para enviar los restos nuevamente a fosas comunes. Todo con votos del pueblo. En esto, la española se parece mucho más a la sociedad chilena. |
Fuente: http://www.revistadebate.com.ar//2012/01/13/4937.php