Han pasado nueve meses desde el primer anuncio del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de sus intenciones de reformar la ley actual. Según se ha anticipado, se eliminarán algunos de los avances más importantes de la ley actual, como el aborto libre durante las primeras 14 semanas, o la posibilidad de las mujeres de […]
Han pasado nueve meses desde el primer anuncio del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, de sus intenciones de reformar la ley actual. Según se ha anticipado, se eliminarán algunos de los avances más importantes de la ley actual, como el aborto libre durante las primeras 14 semanas, o la posibilidad de las mujeres de abortar sin consentimiento paterno a partir de los 16 años. Además, se anuncia la eliminación del supuesto de malformación del feto.
Como no podía ser de otra forma ante un retroceso tan grave, la oposición a la reforma anunciada por el Gobierno aglutina a muchos sectores con diferentes posturas.
Por un lado, hay sectores que defienden que se mantenga la ley actual, aprobada durante el anterior Gobierno del PSOE, que combina plazos con supuestos. El problema de este tipo de fórmulas de consenso es que han caído en el debate interesado que plantean los grupos antiabortistas, al intentar compatibilizar unos supuestos derechos del no-nacido con la libertad de las mujeres.
Pero los derechos no se pueden garantizar a medias y la ley vigente presenta importantes limitaciones. Además de mantener determinados supuestos a partir de un primer plazo, el aborto continúa estando tipificado como delito en el código penal y se mantiene la objeción de conciencia para los facultativos. En esta situación de inseguridad jurídica, el personal sanitario en muchas ocasiones prefiere acogerse a la objeción de conciencia antes de arriesgarse a practicar una IVE (Interrupción voluntaria del embarazo).
Por otro lado, una parte importante del movimiento feminista y organizaciones de la izquierda anticapitalista coincidimos en defender el aborto libre y gratuito. Entre estos sectores, las consignas más escuchadas son las que hacen referencia al derecho de las mujeres a decidir sobre el propio cuerpo. Esta defensa del derecho a decidir, sin embargo, no debería leerse sólo como un derecho individual, sino también como un derecho social.
De hecho, este tipo de argumentos biologicistas son muy peligrosos y han funcionado históricamente para justificar que seamos nosotras, porque parimos, quienes debemos encargarnos del trabajo de cuidado. Si somos las mujeres las que debemos decidir sobre la reproducción es precisamente porque aún hoy somos quienes, en la práctica, asumimos todo el trabajo que supone el cuidado de esos niños y niñas. En el contexto actual de crisis y recortes, obligar a las mujeres de clase trabajadora a tener hijos e hijas, supone en muchos casos condenarlas a la sobre explotación y la pobreza.
Cuando se aprobó la ley actual en el 2010, hubo feministas que aún denunciando sus limitaciones, entendieron que había que dar un apoyo crítico a la ley frente a la oposición de los antiabortistas. Ahora, como entonces, es necesario elaborar consensos de mínimos, fundamentados en el rechazo común a la reforma que plantea el Gobierno.
Sin renunciar a las reivindicaciones históricas, si queremos frenar este ataque, debemos ser capaces de apostar por movimientos amplios, que sean capaces de aglutinar tanto a los sectores que defienden la ley actual, como a quienes defendemos que el aborto debe ser un derecho de todas las mujeres, al que podamos acceder de forma plenamente libre y gratuita.
Ana Villaverde es activista feminsita y de En lucha / En lluita