El hermano de José Couso asegura que si es necesario recurrirán el cierre de la investigación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Critica que «una norma de rango inferior pueda ir en contra de un Tratado internacional» firmado por España en 1952. «La familia Couso no se va a quedar parada». Lo dice David, […]
El hermano de José Couso asegura que si es necesario recurrirán el cierre de la investigación ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Critica que «una norma de rango inferior pueda ir en contra de un Tratado internacional» firmado por España en 1952.
«La familia Couso no se va a quedar parada». Lo dice David, hermano del cámara que falleció en 2003 por el ataque estadounidense contra el hotel donde se alojaban los periodistas que cubrían la invasión de Irak. «Estamos estudiando el auto porque hasta dentro de 10 días no se pronuncia la Sala de lo Penal, pero recurriremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos», comenta en declaraciones a infoLibre.
David cree que el Gobierno está incumpliendo la Constitución porque «la Convención de Ginebra forma parte de nuestro ordenamiento jurídico y obliga a perseguir estos delitos». Así pareció entenderlo también el propio Santiago Pedraz cuando, en marzo de 2014, se negó a archivar el caso para cumplir con lo establecido por este convenio: la obligación de perseguir «sin limitación alguna» los delitos cometidos en conflicto armado. El juez se tomó esta licencia porque el IV Convenio (firmado por España en 1952) está por encima de las leyes nacionales. «No entendemos cómo una norma de rango inferior puede ir en contra de un Tratado internacional», critica David.
La decisión de Pedraz ha desalentado a los familiares, amigos y compañeros de Couso. Sin embargo, explica David, «es una victoria que sigamos con esta lucha después de 12 años pese a la actitud servilista y lacalla de los Gobiernos de PP y PSOE». El hermano del cámara de Telecinco reparte culpas porque, ya en 2009, Zapatero limitó la justicia universal en favor de unos altos mandos militares israelíes a los que España investigaba por un bombardeo en Gaza que dejó 15 muertos. La reforma de Rajoy atiende a otros intereses: los del Gobierno de China.
Santiago Pedraz finalizó este martes la investigación del caso Couso porque la actual Ley de Poder Judicial «impide la persecución de cualquier crimen de guerra» cometido fuera del territorio nacional. Además, «ni la búsqueda en España ni en otros países va a ser posible», argumenta el magistrado de la Audiencia Nacional, por lo que deja sin efecto la orden de detención internacional contra los tres militares a los que había procesado.
El juez ha llegado a esta conclusión motivado también por la sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a una investigación sobre la represión de China contra el Tíbet, que es precisamente la que generó duras críticas del Gobierno chino y por la que Rajoy procedió a la segunda reforma de la justicia universal en 2014.
Y todo ello pese a contar con «suficientes indicios racionales» contra los tres militares norteamericanos a los que Pedraz mantenía procesados (y bajo orden de busca y captura): al teniente coronel del Ejército de Estados Unidos Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson. A ellos consideró responsables de la muerte de Couso, sin embargo, su hermano lo tiene claro: «asesinar periodistas sale gratis, y ahora, además, los culpables podrían pasear libremente por España porque ya no se les va a perseguir».