El 18 de septiembre se escenificó la firma del último acuerdo de pensiones, alcanzado en el diálogo social. Lo firmaron la patronal, CC OO, UGT y el Gobierno de Pedro Sánchez.
El ámbito del diálogo social es el espacio creado para dar la cobertura a toda la política de recortes que se vienen aplicando en las últimas décadas en el ámbito de las pensiones (y no solo en pensiones, también en materia de derechos laborales). Cabe recordar la reforma de 2013, firmada por los mismos agentes —patronal, CC OO y UGT— con Zapatero, que conllevó el retraso de la edad de jubilación a 67 años, un fuerte recorte de la cuantía de las nuevas pensiones y un empeoramiento de la jubilación anticipada y la jubilación parcial. El sistema de pensiones está sometido a una proceso permanente de reformas que, más allá de los cambios concretos, tiene dos objetivos principales, ya mencionados: retrasar la edad de jubilación real y reducir la cuantía de las nuevas pensiones. Para ello se vienen tomando todo tipo de medidas, cada poco tiempo.
El acuerdo firmado el 18 de septiembre es un paso más en esa dirección. Resulta llamativo que, cuando a finales de agosto una fundación como Fedea (en cuyo patronato está la gran banca y otras empresas, como las de seguros), presentó un informe que concluía que “retrasar un año la jubilación aumenta significativamente el riesgo de morir antes”, a mediados de septiembre representantes de organizaciones sindicales y miembros de un gobierno “progresista” firmen un acuerdo en el que se pretende incentivar el retraso de la edad de jubilación y que la gente compatibilice pensión y empleo. Vamos, que quieren que nos muramos antes, en beneficio de la reducción del gasto de la Seguridad Social.
El acuerdo firmado, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, es bastante genérico, por lo que ahora, según han dicho con la boca pequeña los firmantes, falta la concreción de los textos legales y acordar los plazos para su aprobación. Casi nada. Y más en un contexto político en el que, como vemos todos los días, el gobierno carece de apoyos para sacar adelante sus propuestas. Ya veremos, por tanto, qué se quiere aprobar (los contenidos reales de la propuesta) y si se aprueba o no lo que requiere cambiar la ley.
Entre los elementos menos claros está lo que tiene que ver con el establecimiento de coeficientes reductores para ocupaciones de especial penosidad o peligrosidad. En todo caso, no parece que vaya a suponer mejoras generalizadas. A lo que hay que añadir que esas mejoras, de producirse, se enmarcarían en un proceso de retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años, acordada por los mismos actores del pasado 18 de septiembre. Lo poco que se pueda ganar ahora no compensaría, ni mucho menos, lo perdido con ese retraso y con el empeoramiento de la jubilación anticipada. Además, esta dinámica supone fomentar una competición entre sectores por demostrar cuál es más penoso, lo que seguramente perjudicaría a los sectores feminizados, tal y como ocurre actualmente en estos casos y con el contrato de relevo.
La mejora en el cómputo del periodo cotizado por los trabajadores fijos discontinuos sin duda es positivo, pero no se afrontan las causas del fuerte incremento de este colectivo, consecuencia de la última reforma laboral.
También es cierto que el acuerdo mejora la regulación de la jubilación parcial y por tanto del contrato de relevo. Pero lo hace de manera muy insuficiente, quedando muy lejos de la legislación aplicada antes de la reforma de pensiones de 2013.
Lo que sí queda claro, demasiado además, es la voluntad de que las mutuas patronales tengan un mayor papel en la gestión de las IT. Para ello los firmantes muestran su voluntad de fomentar convenios entre los servicios de salud de las Comunidades Autónomas y las propias Mutuas. ELA reclama al Gobierno vasco y al Gobierno de Navarra que se nieguen a dar ese paso. Y también queda claro que se pretende retomar el sistema denominado bonus, que no es otra cosa que reducir las cotizaciones sociales a las empresas que reducen la siniestralidad. El sistema de bonus llevó a una ocultación de accidentes laborales y enfermedades profesionales, dejando desprotegidas a las y los trabajadores.
En definitiva, y a falta de conocer en detalle lo que se vaya a trasladar a las diferentes normas, el último acuerdo de pensiones no es ninguna sorpresa. Fumar mata. Retrasar la edad de jubilación también.
Aitor Murgia, Janire Landaluze, Gabinete de Estudios de ELA.
Fuente: https://www.elsaltodiario.com/tribuna/fumar-mata-retrasar-edad-jubilacion-tambien