El Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF) considera que el reinicio de las fumigaciones son una provocación al nuevo gobierno, un desprecio a los acuerdos firmados el 7 de diciembre del 2005 con el actual gobierno y una nueva violación de parte del Gobierno Colombiano a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones […]
El Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones (CIF) considera que el reinicio de las fumigaciones son una provocación al nuevo gobierno, un desprecio a los acuerdos firmados el 7 de diciembre del 2005 con el actual gobierno y una nueva violación de parte del Gobierno Colombiano a los derechos humanos individuales y colectivos de las poblaciones de frontera, especialmente el derecho a la vida, a la salud y a la alimentación. Por lo que solicita:
Al Gobierno saliente
1. Que retire al Embajador de Ecuador en Colombia.
2. Que formalice una Visita in Loco de Miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quienes recibieron en audiencia binacional a organizaciones de la sociedad civil de Ecuador y Colombia, así como la presentación de una demanda en otras cortes internacionales como el Tribunal de La Haya.
En el Acuerdo del 7 de diciembre del 2005 Colombia se comprometió a implementar de 4 a 14 Grupos Móviles de Erradicación Manual (GME) conformados cada uno por 31 personas para la erradicación manual de cultivos en la zona de frontera, sin embargo en el Informe de Abril del 2006 de Henry Gamboa, Jefe de Área de Erradicación de Cultivos Ilícitos en el Putumayo no se había eliminado ni una sola hectárea. Esto demuestra que el Gobierno de Colombia considera las fumigaciones aéreas como el único método de erradicación, aunque éstas hayan demostrado que destruyen las fuentes de sustento empeorando la situación alimentaria y la salud de las comunidades fronterizas.
Este empeño del Gobierno colombiano en un método fracasado como son las fumigaciones demuestra que su interés está lejos de acabar con los cultivos ilícitos, y mucho menos con el narcotráfico, del que se nutren los grupos armados y la propia economía de los EEUU. Queda claro que el objetivo es acabar y desplazar a amplios sectores de población a quienes reiteradamente se les fumiga en navidades como sucedió en los años 2000, 2002, 2004, 2005 y 2006. Demuestra además que el Acuerdo firmado en diciembre pasado se trató de una burla al Ecuador porque la suspensión de las fumigaciones obedeció únicamente al cronograma establecido en el que tenían planificado re-iniciar en este mes de diciembre.
La política de Colombia ha sido elaborarse informes a la medida y contratar mercenarios de la epidemiología que afirman que el glifosato hasta se puede beber, como hicieron los pseudo doctores de la clínica Uribe Cualla y los pseudo-científicos de la CICAD que elaboraron un estudio «amañado» como lo calificó la propia Universidad Nacional de Bogotá.
El Gobierno colombiano tiene plena conciencia de que en cada fumigación mueren niños en las poblaciones indígenas y campesinas de Colombia y sabe que ha habido muertos en la frontera ecuatoriana, pero muestra desprecio por la vida de esas personas y al igual que ex-Encargado del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU, Roger Pardo Maurer los considera «bandidos» y así lo manifestaron en la apelación al juicio de Cundinamarca que les obligaba a parar las fumigaciones. El mismo presidente Uribe llegó a manifestar que el glifosato es «ecológico», palabras que fueron desmentidas por el profesor Sebastiao Piñero, brasileño, quien en Ecuador afirmó que el glifosato no es un producto ecológico, sino una molécula química peligrosa para la vida de las plantas, animales y personas, pues la vegetación muere en su totalidad, es un herbicida no específico, sino sistémico, que momifica el suelo impidiendo el crecimiento normal de la flora; es perjudicial para aves, peces, roedores, insectos, lombrices y en los EEUU, según el Departamento de Salud de California es el causante del 38% de todas las intoxicaciones de los trabajadores rurales. Pero aparte de ello, no hay seguridad de cuáles son las concentraciones y componentes de los químicos con los que se fumiga.
Estas fumigaciones suponen además una deslegitimación de la petición de las Naciones Unidas a través de la Misión conformada por la OPS-OMS y FAO que visitó el Ecuador en febrero de este año y manifestó que «hay razones y evidencias suficientes que indican la necesidad de realizar un estudio sobre los efectos de las aspersiones aéreas a la salud y al ambiente en el cordón fronterizo.
Comité Interinstitucional contra las Fumigaciones
Más información:
Jhonny Jiménez, Telf. 09-6235625
Andrés Borja, Telf. 09-7692487
Adolfo Maldonado, Telf. 09-9709579
Aidé Peralta, Telf. 2580-825 / 2570-619 Ext. 108
Acción Creativa, Acción Ecológica, Clínica de Derechos Humanos-PUCE, Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), Comité Andino de Servicios (AFSC/CAS), Consejo de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), Federación de Organizaciones Campesinas del Cordón Fronterizo Ecuatoriano de Sucumbíos (FORCCOFES), Fundación Regional de Asesoría en
Derechos Humanos (INREDH), Red de Acción contra los Plaguicidas (RAPAL-Ecuador), Servicio Paz y Justicia (SERPAJ)