La decisión del gobierno de reducir por decreto los salarios de los empleados públicos es, como dice el Banco de España: «un mensaje claro a los trabajadores del sector privado» . Durante tres décadas se ha desprestigiado lo público como sinónimo de ineficiencia, despilfarro y corrupción. Desde la derecha y desde la izquierda se ha […]
La decisión del gobierno de reducir por decreto los salarios de los empleados públicos es, como dice el Banco de España: «un mensaje claro a los trabajadores del sector privado» . Durante tres décadas se ha desprestigiado lo público como sinónimo de ineficiencia, despilfarro y corrupción. Desde la derecha y desde la izquierda se ha defendido lo privado como alternativa; privatizando sectores estratégicos y de interés social o subcontratando servicios públicos.
La crisis desvela ahora la estafa. Justamente el corazón del capitalismo, el sector financiero, resulta ser el mas ineficiente y corrompido. Y el drama es que, a pesar de obtener beneficios multimillonarios, han conseguido dinero que es de todos como premio a su incompetencia, y exigen ahora intereses de usura a los mismos Estados a los que esquilmaron.
Detrás del término funcionario hay más de tres millones de personas que sostienen la sanidad, la educación, la justicia o los servicios sociales. Uno de cada tres son temporales o interinos y dos de cada tres tienen un salario neto de mil doscientos euros.
Habrá quien piense que tener un empleo estable es un privilegio y no un derecho, pero, en el caso de los trabajadores públicos es una conquista histórica, condición de imparcialidad ante el poder político. Los empleados públicos han sufrido tres congelaciones salariales, muchas ausencias no se cubren, el trabajo está mal repartido, el Estatuto del Empleado Público se aprobó tarde y no se desarrolla, hay discriminación legal con otros colectivos, en desempleo o jubilación, y diferencias abismales según el lugar donde se trabaja. Si queremos unos servicios públicos de calidad hacen falta empleados públicos con condiciones de trabajo dignas.
Pero, además, se equivoca el que piensa que somos los empleados públicos los responsables de los trámites interminables, esperas y paseos de ventanilla en ventanilla. La calidad del servicio depende en buena parte de los presupuestos, y de la profesionalidad de los puestos de alta dirección, porque normalmente detrás de un servicio ineficiente hay un responsable incompetente. Decía Paul Masson , periodista francés, que los funcionarios son como los libros de una biblioteca: los situados en los lugares más altos son los más inútiles y, a día de hoy, en todas las administraciones proliferan los altos cargos, asesores externos y puestos de libre designación. El resultado; exceso de burocracia, duplicidad de funciones y redes clientelares que han creado puestos de trabajo fraudulentos .
Y sin embargo, hay una precaria dotación de personal, en justicia, sanidad, educación, protección social o dependencia. En el Estado Español un 9,5% trabaja en el sector público frente al 16% de media en Europa(15), y nadie duda de que hacen falta más inspectores en Hacienda, Trabajo o Salud Laboral, para frenar el sistemático incumplimiento de las leyes en las empresas, el escándalo de que haya mas de tres millones de empresarios y profesiones liberales que declaran ser mileuristas, o la desmedida circulación de billetes de 500 euros.
El decretazo del gobierno, recortando salarios, pensiones, inversión pública y derechos sociales, deprimirá más el consumo y la producción, y si no damos una respuesta contundente será la antesala de nuevas medidas que ya se anuncian, como aumento de impuestos, abaratamiento del despido, retraso de la edad de jubilación, o reducción del gasto público en servicios esenciales como sanidad y educación.
Como dice el Evangelio «No se puede servir a Dios y al dinero» y el Gobierno Zapatero ha decidido sacrificar a su propia base social en el altar del capital, bien representado por las derechas gobernantes en Europa. Abre así el camino a un partido popular cuya demagogia sólo esconde su intención de llegar al gobierno para aplicar medidas de ajuste aun más salvajes.
Las alternativas existen, pero hay que tomar medidas contra los que mas tienen y acabar con la corrupción. Hay que nacionalizar la gran banca bajo control de los trabajadores, recortar el gasto militar, reducir las subvenciones a la Iglesia y Casa Real, erradicar el fraude fiscal, criminalizar la especulación financiera, obligar a las empresas a reinvertir sus beneficios, o gravar los grandes patrimonios y fortunas.
Una huelga general convocada en los servicios públicos sólo tiene sentido si se continúa con una huelga general de todos los trabajadores, y se coordinan las respuestas en toda Europa, donde estados como Irlanda, Rumania, Grecia, Portugal, Italia o Francia están aplicando las mismas medidas. Hay que pasar a la ofensiva, por dignidad y por necesidad, porque ni es aceptable que haya cinco millones de parados ni lo son las presiones indecentes de los mismos que han conducido a la actual crisis.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
rCR